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La primera gripa porcina de la historia americana:
En el segundo viaje de don Cristóbal al nuevo mundo, recaló en La Gomera, Islas Canarias, y cargó unas marranas que tenían gripa y se la transmitieron a la tripulación. El mismo Colón llegó enfermo a La Española. Este fue el comienzo de una terrible peste de gripa que llevó a la tumba a los Taínos, por millares; unida esta peste a la viruela, acabaron en 50 años con el 98% de la población caribeña.

La soledad de su alma, era tan completa, que al abandonar las ideas liberales, no se dignó abrazar las ideas conservadoras.
Vargas Vila refiriéndose a Núñez.

La formidable y ciega reacción antiliberal que se llama la regeneración, nos ha hecho retrogradar en política y en todo, mucho y muy aprisa. Aquí, hoy por hoy, y en tanto que la república no se restablezca, es indispensable la existencia de los grandes partidos, únicas fuerzas capaces de fundar la libertad.
Carlos Arturo Torres, mención de Gerardo Molina en Las Ideas Liberales en Colombia, página 264


Contenido


• El gobierno no puede meter la mano en el censo electoral, Guillermo Mejía Mejía.
• Reforma agraria, el gran fracaso nacional. Rodolfo Correa.
• Alboroto en el comité Baucus. Amy Goodman.
• Algo pasa en la FLA. Ramón Elejalde Arbeláez.
• Creadores de riqueza, Mauricio Cabrera Galvis.
• A propósito de un despropósito, Amylkar Acosta Medina.
• Que el gobierno aprenda de derechos humanos, Juan Manuel López Caballero.
• No es bueno el olor, Jorge Mejía Martínez.
• Sri Lanka, barbas colombianas en remoja. César González Muñoz.
• A la caza de intelectuales, Octavio Quintero.
• El gallo tapao, Jorge Huanqui Butrón.




EL GOBIERNO NO PUEDE METER LA MANO EN EL CENSO ELECTORAL.


GUILLERMO MEJIA MEJIA, Ex Magistrado del Consejo Nacional Electoral

A propósito de la circular 113, de mayo 22 de 2009, emanada del despacho del señor Superintendente de Notariado y Registro, Orlando García-Herreros Salcedo, dirigida a todos los notarios del País.
Los artículos 120 y 266 de la Constitución Política le atribuyen directamente al Registrador Nacional del Estado Civil el manejo del estado civil de la personas. De allí el nombre del cargo.
Esta función fue delegada en algún momento en los notarios, que a decir verdad, vienen prestando un buen servicio en esta materia, pues la Registraduría carece de la capacidad logística para encargarse de prestarlo adecuadamente. No obstante, estos servidores tienen la obligación de enviar mensualmente a dicha entidad, concretamente a la Dirección Nacional de Registro Civil y S.N.I., toda la información correspondiente en esta materia, incluyendo, desde luego, la que corresponde a las defunciones registradas.
La importancia de esta última información es vital para la Registraduría pues de ella depende la actualización del censo electoral, materia también de la exclusiva competencia del Registrador Nacional.
Los artículos 316 y 378 de la Constitución Política se refieren al censo electoral. El primero dice que “en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio” y el segundo manifiesta que “la aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral”.
El censo electoral nacional es la sumatoria de todos los censos electorales municipales. Es, en esencia, una base de datos que contiene la lista de las cédulas pertenecientes a los ciudadanos aptos para votar.
Del censo electoral se deben excluir las cédulas pertenecientes a los miembros de las fuerzas armadas, las canceladas por muerte, los eventos de múltiple cedulación, las expedidas a menores de edad, las canceladas por extranjería, las expedidas en casos de falsa identidad o suplantación, las dadas de baja por pérdida o suspensión de derechos políticos y las inscritas más de una vez.
La ley 6ª de 1990, en su artículo 7º, ordena que “a partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar”. Esta misma ley ordena que el censo se coloque en lugar visible de las oficinas de la Registraduría en todo el País, tres meses antes de cada certamen electoral.
La RNEC, ha venido haciendo una depuración del censo electoral nacional, en un esfuerzo conjunto con las oficinas de medicina legal, dado el alto número de defunciones registradas como NN. Ha sido una labor ardua que requiere personal especializado en el área de la dactiloscopia para identificar, mediante el cotejo decadactilar, las personas fallecidas y no identificadas con el fin de dar de baja su cédula. Sin embargo, la mejor depuración del censo electoral, principalmente en lo relativo a las personas fallecidas, se está produciendo en la actualidad con la expedición de la nueva cédula, amarilla con hologramas, ordenada por la ley 486 de 1998, único documento de identificación válido a partir del 1º de enero de 2010, como lo ordena la ley 999 de 2005, por la elemental razón de que los difuntos no renovarán su cédula.
Como se puede apreciar, es a la organización electoral, a quien corresponde, por expreso mandato de la Constitución Política, el manejo y control del censo electoral a nivel nacional y municipal. Si bien las notarías tienen actualmente la delegación del registro civil de las personas en la mayor parte del país, no por ello manejan ni controlan el censo electoral. La exótica directiva de la Superintendencia de Notariado y Registro solicitando el listado de defunciones registradas desde el año 1988 y la orden de enviar dicha información diaria al despacho del Superintendente, es un despropósito jurídico pues violenta directamente el artículo 121 de la Constitución que manda que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.” Además de lo anterior, esta información causará un grave entorpecimiento del servicio notarial. Se desconoce cuál será el sitio donde se almacenará y las personas que la manipularán. Se trata de una información de 21 años proveniente de más de 800 notarías.
El señor Superintendente de Notariado y Registro es un funcionario que depende directamente del Presidente de la República, actor interesado en los resultados del proyecto de ley que tramita el Congreso para aprobar un referendo que permita un tercer período presidencial y va a tener en sus manos una información que indudablemente favorecerá a los interesados en el resultado positivo del referendo, si este mecanismo llega a las urnas, en contra de los que seguramente optarán por la abstención para que no se logre el umbral exigido en el artículo 378 citado.
Es bueno recordar que en el referendo, de origen gubernamental, del año 2003, el actual Presidente de la República pretendió, después de pasadas las votaciones en donde éste fue negado, que se modificara el censo electoral para reducirlo y así lograr que se aprobaran las preguntas que no alcanzaron los votos necesarios. El señor Presidente, en persona, visitó al Consejo Nacional Electoral, en pleno, para alegar que personas fallecidas y muy conocidas aun figuraban en el censo y que por lo tanto se debía actualizar, aun conocidos los resultados adversos de las urnas. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral que negaron las solicitudes del señor Presidente y de Colombianos por el Referendo, organización al servicio de esa causa, fueron impugnadas ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de falsedad en documento público, denuncia de la cual los miembros del CNE, de ese entonces, salieron indemnes.
Tienen la palabra el señor Procurador General de la Nación para que investigue la conducta del acucioso Superintendente de Notariado y Registro que, a no dudarlo, incurrió en extralimitación en el ejercicio de funciones (art. 23 de la ley 734 de 2002), y el señor Fiscal General de la Nación por violación del artículo 416 del Código Penal (abuso de autoridad por acto arbitrario).



Reforma Agraria: El gran fracaso nacional.


Rodolfo Correa, Abogado y Profesor Universitario, rodolfocorrea1@yahoo.com

La distribución de la tierra juega un papel fundamental en el desarrollo de la democracia, pues para que ésta última exista en el plano de lo político, lo primero que debe hacerse es democratizar la Economía. En Colombia el panorama es desalentador pues según datos oficiales, el 1,04% de la población es propietaria del 61% de la tierra productiva.

La reforma agraria ha sido la gran preocupación de los gobiernos liberales. Desafortunadamente en ninguno de ellos se pudo desarrollar cabalmente.

En un serio estudio del profesor Darío Fajardo, de la Universidad Nacional, se llegó a conclusiones alarmantes en materia de concentración y uso del suelo en Colombia.

Se constató, por ejemplo, que Colombia se encuentra entre los países de América Latina con menor abundancia relativa de suelos arables. Según datos de la FAO, únicamente el 3,6 por ciento de la tierra total puede ser incluida dentro de los suelos arables. A esta limitación se añade el uso inadecuado de los suelos. Según el Instituto de Geografía Agustín Codazzi (IGAC), en Colombia hay 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizan para este fin únicamente 5 millones.

En cambio, hay 19 millones de hectáreas aptas para la ganadería pero se utilizan 40 millones, de las cuales sólo 5 millones son tierras de pastos mejorados, mientras que el resto (35 millones de hectáreas) se explota de manera extensiva. En conjunto, el 45 por ciento de los suelos del país se destina a usos inadecuados. Según la Encuesta Agropecuaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (1996), la distribución de la propiedad sigue un patrón de uso del suelo que no favorece a la agricultura: las explotaciones más pequeñas (menores de 5 ha), que equivalen al 46,8 por ciento del total de las fincas y que controlan solamente el 3,2 por ciento de la tierra, destinan el 38,6 por ciento de su superficie a usos agrícolas, mientras que las explotaciones mayores de 200 ha, que equivalen al 2,8 por ciento del total de las fincas, controlan el 39,0 por ciento de la tierra y solamente destinan a usos agrícolas el 2,5 por ciento de su superficie, sin que se observen diferencias en la productividad que sugieran un mejor aprovechamiento por unidad de superficie en las explotaciones mayores.

Así las cosas, es evidente que el próximo gobierno, que ojalá sea socialdemócrata, por fin de a los colombianos la reforma agraria que siempre han necesitado.



Alboroto en el Comité Baucus


Amy Goodman

El Presidente Barack Obama estuvo esta semana con los peces gordos de la industria de la salud, proclamando que hay luz al final del túnel de la asistencia médica. Entre quienes participaron en la reunión, había ejecutivos de las gigantes Kaiser Foundation Health Plan y Health Net Inc., conocidas también como "Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés), y el grupo de lobby de los seguros de salud America’s Health Insurance Plans (Planes de Seguro de Salud de Estados Unidos). También había representantes de la Asociación de Hospitales de Estados Unidos y de la Asociación Médica Estadounidense, de las empresas de equipamiento médico, y de la industria farmacéutica, entre ellos el Presidente y Director Ejecutivo de Merck y ex legislador Billy Tauzin, también Presidente y Director Ejecutivo de PhRMA, el grupo de lobby de esta gran industria. En la reunión prometieron recortar en forma voluntaria 2 billones de dólares de costos de asistencia de salud en 10 años. Pero estos grupos, que han invertido mucho para que se mantenga el status quo en el sistema de asistencia médica de Estados Unidos, tienen pocos incentivos para cumplir sus promesas.
Esto está comenzando a parecer una repetición del intento fallido de reforma del sistema de salud encabezado en 1993 por la entonces Primera Dama Hillary Rodham Clinton. En aquel momento, los intereses empresariales asumieron una postura conservadora y realizaron una campaña de relaciones públicas, que incluía una serie de publicidades que mostraban a una pareja ficticia de clase media, Harry y Louise, que se asustaba ante la burocracia de un sistema de salud administrado por el gobierno.
Hoy, los defensores del sistema de salud de pagador único, a menudo llamado sistema de salud de “estilo canadiense”, aún están fuera del debate. El sistema de asistencia de salud de pagador único no es “medicina socializada”. Según la organización Médicos por un Programa Nacional de Salud, el sistema de pagador único implica “que el gobierno paga por la asistencia brindada en el sector privado (en gran parte integrado por organizaciones sin fines de lucro)."
La doctora Margaret Flower copreside el capítulo de Médicos por un Programa Nacional de Salud en Maryland. Me dijo: “Si miramos las encuestas médicas, tenemos una encuesta de hace dos años, en la que se utilizó una base de datos de la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés). La AMA tiende a ser un grupo de médicos bastante conservador y representa a menos del 30 por ciento de los médicos a nivel nacional. Y de ese grupo, el 59 por ciento estaba a favor de un programa nacional de salud. Y si miran las especialidades de atención primaria como pediatría, la cifra llega a superar el 70 u 80%. Entonces hay un claro apoyo del público y de los médicos al sistema de salud de pagador único”.
Una encuesta realizada en febrero por CBS News descubrió que el 59 por ciento de los estadounidenses dicen que el gobierno debería brindar un seguro de salud nacional.
Sin embargo, las audiencias del Comité de Finanzas del Senado, presidido por el Senador demócrata de Montana, Max Baucus, no dan cuenta de esto. La semana pasada, en una audiencia del comité con la presencia de 15 oradores de la industria, nadie representaba la perspectiva de la asistencia de salud de pagador único. Por lo que un grupo de defensores de este sistema, entre ellos médicos y abogados, colmaron la sala de audiencias y, uno a uno, interrumpieron a los oradores.
El manifestante Adam Schneider gritó: “Tengo amigos que murieron, que no tenían atención médica, cuya cobertura médica no resistía sus situaciones personales de emergencia. Recién cuando la gente que vive en el parque y la que vive en Park Avenue tenga la misma atención de salud, todos tendremos un alto nivel de cuidados médicos. ¡Sistema de pagador único ya!”
El Senador Baucus pidió orden en la sala, dijo “Necesitamos más policías”, y lanzó una carcajada. El movimiento en defensa del sistema de pagador único tomó sus palabras como un grito de guerra. En la audiencia del martes, otros cinco activistas fueron arrestados. Se autodenominan “los 13 de Baucus”.
Uno de los 13 de Baucus, Kevin Zeese, recientemente resumió el origen y monto de los aportes que recibió la campaña de Baucus: “De la industria de seguros de salud, 1.170.313 dólares; los profesionales de la salud le dieron 1.016.276, la industria farmacéutica y de productos de salud le dio 734.605 dólares; de clínicas y casas de salud, recibió 541.891 dólares; de empresas de servicios de salud/HMOs, 439.700 dólares.”
Eso suma casi 4 millones de dólares de parte de las propias industrias que son las que más tienen para ganar o perder en caso de una reforma del sistema de salud.
Otro de los 13 de Baucus, Russell Mokhiber, cofundador de SinglePayerAction.org. Fue el primero en ser arrestado la semana pasada.
Al igual que los demás, Russell Mokhiber fue acusado de “interrumpir el desarrollo normal del Congreso”. Su respuesta no se hizo esperar y acusó al propio Baucus de interrumpir el desarrollo normal del Congreso, del que dijo que en otro tiempo fue una institución democrática, pero ahora es corrupta por gente como él. Russell Mokhiber me dijo: “Hay una discusión cerrada en Capitol Hill, donde las empresas, la industria de seguros de salud está en control de la situación. El Senador Baucus ha tenido veintiocho testigos a lo largo de estas dos audiencias, ninguno de ellos era defensor del sistema de pagador único. La razón es que la industria de los seguros de salud se quedará sin negocio, y esta industria controla al Senador Baucus y a los senadores del Comité de Finanzas del Senado”.
Mientras viajaba por Montana recientemente, en Missoula, en Helena, en Bozeman, los activistas que defienden la reforma del sistema de asistencia médica se referían todo el tiempo a Baucus como el “hombre del dinero”. La Senadora del Estado de Montana Christine Kaufmann promovió una reforma a la Constitución del estado, que el otorgaría a todos los habitantes de Montana “el derecho a asistencia médica de calidad sin importar su capacidad de pago”, o la asistencia médica como derecho humano. La enmienda murió en el comité.
El Senador de Wisconsin Russ Feingold, un defensor del sistema de pagador único, dijo que su posición no tenía probabilidades de vencer en Washington: “No creo que haya posibilidad de que eso salga de este Congreso”. Eso si las cosas siguen como siempre.
Mario Savio lideró el Movimiento por la Libertad de Expresión en la Universidad de California, Berkeley. En 1964, pronunció el siguiente discurso, que lo hizo famoso: “Llega un momento en el que la operación de la máquina se vuelve tan odiosa, te enferma tanto, que no podés participar, no podés ni siquiera participar en forma pasiva, y es necesario poner el cuerpo en el engranaje y en las ruedas, en el aparato, y es necesario hacer que se detenga. Y es necesario indicarle a la gente que lo maneja, al propietario, que a menos que uno sea libre, se impedirá que la máquina funcione”.
“A menos que seas libre… de expresarte”, podrían agregar los 13 de Baucus. El actual debate oficial eliminó las opciones de pagador único de la discusión, pero también le dio fuerza al movimiento –desde Healthcare NOW! a Single Payer Action– para poner fin al desarrollo disciplinado de ese debate hasta que la opción de pagador único logre tener un lugar en él.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org.



Algo pasa en la FLA


Ramón Elejalde Arbeláez, www.ramonelejalde.com

En el Gobierno de Antioquia no gustan mucho de la oposición y son muy susceptibles a cualquier tipo de cuestionamientos. Los medios de comunicación que hacen eco de los comentarios o expresiones opositoras, reciben la sanción con la pauta. Algo cercano a la intolerancia y a la censura de prensa y de esto nos ocuparemos otro día. Quienes osamos disentir de los inquilinos transitorios de La Alpujarra, también recibimos guijarros de todo orden. Pero así no les guste, las realidades departamentales las seguiré comentando, mientras goce de la hospitalidad de un medio independiente como EL MUNDO.
La situación de la Fábrica de Licores de Antioquia, no es la mejor. Analizaremos el primer trimestre de este año, comparado con el mismo trimestre del año 2008. Los ingresos netos, es decir, considerando devoluciones, descuentos o bonificaciones, han caído en un 44%. Mientras en el año 2008 se recaudó la suma de 56.572 millones, en este año apenas van ingresos por 31.461 millones. Lo que nos quiere decir que al final del año estaremos muy distantes de los 700.000 millones de pesos que debe vender la Fábrica, según metas históricas. Esto es apenas lógico, pues las ventas han caído en un 23%, siendo más grave la realidad dentro del Departamento, donde las ventas caen un 53% ya que en el año pasado se vendieron 33.641 millones y este año apenas las ventas fueron de 15.795 millones de pesos y los ingresos, ya con los descuentos, bonificaciones, rebajas o descuentos, han rebajado en un 87%, de 32.422 a 4.135 millones de pesos.
Llama la atención en el balance del primer trimestre de este año una gran devolución en Antioquia de 11.600 millones de pesos que pueden obedecer a bonificaciones de este año, lo cual suena increíble con la caída de las ventas; también puede obedecer a bonificaciones del año pasado que apenas se contabilizaron en este año, lo que también resulta difícil de creer porque la relación aportes/ventas se mantiene, es decir, bajan los ingresos un 23% y bajan las ventas un 26%, lo que no sería posible si se diera una bonificación de este tipo. Parece que la realidad de esta devolución es simplemente que reversaron una venta y reversaron el costo. Esta situación la deben clarificar las autoridades de la Empresa para tranquilidad de los antioqueños y de paso deberían aclarar por qué reversan una parte en Antioquia y otra parte en otros departamentos.
También van en picada las exportaciones. Estas vienen disminuyendo dramáticamente: De 601 millones en el primer trimestre del año anterior, a 106 millones de pesos en este año, es decir que disminuyeron en un 82%. Los principales compradores de nuestros licores son España y Estados Unidos, que atraviesan una difícil situación económica.
Pero estas no son las únicas dificultades de la Fábrica. En el mercado hay ausencia de ron ocho años y las explicaciones que da el Gerente a esta situación es la de que por estrategia de ventas lo dejaron agotar. Sinceramente no entiendo esa estrategia y a todos los expertos en la materia que les he preguntado me han dicho que eso no puede ser posible, mientras se invierten millones de pesos en publicidad de un licor que desapareció del mercado. Pero además, estamos corriendo el peligro de perder el posicionamiento que había logrado la Fábrica con este producto, a través de años de publicidad. Parece que la realidad fue el fracaso de una licitación de importación. Es necesario aclararles a nuestros lectores que la FLA importa el ron ocho y doce años y la imprevisión en una licitación llevó al agotamiento de las reservas. Algo falló en la planeación en nuestra empresa de licores.
Todo esto se puede sintetizar en lo siguiente: Mientras el año pasado al Departamento le quedaron 29.083 millones de pesos para su presupuesto en el primer trimestre del año, en el mismo lapso del presente año apenas le quedaron 21.473 millones. Esto es, que el hueco fiscal por la sola Fábrica de Licores en apenas tres meses, es de 7.610 millones de pesos. Algo pasa en la FLA.



CREADORES DE RIQUEZA


MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Mayo 17 de 2009


¿Cómo se crea riqueza? ¿Cuáles son los factores que producen un aumento de la riqueza de una sociedad? Estas son las preguntas básicas que desde sus orígenes ha tratado de responder la teoría económica, dando numerosas y variadas respuestas desde la más elemental que explicaba la riqueza por la acumulación de oro y otros metales preciosos.

Con el auge del comercio en el Renacimiento, los mercantilistas atribuyeron el origen de la riqueza a los excedentes de las exportaciones; luego los fisiócratas enfatizaron que la única fuente de riqueza nueva era la producción que salía de la tierra, concepción que fue superada con la revolución industrial y la teoría clásica del valor-trabajo de Adam Smith, David Ricardo y Marx, para quienes eran los trabajadores los que creaban riqueza al cultivar la tierra o transformar las materias primas en la industria. Por su parte los neoclásicos insistieron en que la riqueza la creaba la combinación de los tres factores de producción, el capital, la tierra y el trabajo.

Estas alusiones históricas vienen a cuento a propósito de la supuesta creación de riqueza por parte de jóvenes empresarios bien conectados que se hacen ricos comprando tierras en la Sabana de Bogotá a un precio y vendiéndolas después por 100 veces su valor, sin haber invertido un peso en adecuación, infraestructura o cualquier otra transformación productiva de esos terrenos. No hay ninguna teoría económica para la cual esa simple actividad especuladora sea una fuente de nueva riqueza.

Por supuesto que se puede argumentar que el precio de la tierra no es el mismo en todas partes: que vale más una hectárea en el Valle del Cauca que en el Guaviare, o que la tierra puede cambiar de precio si cambia su destino, pues vale más un metro cuadrado urbanizado para construir vivienda que otro dedicado a cultivar maíz. Ya Ricardo planteó desde el siglo XIX la existencia de la “renta diferencial” para explicar que estas diferencias de precio se podían dar por ubicación, fertilidad de la tierra, destino y otros factores.

Lo que es importante entender es por qué multiplica su precio un mismo terreno, pues se han tratado de justificar el enriquecimiento de los hijos del presidente como resultado de su precoz actividad empresarial. Al fin y al cabo desde los aportes de Schumpeter la teoría económica reconoció la gran importancia de los empresario en la creación de riqueza por su capacidad de innovación . Sin embargo el mismo Schumpeter señala que la verdadera innovación empresarial es aquella que introduce nuevos bienes al mercado o mejora su calidad, cambia los métodos de producción o de organización industrial, o abre nuevos mercados.

Es evidente que en el caso de la zona franca de Mosquera no hubo ninguna de estas innovaciones empresariales. Esos terrenos se valorizaron únicamente como resultado de dos decisiones gubernamentales que cambiaron su uso: la del alcalde de Mosquera que adoptó el plan parcial de la zona y elevó el índice de ocupación, y la de los ministros que aprobaron la zona franca. Aquí no hay empresarios sino lo que los economistas llaman “cazadores de renta” que se apropian de plusvalías creadas por la intervención del Estado, lo mismo que quién recibía una licencia de importación en épocas de control, o el beneficiario de una concesión monopólica.

Tan reconocida es la creación de plusvalía con las decisiones oficiales que afectan el uso o destino del suelo que una Ley (la 388 de 1997) reglamentó como se debía distribuir esa plusvalía entre los propietarios de la tierra y el Estado, debiendo aquellos pagar a los municipios donde se ubica el terreno hasta un 50% del mayor valor por metro cuadrado. En este caso no son los empresarios los que crean la riqueza, pero si están obligados a ceder hasta la mitad de la lotería que se ganaron.



A PROPÓSITO DE UN DESPROPÓSITO

Amylkar D. Acosta M1
Recientemente se le ocurrió al acaudalado banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo “que la tributación requerida para consolidar la paz en Colombia debe tener un límite de condición objetiva frente al orden público y una fuente general”. En plata blanca, planteó la necesidad de darle permanencia al impuesto al patrimonio para financiar la “seguridad democrática” y ampliar la base del mismo. Hasta ahora se aplica sólo a aquellos contribuyentes con patrimonio superior a los $3.000 millones, aproximadamente 7.400, su propuesta busca extenderlo al grueso de los contribuyentes, con el socorrido argumento de que todos somos beneficiarios de los logros que se le atribuyen. Ni corto ni perezoso, el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, en un altisonante discurso en una parada militar planteó la conveniencia de acoger dicha propuesta, alegando las dificultades fiscales que se avizoran, las cuales podrían poner a tambalear la “seguridad democrática”, que es considerada por él como la joya de la corona. El gobierno no termina de ponerse de acuerdo, pues mientras el Presidente la defiende, el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, titubea y el Ministro de la Defensa, Juan M Santos, en trance de aspiración presidencial, se opone. Además acotó que “no se requiere el volumen de recursos que se ha venido invirtiendo en estos últimos 2 años y que se seguirá invirtiendo hasta el año 2010 (. . .) las inversiones que hemos hecho entre el 2007 y el 2010 no son inversiones que generen gastos recurrentes por un monto similar después de 2011, porque son inversiones de una sola vez”.
LA RECURRENCIA DE LOS GASTOS
En su momento, cuando se aprobó el impuesto de “guerra”, que es como se le conoce, se dijo que tendría carácter temporal, sin embargo se prorrogó su vigencia hasta el 2010 a través de la Ley 1111 de 2006 que reformó el Estatuto tributario. Se dijo entonces que los recursos que se recaudaran por este concepto, se aplicarían a la compra de equipos de tierra, mar y aire, se repotenciarían aquellos susceptibles de ello; pero ahora nos enteramos a través de las declaraciones del Viceministro de la Defensa que más del 30% de ellos se han venido destinando a gastos recurrentes. Este no es el único caso en el que se financian gastos permanentes con una fuente de recursos temporales, atentando contra la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y este es el problema, porque los otros son gastos que conllevan erogaciones por una sola vez. Pero, la realidad es que la preocupación que invade al gobierno por sus afugias fiscales va mucho más allá de la “seguridad democrática”. Cuando se aprobó el presupuesto de 2009 la Contraloría General conceptuó que el mismo estaba desfinanciado, situación que ahora con la crisis se torna dramática. El menor crecimiento de la economía afecta el recaudo, de hecho, según declaraciones del Director de la DIAN en el primer trimestre de este año el recaudo de impuestos estuvo por debajo de la meta en $700.000 millones. Y lo peor está por venir, porque para el 2010 además de la caída en los recaudos las utilidades que el B de la R le transfiere al gobierno central caerán sensiblemente, lo mismo que las regalías. Pero a estos entuertos se viene a sumar la perforación de la base impositiva por la profusión de exenciones, exclusiones, deducciones y descuentos tributarios al gran capital. El monto de estas gabelas impositivas le pisa los talones a los $8.5 billones que se espera recaudar al término de la vigencia del impuesto de marras.
EL BLINDAJE DEL GRAN CAPITAL
Para tapar este hueco fiscal cada día mayor no hay sino uno de tres caminos: el ajuste fiscal a través de recortes al gasto, el mayor endeudamiento o una nueva reforma tributaria. Lo cierto es que después de la última reforma en 2006 han tenido lugar varias reformas tributarias solapadas; o acaso no es reforma tributaria los cambios que se le introdujeron al régimen de las zonas francas a través de la Ley 1004 de 2005, que les baja los impuestos de renta a las que se establezcan del 33% al 15%; el efecto residual del descuento del 40% sobre la reinversión de utilidades e incluso el impuesto disfrazado a través del sobreprecio de la gasolina. Y mientras tanto, en razón de la coyuntura preelectoral se elude hablar directamente de una eventual reforma tributaria, porque no es políticamente correcto hacerlo en este momento. Ya han surgido propuestas, como las de ANIF: subir 2 puntos al impuesto de renta o al IVA o eliminar parcialmente los beneficios tributarios. Otros más osados, insisten en generalizar el impuesto al patrimonio con destinación específica para la financiación de la “seguridad democrática”. Lo cierto es que si se opta por esta vía, más de 42 empresas a las que se les han aprobado contratos de estabilidad jurídica al amparo de la Ley 963 de 2005 estarán a salvo de esta mayor carga impositiva. Como lo afirma el Ministro de Hacienda “quienes tienen contratos de estabilidad jurídica no lo pagarían porque ellos ya aseguraron, a través del contrato, el hecho de que no se les establezca una nueva carga tributaria. Eso es claro”. Esto es lo que llaman pomposamente “confianza inversionista”, la cual se le garantiza discriminatoriamente a unos cuantos a costillas de los demás que terminan convertidos en paganines, lo cual además de injusto es inequitativo, pues acentúa aún más la regresividad de la estructura impositiva. Y de contera, por la vía de las vigencias futuras ilimitadas, como en el caso del proyectado tren de cercanías y el transmilenio para Bogotá, este gobierno va a dejar seriamente comprometidas las finanzas a futuro, de modo que quien llegue a ejercer la presidencia en el próximo cuatrienio incluido el mismo Uribe va a tener en ellas una especie de camisa de fuerza para cuerdos. No hay derecho, así como se han desbarajustado las instituciones, se han desarbolado las finanzas públicas.
UNA LUPA, POR FAVOR
Por último, tenemos que decir que los recursos para la defensa tienen un peso cada vez mayor en el presupuestoñ en los últimos años se han venido incrementando a un ritmo del 9.7% anual, muy por encima del índice de inflación y practicamente el doble que el presupuesto, que ha crecido en promedio el 4.9%, todo ello en desmedro de lo social. De modo que tan cuantiosos recursos no se pueden seguir incrementando así, a la bulla de los cocos, sin que se conosca a ciencia cierta qué tanta eficacia y eficiencia se ha dado en la ejecución de los mismos. Ya es hora de hacer un alto en el camino y llevar a cabo una seria y rigurosa evaluación al respecto. La misma “seguridad democrática” debe ser objeto de un análisis minucioso, detallada el país no puede seguir tragando entero, so pretexto de que en tratándose de la seguridad todo vale; aspectos como los falsos positivos, las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas, intelectuales y dirigentes políticos, así como el uso y el abuso de los fondos reservados deben ser examinados a la luz del día. La “seguridad democrática” debe recibirse con beneficio de inventario no a rajatabla, en aras de la transparencia y la perdurabilidad de sus logros. A todas estas circunstancias se viene a sumar la inoportunidad de decretar más impuestos, dada la coyuntura actual de una economía zarandeada y abatida por el coletazo de la crisis global, que aconseja más bien aliviar las cargas impositivas en procura de reanimarla.
Bogotá, mayo 14 de 2009
www.amylkaracosta.net


Que el Gobierno aprenda de Derechos Humanos!

Juan Manuel López Caballero.
Dos fuertes razones justifican que se intente desarrollar algo el tema de Derechos Humanos. Por un parte declaró la ONU este año 2009 como el ‘año de los Derechos Humanos y la Reconciliación’. Y por otra, aunque se ha convertido en inquietud internacional, no tiene relevancia interna y actual sino en pocas partes del mundo, siendo Colombia uno de los países donde más se necesita entenderlos y aplicarlos.
Se produce la ironía de que en vez de poder acudir a la autoridad que pueda existir mundialmente en la materia, nuestra ‘experiencia’ hace que sea aquí donde se deben y puede que se estén sentando jurisprudencias al respecto. Otros casos serían los de Sudán y lo fue Rwanda como países subdesarrollados; los afectados por las políticas americanas como Afghanistan, Irak o el conflicto entre Israel y Palestina para relaciones entre desarrollo y subdesarrollo; o, para naciones bajo la órbita de la civilización Europea, las guerras derivadas de la desmembración de Yugoeslavia.
Entre nosotros se trata el tema como aparece ahora en nuestra televisión mostrando unos cortos donde presentan una serie de ‘Derechos Humanos’ con una numeración y una clasificación precisa que correspondería a una numeración y clasificación ah-hoc de los Derechos subjetivos o inherentes a la condición de ser humano (Derecho a la vida, derecho a la libertad de consciencia, etc.), que por ser abstractos y multivalentes hace que cualquiera o todos puedan hablar del tema sin que se concrete ni produzca consecuencias..
El tema es bastante más complejo. Lo realmente pertinente e importante es cuales son esos Derechos en un ordenamiento positivo, o sea cuáles son y quién debe responder por esos Derechos para que se respeten y se amparen.
Se habla de los derechos civiles y políticos como los que defendían prioritariamente las democracias (libertad de opinión, de movilización, etc.); de los económicos, sociales y culturales a los cuales daba preferencia la ideología socialista (derecho a la educación, a la salud, etc.); y una vez superada esta controversia y aceptados ambos como esenciales, se han desarrollado los llamados de tercera, cuarta y hasta quinta generación (derecho a la paz, derechos colectivos como al desarrollo, al medio ambiente, etc.).
Esta clasificación se entendería como insertada o originada en el ámbito político.
Una clasificación legal dentro de las jurisdicciones u órbita de los Derechos Humanos mencionaría que lo que serían estos propiamente corresponderían a los que tienen los ciudadanos ante el Estado (plasmados en tratados como la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, o el Pacto de San José); que también se incluirían los derechos de los no combatientes ante los actores armados de los conflictos, o sea el Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales); y que en el sentido ampliado cubriría ambos, más todos los tratados internacionales que tiene por propósito concretar esa noción intuitiva y general en obligaciones y prohibiciones principalmente a los Estados, puesto que son estos los que los suscriben (Derechos de los Niños, de la Mujer, etc.), pero que también por extensión atañe a los particulares (Convención contra la tortura, etc.).
Algunos instrumentos se han creado para desde el frente internacional dar vigencia o ‘dientes’ a estos que de otra manera serían simples declaraciones: existió la Comisión hoy Consejo de Derechos Humanos de la ONU; la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América y sus similares en África y Europa; Cortes que se han montado ad-hoc como los Tribunales para las barbaries de Yugoeslavia y de Rwanda; Relatores Especiales como los cuatro ya encargados de visitarnos (sin que el Gobierno haya fijado fecha) o el solicitado ahora por nuestras Altas Cortes; y el hoy más importante de todos, la Corte Penal Internacional con su propia jurisdicción definida por el Estatuto de Roma (tenemos la suerte que Augusto Ibáñez hoy Presidente de la Corte Suprema de Justicia negoció en representación de Colombia la suscripción de dicho documento y por supuesto es autoridad en el tema).
Ante la Corte Penal Internacional existen cuatro categorías de delitos: de genocidio, de lesa humanidad, de agresión, y de guerra. Por su naturaleza estas normas solo se pueden violar bajo el supuesto de que se actúa como una autoridad sobre una población; y el que sea una competencia subsidiaria implica que, en caso de no producirse internamente las sanciones pertinentes sobre los responsables, sean enjuiciables también quienes debían producirlas.
Para Colombia hay temas que se derivan.
El primero, que se requieren regulaciones para reconocer como parte de los Derechos Humanos los derivados de la calidad de Víctimas (a comenzar por la Verdad, Justicia y Reparación que apenas aparece como nacido de una Ley y es en nuestro caso desatendido a un nivel escandaloso).
El otro, por su gravedad y actualidad, que lo de ‘falsos positivos’ es, como se ha dicho, un eufemismo para ‘crímenes de Estado’, pero no solo eso. Una cosa es el delito contra la democracia que incluye la persecución en forma delictuosa y criminal a la oposición, y que puede llevar hasta torturas o ejecuciones extrajudiciales contra los enemigos -violatorias ya de Derechos Humanos-; pero otra más escandalosa es la aberración y el horror de escoger personas ajenas a todo, quienes además por su condición de limitadas mentales o por extrema necesidad no tiene opción de entender lo que se hace con ellas, para convertirlas en moneda con la cual se consigue reconocimiento de los superiores y se muestra como exitosa una política cuestionada y cuestionable porque lleva a esos extremos con el mensaje de que ‘todo se vale’ (diferentes etapas o niveles de la misma son los votos conseguidos por la parapolítica y las motosierras, las compras de votos para reformas a la Constitución, el financiamiento por contratistas del Estado de referendos para montar una autocracia, la degradación ética de pagar recompensas por traiciones y asesinatos, la violación de tratados internacionales desconociendo la soberanía de países vecinos, etc. etc. etc…).
Las cifras dicen todo: En 1998, a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llegaron denuncias de seis casos, al año siguiente se conocieron 4, en el 2000 hubo nuevamente 4 y en el 2001 se presentaron 3. Pero la historia cambió en el 2002 cuando se presentaron 10 investigaciones; en el 2003, 36; en el 2004, 84; en el 2005, 112; en el 2006, 197 y en el 2007, 370. Según cifras afirmadas en el marco del foro ‘¿Cómo juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia?’, por José Humberto Torres, de junio 2006 a julio de 2007 se presentaron 237 eventuales ejecuciones extrajudiciales, de junio de 2007 a junio de 2008, fueron 533. En un acumulado entre el año 2002 a 2007, 3634 muertes de las cuales 1314 eran mujeres y 719 infantes.
El último punto y el más importante, que ‘reconciliación’ y ‘Derechos Humanos’ para la comunidad internacional van paralelos. Igual que el DIH es imperativo dentro del conflicto armado, la posibilidad de negociar una reconciliación forma parte de las obligaciones dentro de los Derechos Humanos.



No es bueno el olor

Jorge Mejia Martínez, Jorge.mejia@une.net.co
Personas bien intencionadas le soplan a uno al oído: los votos son inversamente proporcionales a criticar el gobierno nacional. No es sino mirar las encuestas para entender la desvalorización del ejercicio de la política como la posibilidad de deliberar y proponer. El 70 por ciento de los políticos colombianos encuentran más despejado su camino, si se pegan como una sanguijuela al nombre del Presidente de la República. Ese es su esfuerzo: lamer del teflón que protege al mandatario nacional. Con desespero se aferran a la burocracia oficial, a los contratos públicos y a las prebendas por sobar chaqueta. Es lo único que garantiza la supervivencia de una clase política anclada en las curules del congreso y dedicada a alimentar las condiciones para su reproducción en marzo del año entrante, mientras, como en el cine continuo, en los órdenes del día del senado o la cámara no faltan las posesiones de los reemplazos – y reemplazos de los reemplazos- de congresistas tocados por la parapolitica. ¡Antes de que los detengan, corran a votar! Fue el consolador mensaje presidencial.
De las páginas de los periódicos del fin de semana, saltan tantos sapos imposibles de tragar. A pocos les importa si el proyecto de referendo reeleccionista alimenta la crisis de la alicaída institucionalidad. Son más importantes las pasajeras ventajas inmediatas, que los riesgos estructurales que recaerían sobre la democracia. Este martes hacían fuerza para que los reemplazos de los cinco senadores salpicados, se posesionaran estrujando los trámites con tal de que pudieran votar el pupitrazo. La reforma política que hace curso en el congreso es otra opereta de mal gusto. Nada reforma ni transforma. Tan solo sirve para atender apetitos y temores personales de los legisladores, además de exorcizar las culpas de los partidos complacientes con la influencia del paramilitarismo en la política. Otra oportunidad perdida para sanear el sistema político colombiano. La inveterada crisis de legitimidad institucional seguirá muy a pesar de la política de seguridad democrática.
El debate de la oposición a las andanzas lucrativas de los hijos del Presidente permitió que un alto vocero del gobierno, nada más ni nada menos que el Ministro de Hacienda, desnudara la filosofía inspiradora de quienes merodean el Palacio de Nariño: la única limitación ética, es la legalidad. Puro pragmatismo jurídico propio de avezados alumnos de Maquiavelo. El fin justifica todo. Es el mismo gelatinoso talante ético inspirador de los mal llamados falsos positivos. Con tal de mostrar resultados, no importa asesinar inocentes. Es una lógica impuesta para cautivar la opinión respecto a las bondades de la seguridad democrática. ¿Porqué todavía se presentan falsos positivos – asesinatos a mansalva de pobladores indefensos- si desde el alto gobierno abundaron las destituciones de oficiales y suboficiales, además de la acción justiciera de la Fiscalía Nacional? Porque todavía no se ha tocado el combustible que alimenta la infame practica de algunos militares: la pervivencia de la circular 029 de 2005, justificadora del pago de estímulos y recompensas por cadáveres de supuestos guerrilleros. La inefable 029 es la culebra enrollada. Juan Manuel Santos se dedicó a sobarla.
Lo de las chuzadas del DAS es otro colmo. Una entidad adscrita al despacho del Presidente se dedica a violentar la intimidad de las personas, sin importar si son magistrados, periodistas, políticos o pastores religiosos. Esa información se tuvo que haber aprovechado para diseñar estrategias de campaña -o si no para qué chuzar los teléfonos de los candidatos presidenciales en la última contienda electoral- además de brindar insumos para acosar la acción de la Corte Suprema de Justicia dedicada a desenredar los entuertos de la parapolitica. Otra información terminó en el mercado negro de la criminalidad. Lo que preocupa a los colombianos es que todo ello haya ocurrido en las propias narices del Presidente, sin que percibiera ningún olor, nauseabundo olor que hoy sí percibimos muchos.



Sri Lanka: Barbas Colombianas en Remojo

César González Muñoz
Los portugueses llamaron a Sri Lanka, la vieja Ceilán, “la perla del océano índico”; La isla tiene un ambiente tropical, se produce buen té y las variadas especias que allí se dan fueron el impulso y la fascinación de Colón en su delirante búsqueda de “Las Indias”; separada del continente indio por un estrecho de 29 kilómetros, tiene un territorio equivalente al 6% del área continental de Colombia. Son 66 mil kilómetros cuadrados de un territorio que registra una de las historias más viejas de la tierra. Sus 20 millones de habitantes han vivido, por décadas, uno de los más agudos conflictos armados étnico – políticos de hoy.
El conflicto armado en Sri Lanka adquirió gran violencia en las dos últimas décadas. Los Tigres Tamiles, una poderosa organización político – militar tienen – o tenían, según las noticias - una agenda separatista: Reclamaban una Patria para la comunidad Tamil (originaria de la India), en las regiones norteñas y orientales de Sri Lanka. El problema es sumamente complejo, y envuelve asuntos históricos, religiosos, étnicos, culturales.
La prensa internacional pública en estos días la crónica de la victoria militar del ejército sobre la guerrilla: Una victoria, como todas las gestas de esta clase, cubierta de sangre de combatientes y de población civil.
La evolución de los hechos en Sri Lanka en los últimos siete años divide la opinión de la ciudadanía de Sri Lanka – y de la comunidad internacional – entre quienes creen que la carnicería de las batallas finales entre los Tigres Tamiles y el ejército era el costo necesario de la pacificación del territorio, y quienes piensan que el triunfo militar del gobierno es otro punto más en la ecuación de la crueldad humana.
En 2002 las partes militares en conflicto acordaron un cese al fuego como trasfondo de un proceso de paz negociada; una paz que podría implicar la creación de un estado federal y el reconocimiento de dos culturas en el mismo territorio: La de los Tamiles y la de la mayoría Cingalesa.
Desde 2004, los dos sucesivos gobiernos de Sri Lanka hicieron todo lo posible por deshacerse de los acuerdos de cese al fuego. El actual presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapakse prometió una paz justa; pero su discurso era contundente: La solución militar es la única opción para liberar a los propios tamiles de la opresión de la guerrilla, y para proteger la integridad de la nación.
Y así ha procedido el gobierno. En el último y trágico episodio de la guerra, que ha llevado a la muerte a toda la dirigencia guerrillera y a un desmantelamiento efectivo de la organización, miles de civiles han perdido la vida o han sido desplazados en condiciones muy crueles tratando de escapar de la lluvia de plomo. Los Tigres, siguiendo su propia tradición, utilizaron en la batalla final a la población civil como carne de cañón o como trabajadores forzados. Las fuerzas armadas de Sri Lanka han sido acusadas de ejecutar graves violaciones de los derechos humanos.
En el frenesí bélico de los últimos meses, el gobierno buscó silenciar las voces disidentes. Muchos defensores de los derechos humanos, periodistas u observadores, que planteaban un manejo diferente o que criticaban las acciones o las políticas gubernamentales, fueron acusados de ser protectores, amigos o simpatizantes de los Tigres, con todas sus implicaciones judiciales y (sobre todo) extrajudiciales.
Todo indica que el conflicto de Sri Lanka, al menos en esta etapa de la historia, ha terminado con un alto costo humano y en el estrépito de gozosos gritos de victoria. Como para poner las barbas colombianas en remojo.


A la caza de intelectuales


OCTAVIO QUINTERO, 25-05-09

En marzo del 2008 los periodistas, columnistas escritores y, en general, todos quienes piensan distinto al régimen de Uribe fueron graduados de “terroristas”, al ser afrentados por el entonces consejero estrella del Presidente, José Obdulio Gaviria, como integrantes del “Sexto frente de las Farc”.
El venenoso dardo del asesor, que seguramente le pareció muy ingenioso al Presidente, tuvo sus secuelas inmediatas, pues, como lo lanzó días antes de la marcha del 6 de marzo organizada contra el paramilitarismo, al menos uno de los organizadores de ese evento fue asesinado sin que hasta el momento se sepa quién; y posteriormente furibundos (o furibistas) hackers borraron del universo virtual la web de la senadora Piedad Córdoba.
Yo creía que todo había quedado ahí. Iluso que es uno. La detención en México, y su consiguiente deportación a Colombia del profesor de filosofía, Miguel Ángel Beltrán Villegas, es evidente que encaja en la diabólica criminalización que José Obdulio hizo de todos los que, válidos tan sólo de la inteligencia, nos opones al régimen de Uribe.
Lamentable también que un país como México, que fue bastión de la libre expresión en los momentos más oscuros del militarismo en América, haya caído en manos de un gobierno que sus conciudadanos tildan de ilegítimo por la forma como alcanzó su cargo, manchado de fraude.
Pero curioso, no obstante, porque parecen entenderse a la perfección con Uribe, a quien aquí tildamos también de ilegitimo por la forma como allanó el camino constitucional, mediante el cohecho, para hacerse reelegir en el 2006.
Cierto, muy cierto el dicho popular ese que dice “Dios los cría y ellos se juntan”, porque miren ustedes la química que operó entre los ilegítimos de Colombia y México con ese otro ilegítimo de Bush.
Pero dejando afinidades al canto, grave, muy grave que en el gobierno de la llamada “seguridad democrática” no se respete el derecho al debido proceso, y el propio jefe de Estado se apresure a condenar como “terrorista” a un reconocido intelectual que acaba de ser apoyado por destacados profesores e intelectuales de la academia colombiana en carta abierta en la que dicen con crudeza lo que acaba de ocurrir con el profesor Beltrán: “PRESIDENTES DE MÉXICO, FELIPE CALDERÓN, Y DE COLOMBIA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, CAZAN ACADÉMICOS”.
Ojo, pues, que a la caza de los integrantes del “sexto frente de las Farc”, Uribe ha soltado sus perros aquí y en el exterior, lamentablemente apoyado por ese México que sirve de asilo político a nuestro Nobel, García Márquez, porque aquí, dizque no tiene garantías. Si por eso fue, creo que el laureado escritor colombiano debe ir buscando otro refugio porque, si por aquí llueve, por allá no escampa.



El gallo tapao


Jorge Huanqui Butrón.

En un reciente programa de televisión vi que el doctor Alfonso López Caballero lanzó su candidatura para presidente de la República de Colombia por el Partido Liberal.

Inevitablemente recordé que el primer voto con el cual estrené mi cédula de ciudadano mayor de edad lo hice a favor de la presidencia del doctor Alfonso López Michelsen (q.e.p.d.).

No me arrepiento de haberlo hecho. Me gustó todo sobre su mandato: el nombramiento de mujeres en altas posiciones políticas (la senadora Cecilia López Montaño entre ellas); el mandar “para el carajo” a los gringos diciéndoles que cuidaran sus fronteras contra el narcotráfico (único presidente, además, que lo ha hecho sin que por ello haya tenido repercusiones en su contra); la terna que conformó con Torrijos y Pérez para tratar de darle la mejor solución a asuntos que sólo interesaban a gobiernos hermanos; la llamada “ventanilla siniestra”, etc., etc., etc., y cuyo Mandato Claro jamás pudieron sus familiares, los Caballero (KLIM y compañía) empañar.

Una gran realidad es que López Michelsen - más que todo debido a su cercanía con la Costa Norte de Colombia - derivó gran parte de sus votos ganadores gracias a la región norte del país, desde donde, (la verdad sea dicha) ya se venía el doctor López “untando” desde hacía tiempos, de pueblo, guacharacas y ron. (En estos días, debido más que todo al fallecimiento del Maestro Rafael Escalona se ha estado recordando, por ejemplo, cómo López Michelsen fue gobernador del Departamento del Cesar).

Dudo mucho que su hijo tenga esta cercanía al pueblo que tuvo su padre. Entre otras cosas, porque casi nunca (no podría afirmar que jamás sin riesgo de equivocarme) se le ha visto con el pueblo. Por el contrario, y como la periodista entrevistadora lo afirmara, es verdad que en el subconsciente colectivo representa más bien a la clase privilegiada del país, y esto no es del todo favorable para una candidatura cuyo triunfo depende indudablemente de las masas.

Pero, ni más faltaba, un hijo y nieto de presidentes no tiene porqué ser educado como un gamín para ganarse el favor del pueblo.

Hay que canalizar las aparentes falencias transformándolas en reconocidas virtudes. Por ejemplo, por la misma razón de pertenecer a una clase dirigente del país (el país necesita de buenos, honrados y preparados dirigentes), de recia estirpe liberal (que todavía “cala” entre el pueblo), combinada con la simpatía que el papá despertara (que habría que retomar y revivir), yo diría que podría pensarse en López Caballero como el nuevo “Gallo Tapao”.

Además, así como en las razas de toros, de caballos y de gallos se tiene en cuenta la sangre , “la pura sangre”, para saber de la calidad de un ejemplar, de igual manera el hecho de provenir de casta presidencial lo vuelve un candidato probable para ocupar la presidencia de este país. ¿Por qué no, si se están lanzando otros menos aptos?

Es inesperado, pero eso es lo que necesitamos: Algo “diferente” entre tanto politiquero que no hace más que hablar y hablar para recibir favores, hacer promesas que nunca se cumplen, aceptar dineros sucios y seguir engañando al pueblo. El gallo tapao siempre es el último y el mejor, la opción salvadora.

La mayoría de edad política en el país ya se alcanzó y la gente pensante y votante no se deja meter el dedo en la boca tan fácilmente.

Un gobierno presidido por Alfonso López, con un Vicepresidente como Gómez Méndez, con una Comisionada de Paz como Piedad Córdoba (quien tendría el favor de todo el pueblo colombiano y de la opinión internacional para que a través de esta posición pueda seguir tratando de solucionar el conflicto colombiano por medio de los Acuerdos Humanitarios), con una Ministra de Defensa como la senadora López Montaño, una Ministra de Relaciones Exteriores con cara amable y reconocida experiencia (en coalición) como Noemí Sanín, un Ministro de Hacienda (de coalición) de reconocida trayectoria en el área financiera (¿Caballero Argáez?), etc. no fallaría.

Colombia necesita una persona como Alfonso López Caballero, alejado de los odios y rencores que otros han suscitado y aún suscitan, de las maquinarias políticas, y de tendencias pro-guerrilla que definitivamente no serían favorables para una candidatura en estos momentos.

Habría, pues, que “destapar” a este gallo y hacer que cante en las mañanas, al mediodía, en las noches y a toda hora, para que vaya “despertando” a los campesinos, a la clase trabajadora, y sacudir a todos los estratos sociales de este país a través de los medios de comunicación audiovisuales, de la prensa y de la radio.

No sé qué tan bien preparado esté para la oratoria López Caballero, pero un gallo que no canta, jamás podrá encantar.

Tiene el joven López una dura tarea por delante: Debe, por ejemplo, prepararse para que sus contradictores políticos le saquen a relucir acciones en empresas petroleras, compras de grandes extensiones de tierra, negocios posiblemente facilitados por su padre, y otras bajezas de las que se valen los enemigos para tratar de reinar.

Tiene también que empezar a cambiar el (heredado) flemático talante, hablado y porte inglés por uno más criollo y accesible al pueblo, uno más descomplicado (más Caribe), creíble y aceptado.

De continuar en firme su candidatura, estaría dispuesto a apoyarlo con todos los recursos a mi alcance (que no son muchos, aunque puedo ayudar muchísimo con los votos de la Costa Atlántica) y creyendo, sinceramente, en su amor por el país, en su experiencia directiva y en que daría la talla – a nivel nacional e internacional – para sacar al país adelante.

Es mucho por hacer por un gallo, pero al gallo que madruga, Colombia lo ayuda.