BOLETIN VIRTUAL

Contenido


• ¿Sabemos gobernar?, Antonio Colomer Viadel
• Soul de compasión por quienes cosechan azúcar, Leopoldo de Quevedo.
• El repentismo presidencial, Amylkar Acosta.
• De cómo burlar la ley, Ramón Elejalde.
• Un nuevo contrato social en el Valle, Mauricio Cabrera.
• Un mediocre establecimiento político, César González.
• Un sainete puesto serio, Octavio Quintero.
• Se repite la negra historia, Jorge Mejía.



Prólogo: ¿SABEMOS GOBERNAR?

En la introducción a esta obra el autor, Luís Carvajal, manifiesta que pretende ocuparse de algunos asuntos y problemas que se plantean con frecuencia en la actividad de gobierno y proponer algunas herramientas para su mejor desempeño.
Este objetivo se fundamenta en un diagnostico que también realiza el autor: el alto grado de improvisación con que se dispone de los recursos públicos.
Lo cierto es que aún reconociendo la buena voluntad de los que llegan al poder y su intención de acertar en su gestión- lo que es una presunción “juris tantum”, según el añejo Derecho Romano, es decir, que admite prueba en contrario-, nada asegura que el éxito electoral implique una alta capacidad en técnicas de gobierno. Además, el gobernante se ve agobiado por la urgencia y la complejidad de los acontecimientos, por el asedio de los intereses contradictorios, por la solicitud de recompensas de aquellos que le apoyaron en la dura brega política, y por las expectativas creadas para beneficiarse de esa llegada al poder, del “grillerío” – por emplear la expresión mexicana- de solicitantes de empleo.
No es de extrañar que la mente y la voluntad se turbe, y que la ilusión de servir al bien común se difumine.
Para abordar estas cuestiones, Luís Carvajal, mi antiguo y brillante alumno de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene la ventaja de combinar el rigor académico y la experiencia política de gobierno.
De esta última se desprende el valor que le concede al “uso del tiempo”, que todo lo devora, si no somos capaces de ordenarlo, sistematizarlo y disciplinarlo adecuadamente.
Algo parecido debemos decir respecto a las relaciones entre gobierno y legislativo, cuando destaca el término “cabildeo”. Se trata de una palabra que no goza de buena fama en el lenguaje coloquial, pero su definición en el diccionario subraya su enorme importancia política para un buen gobernante: “gestionar con diligencia y maña, para captarse voluntades en un cuerpo colegiado o corporación”. Es evidente que depende del uso que hagamos de tal habilidad para que nos deslicemos hacia la compra fraudulenta de opiniones y votos, o alcancemos los consensos necesarios en que todos tenemos algo que ceder para el beneficio común de nuestra comunidad.
La estabilidad de las sociedades depende, en buena medida, de esa capacidad de sus dirigentes para alcanzar tales consensos sólidos.
El autor destaca, asimismo, la trascendencia política de una buena estrategia de comunicación e imagen política, para mantener el apoyo de la opinión pública. Me parece evidente que un gobierno no puede funcionar eficazmente sin buena información sobre lo que piensa y siente su pueblo, y los diferentes grupos sociales que lo integran, pero por otra parte, se ha abusado demasiado del marketing político, de la promoción del liderazgo político como un producto comercial, con todo lo que tiene de engañosa tal publicidad.
Sin lugar a duda los problemas económicos y el modo de abordarlos es parte decisiva del equipo de un buen gobernante, y de ahí el relieve que se concede en esta obra a tales cuestiones. No necesariamente el líder que encabeza un gobierno debe ser un experto economista, pero sí disponer de un buen sentido común ante estos problemas, y la habilidad de rodearse de un equipo de competentes expertos en la materia.
Al llegar allí quisiera destacar una cuestión que me parece una debilidad de los sistemas de gobierno en América Latina: La ausencia de una función pública cuyos agentes sean reclutados de forma objetiva e imparcial, según el mérito y la capacidad, y presten un servicio estable al Estado, más allá de los cambios de gobierno coyunturales.
En el último capítulo el autor nos describe una serie de métodos para ayudar en la toma de decisiones, Creo que estas útiles metodologías son de interés en un segundo o tercer grado de gobierno, entre expertos y asesores. El gobernante en la cúspide no tendrá tiempo de tales análisis, pero sí de ponderar las diferentes propuestas que se le presenten, y también recurrir a su intuición política.
En anexos, Carvajal incluye una amplia relación de sus columnas periodísticas sobre cuestiones de gobierno. Me parece de gran interés el recurso a este método de casos, desde la atalaya de la prensa, en el estilo informal, pero vinculado a la actualidad y a la cotidianidad más viva e intensa, desde la que incorporar enseñanzas más intemporales.
También recurre Luís Carvajal, en un segundo anexo, a reproducir algunas entrevistas significativas que realizó a dirigentes políticos, tanto colombianos como peruanos. Se trata del viejo método de Tuadides – el historiador griego que vivió hace dos mil 500 años y fundó la historiografía nacional-, de reunir los testimonios de los protagonistas de esta historia. Si despojamos a los mismos de la subjetividad de sus palabras, nos queda una fuente de primera mano que nos ilumina el camino.
Finalmente quisiera también destacar el valor para los gobernantes de tomar el pulso directamente a la buena gente del pueblo, y a su sentido común, involucrados en los procesos de toma de decisiones y señalamiento de prioridades. La combinación de democracia representativa y democracia participativa – he escrito en mi libro “Regenerar la Político”1-, para que los ciudadanos conozcan la administración pública desde dentro, puedan aportar a ella sus sugerencias, se ilusionen con sus mejoras, será el mejor antídoto contra las demagogias. Y el mayor estímulo para la conciencia ciudadana al servicio de la democracia.
Valencia, 7 de octubre de 2008, Antonio Colomer Viadel, Director del Área de Derecho Constitucional, Universidad Politécnica de Valencia (España)



SOUL DE COMPASIÓN POR QUIENES COSECHAN AZÚCAR


Leopoldo de Quevedo y Monroy

Esas caras negras relucientes como panteras, de brazos largos y espaldas fuertes, nacieron de la brasa de sol del África sufrida y olvidada. Vinieron a América como una manada de bisontes en los barcos de “negreros” desalmados a dar su sangre y su fuerza al lado del buey y del carbón sobre los surcos de tierra y en los socavones de las minas.

Aunque han pasado más de 700 años y la civilización humana ha avanzado y los derechos humanos transformaron las constituciones de los países, la situación de estos seres de piel sedosa y sonrisa blanca no ha cambiado. Usted los puede ver por entre los kilómetros de cañaduzales de Palmira, de Candelaria, de Florida, La Paila, Corinto y Puerto Tejada o subiendo al bus en chanclas y los pies ajados, con sombrero de paja, pantalón raído hasta las pantorrillas, machete al cinto y con su tristeza al hombro.

Su paso es cansino y en su rostro se adivina el sufrimiento. No llevan cadenas ni sus brazos están marcados con el hierro de otros días. Pero tampoco en su bolso llevan un contrato generoso que certifique el cansancio de su oficio y el reconocimiento del indolente amo que le usa pero ignora su calidad de ser humano e integrante de una familia colombiana.

En los enormes latifundios de caña bien peinada e irrigada, atravesada por largos trenes con el fruto dulce, no se ven palenques con casas dignas para ellos. Sólo son para ingenieros y oficinistas con escritorio. Ellos serán siempre el rezago del esclavo castigado por el látigo y el liberto del señor feudal con vestido Armani. Sus compañeros son la lluvia en el invierno, el sol a medio día y la soledad en los latifundios inclementes. Su lengua está reseca de tanto rogar por un aumento y una paga que mitigue su Destino aún no redento.

¿Qué son víctimas de oscuros infiltrados? A fuer que sí, porque la pobreza y la injusticia en medio de tanta riqueza es un caldo de cultivo del resentimiento. Los “corteros” no tienen a un gobierno que los proteja, no tienen un hospital que los cure en sus cortadas, pero sí una boca que los culpe de acoger al insurgente.

¿Quién hablará bien de estos colombianos a quienes se les llama con el infame nombre que le dan a quien trabaja recogiendo grano a grano el azúcar para la mesa de Epulón? “Cortero”, cara cortada, dedo cortado, machetero que rebana el cuerpo blando para que haga dulce el tinto y el café y la aguadepanela y el manjar del Valle. “Cortero” el hombre y la mujer que madruga hace 700 años a ver quién más lo deja a la intemperie viendo el humo que se alza sobre las fanegadas cosechadas.

Un mes completan estos vallunos que han engrandecido los ingenios, que llenan los containers para el interior y el extranjero en sus justas pretensiones de un bocado más grande para sus flácidos estómagos. Hasta ellos no llega sino la voz amenazadora del quien debe proteger al desprotegido.

Qué falta que hace que hubiera aquí en Colombia un Martin Luther King o un Bob Marley o un Ghandi Negro que cantara un soul herido por esta tristeza de ver sufrir como en Ghana o Bangladesh a nuestros “Corteros”.



EL REPENTISMO PRESIDENCIAL

Amylkar D. Acosta M1
Ante la crítica de diferentes analistas independientes a la pasividad del gobierno y a su inmovilidad frente al agravamiento de la crisis, amén de la autocomplacencia del Ministro de Hacienda, fue el propio Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, quien de buenas a primeras y al mejor estilo repentista que caracteriza a su gobierno pergeñó improvisadamente lo que él llamó un “Plan de contingencia para enfrentar la crisis financiera internacional”. En efecto, en el curso de la instalación en Bucaramanga de la Asamblea anual de Confecámaras, le anunció al país un paquete de cinco medidas. El Presidente Uribe planteó como una de las salidas “unos créditos de emergencia con los bancos multilaterales”, como si estos no estuvieran también afectados por la crisis; al fin y al cabo los accionistas de esos bancos son los mismos países que están en líos y, además, los bancos son bancos. En cuanto a los créditos con la banca comercial, es un hecho que la tasa de interés de la deuda colombiana, medida con el Índice Embi, se han duplicado desde junio, al pasar desde niveles de 150 a más de 425 puntos. Y ello ocurre, porque a Colombia se le percibe cada vez con un mayor nivel de riesgo – país, a pesar de la cantinela del gobierno con la confianza inversionista. Lo cierto es que en las actuales condiciones, Colombia tendrá que repagar el doble de intereses para colocar sus títulos de deuda externa que si lo hubiera hecho tres meses atrás. Lo propio puede afirmarse con respecto al sector privado
Nos parece una ocurrencia salir ahora en volandas a “buscar mercados diferentes” a los EEUU, como son “los mercados asiáticos, al mercado japonés”, cuando ellos están también precaviéndose de los estragos de la crisis financiera que también los tocó y de contera la diplomacia colombiana se ha circunscrito casi que exclusivamente a la relación bilateral con los EEUU. No resulta fácil cambiar de pareja en la mitad del baile; acudir ahora al lejano oriente o a Asia no ofrece muchas posibilidades a corto plazo de establecer una sólida relación que permita acceder a sus también comprometidas fuentes de financiamiento. Como parte de la receta se plantea explorar “otras fuentes de inversión” distintas a las tradicionales “para que no se vaya a afectar el ritmo de inversión extranjera directa” y se menciona al lejano oriente, como si ello fuera así de fácil. Se da por descontado que unos de los efectos de la crisis será la reducción del flujo de capitales por la estrechez de liquidez sobreviniente, especialmente hacia los países emergentes incluido Colombia. No nos podemos hacer ilusiones de que el país va a salir indemne de este descalabro, sobre todo cuando el origen de la IED en Colombia ha sido fundamentalmente EEUU y España, con el 20% y el 16.5% respectivamente, dos de los países con mayores complicaciones. Vemos muy remota la posibilidad que el país pueda alcanzar la meta de los US $11.000 millones de IED este año y ni pensarlo para el año entrante y este es otro factor que conspira contra las posibilidades de sostener el ritmo de crecimiento que traía la economía colombiana. El país tiene que prepararse para una baja sensible de la afluencia de IED.
Finalmente, el gobierno dice que va a “mantener todo el buen cuidado para que no se deteriore el mercado nacional”, pero no dice cómo lo va a hacer. Además, como ya lo vimos, el mercado doméstico se viene deteriorando desde mediados del año pasado, cuando aún no se había desatado la crisis, la cual viene ahora a complicar su manejo. El Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, acaba de pronosticar que el crecimiento económico de Latinoamérica va a ser mediocre, duda que llegue al 4.5% para este año y hay quienes proyectan un 3.3% para 2009 y lógicamente ello va afectar también el desempeño de la economía colombiana. Como lo afirma Rodrigo Valdés, economista Jefe para Latinoamérica en Barclays Capital en Nueva York, “los últimos cuatro a cinco años fueron muy buenos para Latinoamérica, pero el ciclo está llegando a su fin…Esperamos una desaceleración en prácticamente todas las economías” y la de Colombia no será la excepción. De modo, pues, que hay que apretarse el cinturón y consensuar un paquete de medidas de emergencia que consulten la cruel realidad que se avizora, a riesgo de sucumbir en medio del torbellino de la crisis en la que la economía colombiana termine como corcho en remolino.
Bogotá, octubre 8 de 2008
www.amylkaracosta.net


De cómo burlar la Ley


Ramón Elejalde. ramone@une.net.co

Entre el Gobierno departamental y la Contraloría de Antioquia se han ideado la creación de fundaciones, cooperativas y corporaciones, simples monstruos jurídicos para burlar la Ley de Contratación Administrativa.
Hoy me ocuparé de la “Fundación para el Buen Gobierno”, creada el 6 de mayo del presente año y cuyos socios fundadores fueron el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que sepamos, por lo menos del IDEA, sin la autorización de su junta directiva. La Junta Directiva de la Fundación la integran Jaime Hernando Jaramillo, reconocido militante del ramismo y paisano del Contralor de Antioquia; Luis Norberto Guerra, igualmente un furibundo amigo del Gobernador y funcionario de una entidad departamental; Jesús Alfonso Jaramillo, secretario privado de la Gobernación y dos funcionarios, en su momento, del Politécnico: Leonardo del Valle Osa y Francisco de Paula Osorio, ambos renunciados y reemplazados recientemente en sus cargos. La empresa la gerencia el señor Hugo Mario Zuluaga Urrea, antiguo subalterno del Contralor de Antioquia y gran amigo de él y del Gobernador.
Esta entidad tiene como clientes la Contraloría General de Antioquia, la Secretaría de Infraestructura del Departamento y el Municipio de San Francisco. Su objetivo esencial es evitar el engorroso proceso de licitación en algunos contratos y poder adjudicarlos a dedo a los amigos. Es decir, atentar contra los principios de transparencia y moralidad que deben ser el soporte de la contratación pública.
Preocupa que la Contraloría de Antioquia, la encargada de la defensa fiscal del Departamento esté buscando atajos a la norma jurídica. ¡Qué esperanzas! Este tipo de contrataciones es en la práctica de “yo con yo”. Pero más grave para la Contraloría de Antioquia que esté contratando con una Fundación que está integrada por sus vigilados.
La Fundación para el Buen Gobierno de Antioquia alquila vehículos para la Contraloría Departamental por 120 millones y no tiene vehículos para alquilar; esa misma fundación brinda apoyo logístico en la implementación del proyecto de profesionalización de la planta de personal de la Contraloría por 282 millones de pesos, claro que ya el Contralor había contratado este trabajo con Daniel Castrillón por 20 millones de pesos; además la Fundación de marras hace interventorías de obras públicas; proporciona 60 portátiles a la Contraloría y prepara personal mediante la realización de diplomados virtuales. Mejor dicho, hace de todo, vende de todo, suministra de todo y no tiene nada, solamente una oficina. El asunto es fácil: la Contraloría o el Departamento contratan con la Fundación y ese es un contrato interadministrativo que no tiene ningún control y a su vez la Fundación contrata con quien quiera, por cuanto quiera y en la forma que quiera, obviando las exigentes normas de la ley de Contratación Administrativa.
Pero la Fundación no se queda en lo dicho: También gerencia proyectos, realiza compra de insumos, contrata personal, realiza educación virtual y ojo, hace encuestas y sondeos. Veremos pues al Gobierno departamental diciéndonos quién va a ganar las próximas elecciones. ¡Cómo para Ripley!
Hay en los contratos que ya firmó la Contraloría con la Fundación muchas perlas, por hoy me ocupo de tres: 1- Dice uno de los contratos que “Sobre las cuentas mensuales se reconocerá a la Fundación el 4% adicional sobre la factura presentada, como contraprestación a los servicios prestados” (¿?¿?), 2- En el contrato sobre equipos de cómputo los seguros corren por cuenta del Departamento y, 3- La sede de la Fundación, que se rige por el derecho privado, está situada en el piso sexto de la gobernación, en una oficina adscrita a la Contraloría de Antioquia. ¡Esto si que se llama buen gobierno!
Sobre todas estas anomalías los diputados Rodrigo Mesa Cadavid, Juan Diego Gómez y Héctor Jaime Garro adelantarán este martes un debate como para separar butaca.
Notícula. 1- Harían bien algunos altos funcionarios del Gobierno departamental (léase Jorge León Sánchez) y algunos de la Contraloría (léase Jorge Vásquez Montoya, Gabriel Roque Daza y Edison Gómez) en dejar de interferir la consulta del partido Conservador. 2- ¿Alguien me podrá decir donde están hoy y desde hace tres semanas los cuadros directivos del Laboratorio de Paz del Oriente, los alcaldes y los directores de las asociaciones de municipios del Oriente? ¡Qué envidia!



UN NUEVO CONTRATO SOCIAL EN EL VALLE


MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Octubre 19 de 2008

Con la huelga de los corteros de caña todos pierden. Por supuesto, los primeros que pierden son los mismos corteros que por tener que acudir a las vías de hecho para mejorar las condiciones de su extenuante trabajo, han perdido los ingresos de más de un mes. Dejar de recibir 700.000 pesos en un mes no es perder una fortuna, pero en las condiciones de pobreza en que sobreviven los corteros significa familias y niños con hambre cuando se han agotado los magros ahorros familiares y el tendero de la esquina ya no fía,

También pierden los ingenios porque cada día se dejan de moler 50.000 toneladas de caña y están paradas las plantas que producen azúcar y etanol, mientras que siguen corriendo los costos fijos y de mantenimiento de las fábricas. Aquí las pérdidas se cuentan por miles de millones de pesos que si bien no ponen en peligro la subsistencia de los ingenios ni sus accionistas si deterioran la rentabilidad de una industria que enfrenta crecientes retos y competencia en un mundo globalizado.

Pero además de los actores directos son muchos más los perjudicados por el conflicto laboral. Pierden los cultivadores de caña, los transportadores, los proveedores de insumos y todos los contratistas de los ingenios se han quedado sin ingresos. Los consumidores de azúcar han podido sortear la menor producción doméstica con importaciones de Bolivia, pero no ha pasado lo mismo con el etanol; la industria papelera sin el suministro del bagazo de la caña ha tenido que parar las plantas y mandar a vacaciones a sus trabajadores. Y la economía de los pueblos del Valle del Cauca está en crisis pues almacenes, supermercados, restaurantes y hasta los bares han disminuido sus ventas y empieza a despedir empleados..

Es urgente para el Valle del Cauca superar esta huelga que afecta uno de los ejes principales de la economía regional, buscando soluciones que transformen el todos pierden en un gana-gana en el que no haya vencedores ni vencidos y se reconstruya el pacto social donde todos los involucrados en la cadena productiva reciban la justa participación de la riqueza que contribuyen a crear.

El único camino para lograrlo es el diálogo y la concertación, para lo cual es indispensable de parte de los corteros que suspendan los bloqueos y se sienten a conversar; de parte de los ingenios que atiendan las justas peticiones de los corteros y ofrezcan alternativas compatibles con la sostenibilidad de las empresas, y de parte del Gobierno que deje de satanizar las protestas y actúe como mediador imparcial recordando que no solo le debe importar la confianza de los inversionistas sino el bien-estar de toda la población.

Son múltiples las peticiones de los corteros para mejorar la compensación por su dura labor: contratación directa, estabilidad laboral, pago de indemnizaciones, dotación, transporte, incapacidades, enfermedades laborales, permisos y garantías sindicales, mejores salarios y otros beneficios como fondo de vivienda, becas y capacitación. La respuesta de los ingenios es que a través de las cooperativas cumplen con todos los pagos exigidos por la ley van más allá dando a los corteros salarios y condiciones superiores a la mayoría de los trabajadores agrícolas, pero que necesitan la flexibilidad laboral para ser competitivos.

Desde su punto de vista las dos partes pueden tener razón, pero la cuestión de fondo es otra. La industria azucarera ha tenido una mejoría notable en lo últimos años por factores como el etanol, los precios internacionales o las mejoras de productividad, lo que ha permitido el fortalecimiento y la expansión de las empresas, pero varios de los participantes en la cadena de valor de la industria perciben que han quedado excluidos de ese aumento de riqueza. El conflicto y la confrontación para redistribuirla solo destruye valor -todos pierden-, porque como decía Manuel Carvajal, no puede haber empresas sanas en un medio social enfermo. La prosperidad solo es sostenible cuando se distribuye y beneficia a todos los que intervienen en su creación.



Un mediocre establecimiento político

César González Muñoz.
El Presupuesto General de la Nación de 2009 fue aprobado por el Congreso con varios problemitas: Por una parte, el gasto proyectado podría estar desfinanciado en unos 5 billones de pesos. No hay fuentes claramente previsibles de financiación, en esta situación de serios problemas en el sistema financiero internacional. Se aprobó el presupuesto, al son de los pupitres de la coalición de gobierno, sin un debate serio sobre una política tributaria que les da privilegios exorbitantes a los ya privilegiados. Se aprobó el presupuesto sin considerar juiciosamente el entorno internacional, y sobre todo sin tener una percepción adecuada de lo que le está ocurriendo, y le puede ocurrir en 2009 a la economía colombiana.
Desde hace años, el debate presupuestal en el Congreso es un acto triste y liviano: La nación, que debiera estar representada en el Capitolio, es allí la gran ausente. El gobierno y el Congreso – al menos las bancadas gobiernistas - negocian el Presupuesto sin prestarles atención a las reales necesidades nacionales. Uno de los ejercicios políticos más elevados del poder legislativo se ha convertido en un episodio de poca monta. El año entrante, que no será fácil en modo alguno para la economía colombiana, se va echar de menos la presencia eficaz del principal instrumento estabilizador y dínamo del aparato económico en épocas de vacas flacas.
El crecimiento económico será menor el año entrante. Tal como se ven las cosas hoy día, será difícil llegar al 3%, después de algunos años de mayor expansión económica. La disminución (que podría ser un barrigazo) del crecimiento golpeará el recaudo tributario. Igual consecuencia tendrá la baja de los precios de las mercaderías que Colombia exporta, empezando por el petróleo. Por otra parte, es razonable esperar que la tasa de cambio vaya a niveles considerablemente más altos que los previstos para efectos del servicio de la deuda pública. Por tanto, faltará plata para financiar el gasto aprobado. Ante fuentes muy estrechas, y caras, de financiamiento, tendrán que venir los famosos “recortes”, los curiosos “esfuerzos” y congelaciones del gobierno para cuadrar las cuentas a rajatabla. No importa el impacto que la caída de la inversión pública pueda tener sobre una economía que cojea por el lado del gasto privado. Sobre este asunto se oyeron voces de la oposición, del Banco de la República y de la Contraloría General antes de la aprobación del presupuesto. Pero el establecimiento político entero prefirió jugar primero y pensar después.
El Congreso continúa cometiendo un enorme error político, y una falla ética, al continuar aprobando iniciativas tributarias gubernamentales generadoras de exenciones y preferencias a rodos, a dedo y sin vínculo cierto con la generación de empleo, como lo evidencian las cifras del mercado laboral. Desde cuando se instaló el Estado democrático liberal, Los impuestos han sido históricamente los factores cruciales de la redistribución del ingreso y de la cohesión social. Pero hoy en Colombia – y algunos otros países – el no cobro, o la rebaja sustancial de impuestos a los opulentos se toma como un acto sabio, estimulante de la inversión y productor indirecto de bienestar en la base social. En este caso, también, el establecimiento político ha preferido mayoritariamente abstenerse de dar un debate que, un día, fue el principal debate público en los regímenes democráticos.
La fase recesiva del ciclo económico en Colombia se muestra con claridad en diversas estadísticas. El Congreso tuvo tiempo de analizarlas pensando en la política presupuestal. Igualmente, Estados Unidos, Japón y Europa han estado dando señales de recesión desde comienzos de año, mucho antes del último episodio dramático de la crisis financiera. Así que, con toda probabilidad, vamos rumbo a una descolgada internacional. Ninguna relación tiene este presupuesto colombiano con ese escenario local y global. Un establecimiento político de este talante no le sirve a la nación colombiana.


Un sainete puesto serio

OCTAVIO QUINTERO, oquinteroefe@yahoo.com
21-10-08
Produce desazón las destempladas acusaciones del gobierno contra dirigentes políticos de oposición dizque por estar apoyando algunas huelgas laborales y protestas sociales. Y da vergüenza pertenecer a un gremio periodístico que orquesta escenas de inquisición sobre las víctimas de turno. Pero, recordando a Luther King, nos debiera sobrecoger más el silencio de los buenos que la maldad de los malos.
En medio del malestar social que algunos valientes defensores de los derechos laborales y colectivos se atreven a manifestar en este tormentoso ocaso del régimen de Uribe, salió ese bien tildado ministro de la desprotección social a demonizar la huelga de los corteros de caña que reclaman un salario justo y la protesta indigenista que exige el resarcimiento de sus tierras usurpadas por paramilitares, parapolíticos, narcotraficantes y terratenientes, dizque por contar con apoyo logístico y económico de dirigentes políticos de la oposición.
¿Y qué? ¿Es que también constituye terrorismo en Colombia la lucha de clases? O será que José Obdulio, cabecera ideológica de Uribe, no sabe que el Contrato Social es un paradigma que mediante distintos pero convergentes modos de realizar el bien común y la voluntad general ha logrado a través del tiempo los cuatro bienes públicos esenciales a toda democracia: legitimidad del gobierno, bienestar económico y social, seguridad e identidad colectiva.
Que el régimen persiga a la oposición, ya es obvio. Y que los periodistas proclives al gobierno secunden su fascismo, también es explicable aunque por razones inadmisibles, especialmente aquellas que nos hablan de corrupción y chantaje. Pero que los acusados reculen temerosos ante la inquisición oficial y periodística, sí es un claro síntoma que se puede resumir en ese viejo dicho popular que dice “mal está el enfermo, ni come ni hay que darle”.
Cada quien es dueño de su propio miedo en el campo personal. Pero en el ámbito de la representación popular o de la dirigencia comunal sobreponer el temor individual a los intereses de la colectividad es traicionar la clase y su lucha social.
Mucho más grave resulta que los partidos políticos a los que pertenecen los parlamentarios señalados por el régimen de apoyar estos movimientos sociales permanezcan mudos. Uno podría hasta explicarse el silencio del resquebrajado Partido Liberal. Pero lo del Polo Democrático, orientado por un avezado constitucionalista, el ex magistrado Carlos Gaviria, conocedor como el que más de los derechos fundamentales, entre otros el de la libertad de pensamiento, argumento que por demás le permitió tumbar como ponente ante la Corte la tarjeta de periodista, da grima.
¿Puede un parlamentario con su sueldo apoyar legalmente una marcha pacífica de ciudadanos o un cese de actividades? Claro que sí. Solamente a un sibilino como el ministro de Protección y Seguridad Social o a un periodista proclive a la corrupción se les ocurre que no, aduciendo que el salario de un funcionario público sigue siendo público aún después de habérselo ganado con su trabajo.
¿Y puede uno (cualquiera) ideológicamente apoyar un movimiento que no es subversivo ni terrorista (aunque pueda tener o dar pábulo a subversivos y terroristas infiltrados? Claro que también.
En tales casos, es obligación de los organismos de investigación e inteligencia del Estado enjuiciar a los subversivos y terroristas que aprovechan las huelgas de los trabajadores y las marchas cívicas para infiltrarse y poner en peligro la estabilidad del Estado, si es que este argumento se construye en derecho. Pero no se puede calificar de subversiva o terrorista la huelga o marcha en sí misma, y con tan peregrino argumento, sindicar a un dirigente político, sindical o cívico de auspiciar el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, aunque en el caso de Uribe, mejor ni le arrimemos candela a ese rabo.


Se repite la negra historia

Jorge Mejía Martínez, Jorge.mejia@une.net.co
Para la mayoría de los medios de comunicación, haciendo eco de los pronunciamientos oficiales, simplemente lo que ocurrió en Urabá fue el reparto de unos panfletos amenazantes por parte de hombres vinculados con don Mario. La tensión duró unas cuantas horas y luego todo volvió a la normalidad.
Pero la realidad fue distinta a la reportada en los boletines de prensa. No sé con qué interés se ha querido ocultar la gravedad de lo ocurrido.
Por Facebook, correos electrónicos y llamadas a la zona, indagué por lo sucedido hace ocho días en la región bananera. El comercio cerró sus puertas, las fincas bananeras suspendieron labores, los muros se llenaron de consignas y los transeúntes recibieron volantes a nombre del Frente Central de Urabá para anunciar la conformación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como protesta por los supuestos continuos incumplimientos del gobierno nacional de los compromisos contraídos con los desmovilizados y por el avance de la guerrilla en aquellas zonas de anterior dominio paramilitar.
Una fuente empresarial me contó lo siguiente: el miércoles 15 de octubre a las 5.30 de la mañana, por las vías aledañas a la troncal principal -ramales conocidos como las ¨comunales¨ por interconectar las fincas bananeras de la región con los embarcaderos- varios tipos pararon los buses, repartieron volantes y ordenaron el paro en cumplimiento de una orden impartida por don Mario. Así, sin lugar a ninguna duda. Los trabajadores testigos manifestaron que los hombres estaban armados. Se acató la orden por parte de 18.000 operarios bananeros. Con Sintrainagro los empresarios negociaron que en lugar del día no laborado y no remunerado, se habilitaría el pasado día sábado en compensación.
Otra persona de la región, ajena a cualquier vínculo con el incidente y sus actores, me escribió: ¨ De esa jornada se concluye: el objetivo era demostrar su poderío en la zona y lo lograron. El cese de actividades fue efectivo porque lo hicieron los que supuestamente son desmovilizados y que por ende son conocidos en la zona. Vos vieras, en una esquina eran los agentes del orden público tratando de dar un ambiente de seguridad y en la esquina contraria estaban los "desmovilizados" vigilando quien sacaba un vehiculo publico o abría un local comercial. La población quedó con la idea de que están de acuerdo con estos grupos insurgentes.
Sabemos que cuando vuelvan a declarar un cese de actividades de tal magnitud (porque fueron muchos municipios los que tuvieron que parar actividades) la comunidad volverá a cerrar sus negocios, no laborarán las fincas bananeras y no se prestará el servicio de transporte público.
Es de resaltar, que las únicas empresas que laboraron normalmente son las que según la comunidad tienen vínculos con estos grupos. De igual forma los organismos de seguridad conocían desde el día anterior a la actividad, que esta se iba a efectuar, pues desde el municipio de Turbo se repartieron los volantes y se pintaron los grafitis. Recuerda que hay una estación de policía contigua al sector comercial de Turbo y la comunidad les entregó los volantes.¨
Los hechos anteriores corresponden a la vital región de Urabá. Simultáneamente, en el occidente de Antioquia, otro grupo denominado Frente Carlos Vásquez también anunció su aparición con panfletos de igual contenido a los distribuidos en la zona bananera. Pero allí no hubo trastornos.
Conclusión: en Urabá los hombres de don Mario forzaron un paro económico y social. Fue efectivo. Obligaron el cierre del comercio urbano y de las fincas bananeras con sus 18.000 trabajadores. La reacción de la fuerza pública –según los testigos- fue lastimosa. En muchas personas quedó la sensación de que hubo complicidad. La pregunta gruesa es: ¿por qué el afán oficial de minimizar lo ocurrido?
La respuesta estatal al paro forzado por los hombres armados de don Mario, fue con manos de seda, contrario al trato de mano dura dado al paro de los empleados judiciales, los cortadores de caña y los numerosos manifestantes indígenas. Motivación común: el incumplimiento reiterado de compromisos institucionales acumulados durante muchos años. No conocemos los incumplimientos alegados por los grupos reciclados de las nuevas supuestas autodefensas. Luis Carlos Restrepo, negociador a nombre del gobierno nacional, está en mora de explicarle al país el contenido de dichos compromisos contraídos con la comandancia de las AUC, envueltos en una nebulosa que sólo contribuye a alimentar prevenciones y suspicacias.
Cuando hace diez o más años aparecieron los grupos de paramilitares en los campos colombianos, para contribuir con la guerrilla a la gran crisis humanitaria de este país, la sociedad cómplice agachó la mirada. El monstruo se creció y sus tentáculos no han dejado de producir daño. Volver a cerrar los ojos como ocurrió con Urabá hace ocho días, es invocar la repetición de la trágica historia.