Aun tengo qué cantar
[“No me desprecies mientras envejezco
Levántame de lo profundo
Hazme escribir de nuevo
Aun tengo qué cantar
Al son del arpa y del salterio”
Tomado del Salmo 71 del Rey David]
…muere el joven poeta en cada verso
y pierde su visión su propia historia
si ya cada palabra en su milagro
deja como en Rimbaud de explosionarse…
… más acá de aquel puerto que lo lanza
virgen hacia su espacio en cada línea
con su brillante juego de palabras
y el ritmo que traía desde niño
habrá para el poeta que madura
la energía inicial que lo destaca
como brillante innovador del verso…
… “Asolando” de Browning… “La Odisea”…
o los cuartetos de Eliot… La “Comedia”
frutos de plenitud…
¿nos dirán algo?
Alfredo Ocampo Zamorano
Kigali, julio 22 2007
Contenido
• No es bueno exagerar, Ramón Elejalde.
• El vergonzoso oportunismo del gobierno nacional, Rodolfo Correa.
• No a la tortura, Amy Godman.
• Instituciones y desarrollo, César González Muñoz.
• ¿Dónde está el teflón?, Guillermo Pérez.
• La importancia de ser global, Murphy, Faundes, Vega.
• PDVSA-Crónica anunciada, Dorothy Kronick.
• El TLCAN y la muerte del campo mexicano, Editorial, diario La Jornada, México, julio 22 de 2007.
• El gran cuerno de Africa: Cambiar de política. Prendergast, Thomas-Jensen.
• La paz con el ELN, Rafael Guarín.
• Queremos al halcón, Octavio Quintero.
• El tiempo de López, Adip Numa.
• En Que país vivimos, César González Muñoz.
• Qué hacer con la tierra de los “Paras”, Cecilia López Montaño.
No es bueno exagerar
Ramón Elejalde.
El doctor Álvaro Uribe afirmó esta semana que las Farc estuvieron cerca de tomarse el poder y que gracias a su gestión se impidió tamaño despropósito. Realmente, como decimos los antioqueños, esta afirmación no es más que un “cañazo” del Presidente.
Las Farc nunca han estado ad portas de llegar al poder. No han tenido jamás influencia sobre una ciudad importante, su presencia es muy rural. Tampoco han dominado territorios extensos y su hábitat es más cercano a la selva inhóspita. Este grupo subversivo no ha tenido respaldo popular en forma consistente y si en algún lugar determinado y conocido, algo cercano a ese respaldo sucedió, fue más bien por debilidad de las autoridades encargadas de combatirlos, que por capacidad militar de la guerrilla.
Las Farc tampoco han tenido brazo político. La actividad política no es su fuerte y antes por el contrario actúan con tal torpeza, que hoy la opinión pública los repudia, aún los sectores más golpeados por el establecimiento. Jamás pudo comprobarse que la Unión Patriótica, exterminada injustamente, hubiera sido el brazo político de la subversión, y tal aseveración sonó más a macartismo que a realidad política. Hoy, a pesar de la extrema pobreza en la cual vive la mayoría del pueblo colombiano, cuando el desempleo y el subempleo tienen porcentajes explosivos, las Farc y ningún otro grupo guerrillero, han logrado penetrar sectores tan vulnerables. La guerrilla, como las autodefensas, tienen niveles de aceptación muy bajos entre la opinión pública, así lo demuestran todas las encuestas conocidas.
Ahora bien, no explicó el presidente Uribe Vélez cuál habría sido el momento histórico en el que las Farc estuvieron cerca al poder. Todos suponemos que el Presidente aludía a la situación vivida en el Caguán durante el gobierno de Pastrana Arango. Allí pudieron suceder muchas cosas censurables, como ocurrieron en Ralito, pero afirmar que estuvimos al borde de un gobierno de las Farc es definitivamente un “cañazo” de un buen paisa. Claro que le queda a uno la duda de que el doctor Uribe Vélez se refiriera al día en el cual su actual ministro de la Defensa, doctor Juan Manuel Santos les propuso a las Farc y a los paramilitares pactar la paz, pero exigiendo la salida del presidente Samper Pizano. Si le vamos a creer al Presidente, todos los hechos lo hacen a uno pensar que este fue el día en el cual estuvieron más cerca del poder las Farc. ¿Qué tal que le hubieran aceptado la propuesta a Juan Manuel? ¿Se trataba de formar un gobierno directorial o plural? ¡Vaya uno a saber¡
Definitivamente no fue afortunada la frase presidencial, como tampoco fue afortunada aquella expresión que en ese mismo acto lanzó, al decir que él no era paramilitar. No es bueno que el Presidente viva a la defensiva en este tema. Tampoco es bueno que a toda hora esté suministrando explicaciones, muchas de ellas no pedidas. El bajón en las encuestas también puede tener una explicación en la sobre exposición que tiene el doctor Uribe desde hace ya cinco años. Los consejeros deberían estudiar la posibilidad de bajarle la presencia pública y su demasiada aparición en los medios y en las reuniones o actos más inverosímiles posibles. El Presidente le sale a todo, debate con todos, casa peleas por doquier, explica y define hasta las minucias de cada dependencia oficial, microgobierna en los consejos comunitarios. En resumidas cuentas, como dicen en Antioquia, se menudea mucho. Eso también hace daño, eso lo lleva, muchas veces, a hacer afirmaciones dañinas, como las que comento.
Notícula. Hace ocho días debutó como columnista del otro periódico de la Ciudad el amigo Pedro Hernández. Escribió sobre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Cabe una pregunta por el contenido: ¿Respirando por la herida o la verdad? Y si es la verdad, ¿qué hizo Patricia, su hija, trabajando durante cinco años en tremendo lodazal? ¿Cuántas denuncias formuló?
El vergonzoso oportunismo del Gobierno Nacional
Rodolfo Correa, www.rodolfocorrea.com
Con la mas lamentable sorpresa pudimos observar recientemente un comercial de televisión producido por el Gobierno de Alvaro Uribe, a través del Ministerio de Defensa.
Dicha pieza publicitaria tiene como principal soporte visual, las imágenes de las multitudinarias marchas realizadas en todo el país el pasado 5 de julio y su mensaje palabras mas, palabras menos, expresa: el pueblo se cansó, desmovilícese ya!
Este, aparentemente inocente, mensaje es el fruto maduro de un perverso comentario que ya había sido lanzado por el mas alto representante conservador dentro del gobierno, cuyo plan fue insinuar que las marchas se realizaban con el propósito de respaldar al gobierno y pedirle a este que no cediera frente al despeje para el acuerdo humanitario.
Pues bien, a la sociedad civil no le queda otro camino distinto que el de deplorar enérgicamente estas prácticas irrespetuosas de las espontáneas manifestaciones populares. Tanto el comercial del ministerio de Santos, como las maniqueas palabras de Holguín Sardi, son claras muestras del oportunismo político de un gobierno demagogo, politiquero e impotente de cumplir las ficticias promesas veintejulieras que le han hecho a los colombianos, quienes inspirados en la esperanza de la convivencia pacífica cayeron en el embrujo del autoritarismo, que fundó sus discursos electoreros en la posibilidad de la victoria militar dentro de un conflicto que es imposible de resolver por esta vía.
Estas prácticas marrulleras de quienes creen a los colombianos ignorantes, desalientan la continuidad del proceso de consolidación de sociedad civil, tan necesario en nuestra patria. Evidentemente faltan en Colombia líderes que realmente pretendan guiar a su pueblo por los caminos del desarrollo, de la esperanza, de la paz, pues en su gran mayoría, los existentes, se limitan a congraciarse con la oligarquía plutocrática, que despreciaba Gaitán, y que han gobernado este país desde siempre, o bien, estos títeres con ínfulas de dirigentes se dedican a servir de rodillas a las decisiones de Washington.
Sin embargo seguiremos adelante aquellos que hemos encontrado el camino para construir un mejor país. Aquellos que creemos en la política, pues ya sabemos diferenciar entre los pecados de los hombres y la limpieza de las ideas.
Jóvenes estudiantes le dicen al Presidente Bush:
“No a la tortura”
Amy Goodman, presentadora de Democracy Now.
El Presidente Bush obtuvo una lección de un grupo de estudiantes de secundaria recién graduados que formaron parte del programa Presidential Scholars de este año. Este programa está diseñado para “reconocer y proveer experiencias para el desarrollo del liderazgo de algunos de los más destacados estudiantes del último año de secundaria.
Los 141 estudiantes que participaron del programa fueron agasajados en la Casa Blanca. Una de ellos, Mari Oye, de Wellesley, Massachussets, describe lo que sucedió allí: “El Presidente entró y dio un breve discurso. Dijo que a medida que progresamos en nuestras carreras es importante tratar a los otros de la forma en que queremos ser tratados. También nos dijo que vamos a tener que tomar decisiones con las cuales tendremos que vivir el resto de nuestras vidas. Fue ahí que le dije al presidente, ‘Muchos de nosotros hemos tomado una decisión y quisiéramos que aceptara esto’ y le entregué la carta.” Se trataba de una carta que Mari había escrito. En ella se lee:
“Como miembros de la clase 2007 del programa Presidential Scholars, se nos ha dicho que representamos a los mejores y más inteligentes de nuestra nación. Por lo tanto, creemos que tenemos la responsabilidad de expresar nuestras convicciones. No queremos que Estados Unidos represente la tortura. Le exhortamos a que haga todo lo que está en su poder para detener las violaciones a los derechos humanos de los detenidos, cesar las “rendiciones” (extradiciones ilegales) y aplicar los acuerdos de la Convención de Ginebra a todos los detenidos, incluyendo aquellos designados como combatientes enemigos”.
La carta fue firmada por aproximadamente 50 estudiantes, más de la tercera parte de los miembros del programa.
Mari describió la reacción de Bush ante la carta: “Él leyó la carta. Cuando llegó a la parte que hablaba sobre la tortura, alzó la vista y dijo: ‘Estados Unidos no tortura a personas’. Yo le respondí: ‘Si observa específicamente lo que decimos, nosotros decimos…nosotros le pedimos el cese de las “rendiciones” ilegales. Por favor, cancele su declaración firmada con respecto a la ley anti-tortura de McCain.’
“En ese momento, sólo repitió: ‘Estados Unidos no tortura a personas’.
De hecho, después de que Bush firmó el año pasado la ley que prohíbe torturar a los detenidos, silenciosamente emitió una “declaración firmada presidencial” mediante la cual se reserva el derecho de eludir la ley, así como lo ha hecho en más de 1.100 ocasiones, lo que lo convierte en el presidente que emitió más “declaraciones firmadas” que todos los presidentes de Estados Unidos juntos. Mari sabe sobre detenciones. No detención como castigo en la secundaria, sino detención al estilo de Guantánamo. Mari le contó esto al presidente: “Dije que para mí, personalmente, el asunto de los derechos de los detenidos tiene suma importancia porque mis abuelos estuvieron detenidos durante la Segunda Guerra Mundial por el hecho de ser japoneses-americanos.” Tiempo atrás, el gobierno ofreció sus disculpas por el encarcelamiento de más de 100.000 japoneses-americanos durante la guerra.Mari dijo que otra de las personas que la inspiró para actuar fue su madre, Willa Michener. Su madre también fue parte del programa Presidential Scholars hace 40 años, en 1968 y quiso confrontar con el Presidente Lyndon Johnson por su oposición a la guerra de Vietnam. Sin embargo, ella siguió las indicaciones de un profesor que, dijo Mari, “hizo énfasis en la importancia de permanecer en silencio cuando uno está en presencia del Presidente”. Willa Michener lo ha lamentado desde aquel entonces, contó Mari.Mari llamó a su madre tan pronto salió de la Casa Blanca y le contó lo que había hecho. “Ella estaba en la última sala del Museo del Holocausto cuando la llamé para decirle que le habíamos dado la carta. Ella no sabía nada acerca de la carta hasta ese momento. …Y me dijo que salió a la luminosa calle con lágrimas que le caían por el rostro; pero como mucha gente sale del Museo del Holocausto de esa manera, ya sabes, nadie notó nada fuera de lo común”.Otra participante del programa, Leah Anthony Libresco, de Long Island, N.Y., ayudó a escribir la carta. Ella, al igual que Mari, es extraordinariamente elocuente. “Si voy a estar en el mismo lugar con el presidente, tengo que decir algo, porque el silencio es señal de consentimiento y hay un montón de cosas que están pasando hoy en día que no quiero consentir. Su segundo nombre, Anthony, viene de la famosa defensora del derecho al voto Susan B. Anthony.Por temor a que la carta de Mari fuera confiscada antes de que se la pudiera entregar al presidente, Leah tenía una copia escrita a mano, bajo su manga. Ella se la entregó a un reportero, como dijo después en un blog: “en la sesión de fotos del No Child Left Behind (Que ningún niño se quede atrás) en la cual parecía que los estudiantes eran un telón de fondo”.Con jóvenes líderes como Mari Oye y Leah Anthony Libresco que cuestionan al poder desde tan temprana edad y demuestran tal elocuencia, coraje y disciplina, lo único que va a quedar atrás son los políticos como George Bush y sus políticas de tortura.
Amy Goodman es la anfitriona de Democracy Now!, noticias diarias de televisión y radio transmitidas en 500 estaciones en Norteamérica y el mundo. © 2007 Amy Goodman
Instituciones y Desarrollo
César González Muñoz
Para entender las condiciones del crecimiento sostenido a largo plazo, antes de hablar de las políticas económicas correctas es indispensable saber cuáles son las instituciones capaces de sentar las bases de una buena política de desarrollo. Tales instituciones son, por una parte, las entidades estatales mismas y sus reglas de operación y, por la otra, los usos y costumbres que prevalecen en las relaciones sociales.
Pero no sólo del crecimiento sostenido. Hay abundante demostración de la fuerte influencia del Buen Gobierno en el combate a la pobreza y la desigualdad, en el buen uso de la asistencia internacional, en el logro de más altos niveles de bienestar humano.
El ejercicio de medir la gobernabilidad es objeto de toda suerte de críticas; éstas incluyen, por ejemplo, el rechazo indignado por parte de gobiernos o de regímenes “mal calificados” en algún índice; también se anota con frecuencia que esta es una labor inútil: “la gobernabilidad no puede medirse”. Entre estos dos extremos hay una posición académica que considera muy útil encontrar caminos de comparación entre países y a lo largo del tiempo.
Desde hace más de diez años un grupo de investigadores del Banco Mundial, vinculados al Instituto del Banco Mundial y al Grupo de Investigación sobre el Desarrollo de esa entidad, ha trabajado en la construcción de un conjunto de indicadores de gobernabilidad, usando treinta y tres bases de datos producidas por treinta organizaciones en todo el mundo. La información tiene origen, fundamentalmente, en una variedad de encuestas de percepción sobre la calidad de las instituciones de gobierno en más de doscientos países. Cientos de miles de personas responden a estas encuestas.
El Banco Mundial acaba de publicar un Informe que resume los indicadores de gobernabilidad de 1996 a 2006 elaborados por el mencionado grupo (“A Decade of Measuring the Quality of Governance”). Este Informe es la sexta actualización del sistema de indicadores mundiales de gobernabilidad publicado por el Banco.
El estudio hace referencia a seis grupos de indicadores:
1. Voz y rendición de cuentas: mide el grado de participación real de la ciudadanía en los procesos electorales, así como la libertad de expresión, de asociación y de prensa.
2. Estabilidad política y ausencia de violencia: mide la percepción del riesgo de que el gobierno esté sujeto a actos de desestabilización o sea derrocado por medios inconstitucionales o violentos.
3. Efectividad gubernamental: mide percepción de la calidad de la administración y los servicios públicos.
4. Calidad regulatoria: mide la capacidad del gobierno para formular y aplicar reglamentaciones que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.
5. Estado de derecho: mide el grado de confianza en las reglas sociales y en la calidad de la ejecución de contratos, la policía y los tribunales.
6. Control de la corrupción: mide el grado de corrupción en pequeña y gran escala y el control del Estado por parte de intereses privados.
Este trabajo no había recibido la publicidad que merece; sin duda, su metodología es mucho mejor que la del “Índice de Libertad Económica” publicado por la Fundación Heritage, máximo estandarte de la derecha política de Estados Unidos. El estudio del Banco incluye, de todos modos, las encuestas que realiza esta entidad. Varios gobiernos, desde el argentino hasta el chino, han expresado su descontento con la publicación del estudio. De hecho, nueve de los 24 directores ejecutivos del banco firmaron una carta dirigida al nuevo presidente, en la que cuestionan el papel de la institución en la difusión de esta clase de análisis comparativos de la gobernabilidad. Es el bautismo de fuego del señor Zoellick.
¿Cómo le va a Colombia? Los resultados son mixtos. Los veremos la próxima semana.
¿DONDE ESTA EL TEFLON?
Guillermo Pérez.
Uno de los cuentos que han inventado los periodistas adictos al uribismo – los mismos que han peregrinado por todos los últimos gobiernos- es la presunta existencia de una capa de teflón, material que protege de la corrosión y el deterioro a los elementos de la cocina- que evita a Alvaro Uribe los problemas que han sufrido todos los presidentes, incluyendo a Simón Bolívar.
Ese teflón habría impedido que a Alvaro Uribe, como le ocurrió a todos sus antecesores, se le venga encima la oposición y lo destroce, como es normal en Colombia desde que se fue el último de los virreyes. A partir del año 2002, se dice en los corrillos de corifeos, a Uribe le resbalan los problemas. No le ha pasado nada y la opinión pública –cosa rara- le ha perdonado todos los errores, incluyendo la pésima elección de su vicepresidente y su gabinete. Hasta graves equivocaciones, como la convocatoria de una elección para la aprobación de referendo que fracasó, a un costo de varios miles de millones de pesos, le han sido perdonados. Lo más destacable en este quinquenio ha sido nada menos que la aprobación de la reelección, gracias a reforma constitucional aprobada a punta de nombramientos y contratos. Adicionalmente, la corte de lambones ha logrado que el Congreso se haya convertido en apéndice del Ejecutivo, que los partidos tradicionales hayan desaparecido, que sean aprobados proyectos impopulares, como la reforma laboral y que se hayan registrado altísimos índices de popularidad en las encuestas. Además, aunque parezca secundario, se acondicionó a los colombianos para que aceptaran sin chistar la adquisición, a un precio de 40 millones de dólares, de un avión a reacción, que ha volado más que aquel que fuera denominado ‘’la cafetera’’ y prestara servicios desde el gobierno de Misael Pastrana hasta hace poco, y que la voracidad de los asesores haya hecho desaparecer, presuntamente con aportes a bolsillos golosos, a entidades que fueron grandes y ahora son objetivo de organizaciones extranjeras. Entre ellas, Telecom, Inravisión, Caprecom, que se suman a las saqueadas durante el nefasto mandato de Andrés Pastrana.
Como si esta panorama de saqueo no fuera suficiente, el escándalo de la llamada ‘’parapolíitica’’ no ha salpicado de lleno al mandatario a pesar de que muchos de sus amigos, incluyendo su primo predilecto, el senador Mario Uribe, han sido llamados a declarar ante las autoridades judiciales. Seguidores políticos de todos los partidos de garaje inventados por el mandatario han desfilado por la Corte Suprema de Justicia y los despachos judiciales para explicar sus nexos con las cuadrillas de paramilitares y narcotraficantes que han sembrado el terror en vastas regiones y han saqueado departamentos y municipios.
Para asombro de propios y extraños, las versiones de los paramilitares son más que una película de terror. Alguno de ellos contó que había perdido la cuenta del número de sus víctimas y otro confesó que tumbas colectivas hay por toda la Costa Atlántica. Para tratar de evitar el obvio castigo, uno de los criminales alegó que había perdido la memoria y sufría Alzhaimer, mal que daña el cerebro. Como si fuera poco, famoso antisocial se atrevió a sostener que el arzobispo de Cali, asesinado a la salida de misa, fue uno de los orientadores del paramilitarismo. Y para colmo, mientras las familias de las víctimas demandaban reparación, no faltó quien tratara de justificar sus crímenes con el argumento de que estaba persiguiendo a los comunistas.
La cercanía de los ‘’paras’’ con parlamentarios, funcionarios y políticos detenidos es innegable. A medida que se conocen las declaraciones ante los jueces, más evidente es el hecho de que ha habido peligrosa infiltración de elementos criminales en las elecciones. Para asombro de todos cuantos creen en la justicia, se ha anunciado que elementos acusados de distintos crímenes aspiran a ser elegidos en los comicios de octubre. Sería, dijo observador imparcial, el inicio de la entrega de la democracia a fuerzas oscuras.
LA OPINION, DOS, JULIO 21-07
¿Qué piensa Alvaro Uribe al respecto? Esa es la pregunta del millón, en momentos en que nadie sale de la sorpresa que produjo la declaración del primer mandatario, ante su colega canadiense, en el sentido de que Colombia estuvo a punto de caer en manos de la guerrilla, que pensaba establecer una república independiente en el oriente del país, en límites con Venezuela.
Primera noticia, como dicen las señoras. Pero no parece ser un episodio más de la obsesión de Uribe por las FARC, que tiene explicación: esa guerrilla dio muerte a su padre, en un intento de secuestro. La realidad es que parece constituir un episodio más en el enfrentamiento verbal entre los dos últimos presidentes, que se han distanciado con motivo del mecanismo para conseguir la libertad de los miles de secuestrados que sufren en las profundidades de la selva, sin que hasta el momento surja una esperanza que les permita a personas como Eduardo Gechem e Ingrid Betancourt el regreso a sus hogares. El dilema acuerdo humanitario o rescate militar enfrentó a Uribe y Pastrana y a Uribe y López Michelsen, quien hasta último minuto demandó una salida dialogada.
El tema del acuerdo es, precisamente, uno de los que ha generado la caída de Uribe en las encuestas, un desgaste en la capa de teflón. Según encuesta publicada por El Tiempo, la imagen positiva del presidente Alvaro Uribe cayó al 66 por ciento, cifra de las más bajas de los cinco años que lleva en el poder. La baja es del diez por ciento, cifra similar al aumento de la opinión desfavorable, que subió del 18 al 27 por ciento.
Una de las causas de la caída en las cifras de la popularidad de Uribe es el manejo que se le está dando a la corrupción, delito que para muchos colombianos se ha incrementado. Algunos piensan que el escándalo de la parapolítica es uno de los más graves que ha afrontado Colombia. Y como si fuera poco, hay otros hechos que no dan campo para considerar que existe algún error. La gente desaprueba el manejo que se le está dando al proceso de paz con los paramilitares, quienes han confesado tal cantidad y variedad de delitos que no es una exageración decir que la situación de Colombia en materia de derechos humanos es peor que la que se afronta en naciones africanas y asiáticas, catalogadas entre las más salvajes del globo.
Los uribistas, quienes consideraban que se estaba viviendo época histórica de seguridad, fueron afectados como nadie por el asesinato de los once diputados del Valle, hecho que demostró que la guerrilla comunista está tan activa como el primer día. Seguimos como si no pasara el tiempo y si las FARC han adoptado bajo perfil es para preparar desagradables sorpresas que demuestren al país que la amenaza sigue viva, que Tirofijo es más cruel y malo que Nerón o Hitler y que no habrá paz mientras no desaparezca del planeta Tierra el más viejo guerrillero..
Para completar los problemas del teflón, otra encuesta alborotó el cotarro político. Las fuerzas uribistas están en peligro: hay empate técnico en Bogotá entre los candidatos Samuel Moreno, del Polo, y Enrique Peñalosa, de Cambio Radical. Medirán fuerzas la izquierda y la derecha, con peligro de que el teflón desaparezca definitivamente, algo muy grave para las aspiraciones reeleccionistas de Alvaro Uribe. GPT. . .
La importancia de ser global
Priscilla Murphy, Con Arly Faundes y Francisca Vega,
Santiago, Ciudad de México, Revista América Economía, No. 344.
En los últimos meses, las adquisiciones de empresas latinas fuera de la región han ocupado los titulares de prensa mundiales. A fines de mayo, la brasileña JBS-Friboi, que comenzó en 1953 como una carnicería en Goiás, se transformó en el frigorífico de carne bovina más grande del mundo, con ventas líquidas de US$ 11.500 millones, después de comprar a la estadounidense Swift por US$ 1.400 millones. En un negocio aún más espectacular, la mexicana Cemex adquirió por más de US$ 14.000 millones a la australiana Rinker Group Ltd., en una oferta abierta a los accionistas minoritarios hasta mediados de julio. A fines del año pasado, la Companhia Vale do Rio Doce robó las primeras páginas del noticiario de negocios al comprar la minera canadiense de níquel Inco por US$ 17.600 millones.
En verdad, estas megacompras y otras menos ruidosas que han protagonizado las empresas latinoamericanas en los últimos años forman parte de una tendencia de empresas de países emergentes que disputan el liderazgo de sus sectores en el mercado mundial. En Asia, las inversiones han sido aún mayores, siendo el principal ejemplo la adquisición a mediados del año pasado de la siderúrgica Arcelor, con sede en Luxemburgo, por la empresa india Mittal, por US$ 43.000 millones. “Los players emergentes de Asia dominan, correspondiendo a más de un 60% del stock de Inversión Extranjera Directa de países emergentes en 2005, pero los latinoamericanos también están activamente involucrados en esa nueva tendencia”, dijo Javier Santiso, economista jefe y director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, en una charla sobre el surgimiento de las multinacionales latinas.
“Más interesante, hemos presenciado un boom de las inversiones sur-sur agrega recordando que a la salida total de IED de los países emergentes aumentó de menos de US$ 5 millones hace 20 años a más de US$ 60.000 millones en 2005, gran parte concentrado en otras economías emergentes.
El hecho es que las multinacionales latinas han invertido cada vez más en el exterior. Según el último informe sobre inversión en el extranjero de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las cifras oficiales revelan un aumento de la IED anual proveniente de la región de US$ 6.000 millones a US$ 38.600 millones en los últimos tres años.
“Antes de un estudio realizado hace un par de años, teníamos la visión de que las compañías globales eran las multinacionales que habían surgido en los países desarrollados y que los países emergentes sólo eran un lugar para poner fábricas”, dice Jorge Becerra, socio y director gerente para América Latina de The Boston Consulting Group, en Santiago. “Pero lo que vemos ahora es que muchas de las firmas globales vienen de los países emergentes, como India, China, Brasil y México”. Más aún, “muchas están amenazando a las compañías globales”. En un estudio de la consultora con las 100 compañías globales, 14 vienen de América Latina, concluye.
Según la OCDE, en 1990 eran muy pocas las empresas de países en desarrollo que aparecían en rankings mundiales, como el Fortune 500. “En 1990 había unas pocas afortunadas”, dice Santiso. “En 2005, el número ya había subido a 47”.
Para algunos, la tendencia incluye algo más fundamental que el aumento nominal de las inversiones de las empresas en el exterior. “En una primera fase de su globalización, las empresas se internacionalizaban debido a las dificultades en los mercados locales o para diversificar riesgos”, dice el embajador Sergio Amaral, ex ministro de Desarrollo y actualmente consejero de la oficina de abogados Felsberg & Associados, en São Paulo. “Ahora, entran en una nueva fase de globalización. Ya comienzan a insertarse en la cadena global de producción.”
El hecho de ser brasileña fue uno de los principales motivos de la internacionalización de la Companhia Vale do Rio Doce. Más específicamente, su pérdida de competitividad a causa del alto costo de capital, como cuenta el director ejecutivo de planificación y desarrollo de negocios de Vale, Gabriel Stoliar.
Por tener acceso a capital más caro que la competencia internacional, la minera perdía la pelea frente a la competencia extranjera cuando intentaba hacer una adquisición. “Nuestra competencia conseguía levantar dinero a tasas de un 2% a 4% al año y a nosotros nos costaba entre un 10% y un 12%. Teníamos un costo de capital no competitivo”.
PDVSA-Crónica anunciada
Dorothy Kronick, Caracas, Revista América Economía, No. 344.
Es una vieja historia. El petróleo sube y los estados estrechan su control sobre las petroleras. Entonces, y respondiendo a reflexiones políticas antes que estratégicas, administran despreocupadamente sus activos en hidrocarburos. La inversión sufre. La calidad de los recursos humanos cae. La corrupción y la ineficiencia se comen las ganancias. Y cuando el precio del barril vuelve a caer, los estados se ven forzados a reabrir los campos petroleros a la inversión privada.
La estatal venezolana PDVSA, la mayor empresa de América Latina, está en el comienzo de esta historia una vez más. “Va a tardar un tiempo antes que el gobierno reabra los hidrocarburos a la operación de los privados”, dice Francisco Monaldi, un economista que estudia la industria petrolera en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Venezuela. “Mientras tanto habrá un clima poco atractivo para la inversión, pero, tal como la historia lo ha demostrado, cuando los precios caigan, un nuevo ciclo de inversión se iniciará”.
Desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, y especialmente desde que los precios del petróleo empezaron a subir hacia fines de 2003, el gobierno venezolano retrocedió en los pasos dados de su apertura en los 90. La Constitución de 1999 dejó yacimientos de petróleo para el uso exclusivo del gobierno y de PDVSA, lo que la transformó en compañía 100% estatal. La administración de Chávez elevó el impuesto a la renta para las compañías privadas desde 36% hasta 50% y, posteriormente, el tributo a los productores de crudo pesado en la Faja del Orinoco desde 1% a 16,7%. En 2005 y 2006 forzó a compañías contratadas para funcionar –las que trabajaban en yacimientos de petróleos marginales y bajo comisión– a ser accionistas minoritarios en un joint venture con PDVSA. Y el 1 de mayo, la estatal terminó de asumir el control operacional de la mayoría de las cuatro empresas más importantes de crudo pesado en la Faja.
Las ventas de la compañía alcanzaron la histórica cifra de US$ 102.000 millones el año pasado, por encima de los US$ 86.000 millones en 2005 y de los US$ 65.000 millones de 2004. Un efecto directo en las arcas fiscales de Hugo Chávez, cuyos ingresos también han subido por otras fuentes. “A partir de 2003, el Estado venezolano recapturó su ‘agencia’: la nueva PDVSA está orgullosa de servir a la nación como compañía petrolera nacional”, dijo Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente de PDVSA a fines del 2006. “No sólo en la generación de rentas y regalías, sino también en la ejecución de políticas económicas y sociales definidas por el gobierno nacional y relacionadas con la distribución de estas rentas: la siembra del petróleo”.
Con este fin, el plan de 2006-2012 de la compañía señala que la producción venezolana casi se doblará antes de 2012, llegando a 5,85 millones de barriles por día (MMBD). Muchos dudan que lo consiga. “La tendencia muestra que la producción lentamente declina, por lo que es improbable que PDVSA la levante según su plan 2006-2012”, dice Monaldi, del IESA, quien no cree tampoco que sea inminente un colapso en la producción gracias a un aumento del número de pozos petroleros. “Pero la inversión en la exploración y la producción tendrían que aumentar en una proporción gigantesca para que PDVSA produzca 5,88 MMBD en 2012… Lo más probable es que ni siquiera llegue a los 4”, señala.
La razón es que la compañía está destinando sus ganancias desde las inversiones hacia el gasto interno y la ayuda internacional. El gasto en programas sociales llegó a US$ 13.000 millones el año pasado, casi el doble de los US$ 6.900 millones de 2005 y un aumento dramático respecto los US$ 546 millones de 2003. Esto excede por mucho los gastos de capital de PDVSA, que llegaron sólo a US$ 3.880 millones en 2005, mucho menos que los US$5.800 millones según el plan de inversiones. Y a pesar de los precios de 2006, los beneficios cayeron a US$ 4.800 millones, desde US$ 6.500 millones el año anterior.
La falta de inversiones ha retrasado la recuperación de la devastadora huelga que por dos meses afectó la petrolera a fines de 2002 y que paralizó su producción. Hoy PDVSA dice que Venezuela produce 3,1 MMBD, aunque la International Energy Agency, dependiente de la OCDE en París, estimó en abril que el número está más cercano a 2,42 MMBD. Esto confirmaría la tendencia a la baja en la producción desde el promedio diario de 2,69 MMBD en 2005 y los 2,42 de 2006. “Durante los últimos ocho años la producción de PDVSA ha tendido hacia abajo”, dice P. Donatello Pitts, analista y redactor jefe de LatinPetroleum.com, un medio especializado en petróleo basado en Caracas.
El TLCAN y la muerte del campo mexicano
Editorial, diario La Jornada, México, julio 22 de 2007.
Las desafortunadas declaraciones de Blanca G. Villarello, funcionaria de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), en el sentido de que son "sicológicas" las preocupaciones vertidas por representantes del sector agropecuario por la apertura total de los mercados de México y Estados Unidos en 2008, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han indignado a una parte importante de los productores del país, que ya anunciaron movilizaciones en todo el territorio para detener dicha apertura y demostrar el perjuicio que ha ocasionado al campo mexicano el acuerdo comercial.
Distintos dirigentes campesinos señalaron que "para la Sagarpa el TLCAN no significa ningún problema porque está fuera de la realidad. En este primer semestre el valor de las importaciones agroalimentarias se incrementó en 50 por ciento y los productores mexicanos son 2 millones menos que al inicio del acuerdo. La polarización social en el campo es creciente; la migración de la población rural llega a 300 mil personas por año en condiciones inhumanas; más de un mexicano muere cada día al tratar de cruzar a Estados Unidos, y esa realidad no la quiere reconocer la Sagarpa porque su único interés es servir a las corporaciones del sector agroalimentario".
El panorama del sector en tiempos del TLCAN es, ciertamente, desolador. Un buen ejemplo es el caso del maíz. De acuerdo con datos de diversas fuentes, este grano representa más de 60 por ciento de la producción agrícola nacional en términos de volumen y valor y ocupa alrededor de 62 por ciento de la superficie cultivada. Entre 2.5 y 3 millones de productores participan en su cultivo; unos 18 millones de personas dependen del maíz para su sustento. Al iniciarse el TLCAN, en 1994, el gobierno acordó el ingreso de 2.5 millones de toneladas métricas de maíz libre de aranceles. Estas importaciones se ampliarían a un interés compuesto de 3 por ciento anual hasta llegar a la liberalización total del mercado, en 2008. Sin embargo, desde el principio la cuota de importación fue rebasada. Así, millones de toneladas de este grano ingresaron al país sin cubrir arancel alguno y sin que el gobierno diera una explicación al respecto. Entre 1993 y 1999, las importaciones de maíz crecieron 3 mil por ciento al pasar de 152 mil toneladas a 5.4 millones de toneladas; en ese periodo se adquirieron en total 29 millones, de las cuales 12.9 millones estuvieron por encima de las cuotas de importación.
Esto generó una grave crisis entre los productores nacionales. Varios analistas han coincidido en señalar que la política agrícola y comercial desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1994 hasta la de Felipe Calderón -el ingreso de maíz y otros productos importados a precios dumping- ha obligado a los productores mexicanos a abandonar sus cultivos. Con esta política se enfrentó a los maiceros mexicanos, abandonados en la práctica por los ineficientes programas gubernamentales de apoyo, con los maiceros estadunidenses, uno de los sectores agrícolas con mayores subsidios en el mundo. De acuerdo con diversas organizaciones campesinas, los subsidios en Estados Unidos representan hasta 30 por ciento de los costos de producción, mientras en México a lo mucho llegan a 9 por ciento.
El estudio ¿Cuánta liberalización aguanta la agricultura? Impacto del TLC en la agricultura mexicana, elaborado para la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señala que, al liberar de arancel las importaciones de maíz y de otros productos, como el frijol, el gobierno mexicano regaló 2 mil 140 millones de dólares a las trasnacionales importadoras y productoras de nuevos granos. El impacto ha sido también drástico sobre otros cultivos: a partir del TLC, la producción de trigo se redujo en casi un tercio y la superficie cultivada cayó 43 por ciento; la soya, que llegó a ocupar 500 mil hectáreas, ahora sólo es sembrada en 88 mil.
La apertura total podría significar el fin del campo mexicano. El propio Banco Mundial ha advertido que el sector agropecuario nacional no está en condiciones de competir en el mercado que se generará a raíz de la liberación de aranceles, debido a que a lo largo de 20 años ha sido objeto de políticas sin resultados positivos.
¿Qué se puede decir ante los datos anteriores? Sin más, ante las evidencias, urge modificar la política agropecuaria del país, así como impulsar una revisión a fondo del TLCAN, para proteger, levantar y fortalecer al campo mexicano.
El Gran Cuerno de África: cambiar de política
John Prendergast y Colin Thomas-Jensen, De Foreign Affairs En Español, Julio-Septiembre 2007
Resumen: El Gran Cuerno de África, la zona de conflicto más candente del mundo, es una preocupación legítima de los funcionarios estadounidenses. Pero su abrumadora concentración en erradicar el terrorismo en la zona ensombrece las iniciativas de Washington dirigidas a resolver conflictos y promover el buen gobierno, lo cual trae consecuencias desastrosas para la estabilidad regional y para los propios objetivos antiterroristas estadounidenses.
John Prendergast, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Departamento de Estado durante el gobierno de Clinton, es consejero del Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés) y coautor de Not on Our Watch. Colin Thomas-Jensen es gerente de Investigación y Activismo por África en el ICG.
DEBILIDADES DE WASHINGTON EN ÁFRICA
El Gran Cuerno de África -- región de la mitad del tamaño de Estados Unidos que comprende Sudán, Eritrea, Etiopía, Djibouti, Somalia, Kenya y Uganda -- es la zona de conflicto más candente del mundo. Algunas de las guerras más violentas del último medio siglo la han destrozado. Hoy día, dos bloques de conflictos continúan desestabilizándola. El primero se centra en rebeliones interrelacionadas en Sudán, entre ellas las de Darfur y el sur del país, y abarca a Uganda, Chad oriental y el noreste de la República Centroafricana. Los principales culpables son el gobierno sudanés, que apoya a los rebeldes en esas tres naciones vecinas, y esos estados, que apoyan a grupos sudaneses que se oponen a Jartum. El segundo bloque vincula la enconada disputa entre Etiopía y Eritrea con la lucha de poderes en Somalia, la cual involucra al incipiente gobierno secular, milicias de clanes antigubernamentales, militantes islámicos y jefes militares adversarios de los islámicos. La precipitada intervención de Etiopía en Somalia, en diciembre, reforzó la postura intelectual del gobierno de transición, pero esa intervención, que Washington apoyó y complementó con sus propios ataques aéreos, ha sembrado las semillas de una insurgencia islámica cuyas bases son clanes.
La política estadounidense reciente sólo ha empeorado las cosas. La región, que al mismo tiempo ha sufrido ataques de Al Qaeda y albergado a sus agentes (incluso al mismo Osama bin Laden), es una preocupación legítima de las autoridades estadounidenses. Pero erradicar la propagación del terrorismo y de ideologías extremistas se ha convertido en un objetivo estratégico tan importante de Washington que ha ensombrecido los esfuerzos por resolver conflictos y promover el buen gobierno; en todo menos en el discurso, el antiterrorismo consume ahora la política estadounidense en el Gran Cuerno de modo tan absoluto como el anticomunismo hace una generación. Para apoyar esta meta crucial aunque demasiado específica, el gobierno de Bush ha cultivado a menudo relaciones con cabecillas autocráticos y ha favorecido la acción encubierta y militar por encima de la diplomacia. A veces ha llegado a agasajar en Langley a funcionarios sudaneses sospechosos de haber participado en las masacres de Darfur o de entregar maletas llenas de dinero a jefes militares en las calles de Mogadiscio.
Los resultados han sido desastrosos. Los autócratas sudaneses vuelven al extremismo de sus raíces. En Somalia, el núcleo del movimiento militante islámico permanece intacto tras la invasión etíope, la cual inflamó las pasiones de sus miembros. Los dirigentes de Etiopía, Eritrea y Uganda han utilizado el espectro de la guerra y el imperativo del antiterrorismo como excusas para perseguir a opositores políticos y poblaciones rebeldes en sus países. La situación en relación con los derechos humanos en toda la región, frágil ya en tiempos de paz, es ahora catastrófica: casi nueve millones de personas han sido desplazadas, y la inseguridad crónica restringe gravemente el acceso a la ayuda humanitaria de los más de 16 millones de personas que la necesitan.
La falla fundamental en el enfoque de Washington es su falta de una estrategia diplomática regional para hacer frente a las causas fundamentales de los dos bloques de conflictos. Estas crisis ya no pueden atenderse en forma separada, con iniciativas de paz ad hoc emprendidas a discreción y sin coordinación. Washington debe trabajar ahora en estabilizar el Gran Cuerno mediante asociaciones eficaces con instituciones multilaterales africanas, la Unión Europea y el nuevo secretario general de la ONU. Mientras no lo haga así, sus objetivos antiterroristas de largo plazo se verán afectados... y la región continuará en llamas.
MUERTE EN EL NILO
Desde que obtuvo su independencia en 1956, Sudán, el mayor país de la región, se ha visto envuelto en una serie de guerras civiles que enfrentan a gobiernos dominados por los árabes de Jartum con rebeldes de grupos marginados. A la vista de los continuos disturbios, el gobernante Partido del Congreso Nacional (PCN), que tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1989, ha armado y adiestrado milicias de bases étnicas en Sudán y en toda la región y les ha garantizado impunidad por atrocidades masivas perpetradas contra civiles sospechosos de apoyar a sus opositores.
En el sur, la guerra civil de 21 años entre Jartum y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS) ha causado la muerte de 2.2 millones de personas, lo cual le da el segundo lugar entre los conflictos más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial, tras la guerra civil del Congo, que causó la muerte de 3.8 millones. El PCN enlistó al Ejército de Resistencia del Señor, grupo rebelde milenarista afincado en el norte de Uganda, para que abriera un segundo frente contra el ELPS. Jartum también lo respaldó para castigar al gobierno ugandés por apoyar al ELPS. Los resultados han sido 1.7 millones de personas en campos de desplazados y, por cortesía del Ejército de Resistencia del Señor, la tasa más alta de secuestros de niños en el mundo.
La guerra en el sur de Sudán terminó oficialmente en enero de 2005 con la firma del Acuerdo Amplio de Paz. Dicho pacto garantizaba autonomía a la zona y daba al ELPS el control mayoritario del nuevo gobierno de Sudán del Sur, con capital en Juba, y un papel minoritario en el Gobierno de Unidad Nacional en Jartum. También fijó un referendo para 2011, en el cual el pueblo de Sudán del Sur decidirá si se separa del resto del país. Pero han pasado dos años y la situación no es alentadora. La puesta en práctica de componentes esenciales del acuerdo -- sobre todo la desmovilización de las milicias aliadas del PCN en Sudán del Sur, la demarcación de fronteras en las zonas productoras de petróleo y el desembolso transparente de ingresos del petróleo -- va rezagada. Han vuelto a formarse nubes de guerra desde que John Garang, el carismático líder del ELPS y principal proponente de un Sudán unificado, pereció al estrellarse el helicóptero en que viajaba, en julio de 2005. Sin él, la organización no ha logrado consolidarse en el Gobierno de Unidad Nacional.
Otro problema es que en las negociaciones conducentes al acuerdo no participaron grupos de oposición de Darfur y otras zonas del norte. Eso deja en los opositores de Darfur el sentimiento de que no tienen más recurso que atacar posiciones militares, estaciones de policía y otros intereses gubernamentales para ganar un lugar en la mesa de negociaciones. Desde que estalló la rebelión allá, en febrero de 2003, el PCN ha apoyado a milicianos árabes, conocidos como Janjawid, que suelen atacar a civiles no árabes que apoyan a los rebeldes. Se calcula que de abril de 2003 a la fecha han perecido entre 200000 y 450000 habitantes de Darfur, 2.5 millones han sido expulsados de sus hogares y dos tercios de toda la población -- unos 4.3 millones de personas -- necesitan hoy alguna ayuda humanitaria. En parte, gracias a los esfuerzos estadounidenses se firmó el Acuerdo de Paz de Darfur en mayo de 2006, pero los negociadores obtuvieron firmas de dirigentes de una sola facción rebelde, lo cual segregó a otros grupos y pronto dio lugar a nuevos combates. El conflicto se ha extendido hacia Chad y la República Centroafricana, con lo cual otros dos millones de personas en esos países requieren ahora asistencia humanitaria. Jartum ha dado apoyo a un conjunto de grupos rebeldes y milicias en ambos países con la esperanza de derrocar a sus gobiernos e instalar regímenes más favorables.
También en Sudán oriental, hace más de una década los rebeldes se levantaron en armas contra el régimen. Si bien el gobierno de Eritrea medió un acuerdo entre el PCN y los rebeldes en octubre de 2006, el pacto aún no ha pasado la prueba más ardua. Entre tanto, el régimen de Jartum continúa respondiendo con ferocidad a todos los alzamientos, indicio de que está desesperado por mantenerse en el poder por cualquier medio y aferrarse a su creciente riqueza petrolera.
EMBROLLO TOTAL
El segundo bloque de conflictos se centra en Somalia y también involucra a Etiopía, Eritrea y el noreste de Kenya. Somalia, único país del mundo sin un gobierno funcional, está acéfala desde 1991, cuando su gobernante Muhammad Siad Barre, aliado de Estados Unidos, fue depuesto. Los jefes militares se hicieron fuertes en centros urbanos durante una década, pese a no menos de 14 iniciativas de crear un gobierno central. Por último, en 2004, con el impulso de un organismo regional llamado Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, se formó un cuerpo débil conocido como Gobierno Federal de Transición, con sede primero en Kenya y más tarde, a mediados de 2005, en la población somalí de Baidoa. Entre tanto, sin embargo, islamistas somalíes habían establecido en la capital, Mogadiscio, y sus alrededores 11 tribunales islámicos cuyos miembros provienen de clanes y con respaldo de milicias, algunos de los cuales tenían estrechos vínculos con jihadistas y terroristas sospechosos de estar asociados con Al Qaeda.
La lucha por el dominio se acercó a su culminación a mediados de 2006, cuando los tribunales islámicos derrotaron a los jefes militares en Mogadiscio y expandieron su control a gran parte del sur y el centro de Somalia. Estos tribunales se las ingeniaron para ganarse a la población -- que es musulmana pero de tendencia sufí contraria al salafismo radical de los tribunales -- brindando seguridad y servicios básicos, que ni el ineficaz gobierno de transición ni los voraces jefes militares habían logrado proporcionar. El gobierno etíope, cada vez más preocupado por la creciente influencia de los islámicos, ordenó el envío de tropas para cruzar la frontera a finales de 2006. La lucha terminó antes de empezar. Los islámicos se mezclaron entre la población civil y dejaron que las fuerzas etíopes persiguieran a unos cuantos grupos de milicianos.
El gobierno etíope tenía varios motivos para enfrentarse a los tribunales islámicos. Etiopía y Somalia han tenido una historia de tensión, en la que figuran tres guerras libradas entre 1960 y 1978. Somalia ha albergado a Al-Itihaad al-Islamiya, organización terrorista que plantó varias bombas en Etiopía en la década de 1990, lo cual impulsó al gobierno etíope a enviar tropas a Somalia en dos oportunidades para destruir al grupo y desmantelar sus campos de adiestramiento. El año pasado, altos funcionarios de los tribunales dejaron en claro que pretendían incorporar a las poblaciones somalíes de la región somalí del sureste de Etiopía a una Somalia ampliada. Ya apoyaban a grupos opositores etíopes, como el Frente Nacional de Liberación de Ogaden y, en el sur de Oromia, el Frente de Liberación de Oromo. Este apoyo fue un desafío directo al primer ministro etíope Meles Zenawi, quien, luego de década y media de gobierno, enfrenta presiones políticas internas de grupos étnicos que se sienten subrepresentados. Las elecciones legislativas etíopes de 2005 se caracterizaron por una apertura sin precedentes, pero después de un fuerte desempeño de los partidos de oposición, el gobierno de Meles se fracturó.
Estos problemas internos también han dificultado actuar a Meles en la disputa fronteriza de su país con Eritrea, que es otra amenaza a la estabilidad regional. A principios de la década de 1990, cuando Eritrea obtuvo su independencia de Etiopía después de tres décadas de lucha, Etiopía se volvió un estado sin acceso al mar. Al principio, los gobernantes de los dos estados, Meles e Isaias Afwerki, tenían buenas relaciones, pero pronto se distanciaron por asuntos económicos y políticos, en particular la mal definida frontera entre ambos países. Las tensiones culminaron en una guerra de especial salvajismo a finales de la década de 1990. En 2000, ambas naciones firmaron un tratado de paz y acordaron someter su disputa fronteriza a una resolución "final y obligatoria" de una comisión internacional independiente. El veredicto, emitido en 2002, concedió a Eritrea la disputada población de Badme. Sin embargo, Meles se ha negado persistentemente a acatarla, alegando que la metodología de la comisión fue deficiente. También objeta porque es sensible a la difundida sensación entre los etíopes de que él es el responsable de haber perdido el acceso al Mar Rojo en la independencia de Eritrea, y se cuida de no parecer blando ante ésta.
El gobierno eritreo, por su parte, está cada vez más frustrado por la falta de voluntad de la comunidad internacional para presionar a Etiopía a definir su frontera. En protesta, el presidente Isaias ha restringido a la fuerza de paz de la ONU encargada de observar el cese del fuego y expulsado a organismos internacionales de ayuda. Invocando sin cesar la perspectiva de guerra inminente, su gobierno ha atacado a toda la oposición mientras acosa a Etiopía apoyando al Frente de Liberación Nacional de Ogaden y al Frente de Liberación de Oromo. Etiopía, a su vez, respalda a la Alianza Democrática Eritrea, organización integrada por grupos opuestos al gobierno eritreo.
Aún más inquietante para la estabilidad regional es el hecho de que Etiopía y Eritrea ventilan sus diferencias a través de sus vecinos. Mientras el gobierno etíope apoya al sudanés, el eritreo -- que acusó a Jartum de querer extender su alcance islamista en toda la región y de apoyar una rebelión del Movimiento de la Jihad Islámica en Eritrea en la década de 1990 -- mantiene estrechas relaciones con los rebeldes de Darfur y Sudán oriental. Al mismo tiempo, ha proporcionado armas y fuerzas a los tribunales islámicos de Somalia, sobre todo en oposición al gobierno etíope, que apoya al gobierno de transición. El gobierno sudanés también se entromete en asuntos somalíes. Por ejemplo, valiéndose de su liderazgo temporal en la Liga Árabe, convocó a representantes del gobierno somalí y de los tribunales islámicos a una reunión en Jartum en marzo de 2006, acción que despertó preocupación entre funcionarios del gobierno de transición que recelan de los vínculos entre los dirigentes de los tribunales islámicos, las universidades de Sudán y los islamistas del PCN.
LEÑA AL FUEGO
Esta proliferación de amenazas pudo haberse mitigado con una política inteligente de Estados Unidos, pero el enfoque de Washington hacia el Gran Cuerno de África, que se centra en el antiterrorismo, ha sido errático y miope. El abrumador acento estadounidense en erradicar el terrorismo comenzó a principios de la presidencia de Clinton en respuesta a la agresiva promoción que hizo Jartum de sus vínculos con organizaciones terroristas internacionales. Agentes de Al Qaeda radicados en Somalia volaron las embajadas estadounidenses en Kenya y Tanzania en 1998, y Washington sospecha que atacaron un hotel y un avión de El Al en Kenya en 2002. Después de los ataques del 11-S, Washington expandió sus esfuerzos de antiterrorismo en la región. Ha desplegado más de 1500 efectivos en Djibouti para ejecutar programas de asuntos civiles y ayudar a recabar información de inteligencia sobre sospechosos de terrorismo, además de asignar 100 millones de dólares al año para apoyar labores de antiterrorismo de las autoridades locales. Más que nada, sin embargo, la política antiterrorista de Estados Unidos en el Gran Cuerno de África se basa hoy en tres estrategias: apoyo casi incondicional al gobierno etíope, cooperación extremadamente estrecha en antiterrorismo con Jartum y ocasionales pero espectaculares incursiones en Somalia con la esperanza de capturar o liquidar sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Etiopía ha sido la aliada más cercana de Estados Unidos en el Gran Cuerno durante la década pasada, en parte porque la lucha contra el extremismo islámico tiene poderosas resonancias entre las autoridades etíopes. Si bien el país es mitad musulmán y mitad cristiano, históricamente sus élites políticas han sido cristianas. Etiopía sufrió también en carne propia el terrorismo islámico: radicales asentados en Sudán tramaron un intento de asesinar al presidente egipcio Hosni Mubarak en la capital, Addis Abeba, en 1995, y la organización de base somalí Al-Itihaad al-Islamiya ha lanzado continuos ataques en el país. En 2001, el gobierno de Bush declaró que Etiopía era su principal aliado en antiterrorismo en la región. Incluso la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) -- que dio a Etiopía más de 460 millones de dólares en ayuda de alimentos y asistencia en el año fiscal 2005 -- afirma que esa nación tiene "importancia estratégica para Estados Unidos por su ubicación geográfica" y la llama "el eje de la estabilidad en el Cuerno de África y de la Guerra Global contra el Terrorismo".
Sin embargo, la apurada agenda de Washington ha paralizado sus propios esfuerzos de presión por mayor democracia y mayor respeto a los derechos humanos en Etiopía. Y ha socavado intentos de resolver la disputa fronteriza entre Etiopía y Eritrea. En 1998, con pleno apoyo del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional, el ex consejero de Seguridad Nacional Anthony Lake encabezó los esfuerzos multilaterales que condujeron al fin de la guerra entre ambas naciones africanas en 2000. Pero cuando Etiopía comenzó a obstaculizar el cumplimiento de la decisión de 2002 sobre la frontera, la Casa Blanca poco hizo por continuar los esfuerzos de presión, y dejó que sus objetivos contra el terrorismo se sobrepusieran a la pacificación. Los dos estados apenas si se han movido desde entonces, y el gobierno eritreo se ha vuelto profundamente escéptico ante las intenciones de la comunidad internacional. Desde su punto de vista, el asunto fronterizo con Etiopía ha quedado zanjado y se le deben pedir cuentas a ésta antes de comenzar negociaciones sobre otros aspectos. Mientras el estancamiento persiste, las relaciones entre Estados Unidos y Eritrea se estropean: ahora Washington considera a Isaias poco digno de confianza y le preocupa su acercamiento con estados villanos como Irán, mientras Isaias sigue irritado por lo que a su parecer es un favoritismo hacia Meles.
Un segundo enfoque de la política del gobierno de Bush en el Gran Cuerno ha sido la estrecha cooperación en antiterrorismo con Sudán. El alejamiento de Jartum de su fuerte apoyo al terrorismo internacional comenzó durante el gobierno de Clinton. De 1991 a 1996, Bin Laden residió en Sudán, y el régimen permitió que numerosos terroristas viajaran con pasaportes de ese país e instalaran campos de adiestramiento en su suelo. Pero luego, en 1996, en respuesta a las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU promovidas por Estados Unidos, Jartum expulsó a Bin Laden y desmanteló todos los campos y la infraestructura comercial de Al Qaeda. Las relaciones se deterioraron en el verano de 1998, cuando Washington respondió a los bombazos en las embajadas de Kenya y Tanzania volando una fábrica sudanesa donde según él se almacenaban armas biológicas. Y mejoraron un tanto de nuevo luego de los ataques del 11-S, los cuales fortalecieron el énfasis estadounidense en el antiterrorismo e impulsaron al gobierno de Bush a vincularse más con Jartum.
La Casa Blanca de Bush, ansiosa por responder a los electores cristianos conservadores que exigían poner fin a los abusos contra los derechos humanos y la persecución religiosa en el sur de Sudán, también intensificó su apoyo a un tratado de paz. Pero cuando el ELPS y el PCN se acercaban a un acuerdo, en 2003, Darfur estalló y ello puso de manifiesto las deficiencias del estrecho enfoque de Washington y sus asociados. En ese punto el gobierno estadounidense tuvo que elegir entre continuar presionando por la paz en el sur o ampliar su esfuerzo por responder con dinamismo a la crisis en Darfur, que se agigantaba. Eligió la primera opción por miedo de que al optar por la segunda (y fracasar) pusiera en peligro tanto la paz entre el PCN y el ELPS como la cooperación de Jartum en antiterrorismo. Sin embargo, al hacerlo, inadvertidamente dio la ventaja al gobierno sudanés: los funcionarios de éste se dieron cuenta de que podían retrasar un acuerdo con el ELPS y apoyar las atrocidades en Darfur sin enfrentar consecuencias graves. En octubre de 2003 y abril de 2004, mientras las fuerzas armadas sudanesas perpetraban matanzas de civiles en Darfur, la Casa Blanca informaba al Congreso que Jartum negociaba "de buena fe" con el ELPS.
El presidente Bush y altos funcionarios de su gobierno han hecho declaraciones contra los crímenes en Darfur (los han llamado genocidio), y un comité de la ONU los ha atribuido en parte a altos cargos del PCN, entre ellos el director de Inteligencia Nacional, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Pero debido en parte a un aumento de la cooperación con Washington en materia de inteligencia, Jartum ha logrado evadir la acción punitiva, ahogar esfuerzos por alcanzar acuerdos duraderos con los rebeldes y resistir gestiones internacionales para enviar una robusta fuerza de paz a Darfur. En noviembre pasado, el gobierno de Bush expresó con claridad que si hacia finales del año Sudán no accede a recibir una fuerza pacificadora combinada de la ONU y la Unidad Africana (UA) en Darfur, se le aplicarán sanciones que no especificó. Pero la fecha límite llegó y pasó sin que los estadounidenses emitieran condena alguna. Entre tanto, Jartum continuó cultivando su imagen de socio en antiterrorismo, pese a que los militantes de línea dura del PCN se han estado reconectando con viejos aliados terroristas. Desde el principio, el objetivo del PCN en la cooperación en materia de terrorismo ha sido volverse indispensable para Washington y así reducir su exposición a la presión internacional sobre su historial en derechos humanos. Y lo ha logrado: pese a un amplio movimiento activista en Estados Unidos que demanda una enérgica respuesta a las atrocidades en Darfur, no se prevé aún ningún plan viable al respecto.
También la política estadounidense en Somalia ha sido peligrosamente limitada. Washington intervino allí como parte de una misión humanitaria de la ONU en 1992, pero pronto se estancó y, después de los asesinatos de 18 soldados estadounidenses en las calles de Mogadiscio, retiró todas sus fuerzas en 1994. Desde entonces su principal objetivo ha sido aprehender a los agentes extranjeros de Al Qaeda que cree que son ocultados y protegidos por islamistas somalíes. (Se sospecha que uno de los protectores es el jeque Asan Dahir Aweys, que fue miembro de Al-Itihaad al-Islamiya y ahora es presidente de los tribunales islámicos.) Con ese fin, ha financiado a jefes militares somalíes para que persigan terroristas por su cuenta. Hacia 2006, los jefes militares reclutados habían adoptado el nombre de Alianza para la Restauración de la Paz y el Antiterrorismo y obtuvieron, según nuestras entrevistas con algunos de sus miembros, unos 150000 dólares mensuales de Washington. En contraste, Estados Unidos apenas aportó 250000 dólares al proceso de paz que a un costo de 10 millones condujo a la formación del Gobierno Federal de Transición, y concede mucho menos ayuda humanitaria a Somalia que a otros países de la región. El gobierno de Bush ha preferido crear una alianza estratégica con jefes militares en la búsqueda de unos cuantos terroristas más que atender el vacío de poder de Somalia, la cual continuará atrayendo terroristas al país.
Si bien la intervención de Etiopía de este invierno desalojó a los potencialmente hostiles tribunales islámicos -- lo cual se puede considerar un éxito contra el terrorismo en el corto plazo -- , es muy pronto para que Washington alardee que esto es una "misión cumplida". La invasión de Etiopía sólo ha desplazado la parte más visible del movimiento islamista; otros elementos han sobrevivido, entre ellos una red de mezquitas, escuelas islámicas y empresas, así como un ala militante, conocida como el Shabaab, que ha amenazado con lanzar una guerra de guerrillas. Entre tanto, el derrumbe de los tribunales ha dejado un enorme vacío que el gobierno de transición no puede llenar. Los tribunales habían llevado paz y estabilidad, y su derrota ha devuelto Mogadiscio a los jefes militares que se han aprovechado de Somalia durante buena parte de las últimas dos décadas. Es probable que en el futuro surjan dos insurgencias afines, una encabezada por remanentes de los tribunales y otra por clanes descontentos.
Ello pone en riesgo los intereses estadounidenses en Somalia. Habiendo perseguido el limitado objetivo de capturar o dar muerte a unos cuantos sospechosos de terrorismo, Washington se ha enredado en las políticas etíopes en Somalia, las cuales pueden divergir significativamente de las suyas en el largo plazo. Enfocarse en cazar sospechosos sin invertir a la vez en la fundación de un Estado es una estrategia que no podía haber funcionado, y la decisión de apoyar la invasión militar etíope sin trazar una estrategia política más amplia fue un craso error, sobre todo considerando la experiencia estadounidense en Irak. Como era de preverse, entre los somalíes ha aumentado el resentimiento contra la intervención extranjera. Y los ataques aéreos estadounidenses contra bastiones islámicos en el remoto sur del país han convertido a Somalia en un blanco más interesante para Al Qaeda de lo que antes era; podrían elevar el reclutamiento para los islámicos durante mucho tiempo.
PLAN TRIPARTITA
Para revertir estas tendencias se necesita con urgencia un nuevo marco para la participación en el Gran Cuerno. Serviría mejor a los objetivos antiterroristas de Estados Unidos una nueva iniciativa diplomática integral, concentrada en resolver el conflicto y promover el buen gobierno en la región. Cualquier nueva estrategia debe ser de amplio alcance y multilateral. Debe enfocarse de plano en resolver conflictos, mantener la paz y castigar a los saqueadores, y requerirá trabajar con el Consejo de Seguridad de la ONU y con la UA.
En primer lugar, Estados Unidos debe lanzar una iniciativa de paz para el Gran Cuerno junto con el nuevo secretario general de la ONU y la UA para idear un planteamiento integral para los dos grupos de conflictos que rodean a Sudán y Somalia. Esto debe incluir trabajos coordinados por resolver las crisis relacionadas de Darfur, el Chad y la República Centroafricana; procurar un acuerdo entre el Ejército de Resistencia del Señor y el gobierno ugandés; negociar un acuerdo de reparto del poder en Somalia, y arreglar las disputas actuales en el sur de Sudán y entre Etiopía y Eritrea, a fin de que los dos planes de paz existentes se acaten por completo. Estos esfuerzos requieren la creación de un grupo de resolución de conflictos en la región, integrada por diplomáticos de alto nivel bajo las órdenes del Departamento de Estado y designados al menos por un año, que coordinen las pláticas de paz y apoyen su realización. Esta iniciativa puede seguir los modelos provistos por la alianza entre Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo que puso fin a la guerra en el sur de Sudán y la alianza entre Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Unidad Africana (predecesora de la UA) que acabó con la guerra entre Etiopía y Eritrea. Por desgracia, hasta ahora tanto en Somalia como en Darfur la comunidad internacional ha puesto la carreta delante de los bueyes, al ocuparse frenéticamente en enviar fuerzas de paz antes de haber alcanzado acuerdos de paz viables.
En segundo lugar, debe hacerse un esfuerzo coordinado por impulsar la capacidad de pacificación que se necesitaría para poner en práctica cualquier acuerdo de paz. Estados Unidos y la Unión Europea han gastado cientos de millones de dólares durante la década pasada en preparar a los ejércitos africanos para participar de manera más efectiva en operaciones de paz. Pero a juzgar por las limitaciones de las operaciones de la UA en Darfur, es necesario reenfocar los objetivos de pacificación. Carentes de un mandato explícito de proteger a civiles, las tropas de la UA en Darfur a menudo han sido irrelevantes o contraproducentes, pues sirven de pararrayos a la hostilidad local y de excusa para la inacción de la comunidad internacional. La UA no cuenta con fuerzas suficientes para desplegarlas en múltiples escenarios; apenas pudo reunir poco a poco los 7500 elementos que envió a Darfur. Y como los donadores occidentales no lograron enviar los fondos necesarios para la misión, los soldados iban mal equipados y durante meses no recibieron su paga. La conclusión ineludible de la experiencia de la UA en Darfur es que la ONU debe dirigir las operaciones de pacificación en África (como en otras partes del mundo), con participación sustancial de la UA y un mandato de proteger a los civiles.
En tercer lugar, Washington debe ocuparse más en recabar apoyo internacional para aplicar castigos multilaterales de algún tipo, o al menos amenazar con hacerlo. En Sudán, Somalia y Etiopía, el gobierno estadounidense y algunos estados occidentales han ofrecido mucho y ganado poco, en parte porque no han aplicado instrumentos de presión; son como perros que ladran y no muerden. La verdadera influencia viene del uso temprano de medidas punitivas multilaterales -- como enjuiciamientos ante la Corte Penal Internacional, sanciones específicas contra altos funcionarios y rebeldes, y embargos petroleros y otros instrumentos de presión económica -- y de suspenderlas cuando se logre el acatamiento. ¿Cómo se puede esperar que el régimen de Jartum actúe de otro modo en Darfur si sus acciones no le cuestan nada?
EN EL CAMINO
Fomentar la resolución de conflictos, la pacificación y las medidas punitivas será difícil sin duda, pero puede hacerse si Estados Unidos construye asociaciones multilaterales para compartir las cargas diplomáticas y económicas. En Sudán, esto requerirá impedir que el PCN continúe encauzando las políticas estadounidenses en corrientes separadas: una en el sur del país y otra en Darfur, y una más en antiterrorismo. Washington necesita una política coherente en ese país, que atienda todos sus objetivos a la vez y se valga de acciones punitivas multilaterales para lograrlos. En tanto el acuerdo de reparto del poder no se aplique por completo en el sur y la riqueza y el poder de las élites gobernantes de Jartum no se transfiera a las zonas marginadas de Darfur y el este, no amainarán las tensiones que han alentado los 50 años de guerra civil.
Pese a sus defectos, el Acuerdo Amplio de Paz en el sur de Sudán sigue siendo un paso esencial para alterar la distribución del poder y restablecer la democracia en todo el país, pero sólo si se ejerce por completo. Su aplicación significa vencer varios obstáculos principales: la omisión del PCN en retirar sus fuerzas milicianas aliadas en el sur de Sudán, su negativa a aceptar el veredicto de la comisión fronteriza con respecto a la región petrolera de Abyei y la falta de transparencia en la división de ingresos petroleros entre el Gobierno de Unidad Nacional en Jartum y el Gobierno del Sudán del Sur en Juba. Los partidarios de la línea dura en el PCN sencillamente no pondrán en práctica elementos clave del acuerdo -- ni renunciarán a sus políticas militaristas en Darfur -- si los gobiernos occidentales no los sujetan a la presión coordinada de sanciones de la ONU, congelación de activos y acusaciones penales.
Al mismo tiempo, Estados Unidos y otros donadores deben cumplir su compromiso de ayudar a construir la capacidad del naciente Gobierno de Sudán del Sur. Los donadores internacionales ofrecieron 4500 millones de dólares para Sudán en una conferencia posterior al Acuerdo Amplio de Paz de Oslo, en mayo de 2005, pero no cumplieron sus obligaciones del todo debido a la creciente preocupación por el papel de Jartum en las atrocidades de Darfur. Ahora deben reenfocarse en el sur para prevenir un retorno al conflicto. Y deben prepararse para la creciente probabilidad de que la región vote por separarse en el referendo de 2011. Los sudaneses del sur que participan en grupos de enfoque convocados por el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos en abril de 2006 expresaron su apoyo casi unánime a la independencia. Con poco avance en sus relaciones con Jartum, es improbable que los sureños cambien de parecer en los próximos cuatro años. Pero es probable que Jartum regrese a la guerra antes que permitir que se realice el referendo y arriesgarse a perder el acceso a 80% de sus recursos petroleros. Un apoyo internacional más concentrado en el Gobierno de Sudán del Sur, en especial para ayudar a que el EPLS se vuelva un ejército regular, no sólo disminuiría la inseguridad en el sur a medida que se acerque el referendo, sino también ayudaría a inhibir al PCN a reanudar el conflicto (o al menos a dar a los sureños los medios para defenderse en caso de que lo haga).
Como los ingresos petroleros de Sudán llegan a 4000 millones de dólares por año, a Jartum lo impulsa hoy día más la codicia que la ideología islámica, lo cual representa una oportunidad para que Estados Unidos aumente la presión económica sobre Jartum. Pero Washington no puede sacar el máximo partido de la situación sin involucrarse más a fondo con China y los países de la Liga Árabe, los cuales tienen fuertes intereses en Sudán y con frecuencia facilitan el curso de su régimen. En respuesta a las sanciones económicas de la ONU en la década de 1990, el sector petrolero sudanés estableció vínculos estrechos con China y, en menor grado, con Malasia e India; en consecuencia, Beijing es hoy reacio a inclinarse por Jartum. Pero la creciente percepción de que Beijing cierra los ojos a las continuas atrocidades en Darfur podría dañar su imagen internacional ahora que se prepara a ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2008. Los esfuerzos recientes por lograr un consenso entre China, Rusia y la Liga Árabe para aumentar las fuerzas de paz en Darfur son un buen principio. Pero también es necesario recabar apoyo multilateral para una estrategia integral de paz que obligue a Jartum a dejar de apoyar grupos rebeldes en Chad y la República Centroafricana, reformar el deficiente Acuerdo de Paz de Darfur y aceptar una fuerza internacional de paz investida de un mandato apropiado -- con tropas de la ONU bajo control y comando de la ONU -- para proteger a los civiles y desmantelar las milicias Janjawid. Estados Unidos debe colaborar con el Consejo de Seguridad de la ONU para congelar los activos de altos funcionarios del PCN y sus empresas e imponerles prohibiciones de viaje, así como facilitar el flujo de información relativa a sospechosos de crímenes de guerra hacia la Corte Penal Internacional. En caso de que la situación se deteriore y Jartum continúe obstruyendo los esfuerzos de paz, la comunidad internacional debe planificar el despliegue de fuerzas de tierra y aire para proteger a civiles sin consentimiento de Jartum.
En Somalia también es necesario un enfoque multilateral de construcción de la paz, para evitar que alzamientos prolongados se enquisten en la región. Etiopía tiene poco historial de violencia sectaria, pero muchos etíopes temen ahora que una guerra duradera con islamistas somalíes pueda crear división religiosa en su país, al enfrentar, en particular, a musulmanes contra el gobierno. Más que recurrir en primera instancia a la fuerza militar, a la inteligencia regular y la intervención ocasional de Etiopía, a los jefes militares contrarios a los islamistas y a un débil gobierno de transición, como hasta ahora, Washington debe adoptar un enfoque más detallado hacia Somalia. Debe trabajar con la Unión Europea, la UA, la Liga Árabe y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo para presionar a todas las partes a negociar un tratado de reparto del poder entre el gobierno de transición, los cabecillas de clanes en Mogadiscio y los tribunales islámicos. El gobierno de transición somalí sólo negociará si lo presiona Etiopía, y Estados Unidos tiene más influencia que cualquier otro actor externo sobre ésta. En contraste, Washington carece de ascendiente entre los tribunales islámicos y los mayores de los clanes excluidos, por lo que su diplomacia en ese frente debe concentrarse en lograr que los gobiernos de la región y de la Liga Árabe los convenzan de aceptar un gobierno de unidad nacional.
Nada de esto será fácil. Washington debe designar enviados de tiempo completo que presionen por un acuerdo de reparto del poder en Somalia e impulsen a Etiopía y Eritrea a lograr un arreglo. Dejar que persistan esas disputas incrementaría la posibilidad de otra guerra entre Etiopía y Eritrea. Ambos sucesos serían desastrosos para la población del Gran Cuerno y para los objetivos antiterroristas de Estados Unidos de largo plazo.
La lección esencial de la política antiterrorista estadounidense en los últimos cinco años -- en apariencia desdeñada por el gobierno de Bush -- es que, para que las poblaciones musulmanas locales tomen en serio la agenda contra el terrorismo de Estados Unidos, éste debe tomar en serio también las agendas de construcción de estados y reparto del poder de aquéllas. Irónicamente, la estrategia ya está en papel. En su Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 y otros documentos, el gobierno de Bush ha sostenido que los estados villanos fomentan el terrorismo y ha trazado un enfoque integral hacia el antiterrorismo que considera promover la construcción de la paz, la reconstrucción de estados y el buen gobierno. Sin embargo, en lo referente al Gran Cuerno sencillamente no ha puesto en práctica sus propias políticas. Al confiar en golpes militares esporádicos y apoyo continuo a autócratas sin una planificación política más amplia, ha combinado los peores elementos de su política actual en Irak con la política de amiguismo de la era de la Guerra Fría. La resolución de conflictos y el buen gobierno son, de hecho, las claves para contrarrestar el terrorismo en el Gran Cuerno en el largo plazo. Si no se reconoce esto, el resultado probable serán cientos de miles de muertes más, miles de millones de dólares gastados en ayuda humanitaria de emergencia . . . y la perspectiva creciente de un ataque terrorista a intereses estadounidenses en la región. Con unos cuantos dólares que se gasten más en diplomacia preventiva, estos resultados pueden evitarse por completo.
La paz con el ELN
RAFAEL GUARIN
Se retomaron las conversaciones en La Habana entre el gobierno de Alvaro Uribe y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De la ronda de diálogos se esperan hechos concretos que allanen el camino hacia la paz.
En 1988, por encima de las FARC se decía que ELN era la guerrilla de mayor preeminencia en Colombia, al punto que la revista Semana indicó que competía con Pablo Escobar en la calificación de ``enemigo número uno del país''.
Hoy el escenario es distinto. El punto de inflexión lo alcanzó a mediados de los años noventa cuando su adhesión a la teología de la liberación la inhibió de adaptarse a la acelerada degradación del conflicto y de convertirse, siguiendo a las FARC y las AUC, en un cartel del narcotráfico. El resultado fue una guerrilla empobrecida y marginal en lo militar que apuesta a la política. Ese camino comenzó, recuerda el analista Luis Eduardo Celis, con su propuesta de una ''convención nacional'' surgida en 1996 ante la crisis del gobierno Samper.
Pero la paz con ese grupo debe superar muchos obstáculos. El más significativo, posiblemente, es su opuesta interpretación. Mientras para Antonio García ''la negociación se eternizará tanto como se eternice la solución de los problemas del país'', que es igual a decir que sus acciones criminales no tendrán fin, el gobierno cree en una desmovilización y entrega de armas, sin mayores reconocimientos.
Conviene un punto intermedio. No se trata de legitimar la lucha armada, pero sí, con pragmatismo, estar dispuestos a reformas institucionales que además se requieren para frenar la influencia del paramilitarismo, la guerrilla y la mafia. Al ELN se le debe otorgar una justificación para que dé el paso definitivo a la paz.
Eso no implica quebrar la seguridad democrática. El propio Uribe ofreció el año pasado a las FARC una Asamblea Nacional Constituyente, lo que es coherente, pues su política busca doblegar la voluntad de lucha de las guerrillas y conducirlas a una negociación que él sabe que implica concesiones.
Se requieren decisiones urgentes: la primera, retirar el señalamiento de organización terrorista al ELN y concederle estatus político sólo si previamente libera los secuestrados, entrega los niños en sus filas, proscribe la utilización de minas antipersonales, renuncia a los atentados terroristas y se inicia y mantiene un cese de hostilidades.
Segundo, el proceso debe blindarse. Las negociaciones son con el Estado colombiano y para garantizar su resultado se requiere el consenso de todas las fuerzas políticas. Cumplido lo anterior es necesario concitar un gran acuerdo que comprometa al gobierno, los partidos con representación en el Congreso y al ELN en una agenda que parta de la Convención Nacional y termine, previo desarme y desmovilización, con la incorporación de sus iniciativas al ordenamiento constitucional. En esto el Partido Liberal (en la oposición) orientado por el expresidente César Gaviria podría tomar el liderazgo. Aunque el gobierno prefiera no compartir el éxito del proceso, quizás dentro del ELN existen reticencias a darle exclusivamente ese ''triunfo'', lo que eventualmente alargaría hasta una nueva administración la firma de la paz.
Tercero, deben observarse la verdad, justicia y reparación de las víctimas con el cuidado de no cobijar los parapolíticos y asesinos de las AUC con iniciativas legislativas destinadas a la guerrilla, a las que ha hecho referencia el mismo Uribe. Los colombianos estaremos atentos a la verdad de las relaciones de políticos con el ELN.
Cuarto, el anuncio estadounidense de posibles solicitudes de extradición de miembros del ELN muestra su atención al proceso. Como lo fue con los paramilitares, la presión de la extradición constituye un garrote para el gobierno y un incentivo para esa guerrilla. Pero esto no es suficiente. Estados Unidos y la comunidad internacional deben jugar un papel más importante y aprovechar la oportunidad para examinar salidas al narcotráfico, debate colocado en la mesa por los ``elenos''.
El reloj corre en contra. Al gobierno le queda en la práctica algo más de dos años, un poco menos que el tiempo con que cuenta el ELN para participar en las elecciones del 2010. Por esa razón, en esta ronda deben acordar el desarrollo de las etapas posteriores y convencer al país que luego de 17 años tiene al frente lo más parecido a la última guerrilla de América Latina, con real voluntad de paz.
Nota: Sobre el mismo tema puede leer la siguiente columna publicada en El Nuevo Herald:
http://rafaelguarin.blogspot.com/2006/12/antropofagia-guerrillera-published-on.html
Queremos al Halcón
OCTAVIO QUINTERO
Las confesiones de los jefes paramilitares no se pueden suscribir sin reservas, ni desechar sin sospecha. Partiendo del hecho cierto de que se trata de los criminales más atroces que haya conocido el mundo moderno, hay que poner en cuarentena todo lo que confiesan, y especialmente, cuando, como es lo usual, acusan o señalan de cómplices a muertos que ya no tienen la oportunidad de defenderse. Decir, por ejemplo, que Monseñor Duarte Cancino era ideólogo de los paramilitares no aporta nada a la verdad que buscamos, porque ya monseñor es cosa del pasado, y lo que estamos exigiendo es el presente. Salvo que monseñor haya sido el único o el último ideólogo de los paramilitares, debemos entender que hay otro, u otros, que están no sólo vivos sino en ejercicio de sus funestos fines. En El País, de Cali, el columnista Luís Guillermo Restrepo S., dice lo que parece ser el fin de don Berna: acusar a los muertos para conseguir la impunidad de los vivos.
Con tanta evidencia como la que se ha recopilado en torno a la tendencia uribista de todos los políticos presos, ¿por qué ningún paramilitar de la talla de Mancuso o Don Berna ha dado en decir que el ideólogo de todo esto es el presidente Uribe? ¿Y por qué se ha acallado el hecho de que, según Mancuso, el vicepresidente Santos le pidió, y probablemente le ofreció ayuda política y económica para organizar el Bloque Central que limpiara a Bogotá de la amenaza guerrillera? Es curioso que el vice se hubiera despeinado más cuando ligeramente salió a develar el supuesto apoyo de tres sindicatos colombianos a todas las formas de lucha, que cuando Mancuso lo acusó a él mismo de congraciar con el estilo paramilitar de refundar el Estado.
Nada nos debe sorprender del pasado que ya vislumbramos en las macabras fotos de las tumbas abiertas. Nuestra capacidad de asombro se extinguió en el país hace mucho rato. Ya nosotros miramos las películas de horror y terror como paliativo a la realidad que se nos avienta en los medios. A mi lo que me aterra es que en medio de todo este horror, como en el verso del poeta, un espíritu en la sombra, se reía, se reía, se reía. No se si el poeta lo haya escrito tres veces, pero es que como se nos ha quedado tanto esa frase de trabajar, trabajar y trabajar, ahora todo nos parece que para que nos quede bien hecho tenemos que triplicarlo.
De esa creencia será que está naciendo el debate de la tercera presidencia de Uribe. Porque cuando la nueva presidenta del Congreso dice que no es el momento de entablar esa discusión, lo que está admitiendo es que en su momento se abrirá el debate. Y si para entonces, no hemos podido hallar, y más que hallar, repudiar al ideólogo del paramilitarismo, es muy probable que Uribe siga en el poder porque más que trabajar, trabajar y trabajar, a él lo que le gusta es gobernar, gobernar y gobernar.
EL TIEMPO DE LOPEZ
Adip Numa Hernández
En una de las últimas entrevistas al doctor Alfonso López Michelsen, la periodista pregunta: ¿quién le gustaría que escribiera su historia? y él responde: ¡No mi historia, la historia de mi tiempo!
López, una vez más, hace gala de su talante perspicaz al confundirse con la historia de su tiempo, que es la del país, y que se construyó, en gran parte, con su invaluable concurso, en la última mitad del siglo XX y principios del XXI. Además, con esa expresión se blinda de quienes pretendan tergiversarlo, pues como diría su amigo García Márquez, “Yo seré lo que tu digas.”
Sobre el ex presidente López Michelsen - antes y después de su muerte - se han escrito innumerables artículos y biografías. Seguramente, falta mucha tinta por correr, pero es tan basta su presencia intelectual y sus realizaciones como gobernante, que será muy difícil para sus amigos y malquerientes apartarse de su ideario; por eso, mi pretensión no es la de un panegirista más, sino la de quien se inclina respetuoso ante su memoria.
Colombia no fue ajena a la agitación política que vivía el Continente a comienzos de la inigualable década de los sesenta, que dio al traste con las dictaduras instauradas en varios países de la región y el advenimiento de la revolución cubana.
La democracia despertaba de un prolongado letargo de casi 10 años. Las nuevas corrientes del pensamiento pronto encontraron en las aulas universitarias el campo propicio para germinar y en la juventud la llama de su propagación.
Pero la decisiva participación del estudiantado universitario en el derrocamiento de la dictadura de Rojas Pinilla, que le había generado un amplio reconocimiento, no se tradujo en el cambio estructural anhelado por la juventud. Los partidos tradicionales, que habían engendrado la dictadura como consecuencia de sus luchas fratricidas, se ponen de acuerdo para alternarse el poder y la conducción de la nación con la exclusión de otros sectores de la población y la ausencia absoluta de propuestas sociales. De esta manera, no se permitió reinsertar al país en la corriente progresista que los nuevos aires traían desde otras latitudes.
Estos sectores se sintieron utilizados, y su frustración se manifiesta cuando dejan de moverse por el ondear de banderas rojas o azules y ahora lo hacen al ritmo de las reivindicaciones de tipo social. Esto conlleva la pérdida de las masas de los partidos, que se reflejó, más temprano que tarde, en la gran abstención en las elecciones durante el período del Frente Nacional y en la desaparición de la influencia partidista en las universidades, en especial del partido liberal, que se había caracterizado por ser el abanderado de las grandes transformaciones sociales en la primera mitad del siglo XX, precisamente, en el cuatrienio de Alfonso López Pumarejo, con su “Revolución en Marcha”.
Es así que, pasada la euforia que produjo el ejercicio mecánico de algunos derechos que la democracia otorga, la juventud inicia la búsqueda de espacios políticos estimulada por las nuevas corrientes ideológicas del pensamiento, que en nuestro medio representaba el ejemplo de la revolución cubana.
Al mismo tiempo, un grupo de políticos e intelectuales, liderados por el doctor Alfonso López Michelsen, avizoran que hay un descontento general que se debe canalizar en un nuevo partido de avanzada y fundan el Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- a comienzos de los años 60.
Pero el MRL no fue un partido político más y, desde sus inicios, representó la tendencia del pensamiento moderno, con gran influencia de la intelectualidad de la Europa de postguerra. Por eso, no es extraño encontrar entre sus fundadores al poeta Jorge Gaitán Durán, posiblemente, el intelectual más importante que ha dado Norte de Santander, quien también hizo parte del consejo editorial de la revista La Calle y su admiración por López y convencimiento de la izquierda liberal, lo llevan a publicar el ensayo “La revolución invisible”, uno de los más lúcidos análisis de la situación nacional y de la política de Colombia.
Por su parte, la juventud encontró en el nuevo movimiento el espacio que buscaba y abrazó fervorosa el programa del MRL, representado en la sigla SETT: Salud, Educación, Tierra, Techo.
El contenido ideológico de que adolecían los partidos tradicionales, o el haberlo congelado para suscribir los pactos del Frente Nacional, estaba presente en los postulados del MRL. Estas banderas calaron de manera profunda y dieron origen al nacimiento de las "Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal" –JMRL- a las cuales perteneció, entre otros, Camilo Torres a su regreso, de la Universidad de Lovaina.
La JMRL asumió, prácticamente, el liderazgo del movimiento estudiantil de la época y aunque la mayoría de los centros universitarios estaban ubicados en las principales ciudades del país, su población la conformaba, esencialmente, jóvenes venidos de la provincia, por lo regular de origen humilde, campesino y de escasos recursos económicos; pero en la provincia y el campo, qué ¡paradoja! era donde la violencia partidista se había sentido con mayor rigor.
Por eso, no fue difícil aceptar la invitación del doctor Alfonso López Michelsen:
"Pasajeros de la Revolución, favor pasar a bordo"
Interpretando un legado
Juan Manuel López Caballero.
Es bien sabido que la última campaña del Expresidente Lopez fue la búsqueda del intercambio humanitario. Diferentes motivos y razones lo impulsaban… Tomo el atrevimiento de intentar explicar como entendía él el tema.
Ante todo lo veía desde un punto de vista humanista: su motivación era el buscar, en función de los valores que humana y moralmente consideraba de mayor jerarquía, cuál solución respondía mejor a lo deseable ante la situación existente. Actuaba bajo algo como el principio del ‘imperativo categórico’ bergsoniano, según el cual un individuo tiende naturalmente a defender causas nobles, y en este caso para él la preservación de la vida y el alivio del dolor de quienes injustamente lo padecen, tenían prioridad sobre lo que pueden ser objetivos políticos o militares. Su posición la resumió en su última frase que podría ser reconstruida bajo la forma de ‘lo que se debe buscar es una solución, no una victoria’. Su solidaridad con los familiares y las discrepancias sobre el tratamiento que daba el Gobierno al tema iban más allá de los casos concretos pues lo enmarcaba en un contexto de principios universales.
No era sin embargo esto lo único que lo impulsaba y orientaba. Dentro de su formación de jurista y demócrata liberal concebía el Estado de Derecho como una conquista de la civilización, y confiaba y defendía la idea de que el sometimiento a las instituciones posibilita la convivencia en armonía dentro de una comunidad. Por eso para él el Derecho Internacional y en particular el Derecho Internacional Humanitario eran un avance de la humanidad que debía ser reconocido y aceptado, y no un invento de fuerzas anárquicas para debilitar a los gobiernos o, en el caso colombiano, un instrumento de los opositores para apoyar o apoyarse en la subversión. Los Convenios y Protocolos de Ginebra no nacen entre o atan a las partes en conflicto: son un tratado contraído con todas las Naciones, y por derivación de ello ante toda la humanidad. También, por orden Constitucional, obligan independientemente del comportamiento de la contraparte, sea ésta enemigo interno o externo. Ningún conflicto armado esta exento de esta jurisdicción y dentro de ella misma se define cuándo existe situación de ‘conflicto armado’. Ni se basa ni busca establecer la legitimidad de la causa de las partes: única y exclusivamente humanizar la forma en que se dan las confrontaciones, tratando de evitar males o aliviar el dolor innecesario. Por eso ninguno de los argumentos (que no es ‘conflicto armado’, que son unos delincuentes, que la FARC no respeta el Derecho Internacional Humanitario, que el DIH prohíbe la toma de rehenes, etc.) justifica el no cumplir el articulo 3 de los convenios y su desarrollo en los Protocolos I y II, y, por el contrario, significa violarlos. Y, más allá de precisar que la propuesta de los países facilitadores sobre una ‘zona de encuentro’ limitada en el tiempo, el espacio, y el tema a tratar, ni es un ‘despeje’, ni otorgaría ventajas militares, ni entregaría nada de la soberanía, como expresidente entendía que la Constitución no contempla poderes al primer mandatario para a su arbitrio calificar que es ‘ceder soberanía’, ni otorga a la defensa de la soberanía mayor jerarquía que al Principio Fundamental de que ‘las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes (…) y libertades’.
Entendía también una dimensión política del problema. La relación del ciudadano con el gobernante es un mandato, es decir, un poder que se le delega para cumplir la voluntad de la colectividad. No es comparable a la relación con quienes desconocen esa voluntad y además por medios violentos e ilegales la contrarían. Quien actúa a nombre de ella no puede hacerlo de acuerdo a su propia percepción sino de acuerdo al mandato que recibe. Se debate si Uribe busca una victoria, o una venganza, o si siente que cumple una ‘misión’… lo relevante no es qué lo motiva sino que, como mandatario, su accionar debe depender y orientarse según el mandato de sus ciudadanos. No se discute que el mandato recibido se orienta a enfrentar la guerrilla, ni se pretende que se haga con menos firmeza. Por eso el accionar armado y el refuerzo presupuestal en hombres, recursos económicos, etc. es aceptado y respaldado por la población. Pero dentro del enfrentamiento armado, y sin que signifique renunciar a él sino por el contrario confirmarlo, existen las leyes humanitarias que buscan alejarlo de la barbarie. Y es claro que la población colombiana, aún si no entiende o no está empapada de los intríngulis jurídicos del DIH, desea limitar la barbarie en el conflicto; por eso pide ‘no al secuestro’ al enemigo, pero por lo mismo a expresado a su mandatario que dentro de ese propósito permita y busque el intercambio que forma parte de esa humanización de la guerra. Fue habilidosa la maniobra presidencial de sacar a todos sus funcionarios a presentar las marchas como una petición de ‘más firmeza’… pero no sería el Expresidente López quien se dejaría confundir aceptando el falso dilema de que el acuerdo humanitario va en contravía de la paz o de la oposición al secuestro. Al igual que los verdaderos promotores de la gran caminata del 5 de Julio, familiares de los diputados asesinados y de quienes aún están en manos de la guerrilla, él salió con la camisa de ‘Acuerdo Humanitario ya!’, porque respecto al objetivo de acabar con el abominable delito o el buscar la devolución de quienes fueron privados de la libertad por los delincuentes no hay discrepancias (nadie se imagina pancartas de ‘Sí al secuestro’ o ‘No a la libertad de los secuestrados’); sobre lo que hay discrepancias es sobre sí esa libertad se debe buscar mediante intentos de rescate a sangre y fuego o mediante acuerdos humanitarios. Al intentar tergiversar la manifestación popular y negarle el sentido que le dio origen, el Presidente y su Gobierno han ido más allá de desconocer ese mandato concreto.
Por último, aunque el fuerte de López no fuera el pragmatismo, y menos que por éste no se deban tener en cuenta las relaciones humanas, la ética o la ley, consideraciones eminentemente realistas y prácticas le señalaban que pensar en el rescate militar de todos los secuestrados es simplemente un imposible. Aún si se menospreciara el hecho de las mínimas probabilidades de operaciones exitosas –en el sentido de que el cautivo salga vivo- , y se considerará seguro que cada intento entregaría una persona sana y salva, es claro que las fuerzas armadas no están en capacidad de realizar la cantidad de operativos necesarios para devolver a todos los retenidos a sus familias. En otras palabras, la política de negar acuerdos colectivos y la estrategia de rescates a la fuerza condenaría a la gran mayoría de las víctimas y a sus familiares a relegar a un tiempo indefinido y en la práctica probablemente infinito la esperanza de una solución. Para todas ellas no existiría sino la expectativa de la derrota total de la guerrilla, la que en términos reales no ve posible en un futuro previsible, y la cual, bajo la sentencia pronunciada por el Dr. Uribe de ‘desmobilización o exterminio’, implicaría esto último también para quienes se pretende sean liberados.
En qué país vivimos
César González Muñoz
El sistema de indicadores de gobernabilidad que publica el Banco Mundial, a los que me referí la semana pasada, pertenecen al mundo de las percepciones. O si usted lo prefiere, al mundo de los prejuicios y de las verdades fabricadas en los sitios donde se “lidera” la opinión mundial. Se han publicado en los últimos días muchas críticas a este trabajo, que provienen principalmente de
Gobiernos cuyos países no salen bien en la foto. Hay también muchos comentarios laudatorios de quienes son bien tratados por los resultados del estudio. Es importante anotar que al interior del Banco Mundial hay voces poco amigables; se dice que la econometría del estudio no es ni suficientemente transparente, ni conocida entre los especialistas de la institución. Oficialmente, el Banco ha dicho que los indicadores no reflejan la posición de sus directivas, ni son usados para tomar decisiones.
De todas maneras, la utilidad de la investigación es que cuenta con una serie de ocho observaciones desde 1996 con una metodología homogénea, de manera que la comparación a lo largo del tiempo y entre países ya tiene algún significado estadístico.
Las tendencias mostradas para Colombia desde 1996 son preocupantes, por decir lo menos. Cuatro de los seis indicadores de gobernabilidad registran una posición más o menos constante de la calificación nacional relativa. En materia de control de la corrupción se percibe un claro avance en los últimos años, en comparación con la década pasada. Hoy, en ese aspecto, Colombia aparece en el punto medio: El 50 por ciento de los países está mejor calificado. Los últimos años también muestran avances en la percepción de la calidad de la administración y de los servicios públicos, y actualmente Colombia está levemente por encima del 50 por ciento en la posición comparativa.
En el aspecto de voz y rendición de cuentas, la calificación nacional permanece por debajo de la mediana, sin mejora perceptible. Igual cosa ocurre con la calidad del Estado de Derecho, relacionada con la confianza pública en las reglas sociales y en el cumplimiento de contratos, en la policía y en los tribunales: Nos encontramos, como mucho, en la cuarta parte más baja de la distribución entre los países objeto de las encuestas.
La percepción de la inestabilidad política y del riesgo de que la violencia y el terrorismo se tomen el poder es terrible todo el tiempo desde 1996. Ese año, el 90 por ciento de los países estaba mejor “ranqueado”. En 2006 la percepción era aún peor (ocho entre cien) después de haber tocado fondo hacia el 2003, cuando Colombia estaba entre los dos o tres países con mayor riesgo de inestabilidad política.
Estamos, en todo caso, en el mundo de las percepciones y los prejuicios, pero es cierto que muchas decisiones financieras y políticas se toman usando esta clase de insumos. Ante un escenario como este, salido del cuarto de máquinas del Banco Mundial, la reacción colombiana debe ser la del auto examen y la ponderación. Aquí no cabe la reacción primaria de la indignación, la descalificación de los métodos estadísticos o la búsqueda de alguna ONG para echarle la culpa de la “mala imagen”. Las salidas ante estas percepciones se encuentran en un solitario ejercicio de análisis de la realidad colombiana y en el reclamo de solidaridad y cooperación de la comunidad internacional. Para que Colombia se mueva hacia otros niveles de prestigio en el mundo, es indispensable un trabajo colectivo prolongado y audaz. Yo sí creo que este estudio merece un análisis serio del gobierno y de la dirigencia política y cultural. Hasta ahora sólo se oye el silencio.
QUÉ HACER CON LA TIERRA DE LOS “PARAS”
Cecilia López Montaño
Para responder esta pregunta se requiere partir de una serie de consideraciones. En primer lugar, es necesario reconocer que la difícil situación del sector rural ha sido una constante en la historia colombiana: una amplia brecha rural-urbana que no se cierra; deficiente acceso a servicios sociales, educación salud y la ausencia de seguridad social; una infraestructura inexistente en muchos casos y una baja productividad en sectores de economía campesina. En segundo lugar, la concentración de la tierra siempre ha sido una realidad y ha estado vinculada a la violencia colombiana; hoy, hay islas de modernidad -palma, flores, caña de azúcar, etc,- pero la economía campesina sigue estancada. En tercer lugar, estas situaciones no se vinculan al pobre desempeño actual del sector, en medio de la fase expansiva del ciclo económico.
Es necesario reconocer, además, que nunca ha habido la decisión política para lograr una verdadera reforma agraria y basta con ver el fracaso con las cifras sobre el tema de la distribución de tierras en Colombia: 45 años de reforma agraria y solo 6,6 millones de hectáreas distribuidas de las cuales 4,7 han sido tierras en extinción de dominio sobre baldíos; solo se adquirieron 1,4 millones y la expropiación de tierras fue de 70 mil, solo el 1,1% de la intervención del Incora en su historia. A su vez, el INCODER, creado por este Gobierno, ha sido un desastre. Es decir, en este tema la historia demuestra que no ha habido voluntad política, ni institucionalidad adecuada ni ha sido parte de un proyecto de modernización del país.
Entonces ¿qué hacer con la tierra de los paras? Para bajar de la nube a muchos que solo buscan soluciones simplistas, no basta solo con quitarles la tierra. Como lo sostiene Gustavo Duncan, el tema es demográfico, esto es salvar a amplios sectores de la población capturados por los grupos ilegales. En el fondo se trata de reconocer y aceptar la imperiosa necesidad de resolver ese problema en el contexto de un proceso de transformación productiva. De desarrollar proyectos productivos de capitalismo moderno, no solo rurales sino urbanos. Crecimiento y fortalecimiento de la agroindustria para rescatar población metida en la coca. Es necesario admitir que una nueva ética del trabajo debe implantarse así como el claro objetivo de la creación de un mercado interno y de una mayor oferta exportable. Eso desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista político es construir democracia, convertir a la población cooptada en ciudadanos y, por consiguiente, buscar la paz. Se requiere entonces lo que nunca ha habido: decisión política, institucionalidad para manejar el problema y, sobre todo, hacer esta distribución de tierras como parte del proyecto de modernizar a la sociedad colombiana, de construir realmente un capitalismo de hoy. Mientras tanto, el Gobierno sigue dedicado a la microgerencia, mostrando supuestos éxitos en acciones que, frente a la magnitud del abandono de las victimas, poco significan. Carece de un contexto, de un marco de referencia que busque resolver el problema demográfico de las poblaciones capturadas por los grupos ilegales y por el narcotráfico, así como el atraso del campo y la profunda injusticia social que los paramilitares y la guerrilla han creado entre los pobres de Colombia.
www.cecilialopez.com
lunes, 30 de julio de 2007
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