QUE JODA TAN ARRECHA


Horacio Serpa

Nadie imagina lo desgraciada que ha sido, para los integrantes de la campaña presidencial que eligió a Ernesto Samper en 1994, la etapa política que siguió al día en que se conocieron los narcocasetes. Especialmente para mí, que abracé de fondo la lucha electoral.
A partir de ahí nunca he tenido reposo. No me refiero solo a los cuatro años de gobierno. Tampoco al tiempo que transcurrió hasta que una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación penal, declarando mi inocencia. Hablo del lapso comprendido entre junio de 1994, hasta el momento en que escribí este artículo: casi 13 años después.
El proceso 8.000 ha sido un fantasma malévolo y perturbador que aparece en el momento menos pensado, a la vuelta de cualquier esquina, por los motivos más fútiles o perversos, la mayoría de veces sin ninguna razón. Siempre el 8.000, la financiación del narcotráfico, la amistad con Samper, la deshonra pública, el daño al país, el mal ejemplo a la juventud, el raponazo a la democracia y mil argumentos más que se utilizan para descalificar cualquiera de mis proyectos políticos, una propuesta pública o una simple opinión.
Me refiero, claro, a los argumentos de los adversarios políticos, muchos y poderosos, y a las opiniones de quienes no se dan tiempo para estudiar lo que ha pasado en el país y se dejan llevar por apreciaciones ajenas. Para ellos todos somos bandidos, responsables y debemos ser condenados al suplicio eterno o la lapidación pública.
Nada vale que la justicia hubiera investigado, procesado y condenado a varias personas. Para ellos reinó la impunidad, pues los sancionados merecían mucho más y los declarados inocentes lo fuimos por influencias, prevaricato o benevolencia.
El último episodio corrió por cuenta de Fernando Botero Zea, ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia, once años después de la entrevista que le dio a Yamid Amat. ¡Increíble! Enredando el cuento, fue tan eficaz en el propósito tratando de amortigüar los efectos políticos de la detención de los senadores uribistas, que mi Partido, en cambio de salir a denunciar el fraude en las elecciones de 2002, desestimó el fallo que me exoneró de responsabilidad y me echó a los tiburones. Como decimos en Santander: “que joda tan arrecha”.
No busco olvido ni conmiseración. Solo un poco de reflexión, para que finalmente se conozcan la verdad y los responsables. Quienes somos inocentes merecemos respeto ciudadano. Para contribuir a que desaparezca el fantasma, hoy estoy renunciando ante el señor Fiscal General a la preclusión que me exoneró y a la prescripción de la acción penal, si ya hubiere operado.
Muchos amigos me han expresado amistad y solidaridad. Se los agradezco. Les garantizó que esa confianza no será defraudada y que lucharé hasta el último minuto de vida, para que nadie nunca le pueda decir a Sebastián que su abuelo fue un bandido.
Apretadito: arrecho en Santander es sinónimo de enojo, dificultad, bravura. No se confundan por favor.
Bogotà D.C., 20 de Febrero, 2007




EDC: ¿Estatización gloriosa o venta leonina?


Andrés Matas Axpe

Es curioso escuchar los discursos en el acto de adquisición de la EDC por el estado venezolano. Paul Hanraham, presidente de AES, declara, “Hemos tenido una gran experiencia en Venezuela” y “No era nuestra intención salir de aquí”. Si le agregas que compraron EDC por 1.600 MM$, invirtieron 600 MM$ y ahora la venden por 740 MM$, no queda otra cosa que afirmar que el estado venezolano hizo un gran negocio y AES salió con tablas en la cabeza ¡Que brava es la revolución! ¡Como recuperamos la soberanía sobre una empresa estratégica!
Pero si observas con más cuidado verás que este acto de recuperar soberanía no es tan beneficioso, inclusive verás que se ha “recuperado” la EDC a un altísimo costo para la nación. El gesto soberano de la revolución ha sido pagado por todos los venezolanos sudando tinta y lo peor es que apenas empezamos a pagar. En los próximos años será cuando entenderemos lo que nos ha costado este gesto nacionalista. Veamos la realidad punto por punto.
Es cierto que AES compró EDC en 2000 por 1.600 MM$, pero no compró la empresa que ahora esta vendiendo, compró un conglomerado empresarial mucho mayor. Parte del acuerdo que hizo AES con algunos de los grandes accionistas de EDC fue venderles los activos de EDC en Colombia. Así, la participación de EDC en EPSA, Electrocosta y Electricaribe, fue vendida a Unión Fenosa, por una cifra que en su momento se mencionó en 235 MM$; mientras las inversiones en El Salvador se las vendió a su propia casa matriz, por una cifra que no se conoció. Con estas operaciones AES recuperó una parte de los 1.600 MM$ invertidos al comprar EDC.
También vendió Domegas y otras empresas que tenía en el país, de modo que lo que le está vendiendo ahora al gobierno venezolano es mucho menos de lo que compró. Que nadie se engañe con la cuenta simple de que compró a 1.600 y vende a 740, que quede claro que lo que está vendiendo es otra cosa.
Pero mucho más que eso, AES tiene por lo menos 4 años oyendo a nuestros patriotas revolucionarios decir que los van a estatizar. Nadie puede esperar que sean tan zoquetes que no se hayan preparado para el acto que tuvo lugar el jueves 8 de febrero. En tal sentido AES ha venido aplicando en estos años una política de descapitalización de la empresa y transferencia de recursos a sus accionistas del norte que disminuye el valor de lo que ahora están vendiendo. En primer lugar han venido deteriorando el servicio de forma inteligente, sin que se traduzca en apagones que la gente sienta, pero reduciendo el personal y sus costos asociados en áreas de atención al cliente, medición, facturación y mantenimientos no esenciales. Preservando siempre la repatriación de divisas a la casa matriz. Al mismo tiempo han liquidado un conjunto de activos que EDC reservaba para el futuro: terrenos valiosos preservados para construir subestaciones y muchos otros inmuebles que servirían para la prestación del servicio. Por eso señalo que en el futuro veremos realmente lo que nos está costando esta gloriosa estatización.
En 2003 compraron dos turbinas de gas a ser instaladas en un lugar llamado La Raisa, para ello se ampararon en un decreto de emergencia que surgió como respuesta al déficit que se esperaba en aquel año y que no se materializó por razones que escapan a este análisis, pero que les permitió el acceso a dólares preferenciales y exención de aranceles para adquirir unos equipos de segunda mano que le compraron a la casa matriz. De modo que ellos mismos fijaron el precio, se pagaron y se dieron el vuelto. Hoy, después de tres años, dichas turbinas todavía no se han instalado, por diversas razones que también escapan a este análisis.
Si bien hay que reconocer que AES ha sido castigada por la congelación de tarifas que sufren las empresas del sector desde 2002, y que esto ha sido aleccionador para entender que debían raspar la olla lo más rápido posible ante la acometida socialista, también hay que decir que EDC ha sido una de las pocas empresas que ha recibido alguna consideración por parte del gobierno. En tal sentido, el MEP decidió en 2006 reducir los precios del gas natural, en una medida imposible de entender, y cuyo único objetivo era complacer a EDC por sus quejas sobre lo insostenible de la congelación tarifaria. De tal manera que en vez de corregir las tarifas de la electricidad el gobierno decidió reducirles los costos vía menor precio de gas para hacerles soportable su situación. Hay que decir que las reglas tarifarias establecen que cualquier variación del precio del combustible debe ser traspasada al consumidor, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero en este caso el gobierno se hizo la vista gorda y permitió que AES se apropiara el beneficio del descuento.
Todas estas cosas permitieron que, a pesar de la situación hostil, AES lograse mantener un flujo de transferencias, por vía de dividendos o por mecanismos de distintos tipos, hacia su casa matriz. Pero la gota que rebasa el vaso y constituye el negocio del siglo fue la emisión de bonos por 1.000 MM$ que hizo EDC hace dos años. Cuando se realizó la transacción los relacionados con el sector nos preguntábamos ¿Qué van a hacer con tanta plata? Y la respuesta era muy clara: Endeudarse. La única razón para emitir bonos por 1.000 MM$ era aumentar los pasivos de la empresa. Ahora, en el momento de la venta, reconocen que invirtieron 600 MM$, y entonces ¿Qué hicieron con los otros 400? ¿Pagar gastos corrientes? Para nada, no les hacía falta, esos reales se los llevaron. La única razón del endeudamiento era aumentar sus pasivos con una deuda que ahora le están pasando al estado venezolano. De modo que nuestra revolución soberana paga 740 MM$ y se queda con una deuda de 1.000 MM$, total 1.700 MM$ ¡Que gran negocio! ¡Como recupera Venezuela sus sectores estratégicos!
En 2006 continuaron tomando medidas para protegerse y en tal sentido emitieron nuevas acciones para el público en general. Con la medida lograban dos propósitos, primero, disminuían su exposición al riesgo ante la anunciada estatización, y segundo, le ponían más difícil la decisión al gobierno, ya que así no se estatizaba a una empresa extranjera sino a miles de ahorristas venezolanos. Apenas pudieron llegar a 13% del capital accionario y, como vimos, el gobierno hizo caso omiso de los accionistas venezolanos, salvo anunciar que se respetarán sus derechos.
En su afán mediático por “recuperar un sector estratégico” para la nación, nuestros brillantes líderes revolucionarios han enterrado un montón de recursos que bien podían haberse destinado a atender a tantas necesidades perentorias de nuestro pueblo que ya aburre repetirlas, pero que a la larga pasarán factura. La situación es lamentable, pero es la consecuencia natural de poner por delante los objetivos políticos y olvidarse de los técnicos.
Asumiendo la responsabilidad del servicio eléctrico en Caracas la revolución se ha metido en un berenjenal y lo lamentable es que nos meten a todos sin preguntarnos. Porque el estado revolucionario, que ha venido deteriorando la capacidad gerencial del sector eléctrico público, al priorizar el compromiso con la revolución por encima de la capacidad profesional de los gerentes del sector, no tiene el músculo necesario para mantener la calidad del servicio que ha sido tradicional en la capital desde hace más de un siglo. AES tuvo la habilidad de reducir los costos al máximo para repatriar beneficios sin afectar la continuidad del servicio. Deterioraban la calidad, pero sólo en el trato a los clientes en las oficinas de atención al público y aumentando la facturación sobre la base de estimados en vez de mediciones. Pero tuvieron el cuidado de no afectar la continuidad del suministro que es en definitiva lo que determina el juicio que se le hace a la empresa. Hay que decir que hacer esto requiere una habilidad que nuestros gerentes revolucionarios no tienen.
Por eso es que por encima de lo costosa que nos ha resultado esta transacción a todos los venezolanos, apenas ahora es que comenzamos a pagar. En el futuro es que nos daremos cuenta de lo que verdaderamente nos ha costado, cuando todos los caraqueños tengan velitas en alguna gaveta y los apagones se hagan una costumbre igual que pasa en tantas otras regiones del país. Por suerte el servicio eléctrico es intensivo en capital y esto demora el colapso total. Pero a mediano plazo los caraqueños clamarán que les devuelvan su empresa, no la de AES, sino la viejita en la cual confiaron por un siglo y les prestó un buen servicio, tanto en momentos estratégicos como en otros normales.
matasaxpe@yahoo.com




Tráfico de mujeres
Mari Mari Narváez, marinarvaez@gmail.com, ESPECIAL PARA EN ROJO. Tomado de Borinquen Literario, que orienta en Puerto Rico Ana María Fuster Lavín.
Primero las ilusionan con promesas de trabajos estables en el primer mundo. Muchas de ellas –casi siempre las más arriesgadas, desesperadas y pobres- aceptan embarcarse hacia el destino prometido pero, una vez allí, la historia cambia por completo.
A Nam, una joven tailandesa, le prometieron transportarla hasta Canadá y proveerle allí un buen trabajo. Ganaría lo suficiente para pagar los gastos de su viaje y vivir cómodamente, según le dijo el hombre que la convenció a tomar el paso. Pero cuando llegó, la historia era otra. La hospedaron en un burdel y la obligaron a trabajar como prostituta sin ver jamás el dinero que hacía pues le descontaban los gastos del viaje y otros gastos de “vida” hasta dejarla en cero. Los gángsters que la tenían cautiva la hacían tomar pastillas anticonceptivas para detener su menstruación y la obligaban a acostarse con hombres todo el día y toda la noche, muchas veces sin siquiera proveerle profilácticos.
Las víctimas de este negocio suelen verse sin opción; en caso de poder escapar de sus torturadores, entregarse a las autoridades significa ser acusadas por entrada y permanencia ilegal al país. Cuando Nam fue ‘rescatada’ por la policía durante un operativo antiprostitución, pasó un año en cárcel antes de que la deportaran a su país.
“De aquí no se puede salir”, es el testimonio de Susana, de 21 años, víctima de tráfico. “Te cambian de sitio al poco y te amenazan con contarle todo lo que has hecho a tu familia y dicen que la policía te puede encerrar”.
La tendencia suele ser siempre igual: hombres transportando mujeres del tercer mundo a países del primero.
“Este mercado libre de sexo dirige a las mujeres pobres hacia los hombres más ricos -escribió Judith Mirkinson, investigadora, en la revista Earth Island Journal-. El flujo de mujeres pobres del sur al norte es el mayor aunque ahora hay un aumento en las mujeres del antiguo bloque de Europa Oriental. Los compradores más frecuentes están en Europa, América del Norte, Japón, Australia y Oriente Medio”.
El tráfico de mujeres está directamente relacionado la prostitución, la esclavitud, la migración, la pobreza y la violencia, ya que la mayoría de las mujeres expuestas a este negocio son inmigrantes utilizadas para la prostitución, no reciben el dinero que hacen de su trabajo y viven pobremente y en una atmósfera de violencia y amenaza constante.
Los casos más habituales y conocidos son los de mujeres asiáticas. No obstante, en los últimos años se ha visto un aumento significativo en el tráfico de mujeres latinoamericanas y caribeñas. A finales de la década del noventa, una investigación de las Fuerzas Especiales Combinadas de la policía canadiense develó el negocio de tráfico de mujeres asiáticas en ese país. Sin embargo, lo más común es hallar investigaciones de mujeres trasladadas a Europa occidental y Oriente Medio.
En EEUU, en especial la ciudad de Miami, el tráfico de mujeres es un secreto a voces y cada vez incluye a más mujeres latinoamericanas y caribeñas.
En Europa occidental nada más, las víctimas del tráfico femenino -con o sin consentimiento propio- suman a unas 500 mil y por lo general provienen de América Latina, Asia, África y Europa Oriental. El negocio deja a ese continente unos siete millones de euros al año sin contar la producción de los negocios marginales que confeccionan visas, pasaportes y otras identificaciones ilegales.
A nivel mundial, los estimados de Naciones Unidas apuntan a que el tráfico de personas con fines de explotación sexual mueve cada año entre cinco y siete billones de dólares.
En América Latina y el Caribe, esta práctica se remonta a la época de la conquista, cuando los españoles, en cumplimiento de la “ley de guerra”, tomaban o entregaban un “botín de mujeres” al vencedor.
Aún en el Siglo XX, la guerra siguió y sigue siendo un elemento detonante de esta situación. Después de cada guerra mundial, el tráfico de mujeres se exacerbó, siendo también víctimas las mujeres europeas que huían del hambre y el horror.
Según Susana Chiarotti, consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Latinoamérica, a pesar de la magnitud del problema, las legislaciones de los países de América carecen de una penalización adecuada para el tráfico de personas; incluso algunos códigos penales castigan con una pena menor el tráfico para propósitos de prostitución, advierte un informe de la Universidad de John Hopkins Washington DC.
“Como en ninguna otra situación, las mujeres víctimas de tráfico con fines hacia la prostitución, matrimonios serviles o prácticas similares sufren las consecuencias de la doble moral de los ciudadanos/as de las sociedades de acogida”, declaran los miembros de la Red Cántabra contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual. “Se demanda su presencia, pero por otro lado, se las maltrata y explota. Experimentan lo que es ser ‘deseadas’ como algo exótico y atractivo a la vez que ‘despreciadas’ por ser pobres, diferentes, mujeres, y prostitutas; una buena mezcla de racismo, xenofobia y machismo. La mujer traficada es en definitiva una víctima múltiple: de los traficantes, de los clientes, de sus circunstancias y de ‘la invisibilidad’ y proceso de exclusión en los que las sumerge la sociedad de acogida”.




Hasta dónde?


Juan Manuel López Caballero. Revista Dinero.


La pregunta que se hacen la mayoría de los colombianos es ¿hasta dónde llegará el proceso de la parapólitica? Personalmente pienso que la pregunta pertinente es: ¿Hasta dónde debería llegar?

Ante todo (y sin siquiera preguntar de dónde sacan los uribistas que a la ‘seguridad democrática’ se debe la actuación de la Corte) hay una realidad evidente –desfigurada por la habilidosa presentación del gobierno y sus comunicadores-, y es que los procesos que se siguen son prácticamente simbólicos puesto que ni las normas que se promulgaron tienen por propósito que en verdad se cumplan, ni habría la capacidad física de hacerlas cumplir.
Eso pasa con los juicios de la ley de Justicia y Paz, puesto que de los 30.000 ‘desmovilizados’ solo algo más de dos mil serían ‘judicializables’, de ellos solo 59 jefes han sido vinculados a procesos, y hoy con casi tres años de vigencia de la ley solo uno (Mancuso) ha cumplido con lo que no es sino la etapa de la ‘versión libre’, la cual es apenas parte de las previas de la Fiscalía (es decir faltarían indagatorias, alegatos, llamado a juicio y todo el juicio); como bien lo explicó el Fiscal, el armar un expediente dónde se debe estudiar el reclamo de miles de víctimas no es posible dentro de los plazos estipulados. O con las posibles sentencias, cuando la pena para los comandantes sería, según la interpretación más exigente, dos años más de prisión, y según la más aceptada no alcanzarían ni siquiera a salir los fallos cuando ya tendrían derecho a la libertad (si vale el tiempo desde que se ‘entregaron’ en Santa Fe de Ralito y si se acepta la reducción por buena conducta, tendrían ya en pocos meses la pena cumplida). O con la ‘reinserción’, donde su fracaso ha llevado a proliferar la delincuencia y los problemas en los sitios donde se ha buscado reubicarlos, excepto en Medellín, donde el programa ‘exitoso’ consiste en que mientras ellos han recibido durante dos años unas ‘ayudas mensuales’ superiores al ingreso del 95% de los colombianos, sus víctimas –es decir los desplazados- con dificultad tienen acceso a una comida diaria en las cocinas comunales. O con la prometida reparación a esas víctimas, donde el presupuesto para los casos ya conocidos, al calcularse por la metodología de la Corte Interamericana, superaría los 8 billones de dólares (20.000 millones de millones de pesos), mientras las expropiaciones a Mancuso (siendo uno de los grandes capos, y no solo del paramilitarismo sino aparentemente con otras conexiones) no llegan a la mitad de la milésima parte de eso. O con la cuasi-caricatura de convocatoria pública para escoger dos equipos de tres profesionales que deberán estudiar la forma de reparación a los tres millones de colombianos que sufrieron esta violencia y tendrán por misión “desarrollar un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad, situación socioeconómica y política de las Comunidades que fueron víctimas de grupos armados en casos focalizados en los departamentos de Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Santander y Antioquia”, con la obligación (entre otros 21 puntos) de “Caracterizar la situación socioeconómica de la población a fin de determinar su nivel de vida, esto incluye un análisis de información estadística discriminada en relación con el número de pobladores, dependencia económica, composición sectorial y generacional, étnica y grado de escolaridad.”
De lo anterior es evidente que no se podrá llegar ni a la sanción debida (Justicia), ni a la reparación debida. Queda entonces la inquietud sobre lo que concierne a ‘la verdad’, y sobre qué sería lo deseable dentro de lo posible.
Debido a la inquietud que produce en el mundo esa situación colombiana, el Gobierno Sueco –principal interesado y defensor de los Derechos Humanos- consideró importante adelantar un estudio científico del impacto político del fenómeno paramilitar, y para ello hizo un convenio con la Fundación Arco Iris. No se trata de un trabajo o un escrito de León Valencia para atacar al Gobierno. Él fue solo el coordinador de un grupo, conformado por profesores e investigadores de varias universidades colombianas, el cual se ciñó a una metodología eminentemente académica. Siendo el objetivo estudiar el crecimiento del Paramilitarismo como poder político, los pasos fueron bastante elementales: 1) detectar los sitios donde hubo cambios drásticos en la composición tradicional de los resultados electorales, bien sea en cuanto a personas o a nuevos partidos; 2) comparar esos cambios con la presencia de paramilitarismo en esos sitios. Los resultados son contundentes en cuanto a la fuerte correlación que aparece entre uno y otro. Los casos más conocidos, como los de Eleonora Pineda y Rocio Arias que se convirtieron en voceras oficiosas de esos grupos, tenderían a probar que hay algo más que una simple y extraña coincidencia. Las cifras del porcentaje de miembros elegidos –de 30% que decía Mancuso y de 30% en el 2002 y 32% en el 2006 que encuentra el estudio-, y el hecho que varios de ellos son los llamados a juicio, también tenderían a ratificar esa relación, aunque, como bien lo enfatizan, no todos los casos tienen la misma explicación, ni en algún juicio sería esto prueba judicial suficiente. Pero es que no es ese el fin del estudio, como tampoco lo es el de servir propósitos electorales; su destino es ayudar a entender hasta dónde hemos vivido ese proceso de paramilitarización, y hasta dónde se requiere un ‘acto de contrición y propósito de enmienda’ en el campo de la Política –así, con P mayúscula- para corregir un mal de la sociedad y no limitarlo a ‘casos personales’.

Si respecto a los actores directos de las actividades paramilitares es difícil precisar casos y responsabilidades, más lo es respecto a los beneficiarios; pero es claro que quienes contaron con el respaldo y la votación que ellos les consiguieron, no podían decir que fue a pesar de ellos, o que no sabían que el paramilitarismo era sinónimo de matanzas, motosierras, fosas comunes, desplazamientos forzados, etc. Porque hay diferentes visiones en cuanto al grado de culpabilidad al aceptar esos apoyos, pero nadie puede negar que tenían plena conciencia que gracias a ello llegaban al poder. Es decir, el objetivo de llegar al poder fue el lugar común de todo lo que hoy llamamos la parapolítica, y si es eso lo que queremos corregir es en ese campo donde se debe empezar. Mal se puede hablar de que no hay sino que castigar a las personas, pero que nada debe afectar la estructura política de poder así nacida o a quienes de ella se benefician. Si los votos que subieron a los hoy enjuiciados son viciados, lo deben ser para todo, para sus suplentes, para las listas a las cuales pertenecían, para la elección y reelección del Presidente, para los nombramientos que nacen de esas cuotas, y, en sentido contrario a la lógica del Presidente cuando pide a sus seguidores en el Congreso que mientras los meten a la cárcel voten sus propuestas, también deberían ser cobijadas las normas que a través de los elegidos por esos votos lograron concretar los objetivos que así se buscaron, como la Ley de Justicia y Paz o la reforma para permitir la reelección.



ES HORA DE TENER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE EMIGRACIÓN


Héctor Gómez Paniagua

La explosión repentina de la emigración de la clase trabajadora hacia países en donde solucionar los problemas personales derivados de la crisis económica en los últimos años, ha significado para Colombia un hecho social histórico, por la dimensión alcanzada y porque tendrá en el futuro implicaciones no solamente económicas sino políticas de gran trascendencia.
Las características y perfil del emigrante colombiano son muy significativas: provienen en su mayor parte de clases trabajadoras desempleadas, relativamente cualificados, agobiados por sus malas condiciones económicas , con experiencia en trabajos del sector industrial primario y de servicios, iniciado con osadía en una aventura de inmigración ilegal que sabe podía traerle graves consecuencias, con una filosofía de vida individualista de lucha por la supervivencia, con escasos recursos que le obligan a endeudarse en condiciones leoninas preocupantes, y por último, con un nivel cultural localista y provinciano, desconociendo los elementos básicos de la vida en un país desarrollado
Nadie ha estudiado el proceso espontáneo de emigración masiva para entender la velocidad con que se disparó el proceso, pero seguramente tiene que ver con la situación límite en que se encontraban personas que habían disfrutado de un nivel de vida sencillo pero suficiente, y que a través del boca a boca entre familiares y amigos de los primeros aventureros, resolvieron aprovechar una posibilidad arriesgada pero inmediata de solucionar sus problemas. También hay que agradecer a los justamente denigrados “traficantes” que imponiendo condiciones leoninas y muchas veces perversas fueron convenciendo a muchos candidatos, que sin la mentira y el optimismo que les transmitían no hubieran dado nunca el paso tan arriesgado de la emigración ilegal. Aquella era una actividad delictiva pero vista retrospectivamente fue la que favoreció y estimuló la emigración que tanto significado tiene ahora para el país.
En el caso de España, su vinculación al trabajo fue relativamente fácil porque era un momento de avidez de mano de obra, hasta el punto de que todos los inmigrantes de cualquier origen han sido absorbidos por el mercado laboral y en este momento representan un aporte del 1% al PIB español. En cuanto a los colombianos, según su experiencia laboral se fueron esparciendo por toda la geografía española, con gran complacencia de los empleadores medianos y pequeños. Peor lo tuvieron las mujeres, que representan el 60% de los colombianos, porque las que no tenían experiencia en el sector industrial, tuvieron que en principio entrar en el mundo del servicio doméstico, y otras fueron captadas por las mafias y sometidas a la prostitución. Superado el trámite de la legalización, ellas han pasado a trabajar en las grandes empresas en el sector servicios y es cada vez mayor el número de mujeres en la hostelería y el comercio
El llegar a la cifra total tan impresionante de casi 4 millones de personas en un período de tiempo de prácticamente diez años es un proceso tan espectacular que ni el mas avezado programa migratorio gubernamental de ningún país hubiera podido lograr jamás. Ha sido tan rápido y masivo que ha cogido por sorpresa a los últimos gobiernos, que en principio fueron alertados por las autoridades monetarias del potencial de aporte a la riqueza nacional de sus remesas de dinero y por las dificultades que ocasionaron a los funcionarios consulares en aquellos países preferidos como destino. Pero desde el primer momento en que se detectaron esos movimientos masivos de emigración, tendría que por obligación constitucional haberse armado un esquema de atención ciudadana para garantizar a esos compatriotas el disfrute de los derechos que en teoría debe el Estado garantizar a todos los ciudadanos.
Tratándose de un fenómeno tan impactante y ante la evidencia de que la situación ilegal de ese enorme colectivo de compatriotas sería muy complicada, se adelantó una actuación muy tímida ante los gobiernos de los países receptores, tanto en los Estados Unidos para la obtención de un Status temporal, sin mucho éxito, o en España, donde era complicado hacer nada ante la acritud y virulencia del gobierno del Partido Popular respecto a la inmigración, ya que generó un conflicto de opinión al asimilar inmigración con delincuencia y hacer una campaña que consiguió falsamente elevar en los sondeos el problema de la inmigración hasta el segundo lugar de las preocupaciones de los ciudadanos.
Con el ascenso del Partido Socialista al poder y la inclusión de la legalización de los indocumentados en su programa electoral, se abrió un abanico de oportunidades espectacular. Se trataba de ayudar a los casi 700.000 trabajadores ilegales a aprovechar la regularización consiguiendo una oferta de trabajo y algunos documentos fáciles de obtener. Las Asociaciones y ONGs. desempeñaron un papel fundamental ayudándolos en estas gestiones y gracias a ello se logró la formalización de casi la mitad de los aspirantes. Lamentablemente los que trabajaban por su cuenta y muchos empresarios medianos y pequeños que basan su competitividad en el costo mínimo salarial, no podían afrontar esa legalización, porque les representaba en algunos casos hasta un 40% mas de costos. Por eso, después de febrero del 2.005 queda un colectivo muy importante de trabajadores sin papeles que siguen en la clandestinidad o que esperan aprovecharse de un resquicio de la Ley que aprobó la regularización, según el cual se puede obtener por arraigo, demostrando haber vivido en España dos años y denunciando al empleador o tres años sin necesidad de denunciar a nadie.
Las actuaciones del gobierno en relación con los emigrantes llegó con mucho retraso y orientado principalmente a aprovechar ese potencial económico, como el estudiar mecanismos de orientación de las remesas hacia actividades productivas o promover la venta de apartamentos en Colombia organizando ferias inmobiliarias, pero sin criterio de responsabilidad política de considerarlos como ciudadanos, como lo demuestra el que en esas ferias no se promueve el informar al emigrante sobre las ventajas que tendría conseguir créditos muy baratos en España para comprar aquí o allá. Podrían haber tomado decisiones positivas que hubieran aligerado la situación económica personal, como hubiera sido el reducir el costo de los trámites consulares que son demasiado elevados (expedición pasaporte US$108- legalizaciones US$ 31)) y afectan el presupuesto familiar o atender a los que carezcan de medios para subsistir . La visión oficial ha sido de complacencia al comprobar que las remesas superan en 2.006 los US$ 4.000 millones, primer rubro de exportación, pero también en obtener de ellos ingresos consulares con los que pagar el servicio exterior y la Cancillería. Los gobiernos no han pensado que sin ninguna inversión, este sector es el que mas aporta a la riqueza nacional, y que no se le devuelve ninguna contraprestación.
El gobierno ha contratado expertos y encargado estudios muy interesantes sobre la problemática de la emigración, los cuales unidos a los que se hacen en organismos internacionales y en España pueden ser base de actuaciones futuras que beneficien a este importante colectivo. Entre esos estudios sobresale el que ha hecho el prestigioso consultor internacional Luis Jorge Garay (Estudios sobre Migraciones Internacionales y Remesas) con el apoyo de la Organización Mundial Migraciones, el DANE y muchas otras entidades oficiales y privadas, que aunaron esfuerzos para elaborar un completo diagnóstico sobre el perfil de la migración internacional del Área Metropolitana Centro Occidental y el impacto de las remesas en los patrones de comportamiento de las familias. Las conclusiones son tan completas que ofrecen todo un repertorio de datos técnico-científicos para cuando se decida diseñar políticas de emigración, ya que la región es muy representativa. Respecto a España, es el destino del 54% de los emigrantes de esa área, tiene un menor nivel de educación que el de USA, un promedio de edad de 34 años y el 54% de ellos son mujeres.
Un detalle muy importante detectado en aquel estudio y en otros hechos por Carlos Malamud en el Instituto Elcano de Madrid y por el BID, es el impacto negativo que produce el que las familias renuncien a trabajar en espera de la llegada de las remesas para su subsistencia, pues se estaría resquebrajando el esquema familiar y su articulación en la sociedad. El otro aspecto negativo subsiguiente es el de que los jóvenes en caso de reagrupación familiar llegan a los países extranjeros y se sienten marginados, con el peligro de que para protegerse y salir de su anonimato, se vinculan a bandas juveniles que acaban situándose fuera de la Ley.
Otra asesoría contratada por el Ministerio de Relaciones Exteriores es la del antropólogo Gerardo Ardila que con un grupo de expertos ha realizado un estudio titulado “Migraciones, Transnacionalismo y Desplazamiento” publicado por la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2.003 la Cancillería viene trabajando el tema de las migraciones con el programa “Colombia no Une” que trata de la vinculación con las comunidades de colombianos en el exterior y con el apoyo de la OIM decidió crear una red de investigadores con el objetivo de coordinar las instituciones involucradas en el tema . En 2.004 se instaló la Cátedra Manuel Ancizar de la que se han sacado buenas iniciativas sobre la problemática de las migraciones.
A nivel internacional se ha hablado con profundidad sobre estos temas en la Cumbre de Jefes de Estado de Salamanca de octubre del 2.005, en la Cumbre Unión Europea- América Latina en Viena en mayo del 2.006, y en reuniones de coordinación sobre los problemas con USA, celebradas en México, Cartagena y la ciudad de Antigua, en Guatemala. En las dos cumbres se dejó sentada en forma destacada la importancia que los países dan a los problemas migratorios y el compromiso de enfrentarse a ellos poniendo todo el empeño político de sus gobiernos en solucionarlos.
El Congreso Nacional de Colombia también está interesado en el tema de las migraciones y la presencia de los dos representantes elegidos por los emigrantes en las pasadas elecciones asegura que por dentro se trabajará muy fuerte en temas que beneficien a ese colectivo. Recientemente fue creada la Comisión Accidental Migratoria, integrada por siete senadores y los dos representantes al Cámara elegidos por los emigrantes. Esta Comisión, presidida por la Senadora Piedad Zuccardi de García ha aprobado un programa de trabajo orientado hacia la totalidad de los problemas que afectan al emigrante y con la participación de todas las entidades que tienen alguna injerencia en el tema. Coincide con todas las bases mencionadas por la totalidad de investigadores que he mencionado y hace especial énfasis en que se incluyan las políticas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta larga relación de actividades de entidades públicas y privadas demuestra que el tema de las migraciones está en el primer plano de la actualidad, y eso es conveniente, justo e indispensable si se quiere definir una política oficial en la materia. Pero también ha hecho falta la voluntad política que permitiría al gobierno tomar medidas sin necesidad de esperar a una legislación que pudiera tardar demasiado tiempo en aprobarse. Actuaciones para abaratar el costo de las remesas y las gestiones consulares de los trabajadores, presionar para una fácil homologación de títulos y nombrar personal especializado para mejorar el tratamiento a los compatriotas en los consulados, podría comenzar a aplicarse mientras un Estatuto defina los servicios sociales que el Estado debe dar al ciudadano, fije las reestructuraciones necesarias en los ministerios y disponga los presupuestos para la atención integral del ciudadano, repatriación de insolventes, y lo mas importante, concebir un sistema de incentivos para todos aquellos que se asocien e integren en Comunidades en cada país.
Todos estos trabajos están muy bien y tienen sentido y justificación, pero dejan la impresión de que se trata de investigaciones científicas que ya llevan cuatro años, que todos coinciden en el diagnóstico, y que no llegan al beneficiario final, que debe ser el emigrante, que quiere menos teoría y mas hechos reales que faciliten su vida, sin que sea necesario esperar a que se creen vínculos fluidos de relación con las comunidades en el exterior, sobre las cuales Gerardo Ardila señala en su obra las dificultades para constituirse por la desconfianza y la insolidaridad que caracteriza al colombiano. Esto puede tener origen en el individualismo que genera la precaria situación del desempleado colombiano que lucha a brazo partido para sobrevivir, dejando marcada su personalidad en su visión de la vida y de las relaciones con los demás.
Las características y problemas que cada experto va aportando en sus investigaciones forman un esquema sociológico muy peligroso porque derivará en problemas políticos, culturales, económicos y sociales. La actitud negativa del emigrante debe ser recogida y reconducida dentro de un proceso de reconversión, pues de lo contrario, tendremos mas problemas de convivencia que los que tenemos hoy. No hay duda de que la diáspora va a marcar un sector muy grande de la población. Cuatro millones de personas, el 10% de la población, ejercerán una influencia positiva o negativa en al menos 10 millones de personas que serán su entorno inmediato, y dentro de ellos la juventud puede crecer con una mentalidad abierta, cosmopolita y universal, o encerrados en criterios marginales, localistas, egoístas que cierren su paso al mando globalizado que tendrían que enfrentar en el futuro.
Los estudios hablan mucho del papel de las comunidades, pero en realidad no hay comunidades ni se ha hecho un buen trabajo para organizarlas. En España, a pesar e todos los esfuerzos de la Embajada y el Consulado, es imposible lograr una unión de todas las asociaciones existentes para trabajar conjunta y solidariamente en ningún proyecto, aunque sea beneficioso para sus integrantes. La formación de comunidades se facilitaría en la medida en que estén integradas en una política nacional de defensa del ciudadano en el exterior, en la creación institucional de un órgano permanente de observación y gestión en que ellos sean protagonistas. La idea sería la aprobación legislativa de un Estatuto del Emigrante, similar al que acaba de aprobar el Congreso de España, que recoge todas las prerrogativas que se otorgan al ciudadano que desde el exterior contribuye como el que más en la construcción de la nacionalidad.
España se ha puesto a la cabeza de los países con mejor ”estado de bienestar”, con buenos sistemas universales sanitarios y de educación, con regímenes de pensiones y ayudas no retributivas para personas mayores y sin recursos y con leyes como la de dependencia, que garantiza ayuda personal a todos aquellos que no pueden valerse por si mismas. Tiene una experiencia de mas de cien años de atención a los emigrantes, con políticas que han dado un trato de respeto y consideración a todos los que viven en el exterior, garantizándoles los mismos derechos que al resto de ciudadanos. No han hecho muchos estudios técnico –científicos porque los problemas los conocen a través de un servicio consular que está conectado con el emigrante y atiende con esmero las necesidades de un colectivo que ahora es solo de un millón y medio de personas, con remesas que son la mitad de las que envían los colombinos a sus familias
El gobierno español presentó al parlamento un Proyecto de Ley que reuniera toda la legislación anterior y actualizara las prestaciones y servicios. El resultado ha sido una ley modélica, que debiera servir de modelo para los países exportadores de mano de obra, como Colombia, salvando las diferencias financieras, al ser España una potencia económica con recursos suficientes para organizar un sistema de prestación local de servicios sanitarios integral, de pensiones y seguridad social para los que no los tienen, y culturales, educativos, etc, En nueve meses de trabajo efectivo, con aportaciones de todos los partidos políticos, se aprobó la ley que al final pasó a llamarse Estatuto de la Nacionalidad Española en el Exterior, porque además de atender a las necesidades de los emigrantes, se preocupa por la permanencia de los valores de la nacionalidad y su vínculo ciudadano al facilitar el entronque en el país de los que deciden regresar. Vale la pena estudiar las características de este Estatuto, como curiosidad por la garantía que ofrece un país respetuoso de los derechos de los ciudadanos a los que participan desde el exterior en el esquema de su sociedad, con la envidia que puede darnos el que ellos tienen suficientes recursos y voluntad política para cumplir sus preceptos constitucionales.
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Madrid, febrero de 2.007



Efectos del cambio climático sobre la salud


José Aranda. Economista y estadístico, revista Cinco Días, España, febrero 21 de 2007.

La reciente visita a España de Al Gore, presentador de la película Una verdad incómoda, ha servido para alertar sobre el problema del cambio climático mucho más que las denuncias que se han venido produciendo durante los últimos años por parte de la comunidad científica y de algunos grupos ecologistas. No está mal que el cine, en este caso de la mano de alguien tan famoso como un ex vicepresidente de Estados Unidos, contribuya a que se adopten medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero, como las que ya se están tomando en España y las que debieran aplicarse en el propio Estados Unidos, principal emisor de gases y que insolidariamente no ha suscrito el Protocolo de Kioto.
Tener conciencia del problema es, sin duda, el primer requisito para encontrar una solución que, lejos de generar inevitablemente la crisis de algunos sectores, puede producir grandes oportunidades de negocio a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio y de Aplicación Conjunta, establecidos en el Protocolo de Kioto y que permitirán obtener beneficios mediante inversiones en tecnologías limpias y la modernización de los sectores económicos.
Sin embargo, esta conciencia ciudadana sobre tan grave problema como el que acecha al futuro de la humanidad se relaja al vaticinarse determinados desastres, como el aumento del nivel de las aguas o la desertización de amplias áreas geográficas, en escenarios tan alejados en el tiempo que difícilmente serán conocidos por muchos de quienes vivimos actualmente. Por ello, es importante no ocultar los males que ya están presentes entre nosotros para, de esta forma, evitar que se puedan presentar posiciones insolidarias con las generaciones futuras y conseguir que la sociedad sea consciente de que no se puede dilatar la toma de medidas para la mejora del medio ambiente.
Uno de los campos que más próximos resultan a las personas es el de su salud y existen datos que señalan la contaminación del agua y del aire, el ruido o la utilización de sustancias químicas peligrosas como posibles causas del aumento de alergias, enfermedades respiratorias, casos de cáncer o alteración de sistemas hormonales.
El Instituto Nacional de Estadística, en el libro La sociedad española tras 25 años de Constitución, se ocupó de este problema anunciando el proyecto estadístico de elaborar una batería de indicadores que midieran los principales aspectos medioambientales y su incidencia sobre la salud, bajo responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la colaboración de la Oficina de Estadística Europea (Eurostat). Pero el caso es que, cuatro años más tarde de iniciado dicho proyecto, se está lejos de contar con esos indicadores que, junto a lógicas dificultades metodológicas, tienen el problema añadido de que, caso de demostrarse relaciones de causa efecto entre determinadas emisiones y algunas muertes o enfermedades, podrían dar origen a la solicitud de indemnizaciones por parte de los afectados.
A la espera de esta batería de indicadores, y como ya se hizo en el libro mencionado, se puede observar qué está pasando con la evolución de determinadas causas de muerte que, a juicio de los expertos, se pueden suponer influidas por factores medioambientales.
Aprovechando los datos que ha publicado el INE recientemente sobre la estadística de causas de muerte correspondientes al año 2005, se observa que el total de fallecidos, que ascendieron a 387.355, multiplicaba por 1,3 las 289.344 muertes registradas en el año 1980, evolución razonable en función del aumento de población y del envejecimiento que registra la población española.
Pues bien, frente a este incremento, se aprecia que algunas causas de muerte que pueden tener relación con la desaparición de la capa de ozono, como las de la piel (excepto tumores), se han multiplicado en estos últimos 25 años por 6,1, los melanomas malignos de piel se han multiplicado por 4,6 como causas de muerte y el tumor maligno del aparato respiratorio se ha multiplicado por 2,2. También se aprecia que, desde 1980 hasta 2004 (se toma este dato por no estar aún disponible la clasificación detallada de causas de muerte de 2005), las muertes por linfoma NO Hodking se han multiplicado por 6,2, las producidas por leucemia por 1,7 y las causadas por mieloma múltiple por 3,3.
Que existan causas que casi quintuplican la evolución media de la mortalidad mueve a pensar en que, efectivamente, el medio ambiente precipita determinado tipo de enfermedades y en lo necesario que es, por tanto, avanzar en ese proyecto de indicadores que puede constituirse en una señal de alerta permanente de las consecuencias que su deterioro está teniendo sobre nuestra salud.



Uribe y sus funcionarios


Juan Manuel López Caballero.

El nombramiento o continuidad de un alto funcionario debe depender de dos criterios: 1) que le sirva al Estado; y 2) que le sirva al gobernante.

Primero, como requisito esencial y no como un atributo eventual, que tenga las capacidades y la idoneidad para desempeñar las funciones del cargo; se debe dar esto por obvio, pero, además, que deba ocuparlo o no depende de qué le convenga al país, y no es un derecho que se adquiere como premio a los méritos o a la trayectoria del individuo.

Y segundo, siempre y cuando se haya satisfecho lo primero, que cumpla ciertas necesidades que tienen los gobiernos de dar representatividad regional, o partidista, o de agradecer respaldos electorales, o de aprovechar habilidades o conexiones con el Congreso, con los medios, etc.

En el caso del posible retiro de Maria Consuelo Araujo se argumentó que esa posición la tenía por mérito propio, que era injusto que las acusaciones contra sus familiares repercutieran en su carrera, que su desempeño y sus resultados eran satisfactorios, etc. El punto a decidir era si al país le convenía que ella mantuviera ese cargo, o más exactamente, que ejerciera esa representación bajo las nuevas circunstancias que habían aparecido.

Más que injusto que se haya tenido que retirar fue que tuviera que pasar por la etapa de ataques y ofensas inmerecidas que padeció al achacarle a ella una supuesta ambición, un deseo de ‘atornillarse al puesto’, cuando la decisión no estaba en sus manos, puesto que ni podía quedarse contra la voluntad del Presidente, ni le correspondía a ella decidir sobre la importancia que tenía su salida para el país o para el Gobierno.

Y el problema radica justamente en que el Dr. Uribe decide en función no de qué le conviene al país, sino de cual es el interés de él al respecto; y lo que es peor, en función de ese temperamento que él reivindica de ‘combatiente’ –es decir, motivado más por ‘dar la pelea’ que por los resultados que se buscan.

Lo cual viene al caso respecto a los nuevos nombramientos en los Ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores:
Aunque no hay ninguna duda que el Dr. Zuluaga servirá como escudero y ayudará en las relaciones con el Congreso, es decir responderá al segundo criterio de ser útil al Presidente, tienen razón quienes se preguntan si sirve al país que maneje sus finanzas públicas alguien sin ningún antecedente ni trayectoria al respecto, o si eso ayudará ante los famosos ‘mercados y organismos internacionales’. Pero según parece fueron las reservas respecto a los antecedentes electorales planteados por el informe de la Fundación Arco Iris el acicate definitivo para que el Dr. Uribe se decidiera por él.

Y si bien la designación del Dr. Araujo parece genial para dar cupos a la Costa, al Conservatismo, al Pastranismo, y para blindarse contra los cuestionamientos en relación a la actitud frente a los retenidos por la guerrilla y al acuerdo humanitario, despierta dudas si para el país es conveniente que no se tenga en consideración sus condiciones psicológicas y su falta de estar empapado de la situación mundial, las que limitan infortunadamente a quien ha pasado seis años en cautiverio, aislado del mundo. Pero también en este caso parece que el que fuera cuestionado por los procesos penales que cursaban en su contra produce en el Dr. Uribe la adrenalina que lo motiva a definir los nombramientos.



Carta desde Bogotá
LA NARCOREPUBLICA


Guillermo Pérez

‘’Colombia es una narcodemocracia’’ dijo, al despedirse del país, el director de la DEA, el estadounidense Joe Toft, que había tenido a su cargo la investigación de las grabaciones que involucraban al entonces presidente, Ernesto Samper, con los dineros del narcotráfico. ‘’Gringo mentiroso’’ fue el calificativo que muchos le endilgaron al funcionario extranjero, quien desapareció en la burocracia no sin antes dejar a periodistas y funcionarios extranjeros con la boca abierta y la certeza de que algo muy grave estaba ocurriendo.

Pero como es tradicional en Colombia, donde supuestamente nada pasa, la frase cayó en el olvido. Nadie se volvió a acordar de ella hasta ahora, cuando hechos vergonzosos están demostrando que Toft tenía razón: somos una narcodemocracia, un país dominado por cuadrillas que se lucran de los negocios derivados de la amapola y la coca.

¿Cuándo caímos en las redes del narcotráfico? Si hacemos memoria, fue hace pocos años, desde el momento en que alguien descubrió que las drogas prohibidas eran buen negocio y que en los países ricos la gente de todos los estratos está dispuesta a pagar millones y millones para satisfacer sus vicios. Gentes que se lucraban del contrabando, los atracos y la economía subterránea se volvieron exportadoras de drogas. En pocos años, algunos se enriquecieron tanto que montaron zoológicos, colecciones de automóviles, construyeron fincas con piscinas olímpicas, copiaron los clubes más famosos, asombraron a todos con sus excentricidades y hasta se dieron el lujo de declarar la guerra al Estado. Asesinaron ministros, periodistas, candidatos presidenciales, dirigentes políticos, obispos, militares, policías y hasta todo un partido político de izquierda.

A raíz del secuestro de una hermana de afamados narcos, se decidió la fundación de organización de autodefensas, para combatir a sus peores enemigos, la guerrilla. Que también decidió incursionar en el tráfico de heroína y cocaína, para financiar a sus inmensos ejércitos, que se habían iniciado en el negocio como vigilantes de cultivos y laboratorios. En ese instante se volvió insoluble el conflicto bélico y se abrió el camino para la creación de ejércitos privados al servicio del narcotráfico. Paramilitares se les bautizó por el hecho de portar uniformes, tener una organización castrense y contar con estructura vertical en la que hay generales, oficiales, suboficiales y tropa. Sí. Igual que la guerrilla, que también es organización uniformada, similar a las SS nazis o a las milicias cubanas. Inclusive, a la Policía colombiana o a la Guardia venezolana.

El objetivo de los paras, además de colaborar con el narcotráfico, fue combatir a la guerrilla. Ese detalle les permitió apoderarse de muchas administraciones municipales y departamentales, convertirse en defensoras de los ganaderos, comerciantes y agricultores (las principales víctimas de la subversión) y reemplazar a la Fuerza Pública. Además, y ésto es lo peor, hacer el trabajo sucio, apoderarse de las tierras de los campesinos y transformarse en el poder tras el trono, elegir parlamentarios, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos y adueñarse de los dineros públicos destinados a la salud, la educación y la inversión social.

El poder paramilitar creció como la espuma, hasta el punto de que tres de sus más destacados jefes se presentaron en el Congreso y hasta pronunciaron discursos. Algo bastante insólito si se piensa que Estados Unidos persiguen al narcotráfico con más ahínco que al terrorismo. Por eso, pocos dudan que algún día el presidente Alvaro Uribe se verá obligado a enviar a varios jefes paras a los Estados Unidos, (que en los años 80 financió el paramilitarismo, según el periódico Philadelphia Inquirer) para que respondan allí cargos por tráfico de sustancias prohibidas. Será la única manera de probar que Colombia no es una narcodemocracia, pues de lo contrario, por muy amigo que ahora sea del presidente Bush, el mandatario colombiano corre el peligro de tener la misma suerte que su exjefe Ernesto Samper: que le quiten la visa. .


A Samper no lo deja descansar el pasado. Hace poco ocurrió episodio que ratificó algo sabido: el expresidente se equivocó en materia grave al escoger como una de sus manos derechas al nieto de Germán Zea e hijo del maestro Fernando Botero: el exconcejal Fernando Botero Zea, quien ahora lo acusó, lo mismo que al exministro Horacio Serpa, de estar enterados del ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de 1994.

Tremenda revelación. Pero extemporánea. Fue la cuarta oportunidad en que Botero habló sobre el tema. Y la primera en que sostuvo que él si sabía del ingreso del dinero de los Rodríguez Orejuela a la tesorería encomendada al anticuario Santiago Medina. La confesión se produjo pocos días después de que la justicia dictaminara que Botero se había apoderado de un millón de dólares de la campaña samperista. Se confirmó, tristemente, la infiltración de dineros calientes en el más alto nivel de las campañas políticas.

Consecuencia inmediata de las declaraciones de Botero, condenado por la justicia colombiana, fue nueva división del partido liberal. El actual jefe único, César Gaviria, le negó el respaldo a Samper y a Serpa, al sostener que no era suficiente una sentencia judicial para involucrar al viejo partido de la bandera roja con los problemas de dos de sus militantes, que debían asumir su propia defensa. ¿Quién dijo miedo? De inmediato, el expresidente y el excandidato rompieron relaciones con el jefe único. Quien se sacó así una vieja espina: Samper se negó a dejar en la Presidencia a su vicepresidente gavirista, Humberto de la Calle, obligado a renunciar y reemplazado por Carlos Lemos, beneficiado con ‘’paloma’’ en el Solio de Bolívar. A su vez, Serpa atacó al exnadaista y exvicepresidente con discursos en los que lo comparó con un animal (el armadillo) que ni sube ni baja ni se queda aquí tampoco.

Entretanto,el escándalo de la parapolítica le costó el puesto a la canciller María Consuelo Araujo, llevó a la cárcel a nueve congresistas, todos ellos gobiernistas, y tiene al borde de un ataque de nervios a varios más, que ya tienen preparados maleta y colchón para conocer el pabellón de baja seguridad de la cárcel de La Picota.

Distintas fórmulas se han buscado para tender cortina de humo sobre el grave caso que ha mostrado la pavorosa infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en la actividad política. Unos han hablado de ley de punto final, para echar manto de olvido a lo ocurrido y otros se han atrevido a sugerir nuevas elecciones, en tanto que conocido congresista uribista, altoparlante presidencial, lanzó la idea bomba: una reforma constitucional para establecer aquí régimen parlamentario que permitiría a Alvaro Uribe quedarse en el poder hasta que San Juan agache el dedo. Por una razón: ¿quién elegiría los Congresos? Fácil: los paras.

El escándalo del ‘’paragate’’, como lo bautizaron en Washington, promete convertirse en la mecha de explosión que puede producir revolcón de inmensas proporciones, nunca visto en una narcorepública acostumbrada a los hechos más absurdos. Talvez por eso, en las tertulias ronda una pregunta: ¿qué país le vamos a dejar a nuestros nietos? GPT



DECLARACION DE KATMANDU


Reunión del Comité Asia-Pacífico de la Internacional SocialistaKatmandú, Nepal, 10-11 de febrero de 2007
1.
La población de esta extensa y dinámica región del Asia-Pacífico ha llegado a un punto crítico en sus esfuerzos por hacer frente a los desafíos que se presentan para hacer avanzar y consolidar la democracia y asegurar la paz y la estabilidad, dentro y entre las naciones.
El Comité Asia-Pacífico de la Internacional Socialista subraya que cada vez se hace más urgente la necesidad de promover estos objetivos a través de una acción política sostenible, decidida y consensuada por parte de las fuerzas socialdemócratas, de los partidos políticos y de otras organizaciones afines en la región del Asia-Pacífico, para que el progreso obtenido en décadas recientes pueda ser mantenido y para asegurar que todos los ciudadanos de la región se beneficien de las ganancias conseguidas.
El Comité nota con gran preocupación las conclusiones del cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, PICC, y los efectos potencialmente devastadores del cambio climático en muchas partes de Asia y del Pacífico, y apoya plenamente la decisión de la Internacional Socialista en su Consejo de Santiago en noviembre, de establecer una Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible.
El Comité reafirma la importancia fundamental de los valores y principios socialdemócratas, especialmente la solidaridad, la justicia social, los derechos humanos, el diálogo y la cooperación internacional, al encarar estos desafíos.

2.
El Comité se complace en celebrar esta reunión en Katmandú, como parte del conjunto de los continuos esfuerzos realizados por la Internacional Socialista con el fin de ayudar a poner fin a los conflictos y proteger y fortalecer la democracia en Nepal, y para manifestar una vez más nuestra solidaridad con el pueblo nepalés, con la coalición de ocho partidos - en particular el partido miembro de la IS, el Partido Nepalí del Congreso - y el Primer Ministro Girija Prasad Koirala, en sus esfuerzos por asegurar un futuro democrático, en paz y de más esperanzas para todos sus ciudadanos.
El Comité, de acuerdo con las anteriores declaraciones de la Internacional Socialista, reitera el apoyo de la socialdemocracia en toda la región del Asia-Pacífico al Acuerdo Integral de Paz de 2006, y urge a que el Acuerdo sea implementado y respetado por todas las partes involucradas. A este respecto, el Comité expresa su esperanza de que, en momentos en que el gobierno del Primer Ministro Koirala se prepara para las elecciones del mes de junio a una Asamblea Constituyente que redactará una nueva constitución nacional, la coalición de ocho partidos, incluyendo a la antigua insurgencia rebelde que hoy se encuentran en el parlamento, permanezca unida en torno a la prioridad fundamental de asegurar que el proceso electoral sea llevado a cabo de manera libre, justa y transparente.
El Comité, tomando nota de las tensiones que han surgido recientemente con respecto a las demandas de inclusión por parte de grupos sociales, valoriza y apoya altamente los esfuerzos del gobierno por abordar los temas que motivan esas tensiones a través del proceso electoral y de la asamblea constituyente, como también la decisión de aquéllos que buscan respuestas a sus demandas de hacerlo a través del diálogo y del proceso político. Es muy alentador para el Comité ver que están a punto de comenzar las negociaciones para encontrar los medios necesarios que aseguren la participación e inclusión de todos los ciudadanos dentro del sistema político del país.
La reubicación de las personas desplazadas durante el pasado conflicto, lo que se encuentra incluido en el Acuerdo de Paz, fue puesto de manifiesto.
Con respecto a la participación de la mujer en el proceso político, el Comité hizo resaltar el ejemplo de Nepal en esta región, donde se están tomando las previsiones para asegurar al menos un tercio de representación a las mujeres.
El Comité urge a la comunidad internacional a realizar mayores esfuerzos para dar apoyo a Nepal, en momentos en que el país continúa avanzando de manera positiva, y destaca especialmente el trabajo de Naciones Unidas en la supervisión del desarme de los antiguos insurgentes rebeldes, que comenzó en enero.
El Comité reafirma que la Internacional Socialista seguirá contribuyendo en todo lo que sea posible para fortalecer la democracia en Nepal, incluyendo el apoyo al proceso electoral en los meses venideros y enviando una delegación de la IS a observar la votación en el mes de junio.

3.
El Comité reitera la condena de la Internacional Socialista a la detonación de un arma atómica realizada por Corea del Norte en una prueba subterránea el pasado mes de octubre. Ese acto puso en peligro la paz y la estabilidad a través de Asia y del Pacífico y amenazó con debilitar los esfuerzos en favor del desarme y en contra de la proliferación en todas partes.
El Comité considera como algo muy positivo la reanudación esta semana de las conversaciones entre las seis partes, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, Rusia y los Estados Unidos. Las acciones multilaterales son la única manera viable para lograr paz y seguridad, y es solamente a través del diálogo y de los esfuerzos por lograr puntos de coincidencia que será posible reducir las tensiones e ir progresando hacia una solución de la actual disputa que involucra a Corea del Norte y del tema de la capacidad nuclear.
El Comité reconoce que la situación en la península de Corea es uno de los temas más difíciles que enfrenta Asia y el Pacífico hoy en día, un tema que puede adquirir repentinamente características inesperadas y peligrosas, y hace un llamamiento a una continua y determinada cooperación entre los países de la región y la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas, para asegurar un resultado duradero y de paz.

4.
El Comité, al considerar otras regiones y naciones de Asia y del Pacífico, constata que continúa existiendo un número de temas que revisten una grave preocupación para la Internacional Socialista:
En relación con Pakistán, el Comité deplora la falta de toda señal significativa por parte del gobierno militar que indique un avance democrático y reitera su solidaridad a su partido miembro, el Partido del Pueblo Paquistaní, PPP, en su continua lucha por la democracia y los derechos humanos en su país, asunto crucial para toda la región.
Junto con reafirmar la condena de la Internacional al golpe militar en Tailandia el pasado mes de septiembre, el Comité repite el llamamiento de nuestro movimiento a una pronta restauración de la gobernanza democrática, como así también de todos los derechos políticos y las libertades civiles que aún son denegados. Nota con preocupación el reciente aumento de la violencia política y de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares y reitera la posición de la Internacional en el sentido de que los problemas económicos y sociales solamente pueden ser resueltos a través de medios pacíficos y democráticos.
El Comité se encuentra muy preocupado ante los recientes sucesos en Bangladesh, donde preparativos extremadamente deficientes llevaron a la postergación de las elecciones programadas para enero y al establecimiento de un gobierno interino dentro de un clima de tensión y a menudo violento, marcado por la declaración de un estado de emergencia, las numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y los arrestos arbitrarios sin orden judicial de figuras pertenecientes a todo el espectro político supuestamente envueltas en corrupción. El Comité hace un llamamiento a las autoridades a actualizar y expurgar totalmente la lista de votantes, a reprogramar rápidamente las elecciones y a garantizar todos los derechos y libertades civiles con anterioridad a la votación. Al mismo tiempo, el Comité reafirma la solidaridad de la Internacional con la Liga Awami en sus esfuerzos por asegurar la gobernanza democrática en Bangladesh y por competir libremente en un proceso electoral justo y transparente.
Al reafirmar los esfuerzos contraídos hace mucho tiempo por la Internacional para ayudar a liberar a Birmania de la opresión, el Comité reitera su llamamiento a la inmediata e incondicional liberación de Aung San Suu Kyi y todos los otros prisioneros políticos, apoya la resolución acordada por la Asamblea General de la ONU en diciembre que llama al gobierno militar a poner fin a las operaciones militares de que son blanco los civiles y violan sistemáticamente los derechos humanos en las áreas étnicas, y urge al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a renovar esfuerzos para adoptar una resolución en favor de la democracia y los derechos humanos en Birmania.
El Comité deplora el golpe que tuvo lugar en Fiji el 5 de diciembre y la instalación de un gobierno militar interino, último impacto asestado a las perspectivas de un retorno a la democracia en ese país, y apoya plenamente los esfuerzos del Foro de las Islas del Pacífico para ayudar a la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Fiji.
Con respecto a las Islas Salomón, el Comité se muestra preocupado por la renovada amenaza de agitación social luego de las elecciones celebradas el pasado mes de abril. El Comité apoya los esfuerzos regionales tendientes a lograr estabilidad democrática y seguridad para todos los ciudadanos, y subraya el convencimiento de la Internacional Socialista de la importancia que tiene el desarrollo económico para la construcción y preservación de la democracia.
Los disturbios devastadores para la economía y la pérdida de vidas en Tonga el pasado mes de noviembre, cuando esa nación isleña luchaba por hacer la transición a un pleno gobierno democrático, han sido también un desarrollo inquietante, y el Comité apoya los esfuerzos de Nueva Zelanda, junto con Australia, para ayudar a la recuperación económica y definir un calendario para la reforma democrática.
En lo que concierne al Pacífico, el Comité reconoce los desafíos específicos que enfrentan los pequeños Estados isleños en las áreas de calentamiento global, para crear instituciones democráticas, lograr y mantener la autodeterminación y obtener estabilidad económica. El Comité reconoce el gran potencial natural y humano en el Pacífico, y hace un llamamiento a encontrar maneras en que ese potencial pueda ser desarrollado para beneficio de todos los pueblos de la región.
Con respecto a Timor-Leste, el Comité espera que las próximas elecciones presidenciales en el mes de abril sean la oportunidad para devolver la confianza en las instituciones democráticas del país, y urge a todas las fuerzas políticas en el país a respetar el resultado de la votación y a trabajar dentro del sistema democrático que constituye la mejor manera de avanzar para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo económico. El Comité reitera que la Internacional Socialista seguirá dando su apoyo a los esfuerzos de Timor-Leste por reforzar la democracia y llama a la comunidad internacional a profundizar la cooperación con Timor-Leste para asegurar el desarrollo y la seguridad sostenibles para todos sus ciudadanos y acuerda enviar observadores a las elecciones de abril.
La situación en Sri Lanka continúa muy preocupante, con la escalada del conflicto interno y cientos de miles de personas desplazadas por la guerra y por el desastre del tsunami del 2004. El Comité urge a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para lograr que el gobierno y los insurgentes retornen a la mesa de negociaciones y restablezcan el cese al fuego antes de que el conflicto se intensifique aún más.
Con respecto a Bután, el Comité se preocupa ante la falta de democratización y garantías y respeto a los derechos políticos y libertades civiles, y hace un llamamiento a la liberación de todos los prisioneros políticos actualmente encarcelados en el país. El Comité llama también a poner fin a la política mantenida por mucho tiempo en Bután de discriminación en contra de la población étnica nepalesa y de otras comunidades, miles de los cuales han huido a Nepal, y urge a la comunidad internacional, en particular a las naciones vecinas, a promover activamente una justa solución a la crisis de los refugiados, incluyendo la repatriación voluntaria de refugiados a Bután con plenos derechos de ciudadanía y protección de sus derechos humanos.
El Comité está profundamente preocupado ante el anuncio hecho por China en enero de que ha llevado a cabo ensayos de un arma anti-satélite, primer ensayo de este tipo desde la época de la Guerra Fría. Esta acción amenaza con provocar una carrera armamentista en el espacio y subraya aún más la necesidad de que la comunidad mundial redacte e implemente un tratado internacional que prohíba el uso de armas en el espacio.
El Comité reitera su apoyo al Partido Socialdemócrata de Japón en sus continuos esfuerzos por que se respete el artículo 9 de la constitución japonesa, como así también la política no-nuclear de Japón, los cuales proveen una base positiva y sirven de modelo para resolver disputas internacionales de manera constructiva y pacífica.



Cuando no se sabe entender a un pueblo:
El caso Prodi en Italia.


Matteo Dean*, La Jornada, México, febrero 23 de 2007.

Luego de 281 días de gobierno, Romano Prodi presentó su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros de Italia y remitió su mandato, como quiere la praxis, al presidente de la República, quien comenzará inmediatamente consultas para que un nuevo gobierno tome posesión. No resulta difícil entender las razones de unas dimisiones que quizás estaban en el aire, pero nadie esperaba tan prontas.
El actual gobierno es el resultado de las elecciones del 10 de abril del año pasado, en las cuales, con mayoría mínima de apenas 24 mil votos, la coalición de centro izquierda ganó la mayoría parlamentaria, lo cual permite indicar un primer ministro y, sobre propuesta de éste, otorgar la confianza a un gobierno. Hace menos de un año, la victoria de la coalición izquierdista causó entusiasmo en todos los que ya no podíamos con el conservador gobierno de Silvio Berlusconi. Más entusiasmo aún, considerando que en el nuevo gobierno entraban hombres y mujeres que hasta pocos meses antes estaban en las calles, junto al movimiento en contra de la guerra, en favor del ambiente, en contra de las políticas represivas hacia los migrantes.
En fin, había justas razones para volver a tener esperanza. Sin embargo, ya en ese entonces destacamos la posible crisis de un sistema representativo que no pudo otorgar la mayoría suficiente para gobernar "en tranquilidad" (La Jornada, 15/4/06). Hoy podemos reiterar esas consideraciones añadiendo quizás algunos aspectos que nada más las vienen a confirmar.
Es difícil detectar cuán representativo sea un gobierno. Se puede intentar hacerlo en los frenéticos días electorales, pero más aún en la acción misma de gobierno buscando entender el disenso que se genera en la sociedad.
Romano Prodi y su gobierno, señales en este sentido las han tenido. Quizás no hayan sido capaces de verlas y entenderlas. Sólo un mes después de haber tomado posesión formal, el nuevo gobierno pide "voto de confianza" -es decir, pide a la mayoría que lo apoya un voto ciego, sin debate- sobre un decreto legislativo que quiere restructurar las reglas de la competencia. Resultado: las farmacias de toda Italia cierran y los taxistas bloquean las grandes ciudades.
Llega el acuerdo y el gobierno se prepara a parir la nueva ley presupuestal para 2007. Mientras, el 28 de julio, el gobierno gana el debate en el Parlamento sobre el voto a las "misiones militares", centradas en la presencia en Afganistán. No obstante, a las pocas semanas, Prodi hace un esfuerzo notable para sacar la nueva ley presupuestal sobre la cual pesa aún la reforma al sistema de jubilación. Crece la tensión, alimentada también por la ruptura en el seno del gobierno sobre el voto a la ley de indulto, la cual saca más de 20 mil detenidos de las congestionadas cárceles italianas. Llega el 4 de noviembre, cuando, en una marcha en contra de la precariedad y en favor de la reformulación de las leyes del trabajo, una parte del gobierno, la llamada "ala radical" -verdes y comunistas-, baja a la calle, aparentemente en contra de él mismo.
Como prometido por el anterior gobierno, el primero de diciembre termina formalmente la misión italiana en Irak, mientras Prodi no logra aclarar sus ideas acerca de los CPT (centros de detención para migrantes ilegales). Y en diciembre la gota que derrama el vaso: la base de Vicenza y el problema de la guerra.
La movilización en contra de la construcción de una nueva base estadunidense en la pequeña ciudad de Vicenza puso al descubierto el sentimiento real de los italianos en contra de la guerra y sus instrumentos de muerte. Y esto Prodi y sus ministros no lo han entendido, llegando al miércoles 21 de febrero con la seguridad de que, si en la calle la protesta cunde, en el Parlamento todo saldrá bien. Tan bien, que por sólo dos votos el Senado de la República no aprobó la propuesta del gobierno italiano para política exterior, empezando por la presencia en Afganistán.
"Sólo estando en Afganistán podemos participar en la construcción de la paz", decía apenas al inicio de semana el ministro de Relaciones Exteriores Massimo D'Alema. "Es una misión de paz", repetía desde hace semanas. Y acerca de la base de Vicenza decía: "es responsabilidad italiana cumplir con los compromisos adquiridos porque rechazar la construcción (de la base) sería un acto hostil a Estados Unidos", confirmando las palabras de Prodi pronunciadas el día en que 200 mil manifestantes marcharon en contra de la base, el pasado 17 de febrero.
Pero la factura llegó el 21 de febrero al Senado, donde unos cuantos, pero decisivos senadores de la criticada "ala radical", se abstuvieron del voto decretando la derrota. Las críticas hacia estos pocos que no pudieron con su conciencia ya explotaron por varias partes. Cabe preguntar de quién es hoy la coherencia: ¿de quienes prometieron paz y derechos en la campaña electoral e hicieron otra cosa, o de quienes ayer marchaban en contra de la guerra y hoy, finalmente, llevan esa voz ahí, adonde los ciudadanos pacifistas los llevaron a ellos, al Parlamento?
Esto es lo que debe ser razonado por Prodi y sus ministros si quieren seguir trabajando.
* Periodista italiano



Que Colombia despierte


RAFAEL GUARIN, Nuevo Herald, Miami, febrero 23/2007.

Las revelaciones del ex ministro Fernando Botero sobre dineros del Cartel de Cali en la campaña liberal de 1994, las acciones concertadas de algunos militares con las AUC, la orden de detención contra nueve congresistas (el número aumentará) y la citación a indagatoria de dos gobernadores por vínculos con los paramilitares no han sido suficientes para que los colombianos reaccionen.
Los acontecimientos demuestran el grado de penetración de intereses ilícitos en la política. No son circunstancias coyunturales o hechos aislados, sino expresión de un complejo proceso de captura del Estado por parte de la delincuencia, ante la mirada indiferente o la complicidad de gran parte de la clase dirigente y de la sociedad.
El escándalo afecta gravemente al actual Congreso y con la renuncia de la canciller llegó a los corredores de la Casa de Nariño. En un escenario de exacerbada pugnacidad, algunos proponen el cierre del legislativo, otros la adopción de una ley de punto final o una reforma política. Todas propuestas en las que los ciudadanos no cuentan.
Los ofrecimientos de cerrar el Congreso suelen ser populares. Aun así, esa vía pisotea la Constitución y agravaría la crisis, pues, como es característico de los sistemas presidenciales, en Colombia no existe la disolución del parlamento o el anticipo de elecciones.
Además, la cuestión no se resuelve precipitando la escogencia de un nuevo Congreso o aplazando las votaciones locales. Eso no corregirá nada sin la previa y rigurosa aplicación de la justicia y el desmonte de las estructuras políticas sustentadas en el crimen. Mientras perdure el ascendiente de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y corrupción, las elecciones serán inevitablemente contaminadas por hilos siniestros. Los resultados de esa propuesta generarán frustración: otras figuras aparecerán con fuerzas ocultas en la trastienda.
La segunda ruta, la ley de punto final, tranquiliza a sectores políticos y económicos involucrados, pero es sinónimo de impunidad. Deniega justicia y desconoce los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las leyes de perdón y olvido del Cono Sur no son garantía para nadie. La experiencia enseña que contribuyen a generar sosiego transitorio sin otorgar seguridad jurídica y burlan el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Una decisión en ese sentido no impide a la postre sentencias judiciales de tribunales nacionales y foráneos por delitos imprescriptibles como los de lesa humanidad. Como si fuera poco, deja heridas abiertas, promueve la fragmentación de la sociedad y da eco al pretendido discurso político de fachada de las antiguas guerrillas, hoy convertidas en multinacionales de la droga.
Por otro lado, es equivocado pensar que es suficiente modificar la Constitución e ingenuo creer que el actual Congreso facilitará reformas de fondo. Aunque es apremiante revisar las reglas de juego, es más lo que se debe reclamar de la conducta de los políticos que de las instituciones mismas.
Las alternativas mencionadas parecen destinadas a enredar y distraer. Los esfuerzos deben apuntar a derribar las telarañas tejidas por los poderes de facto, para lo cual es indispensable que los ciudadanos rodeen a la Corte Suprema de Justicia y coloquen una lupa a la Fiscalía General de la Nación. Ese organismo tiene la obligación de investigar hasta la saciedad los aparatos electorales de los congresistas presos. Los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales militantes de esas organizaciones políticas tienen mucho que decir sobre las relaciones de sus jefes y las propias con los paramilitares. También las directivas de los partidos que los candidatizaron deben esclarecer su responsabilidad.
Pero lo más importante es no esperar a que el protagonismo provenga de los políticos. Es a los ciudadanos a quienes corresponde reaccionar, movilizarse y exorcizar los males colectivos. Se necesita un movimiento de resistencia civil frente a la impunidad y el delito, capaz de reconstruir una cultura que delimite la frontera entre la decencia y la ilegalidad.
Negarse a reconocer que el fondo del problema es la pasividad de la sociedad, su conciencia dormida y la indiferencia o complacencia con la fechoría, nos llevará un día a elegir en las urnas a Mancuso o a Jojoy. Para evitarlo Colombia debe despertar, apoyar la aplicación severa de la ley a los parapolíticos y, con idéntica firmeza, a los políticos relacionados con las guerrillas.
Profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.



¿QUE PASA CON EL VALOR DEL DÓLAR EN COLOMBIA?


Luis Carlos Guzmán R.

La economía abierta en un escenario de movilidad de capitales parte del supuesto del diferencial de tasas de interés para que se presente movilidad de divisas y por ende la cotización de la divisa en los mercados nacionales. Lo que llama la atención es que en los medios de comunicación colombianos se esté presionando al Banco de la República para que incremente la tasa de interés.

En la lógica simple; la apreciación de la moneda o la llamada por muchos revaluación del peso, está afectando seriamente el comercio internacional, varias empresas exportadoras se están viendo perjudicadas por que reciben cada día menos pesos por dólar de sus exportaciones. Así las cosas, se plantea la necesidad de incrementar la tasa de interés interna para que el precio del dólar suba. Mientras que los importadores se ven beneficiados puesto que los productos importados salen a menor precio de compra en el extranjero y a un precio más bajo de venta en el mercado nacional.

¿Qué dice la teoría? si la tasa de interés interna es menor que la tasa de interés internacional se presentaría una salida de capitales y por tanto depreciación de la moneda nacional (peso), es decir, devaluación. En caso contrario, si la tasa de interés interna es mayor que la tasa de interés internacional se presentaría un ingreso de capitales y por tanto apreciación de la moneda, es decir, revaluación, que afectaría más severamente a los exportadores pero beneficiaría abiertamente a los importadores, y perpetuaría la situación nociva en el sector externo.

Ahora, la presión de Fedesarrollo y los gremios a que el Banco de la República incremente la tasa de interés para detener la caída del dólar iría en contravía de lo anteriormente expuesto (la teoría económica). A no ser que los importadores estén utilizando crédito para traer sus productos, por lo cuál al incrementar la tasa de interés los costos del importador crecen y por lo tanto reduce el margen de ganancia de éstos o genera que el precio de los productos importados sea mayor en el mercado nacional. De lo contrarío, las teorías de libre comercio no se cumplirían en el país y por lo tanto lo que debemos esperar es que una vez se firme el TLC una avalancha de productos gringos a todo nivel invadan el país y quiebren a pequeños y medianos industriales en Colombia, cumpliéndose lo que los opositores al tratado aducen.
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Finalmente, en éste país al parecer las cosas se cumplen al contrario. Si hay pruebas pero el Cacique se enoja, y defiende al agresor social; la imagen del Cacique mejora, es aguerrido, y el agresor social es nombrado Cónsul. Si las pruebas son tan contundentes y éste es detenido y probablemente condenado, el Cacique se lava las manos, es noble, y su imagen sale favorecida. Que bueno es contar con un Vice-cacique que controle los medios y a sus trabajadores. ¡El monopolio es bueno!



Notas varias.



Ramón Elejalde Arbeláez

La medida de aseguramiento contra Jorge Noriega (NOTA del Boletín Virtual:“Noguera”), ex director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y ex cónsul en Milán, Italia, es un duro golpe contra el presidente de la República que se obstinó en defenderlo y en protegerlo a pesar de las gravísimas acusaciones que se le hicieron y que hoy encuentran respaldo en la decisión de un fiscal. Tantos funcionarios cuestionados y tantos escándalos hacen que la famosa meritocracia no pase de ser una buena palabra para la gradería. ¡Ah!, y otra cosa, el Presidente no puede seguir “metiendo la mano en la brasa” por algunos de sus funcionarios y amigos porque se va a quedar sin esas manitos y sin esos huesitos.
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Escribiendo de jugadas para la gradería no cabe la menor duda de que la designación del doctor Fernando Araújo como ministro de Relaciones Exteriores es otra de esas decisiones presidenciales que se hacen para que el respetable público vea las jugadas maestras de su presidente. Mucho provincialismo con este nombramiento. Un golpe de opinión en momentos en que los escándalos de la parapolítica van creciendo.
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Son tan frecuentes y notorias las iras presidenciales que ya le sacaron su chiste: Viajaba el doctor Uribe Vélez del Aeropuerto de Montería a su finca el Ubérrimo cuando vio a dos jóvenes a la vera del camino definiendo un conflicto a físico puño. El Presidente se baja del carro y les dice: “¿es algo personal o me puedo meter?” La arremetida presidencial esta semana, contra Piedad Córdoba, me parece sumamente injusta. Hice política al lado de ella y nunca le conocí debilidades por grupos al margen de la ley. Siempre la escuché defendiendo la institucionalidad y rechazando a los violentos al margen de la ley. Eso sí, Piedad es una mujer valerosa, que con frecuencia dice cosas que los demás mortales no somos capaces de pronunciar.
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Revivir el proceso ocho mil le sirvió mucho al Gobierno para tapar el escándalo de la parapolítica. Cayó como agua en un desierto. Los medios afectos al Gobierno se han dedicado a darle “inflador” al tema y los doctores Serpa y Gaviria se han dejado arrastrar por los micrófonos para que la cortina de humo continúe. El partido Liberal debe sacudirse de ese tema. No es justo que la institución sea la que siga cargando con tan duro lastre. Tampoco es justo que un ciudadano ejemplar como Horacio Serpa no merezca siquiera el apoyo de su partido. A propósito, escuché la peregrina tesis de que las investigaciones contra el copresidente del partido Alas-Equipo Colombia, doctor Álvaro Araújo, eran por hechos sucedidos cuando éste era Liberal. Quienes han defendido esa tesis, en una afrenta contra la inteligencia, deberían pedirle a la Corte Suprema la declaración del ex representante Luis Alberto Monsalvo, para que vean todas las cosas que hicieron en el Cesar durante las pasadas elecciones parlamentarias para impedir que el liberalismo obtuviera una curul en la Cámara de Representantes. La anterior explicación para no decir que Alas-Equipo Colombia ungió a su copresidente cuando ya era lo que era. ¡Santo Dios!
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Tomar los estudios de la ONG Arco Iris, que preside León Valencia, relacionado con las elecciones parlamentarias pasadas, en zonas de conflicto, como verdad revelada, me parece una infamia. En la lista de posibles congresistas involucrados en la parapolítica, que publicó el periódico El Tiempo esta semana, vi muchos nombres injustamente citados. Conocí de manera directa y cercana, durante los últimos cuatro años, el comportamiento del parlamentario Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas y no lo supongo jamás en esas andanzas. Carlos Arturo siempre fue un duro crítico del paramilitarismo y se opuso con todo a la Ley de Justicia y Paz sobre todo en lo que hace relación a los beneficios a los jefes de ese grupo. Como ese nombre, existen varios de los que dudo que puedan ser tildados de auxiliadores de grupos al margen de la ley, obviamente que mi labor no es absolver o condenar. Eso lo dirá la justicia.



EN DEFENSA DE LA DESCENTRALIZACION

MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Febrero 25 de 2007
La Constitución de 1991 consagró un proceso de descentralización en el que los Municipios y Departamentos tendrían una mayor autonomía política, fiscal y administrativa. Elemento esencial del esquema era la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, la cual debería ser del 46.5%. Estos ingresos, -mal llamados “transferencias” porque no son una dádiva que otorga el Gobierno nacional sino un derecho constitucional-, debían ser dedicados por los Departamentos y Municipios a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en materia de salud, educación y saneamiento ambiental. Este criterio de distribución operó hasta el año 2001 cuando, en medio de una profunda crisis económica y fiscal, se aprobó una modificación transitoria según la cual durante 6 años la Participaciones no serían un porcentaje fijo de los Ingresos de la Nación, sino que tendrían un incremento anual ligeramente superior a la inflación. Como consecuencia los recursos recibidos por las regiones se redujeron en $5 billones y las Participaciones disminuyeron como porcentaje del PIB (del 5.2% al 4.5%), del gasto público (del 20% al 18.2%) y de los Ingresos de la Nación (del 46.5% al 38%). En la reforma del 2001 se estableció que después del período de transición se debería volver a la situación anterior, es decir que en el 2008 las Participaciones deberían tener un incremento inmediato de unos $6 billones para volver a ser el 46.5% de los Ingresos corrientes, pero el Presidente Uribe ha presentado un nuevo proyecto de reforma constitucional para impedir este aumento y continuar con la fórmula de incrementos anuales ligeramente superiores a la inflación. Este proyecto ya fue aprobado en primera vuelta por las mayorías uribistas en el Congreso, y se espera que en la próxima legislatura complete su tramite. El Presidente ha afirmado que con su propuesta “no habrá un recorte de las transferencias” (insiste en llamarlas así), sino que en los próximos años pasarán de 17 a 20 billones de pesos. Es cierto que habrá un incremento en la cuantía, pero es falso que no haya un recorte, porque las regiones deberían recibir mucho más recursos. Se ha calculado que hasta el año 2016 los Departamentos dejarán de recibir $18.9 billones, y los Municipios $30..9 billones, para un recorte total de $49.8 billones si de nuevo funciona la aplanadora uribista en el Congreso. Para evitar ese despojo a las regiones, para defender el proceso de descentralización y para salvaguardar los intereses de Departamentos y Municipios frente a la voracidad centralista, el Partido Liberal y el Polo Democrático han lanzado la iniciativa conjunta de convocar un Referendo para que todo el pueblo colombiano se pueda pronunciar sobre la distribución de los recursos de la Nación. Para ello han iniciado una campaña de recolección de firmas con el objetivo de recoger 2 millones de firmas que respalden el proyecto de Referendo que sería presentado al Congreso en defensa de la descentralización. Por supuesto esta iniciativa ya ha sido rechazada por el gobierno y los tecnócratas con el argumento que es una propuesta populista que va a aumentar el gasto público y el déficit fiscal, poniendo en riesgo la estabilidad de la economía. Es un argumento equivocado. En el Referendo no se someterá al voto popular el monto del gasto público, lo que si sería irresponsable, sino su distribución, es decir quién ordena el gasto y a qué se destina. De hecho en el Plan de Desarrollo del gobierno se incrementa el monto de la inversión pública destinada a salud, educación, acueductos y alcantarillados en las regiones, pero con un buen porcentaje manejado centralizadamente por el Gobierno nacional, y asignado en los Consejos Comunitarios. La decisión sobre la cuantía del gasto público y el manejo del déficit fiscal es una decisión técnica que debe tomar en consideración todo el contexto macroeconómico nacional e internacional. Pero la decisión sobre si el gasto lo debe ordenar el Gobierno nacional de una manera centralizada, o si debe hacerse directamente en los Departamentos y Municipios, si es una decisión política en la que deben participar todos los ciudadanos. La democracia participativa requiere que todos apoyemos el Referendo en defensa de la descentralización.




¿Viene la peste?


César González Muñoz

La prensa mundial anuncia que los mercados de valores en todas partes están “nerviosos” por decir lo menos. El mercado chino de acciones había alcanzado una nueva cumbre el lunes de esta semana. El índice principal de la bolsa de Shangai registraba una ganancia del 14 por ciento en los dos primeros meses del año. Pero el martes cayó en un 9 por ciento. Este es el mayor descenso de ese mercado en un día desde hace una década. El 96 por ciento de las acciones transadas redujo su cotización.
Es interesante ojear los análisis típicos de los expertos sobre este acontecimiento. No hubo un hecho específico que explicara directamente el comportamiento del mercado chino. Especulación, es la palabra que más utilizan los expertos para tratar de explicarlo. Se dice que muchos inversionistas que habían hecho ganancias en las semanas anteriores corrieron a vender, para realizar sus beneficios. Se dice también que las alzas recientes parecían estar relacionadas con la apertura esta semana de la Sesión del Congreso Nacional del Pueblo, la máxima autoridad legislativa, dominada por el partido Comunista Chino. Los observadores dan como un hecho que esta vez el Congreso producirá reformas liberalizantes, particularmente en materia tributaria y que esta expectativa ya se había reflejado en los precios de las acciones.
Quizás en el resto del mundo las bolsas estaban esperando una noticia como ésta, que pone a uno de los principales mercados en la ruta de la inestabilidad, para reaccionar en cadena. El martes, los índices se cayeron prácticamente en todas partes. Los analistas han vuelto a señalar que los mercados de valores sufrían, hasta ayer, de una “exhuberancia irracional”, la frase famosa de Alan Greenspan, anterior jefe del banco central de Estados Unidos. Greenspan dijo además el lunes, como hablando por boca de la esfinge, que es posible que la economía de Estados Unidos entre en recesión en los próximos meses. Se publicó, además, un indicador que va en la misma dirección: Los pedidos de bienes durables en Estados Unidos cayeron casi un 8 por ciento en Enero.
Nadie sabe que irá a pasar en los próximos días. Lo único cierto es que, ante un elenco muy diverso de datos y proyecciones, los mercados de valores parecen estar poniéndose de mal humor. Entre los inversionistas hay el temor de que todas las grandes bolsas estén sobrevaloradas y que, en consecuencia, puede sobrevenir un ataque generalizado de realismo. Hay más gente esperando una caída del crecimiento económico en Estados Unidos y a escala mundial. De ribete, la tensión mundial por la disputa nuclear con Irán ha aumentado notoriamente en las últimas semanas. Temores, avaricia, conducta de rebaño, son algunos de los conceptos a los que deben recurrir los expertos para analizar el Gran Casino del que es cliente asiduo el capital internacional.
Si se materializa una tendencia a la baja de las cotizaciones a partir del golpe del martes, el mundo podría estar entrando en una fase del ciclo económico, similar a la que arrancó en el sudeste asiático hace una década. En ese evento, el impacto negativo sobre las economías latinoamericanas podría ser muy importante. Podrían venir días agitados para las autoridades monetarias de la región y, subsecuentemente, para los agentes económicos privados y para los responsables del manejo fiscal.
Y entonces se pondrá otra vez sobre la mesa la doctrina oficial de los gobiernos, que consiste en decir: Si nos está yendo bien, ello se debe a la irrestricta bendición que imparten las buenas políticas propias. Y si nos esta yendo mal, es por cuenta de los vecinos, o del resto del mundo. La peste siempre viene de afuera.

QUE JODA TAN ARRECHA


Horacio Serpa

Nadie imagina lo desgraciada que ha sido, para los integrantes de la campaña presidencial que eligió a Ernesto Samper en 1994, la etapa política que siguió al día en que se conocieron los narcocasetes. Especialmente para mí, que abracé de fondo la lucha electoral.
A partir de ahí nunca he tenido reposo. No me refiero solo a los cuatro años de gobierno. Tampoco al tiempo que transcurrió hasta que una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación penal, declarando mi inocencia. Hablo del lapso comprendido entre junio de 1994, hasta el momento en que escribí este artículo: casi 13 años después.
El proceso 8.000 ha sido un fantasma malévolo y perturbador que aparece en el momento menos pensado, a la vuelta de cualquier esquina, por los motivos más fútiles o perversos, la mayoría de veces sin ninguna razón. Siempre el 8.000, la financiación del narcotráfico, la amistad con Samper, la deshonra pública, el daño al país, el mal ejemplo a la juventud, el raponazo a la democracia y mil argumentos más que se utilizan para descalificar cualquiera de mis proyectos políticos, una propuesta pública o una simple opinión.
Me refiero, claro, a los argumentos de los adversarios políticos, muchos y poderosos, y a las opiniones de quienes no se dan tiempo para estudiar lo que ha pasado en el país y se dejan llevar por apreciaciones ajenas. Para ellos todos somos bandidos, responsables y debemos ser condenados al suplicio eterno o la lapidación pública.
Nada vale que la justicia hubiera investigado, procesado y condenado a varias personas. Para ellos reinó la impunidad, pues los sancionados merecían mucho más y los declarados inocentes lo fuimos por influencias, prevaricato o benevolencia.
El último episodio corrió por cuenta de Fernando Botero Zea, ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia, once años después de la entrevista que le dio a Yamid Amat. ¡Increíble! Enredando el cuento, fue tan eficaz en el propósito tratando de amortigüar los efectos políticos de la detención de los senadores uribistas, que mi Partido, en cambio de salir a denunciar el fraude en las elecciones de 2002, desestimó el fallo que me exoneró de responsabilidad y me echó a los tiburones. Como decimos en Santander: “que joda tan arrecha”.
No busco olvido ni conmiseración. Solo un poco de reflexión, para que finalmente se conozcan la verdad y los responsables. Quienes somos inocentes merecemos respeto ciudadano. Para contribuir a que desaparezca el fantasma, hoy estoy renunciando ante el señor Fiscal General a la preclusión que me exoneró y a la prescripción de la acción penal, si ya hubiere operado.
Muchos amigos me han expresado amistad y solidaridad. Se los agradezco. Les garantizó que esa confianza no será defraudada y que lucharé hasta el último minuto de vida, para que nadie nunca le pueda decir a Sebastián que su abuelo fue un bandido.
Apretadito: arrecho en Santander es sinónimo de enojo, dificultad, bravura. No se confundan por favor.
Bogotà D.C., 20 de Febrero, 2007




EDC: ¿Estatización gloriosa o venta leonina?


Andrés Matas Axpe

Es curioso escuchar los discursos en el acto de adquisición de la EDC por el estado venezolano. Paul Hanraham, presidente de AES, declara, “Hemos tenido una gran experiencia en Venezuela” y “No era nuestra intención salir de aquí”. Si le agregas que compraron EDC por 1.600 MM$, invirtieron 600 MM$ y ahora la venden por 740 MM$, no queda otra cosa que afirmar que el estado venezolano hizo un gran negocio y AES salió con tablas en la cabeza ¡Que brava es la revolución! ¡Como recuperamos la soberanía sobre una empresa estratégica!
Pero si observas con más cuidado verás que este acto de recuperar soberanía no es tan beneficioso, inclusive verás que se ha “recuperado” la EDC a un altísimo costo para la nación. El gesto soberano de la revolución ha sido pagado por todos los venezolanos sudando tinta y lo peor es que apenas empezamos a pagar. En los próximos años será cuando entenderemos lo que nos ha costado este gesto nacionalista. Veamos la realidad punto por punto.
Es cierto que AES compró EDC en 2000 por 1.600 MM$, pero no compró la empresa que ahora esta vendiendo, compró un conglomerado empresarial mucho mayor. Parte del acuerdo que hizo AES con algunos de los grandes accionistas de EDC fue venderles los activos de EDC en Colombia. Así, la participación de EDC en EPSA, Electrocosta y Electricaribe, fue vendida a Unión Fenosa, por una cifra que en su momento se mencionó en 235 MM$; mientras las inversiones en El Salvador se las vendió a su propia casa matriz, por una cifra que no se conoció. Con estas operaciones AES recuperó una parte de los 1.600 MM$ invertidos al comprar EDC.
También vendió Domegas y otras empresas que tenía en el país, de modo que lo que le está vendiendo ahora al gobierno venezolano es mucho menos de lo que compró. Que nadie se engañe con la cuenta simple de que compró a 1.600 y vende a 740, que quede claro que lo que está vendiendo es otra cosa.
Pero mucho más que eso, AES tiene por lo menos 4 años oyendo a nuestros patriotas revolucionarios decir que los van a estatizar. Nadie puede esperar que sean tan zoquetes que no se hayan preparado para el acto que tuvo lugar el jueves 8 de febrero. En tal sentido AES ha venido aplicando en estos años una política de descapitalización de la empresa y transferencia de recursos a sus accionistas del norte que disminuye el valor de lo que ahora están vendiendo. En primer lugar han venido deteriorando el servicio de forma inteligente, sin que se traduzca en apagones que la gente sienta, pero reduciendo el personal y sus costos asociados en áreas de atención al cliente, medición, facturación y mantenimientos no esenciales. Preservando siempre la repatriación de divisas a la casa matriz. Al mismo tiempo han liquidado un conjunto de activos que EDC reservaba para el futuro: terrenos valiosos preservados para construir subestaciones y muchos otros inmuebles que servirían para la prestación del servicio. Por eso señalo que en el futuro veremos realmente lo que nos está costando esta gloriosa estatización.
En 2003 compraron dos turbinas de gas a ser instaladas en un lugar llamado La Raisa, para ello se ampararon en un decreto de emergencia que surgió como respuesta al déficit que se esperaba en aquel año y que no se materializó por razones que escapan a este análisis, pero que les permitió el acceso a dólares preferenciales y exención de aranceles para adquirir unos equipos de segunda mano que le compraron a la casa matriz. De modo que ellos mismos fijaron el precio, se pagaron y se dieron el vuelto. Hoy, después de tres años, dichas turbinas todavía no se han instalado, por diversas razones que también escapan a este análisis.
Si bien hay que reconocer que AES ha sido castigada por la congelación de tarifas que sufren las empresas del sector desde 2002, y que esto ha sido aleccionador para entender que debían raspar la olla lo más rápido posible ante la acometida socialista, también hay que decir que EDC ha sido una de las pocas empresas que ha recibido alguna consideración por parte del gobierno. En tal sentido, el MEP decidió en 2006 reducir los precios del gas natural, en una medida imposible de entender, y cuyo único objetivo era complacer a EDC por sus quejas sobre lo insostenible de la congelación tarifaria. De tal manera que en vez de corregir las tarifas de la electricidad el gobierno decidió reducirles los costos vía menor precio de gas para hacerles soportable su situación. Hay que decir que las reglas tarifarias establecen que cualquier variación del precio del combustible debe ser traspasada al consumidor, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero en este caso el gobierno se hizo la vista gorda y permitió que AES se apropiara el beneficio del descuento.
Todas estas cosas permitieron que, a pesar de la situación hostil, AES lograse mantener un flujo de transferencias, por vía de dividendos o por mecanismos de distintos tipos, hacia su casa matriz. Pero la gota que rebasa el vaso y constituye el negocio del siglo fue la emisión de bonos por 1.000 MM$ que hizo EDC hace dos años. Cuando se realizó la transacción los relacionados con el sector nos preguntábamos ¿Qué van a hacer con tanta plata? Y la respuesta era muy clara: Endeudarse. La única razón para emitir bonos por 1.000 MM$ era aumentar los pasivos de la empresa. Ahora, en el momento de la venta, reconocen que invirtieron 600 MM$, y entonces ¿Qué hicieron con los otros 400? ¿Pagar gastos corrientes? Para nada, no les hacía falta, esos reales se los llevaron. La única razón del endeudamiento era aumentar sus pasivos con una deuda que ahora le están pasando al estado venezolano. De modo que nuestra revolución soberana paga 740 MM$ y se queda con una deuda de 1.000 MM$, total 1.700 MM$ ¡Que gran negocio! ¡Como recupera Venezuela sus sectores estratégicos!
En 2006 continuaron tomando medidas para protegerse y en tal sentido emitieron nuevas acciones para el público en general. Con la medida lograban dos propósitos, primero, disminuían su exposición al riesgo ante la anunciada estatización, y segundo, le ponían más difícil la decisión al gobierno, ya que así no se estatizaba a una empresa extranjera sino a miles de ahorristas venezolanos. Apenas pudieron llegar a 13% del capital accionario y, como vimos, el gobierno hizo caso omiso de los accionistas venezolanos, salvo anunciar que se respetarán sus derechos.
En su afán mediático por “recuperar un sector estratégico” para la nación, nuestros brillantes líderes revolucionarios han enterrado un montón de recursos que bien podían haberse destinado a atender a tantas necesidades perentorias de nuestro pueblo que ya aburre repetirlas, pero que a la larga pasarán factura. La situación es lamentable, pero es la consecuencia natural de poner por delante los objetivos políticos y olvidarse de los técnicos.
Asumiendo la responsabilidad del servicio eléctrico en Caracas la revolución se ha metido en un berenjenal y lo lamentable es que nos meten a todos sin preguntarnos. Porque el estado revolucionario, que ha venido deteriorando la capacidad gerencial del sector eléctrico público, al priorizar el compromiso con la revolución por encima de la capacidad profesional de los gerentes del sector, no tiene el músculo necesario para mantener la calidad del servicio que ha sido tradicional en la capital desde hace más de un siglo. AES tuvo la habilidad de reducir los costos al máximo para repatriar beneficios sin afectar la continuidad del servicio. Deterioraban la calidad, pero sólo en el trato a los clientes en las oficinas de atención al público y aumentando la facturación sobre la base de estimados en vez de mediciones. Pero tuvieron el cuidado de no afectar la continuidad del suministro que es en definitiva lo que determina el juicio que se le hace a la empresa. Hay que decir que hacer esto requiere una habilidad que nuestros gerentes revolucionarios no tienen.
Por eso es que por encima de lo costosa que nos ha resultado esta transacción a todos los venezolanos, apenas ahora es que comenzamos a pagar. En el futuro es que nos daremos cuenta de lo que verdaderamente nos ha costado, cuando todos los caraqueños tengan velitas en alguna gaveta y los apagones se hagan una costumbre igual que pasa en tantas otras regiones del país. Por suerte el servicio eléctrico es intensivo en capital y esto demora el colapso total. Pero a mediano plazo los caraqueños clamarán que les devuelvan su empresa, no la de AES, sino la viejita en la cual confiaron por un siglo y les prestó un buen servicio, tanto en momentos estratégicos como en otros normales.
matasaxpe@yahoo.com




Tráfico de mujeres
Mari Mari Narváez, marinarvaez@gmail.com, ESPECIAL PARA EN ROJO. Tomado de Borinquen Literario, que orienta en Puerto Rico Ana María Fuster Lavín.
Primero las ilusionan con promesas de trabajos estables en el primer mundo. Muchas de ellas –casi siempre las más arriesgadas, desesperadas y pobres- aceptan embarcarse hacia el destino prometido pero, una vez allí, la historia cambia por completo.
A Nam, una joven tailandesa, le prometieron transportarla hasta Canadá y proveerle allí un buen trabajo. Ganaría lo suficiente para pagar los gastos de su viaje y vivir cómodamente, según le dijo el hombre que la convenció a tomar el paso. Pero cuando llegó, la historia era otra. La hospedaron en un burdel y la obligaron a trabajar como prostituta sin ver jamás el dinero que hacía pues le descontaban los gastos del viaje y otros gastos de “vida” hasta dejarla en cero. Los gángsters que la tenían cautiva la hacían tomar pastillas anticonceptivas para detener su menstruación y la obligaban a acostarse con hombres todo el día y toda la noche, muchas veces sin siquiera proveerle profilácticos.
Las víctimas de este negocio suelen verse sin opción; en caso de poder escapar de sus torturadores, entregarse a las autoridades significa ser acusadas por entrada y permanencia ilegal al país. Cuando Nam fue ‘rescatada’ por la policía durante un operativo antiprostitución, pasó un año en cárcel antes de que la deportaran a su país.
“De aquí no se puede salir”, es el testimonio de Susana, de 21 años, víctima de tráfico. “Te cambian de sitio al poco y te amenazan con contarle todo lo que has hecho a tu familia y dicen que la policía te puede encerrar”.
La tendencia suele ser siempre igual: hombres transportando mujeres del tercer mundo a países del primero.
“Este mercado libre de sexo dirige a las mujeres pobres hacia los hombres más ricos -escribió Judith Mirkinson, investigadora, en la revista Earth Island Journal-. El flujo de mujeres pobres del sur al norte es el mayor aunque ahora hay un aumento en las mujeres del antiguo bloque de Europa Oriental. Los compradores más frecuentes están en Europa, América del Norte, Japón, Australia y Oriente Medio”.
El tráfico de mujeres está directamente relacionado la prostitución, la esclavitud, la migración, la pobreza y la violencia, ya que la mayoría de las mujeres expuestas a este negocio son inmigrantes utilizadas para la prostitución, no reciben el dinero que hacen de su trabajo y viven pobremente y en una atmósfera de violencia y amenaza constante.
Los casos más habituales y conocidos son los de mujeres asiáticas. No obstante, en los últimos años se ha visto un aumento significativo en el tráfico de mujeres latinoamericanas y caribeñas. A finales de la década del noventa, una investigación de las Fuerzas Especiales Combinadas de la policía canadiense develó el negocio de tráfico de mujeres asiáticas en ese país. Sin embargo, lo más común es hallar investigaciones de mujeres trasladadas a Europa occidental y Oriente Medio.
En EEUU, en especial la ciudad de Miami, el tráfico de mujeres es un secreto a voces y cada vez incluye a más mujeres latinoamericanas y caribeñas.
En Europa occidental nada más, las víctimas del tráfico femenino -con o sin consentimiento propio- suman a unas 500 mil y por lo general provienen de América Latina, Asia, África y Europa Oriental. El negocio deja a ese continente unos siete millones de euros al año sin contar la producción de los negocios marginales que confeccionan visas, pasaportes y otras identificaciones ilegales.
A nivel mundial, los estimados de Naciones Unidas apuntan a que el tráfico de personas con fines de explotación sexual mueve cada año entre cinco y siete billones de dólares.
En América Latina y el Caribe, esta práctica se remonta a la época de la conquista, cuando los españoles, en cumplimiento de la “ley de guerra”, tomaban o entregaban un “botín de mujeres” al vencedor.
Aún en el Siglo XX, la guerra siguió y sigue siendo un elemento detonante de esta situación. Después de cada guerra mundial, el tráfico de mujeres se exacerbó, siendo también víctimas las mujeres europeas que huían del hambre y el horror.
Según Susana Chiarotti, consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Latinoamérica, a pesar de la magnitud del problema, las legislaciones de los países de América carecen de una penalización adecuada para el tráfico de personas; incluso algunos códigos penales castigan con una pena menor el tráfico para propósitos de prostitución, advierte un informe de la Universidad de John Hopkins Washington DC.
“Como en ninguna otra situación, las mujeres víctimas de tráfico con fines hacia la prostitución, matrimonios serviles o prácticas similares sufren las consecuencias de la doble moral de los ciudadanos/as de las sociedades de acogida”, declaran los miembros de la Red Cántabra contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual. “Se demanda su presencia, pero por otro lado, se las maltrata y explota. Experimentan lo que es ser ‘deseadas’ como algo exótico y atractivo a la vez que ‘despreciadas’ por ser pobres, diferentes, mujeres, y prostitutas; una buena mezcla de racismo, xenofobia y machismo. La mujer traficada es en definitiva una víctima múltiple: de los traficantes, de los clientes, de sus circunstancias y de ‘la invisibilidad’ y proceso de exclusión en los que las sumerge la sociedad de acogida”.




Hasta dónde?


Juan Manuel López Caballero. Revista Dinero.


La pregunta que se hacen la mayoría de los colombianos es ¿hasta dónde llegará el proceso de la parapólitica? Personalmente pienso que la pregunta pertinente es: ¿Hasta dónde debería llegar?

Ante todo (y sin siquiera preguntar de dónde sacan los uribistas que a la ‘seguridad democrática’ se debe la actuación de la Corte) hay una realidad evidente –desfigurada por la habilidosa presentación del gobierno y sus comunicadores-, y es que los procesos que se siguen son prácticamente simbólicos puesto que ni las normas que se promulgaron tienen por propósito que en verdad se cumplan, ni habría la capacidad física de hacerlas cumplir.
Eso pasa con los juicios de la ley de Justicia y Paz, puesto que de los 30.000 ‘desmovilizados’ solo algo más de dos mil serían ‘judicializables’, de ellos solo 59 jefes han sido vinculados a procesos, y hoy con casi tres años de vigencia de la ley solo uno (Mancuso) ha cumplido con lo que no es sino la etapa de la ‘versión libre’, la cual es apenas parte de las previas de la Fiscalía (es decir faltarían indagatorias, alegatos, llamado a juicio y todo el juicio); como bien lo explicó el Fiscal, el armar un expediente dónde se debe estudiar el reclamo de miles de víctimas no es posible dentro de los plazos estipulados. O con las posibles sentencias, cuando la pena para los comandantes sería, según la interpretación más exigente, dos años más de prisión, y según la más aceptada no alcanzarían ni siquiera a salir los fallos cuando ya tendrían derecho a la libertad (si vale el tiempo desde que se ‘entregaron’ en Santa Fe de Ralito y si se acepta la reducción por buena conducta, tendrían ya en pocos meses la pena cumplida). O con la ‘reinserción’, donde su fracaso ha llevado a proliferar la delincuencia y los problemas en los sitios donde se ha buscado reubicarlos, excepto en Medellín, donde el programa ‘exitoso’ consiste en que mientras ellos han recibido durante dos años unas ‘ayudas mensuales’ superiores al ingreso del 95% de los colombianos, sus víctimas –es decir los desplazados- con dificultad tienen acceso a una comida diaria en las cocinas comunales. O con la prometida reparación a esas víctimas, donde el presupuesto para los casos ya conocidos, al calcularse por la metodología de la Corte Interamericana, superaría los 8 billones de dólares (20.000 millones de millones de pesos), mientras las expropiaciones a Mancuso (siendo uno de los grandes capos, y no solo del paramilitarismo sino aparentemente con otras conexiones) no llegan a la mitad de la milésima parte de eso. O con la cuasi-caricatura de convocatoria pública para escoger dos equipos de tres profesionales que deberán estudiar la forma de reparación a los tres millones de colombianos que sufrieron esta violencia y tendrán por misión “desarrollar un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad, situación socioeconómica y política de las Comunidades que fueron víctimas de grupos armados en casos focalizados en los departamentos de Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Santander y Antioquia”, con la obligación (entre otros 21 puntos) de “Caracterizar la situación socioeconómica de la población a fin de determinar su nivel de vida, esto incluye un análisis de información estadística discriminada en relación con el número de pobladores, dependencia económica, composición sectorial y generacional, étnica y grado de escolaridad.”
De lo anterior es evidente que no se podrá llegar ni a la sanción debida (Justicia), ni a la reparación debida. Queda entonces la inquietud sobre lo que concierne a ‘la verdad’, y sobre qué sería lo deseable dentro de lo posible.
Debido a la inquietud que produce en el mundo esa situación colombiana, el Gobierno Sueco –principal interesado y defensor de los Derechos Humanos- consideró importante adelantar un estudio científico del impacto político del fenómeno paramilitar, y para ello hizo un convenio con la Fundación Arco Iris. No se trata de un trabajo o un escrito de León Valencia para atacar al Gobierno. Él fue solo el coordinador de un grupo, conformado por profesores e investigadores de varias universidades colombianas, el cual se ciñó a una metodología eminentemente académica. Siendo el objetivo estudiar el crecimiento del Paramilitarismo como poder político, los pasos fueron bastante elementales: 1) detectar los sitios donde hubo cambios drásticos en la composición tradicional de los resultados electorales, bien sea en cuanto a personas o a nuevos partidos; 2) comparar esos cambios con la presencia de paramilitarismo en esos sitios. Los resultados son contundentes en cuanto a la fuerte correlación que aparece entre uno y otro. Los casos más conocidos, como los de Eleonora Pineda y Rocio Arias que se convirtieron en voceras oficiosas de esos grupos, tenderían a probar que hay algo más que una simple y extraña coincidencia. Las cifras del porcentaje de miembros elegidos –de 30% que decía Mancuso y de 30% en el 2002 y 32% en el 2006 que encuentra el estudio-, y el hecho que varios de ellos son los llamados a juicio, también tenderían a ratificar esa relación, aunque, como bien lo enfatizan, no todos los casos tienen la misma explicación, ni en algún juicio sería esto prueba judicial suficiente. Pero es que no es ese el fin del estudio, como tampoco lo es el de servir propósitos electorales; su destino es ayudar a entender hasta dónde hemos vivido ese proceso de paramilitarización, y hasta dónde se requiere un ‘acto de contrición y propósito de enmienda’ en el campo de la Política –así, con P mayúscula- para corregir un mal de la sociedad y no limitarlo a ‘casos personales’.

Si respecto a los actores directos de las actividades paramilitares es difícil precisar casos y responsabilidades, más lo es respecto a los beneficiarios; pero es claro que quienes contaron con el respaldo y la votación que ellos les consiguieron, no podían decir que fue a pesar de ellos, o que no sabían que el paramilitarismo era sinónimo de matanzas, motosierras, fosas comunes, desplazamientos forzados, etc. Porque hay diferentes visiones en cuanto al grado de culpabilidad al aceptar esos apoyos, pero nadie puede negar que tenían plena conciencia que gracias a ello llegaban al poder. Es decir, el objetivo de llegar al poder fue el lugar común de todo lo que hoy llamamos la parapolítica, y si es eso lo que queremos corregir es en ese campo donde se debe empezar. Mal se puede hablar de que no hay sino que castigar a las personas, pero que nada debe afectar la estructura política de poder así nacida o a quienes de ella se benefician. Si los votos que subieron a los hoy enjuiciados son viciados, lo deben ser para todo, para sus suplentes, para las listas a las cuales pertenecían, para la elección y reelección del Presidente, para los nombramientos que nacen de esas cuotas, y, en sentido contrario a la lógica del Presidente cuando pide a sus seguidores en el Congreso que mientras los meten a la cárcel voten sus propuestas, también deberían ser cobijadas las normas que a través de los elegidos por esos votos lograron concretar los objetivos que así se buscaron, como la Ley de Justicia y Paz o la reforma para permitir la reelección.



ES HORA DE TENER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE EMIGRACIÓN


Héctor Gómez Paniagua

La explosión repentina de la emigración de la clase trabajadora hacia países en donde solucionar los problemas personales derivados de la crisis económica en los últimos años, ha significado para Colombia un hecho social histórico, por la dimensión alcanzada y porque tendrá en el futuro implicaciones no solamente económicas sino políticas de gran trascendencia.
Las características y perfil del emigrante colombiano son muy significativas: provienen en su mayor parte de clases trabajadoras desempleadas, relativamente cualificados, agobiados por sus malas condiciones económicas , con experiencia en trabajos del sector industrial primario y de servicios, iniciado con osadía en una aventura de inmigración ilegal que sabe podía traerle graves consecuencias, con una filosofía de vida individualista de lucha por la supervivencia, con escasos recursos que le obligan a endeudarse en condiciones leoninas preocupantes, y por último, con un nivel cultural localista y provinciano, desconociendo los elementos básicos de la vida en un país desarrollado
Nadie ha estudiado el proceso espontáneo de emigración masiva para entender la velocidad con que se disparó el proceso, pero seguramente tiene que ver con la situación límite en que se encontraban personas que habían disfrutado de un nivel de vida sencillo pero suficiente, y que a través del boca a boca entre familiares y amigos de los primeros aventureros, resolvieron aprovechar una posibilidad arriesgada pero inmediata de solucionar sus problemas. También hay que agradecer a los justamente denigrados “traficantes” que imponiendo condiciones leoninas y muchas veces perversas fueron convenciendo a muchos candidatos, que sin la mentira y el optimismo que les transmitían no hubieran dado nunca el paso tan arriesgado de la emigración ilegal. Aquella era una actividad delictiva pero vista retrospectivamente fue la que favoreció y estimuló la emigración que tanto significado tiene ahora para el país.
En el caso de España, su vinculación al trabajo fue relativamente fácil porque era un momento de avidez de mano de obra, hasta el punto de que todos los inmigrantes de cualquier origen han sido absorbidos por el mercado laboral y en este momento representan un aporte del 1% al PIB español. En cuanto a los colombianos, según su experiencia laboral se fueron esparciendo por toda la geografía española, con gran complacencia de los empleadores medianos y pequeños. Peor lo tuvieron las mujeres, que representan el 60% de los colombianos, porque las que no tenían experiencia en el sector industrial, tuvieron que en principio entrar en el mundo del servicio doméstico, y otras fueron captadas por las mafias y sometidas a la prostitución. Superado el trámite de la legalización, ellas han pasado a trabajar en las grandes empresas en el sector servicios y es cada vez mayor el número de mujeres en la hostelería y el comercio
El llegar a la cifra total tan impresionante de casi 4 millones de personas en un período de tiempo de prácticamente diez años es un proceso tan espectacular que ni el mas avezado programa migratorio gubernamental de ningún país hubiera podido lograr jamás. Ha sido tan rápido y masivo que ha cogido por sorpresa a los últimos gobiernos, que en principio fueron alertados por las autoridades monetarias del potencial de aporte a la riqueza nacional de sus remesas de dinero y por las dificultades que ocasionaron a los funcionarios consulares en aquellos países preferidos como destino. Pero desde el primer momento en que se detectaron esos movimientos masivos de emigración, tendría que por obligación constitucional haberse armado un esquema de atención ciudadana para garantizar a esos compatriotas el disfrute de los derechos que en teoría debe el Estado garantizar a todos los ciudadanos.
Tratándose de un fenómeno tan impactante y ante la evidencia de que la situación ilegal de ese enorme colectivo de compatriotas sería muy complicada, se adelantó una actuación muy tímida ante los gobiernos de los países receptores, tanto en los Estados Unidos para la obtención de un Status temporal, sin mucho éxito, o en España, donde era complicado hacer nada ante la acritud y virulencia del gobierno del Partido Popular respecto a la inmigración, ya que generó un conflicto de opinión al asimilar inmigración con delincuencia y hacer una campaña que consiguió falsamente elevar en los sondeos el problema de la inmigración hasta el segundo lugar de las preocupaciones de los ciudadanos.
Con el ascenso del Partido Socialista al poder y la inclusión de la legalización de los indocumentados en su programa electoral, se abrió un abanico de oportunidades espectacular. Se trataba de ayudar a los casi 700.000 trabajadores ilegales a aprovechar la regularización consiguiendo una oferta de trabajo y algunos documentos fáciles de obtener. Las Asociaciones y ONGs. desempeñaron un papel fundamental ayudándolos en estas gestiones y gracias a ello se logró la formalización de casi la mitad de los aspirantes. Lamentablemente los que trabajaban por su cuenta y muchos empresarios medianos y pequeños que basan su competitividad en el costo mínimo salarial, no podían afrontar esa legalización, porque les representaba en algunos casos hasta un 40% mas de costos. Por eso, después de febrero del 2.005 queda un colectivo muy importante de trabajadores sin papeles que siguen en la clandestinidad o que esperan aprovecharse de un resquicio de la Ley que aprobó la regularización, según el cual se puede obtener por arraigo, demostrando haber vivido en España dos años y denunciando al empleador o tres años sin necesidad de denunciar a nadie.
Las actuaciones del gobierno en relación con los emigrantes llegó con mucho retraso y orientado principalmente a aprovechar ese potencial económico, como el estudiar mecanismos de orientación de las remesas hacia actividades productivas o promover la venta de apartamentos en Colombia organizando ferias inmobiliarias, pero sin criterio de responsabilidad política de considerarlos como ciudadanos, como lo demuestra el que en esas ferias no se promueve el informar al emigrante sobre las ventajas que tendría conseguir créditos muy baratos en España para comprar aquí o allá. Podrían haber tomado decisiones positivas que hubieran aligerado la situación económica personal, como hubiera sido el reducir el costo de los trámites consulares que son demasiado elevados (expedición pasaporte US$108- legalizaciones US$ 31)) y afectan el presupuesto familiar o atender a los que carezcan de medios para subsistir . La visión oficial ha sido de complacencia al comprobar que las remesas superan en 2.006 los US$ 4.000 millones, primer rubro de exportación, pero también en obtener de ellos ingresos consulares con los que pagar el servicio exterior y la Cancillería. Los gobiernos no han pensado que sin ninguna inversión, este sector es el que mas aporta a la riqueza nacional, y que no se le devuelve ninguna contraprestación.
El gobierno ha contratado expertos y encargado estudios muy interesantes sobre la problemática de la emigración, los cuales unidos a los que se hacen en organismos internacionales y en España pueden ser base de actuaciones futuras que beneficien a este importante colectivo. Entre esos estudios sobresale el que ha hecho el prestigioso consultor internacional Luis Jorge Garay (Estudios sobre Migraciones Internacionales y Remesas) con el apoyo de la Organización Mundial Migraciones, el DANE y muchas otras entidades oficiales y privadas, que aunaron esfuerzos para elaborar un completo diagnóstico sobre el perfil de la migración internacional del Área Metropolitana Centro Occidental y el impacto de las remesas en los patrones de comportamiento de las familias. Las conclusiones son tan completas que ofrecen todo un repertorio de datos técnico-científicos para cuando se decida diseñar políticas de emigración, ya que la región es muy representativa. Respecto a España, es el destino del 54% de los emigrantes de esa área, tiene un menor nivel de educación que el de USA, un promedio de edad de 34 años y el 54% de ellos son mujeres.
Un detalle muy importante detectado en aquel estudio y en otros hechos por Carlos Malamud en el Instituto Elcano de Madrid y por el BID, es el impacto negativo que produce el que las familias renuncien a trabajar en espera de la llegada de las remesas para su subsistencia, pues se estaría resquebrajando el esquema familiar y su articulación en la sociedad. El otro aspecto negativo subsiguiente es el de que los jóvenes en caso de reagrupación familiar llegan a los países extranjeros y se sienten marginados, con el peligro de que para protegerse y salir de su anonimato, se vinculan a bandas juveniles que acaban situándose fuera de la Ley.
Otra asesoría contratada por el Ministerio de Relaciones Exteriores es la del antropólogo Gerardo Ardila que con un grupo de expertos ha realizado un estudio titulado “Migraciones, Transnacionalismo y Desplazamiento” publicado por la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2.003 la Cancillería viene trabajando el tema de las migraciones con el programa “Colombia no Une” que trata de la vinculación con las comunidades de colombianos en el exterior y con el apoyo de la OIM decidió crear una red de investigadores con el objetivo de coordinar las instituciones involucradas en el tema . En 2.004 se instaló la Cátedra Manuel Ancizar de la que se han sacado buenas iniciativas sobre la problemática de las migraciones.
A nivel internacional se ha hablado con profundidad sobre estos temas en la Cumbre de Jefes de Estado de Salamanca de octubre del 2.005, en la Cumbre Unión Europea- América Latina en Viena en mayo del 2.006, y en reuniones de coordinación sobre los problemas con USA, celebradas en México, Cartagena y la ciudad de Antigua, en Guatemala. En las dos cumbres se dejó sentada en forma destacada la importancia que los países dan a los problemas migratorios y el compromiso de enfrentarse a ellos poniendo todo el empeño político de sus gobiernos en solucionarlos.
El Congreso Nacional de Colombia también está interesado en el tema de las migraciones y la presencia de los dos representantes elegidos por los emigrantes en las pasadas elecciones asegura que por dentro se trabajará muy fuerte en temas que beneficien a ese colectivo. Recientemente fue creada la Comisión Accidental Migratoria, integrada por siete senadores y los dos representantes al Cámara elegidos por los emigrantes. Esta Comisión, presidida por la Senadora Piedad Zuccardi de García ha aprobado un programa de trabajo orientado hacia la totalidad de los problemas que afectan al emigrante y con la participación de todas las entidades que tienen alguna injerencia en el tema. Coincide con todas las bases mencionadas por la totalidad de investigadores que he mencionado y hace especial énfasis en que se incluyan las políticas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta larga relación de actividades de entidades públicas y privadas demuestra que el tema de las migraciones está en el primer plano de la actualidad, y eso es conveniente, justo e indispensable si se quiere definir una política oficial en la materia. Pero también ha hecho falta la voluntad política que permitiría al gobierno tomar medidas sin necesidad de esperar a una legislación que pudiera tardar demasiado tiempo en aprobarse. Actuaciones para abaratar el costo de las remesas y las gestiones consulares de los trabajadores, presionar para una fácil homologación de títulos y nombrar personal especializado para mejorar el tratamiento a los compatriotas en los consulados, podría comenzar a aplicarse mientras un Estatuto defina los servicios sociales que el Estado debe dar al ciudadano, fije las reestructuraciones necesarias en los ministerios y disponga los presupuestos para la atención integral del ciudadano, repatriación de insolventes, y lo mas importante, concebir un sistema de incentivos para todos aquellos que se asocien e integren en Comunidades en cada país.
Todos estos trabajos están muy bien y tienen sentido y justificación, pero dejan la impresión de que se trata de investigaciones científicas que ya llevan cuatro años, que todos coinciden en el diagnóstico, y que no llegan al beneficiario final, que debe ser el emigrante, que quiere menos teoría y mas hechos reales que faciliten su vida, sin que sea necesario esperar a que se creen vínculos fluidos de relación con las comunidades en el exterior, sobre las cuales Gerardo Ardila señala en su obra las dificultades para constituirse por la desconfianza y la insolidaridad que caracteriza al colombiano. Esto puede tener origen en el individualismo que genera la precaria situación del desempleado colombiano que lucha a brazo partido para sobrevivir, dejando marcada su personalidad en su visión de la vida y de las relaciones con los demás.
Las características y problemas que cada experto va aportando en sus investigaciones forman un esquema sociológico muy peligroso porque derivará en problemas políticos, culturales, económicos y sociales. La actitud negativa del emigrante debe ser recogida y reconducida dentro de un proceso de reconversión, pues de lo contrario, tendremos mas problemas de convivencia que los que tenemos hoy. No hay duda de que la diáspora va a marcar un sector muy grande de la población. Cuatro millones de personas, el 10% de la población, ejercerán una influencia positiva o negativa en al menos 10 millones de personas que serán su entorno inmediato, y dentro de ellos la juventud puede crecer con una mentalidad abierta, cosmopolita y universal, o encerrados en criterios marginales, localistas, egoístas que cierren su paso al mando globalizado que tendrían que enfrentar en el futuro.
Los estudios hablan mucho del papel de las comunidades, pero en realidad no hay comunidades ni se ha hecho un buen trabajo para organizarlas. En España, a pesar e todos los esfuerzos de la Embajada y el Consulado, es imposible lograr una unión de todas las asociaciones existentes para trabajar conjunta y solidariamente en ningún proyecto, aunque sea beneficioso para sus integrantes. La formación de comunidades se facilitaría en la medida en que estén integradas en una política nacional de defensa del ciudadano en el exterior, en la creación institucional de un órgano permanente de observación y gestión en que ellos sean protagonistas. La idea sería la aprobación legislativa de un Estatuto del Emigrante, similar al que acaba de aprobar el Congreso de España, que recoge todas las prerrogativas que se otorgan al ciudadano que desde el exterior contribuye como el que más en la construcción de la nacionalidad.
España se ha puesto a la cabeza de los países con mejor ”estado de bienestar”, con buenos sistemas universales sanitarios y de educación, con regímenes de pensiones y ayudas no retributivas para personas mayores y sin recursos y con leyes como la de dependencia, que garantiza ayuda personal a todos aquellos que no pueden valerse por si mismas. Tiene una experiencia de mas de cien años de atención a los emigrantes, con políticas que han dado un trato de respeto y consideración a todos los que viven en el exterior, garantizándoles los mismos derechos que al resto de ciudadanos. No han hecho muchos estudios técnico –científicos porque los problemas los conocen a través de un servicio consular que está conectado con el emigrante y atiende con esmero las necesidades de un colectivo que ahora es solo de un millón y medio de personas, con remesas que son la mitad de las que envían los colombinos a sus familias
El gobierno español presentó al parlamento un Proyecto de Ley que reuniera toda la legislación anterior y actualizara las prestaciones y servicios. El resultado ha sido una ley modélica, que debiera servir de modelo para los países exportadores de mano de obra, como Colombia, salvando las diferencias financieras, al ser España una potencia económica con recursos suficientes para organizar un sistema de prestación local de servicios sanitarios integral, de pensiones y seguridad social para los que no los tienen, y culturales, educativos, etc, En nueve meses de trabajo efectivo, con aportaciones de todos los partidos políticos, se aprobó la ley que al final pasó a llamarse Estatuto de la Nacionalidad Española en el Exterior, porque además de atender a las necesidades de los emigrantes, se preocupa por la permanencia de los valores de la nacionalidad y su vínculo ciudadano al facilitar el entronque en el país de los que deciden regresar. Vale la pena estudiar las características de este Estatuto, como curiosidad por la garantía que ofrece un país respetuoso de los derechos de los ciudadanos a los que participan desde el exterior en el esquema de su sociedad, con la envidia que puede darnos el que ellos tienen suficientes recursos y voluntad política para cumplir sus preceptos constitucionales.
www.hegompa@hotmail.com
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Madrid, febrero de 2.007



Efectos del cambio climático sobre la salud


José Aranda. Economista y estadístico, revista Cinco Días, España, febrero 21 de 2007.

La reciente visita a España de Al Gore, presentador de la película Una verdad incómoda, ha servido para alertar sobre el problema del cambio climático mucho más que las denuncias que se han venido produciendo durante los últimos años por parte de la comunidad científica y de algunos grupos ecologistas. No está mal que el cine, en este caso de la mano de alguien tan famoso como un ex vicepresidente de Estados Unidos, contribuya a que se adopten medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero, como las que ya se están tomando en España y las que debieran aplicarse en el propio Estados Unidos, principal emisor de gases y que insolidariamente no ha suscrito el Protocolo de Kioto.
Tener conciencia del problema es, sin duda, el primer requisito para encontrar una solución que, lejos de generar inevitablemente la crisis de algunos sectores, puede producir grandes oportunidades de negocio a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio y de Aplicación Conjunta, establecidos en el Protocolo de Kioto y que permitirán obtener beneficios mediante inversiones en tecnologías limpias y la modernización de los sectores económicos.
Sin embargo, esta conciencia ciudadana sobre tan grave problema como el que acecha al futuro de la humanidad se relaja al vaticinarse determinados desastres, como el aumento del nivel de las aguas o la desertización de amplias áreas geográficas, en escenarios tan alejados en el tiempo que difícilmente serán conocidos por muchos de quienes vivimos actualmente. Por ello, es importante no ocultar los males que ya están presentes entre nosotros para, de esta forma, evitar que se puedan presentar posiciones insolidarias con las generaciones futuras y conseguir que la sociedad sea consciente de que no se puede dilatar la toma de medidas para la mejora del medio ambiente.
Uno de los campos que más próximos resultan a las personas es el de su salud y existen datos que señalan la contaminación del agua y del aire, el ruido o la utilización de sustancias químicas peligrosas como posibles causas del aumento de alergias, enfermedades respiratorias, casos de cáncer o alteración de sistemas hormonales.
El Instituto Nacional de Estadística, en el libro La sociedad española tras 25 años de Constitución, se ocupó de este problema anunciando el proyecto estadístico de elaborar una batería de indicadores que midieran los principales aspectos medioambientales y su incidencia sobre la salud, bajo responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la colaboración de la Oficina de Estadística Europea (Eurostat). Pero el caso es que, cuatro años más tarde de iniciado dicho proyecto, se está lejos de contar con esos indicadores que, junto a lógicas dificultades metodológicas, tienen el problema añadido de que, caso de demostrarse relaciones de causa efecto entre determinadas emisiones y algunas muertes o enfermedades, podrían dar origen a la solicitud de indemnizaciones por parte de los afectados.
A la espera de esta batería de indicadores, y como ya se hizo en el libro mencionado, se puede observar qué está pasando con la evolución de determinadas causas de muerte que, a juicio de los expertos, se pueden suponer influidas por factores medioambientales.
Aprovechando los datos que ha publicado el INE recientemente sobre la estadística de causas de muerte correspondientes al año 2005, se observa que el total de fallecidos, que ascendieron a 387.355, multiplicaba por 1,3 las 289.344 muertes registradas en el año 1980, evolución razonable en función del aumento de población y del envejecimiento que registra la población española.
Pues bien, frente a este incremento, se aprecia que algunas causas de muerte que pueden tener relación con la desaparición de la capa de ozono, como las de la piel (excepto tumores), se han multiplicado en estos últimos 25 años por 6,1, los melanomas malignos de piel se han multiplicado por 4,6 como causas de muerte y el tumor maligno del aparato respiratorio se ha multiplicado por 2,2. También se aprecia que, desde 1980 hasta 2004 (se toma este dato por no estar aún disponible la clasificación detallada de causas de muerte de 2005), las muertes por linfoma NO Hodking se han multiplicado por 6,2, las producidas por leucemia por 1,7 y las causadas por mieloma múltiple por 3,3.
Que existan causas que casi quintuplican la evolución media de la mortalidad mueve a pensar en que, efectivamente, el medio ambiente precipita determinado tipo de enfermedades y en lo necesario que es, por tanto, avanzar en ese proyecto de indicadores que puede constituirse en una señal de alerta permanente de las consecuencias que su deterioro está teniendo sobre nuestra salud.



Uribe y sus funcionarios


Juan Manuel López Caballero.

El nombramiento o continuidad de un alto funcionario debe depender de dos criterios: 1) que le sirva al Estado; y 2) que le sirva al gobernante.

Primero, como requisito esencial y no como un atributo eventual, que tenga las capacidades y la idoneidad para desempeñar las funciones del cargo; se debe dar esto por obvio, pero, además, que deba ocuparlo o no depende de qué le convenga al país, y no es un derecho que se adquiere como premio a los méritos o a la trayectoria del individuo.

Y segundo, siempre y cuando se haya satisfecho lo primero, que cumpla ciertas necesidades que tienen los gobiernos de dar representatividad regional, o partidista, o de agradecer respaldos electorales, o de aprovechar habilidades o conexiones con el Congreso, con los medios, etc.

En el caso del posible retiro de Maria Consuelo Araujo se argumentó que esa posición la tenía por mérito propio, que era injusto que las acusaciones contra sus familiares repercutieran en su carrera, que su desempeño y sus resultados eran satisfactorios, etc. El punto a decidir era si al país le convenía que ella mantuviera ese cargo, o más exactamente, que ejerciera esa representación bajo las nuevas circunstancias que habían aparecido.

Más que injusto que se haya tenido que retirar fue que tuviera que pasar por la etapa de ataques y ofensas inmerecidas que padeció al achacarle a ella una supuesta ambición, un deseo de ‘atornillarse al puesto’, cuando la decisión no estaba en sus manos, puesto que ni podía quedarse contra la voluntad del Presidente, ni le correspondía a ella decidir sobre la importancia que tenía su salida para el país o para el Gobierno.

Y el problema radica justamente en que el Dr. Uribe decide en función no de qué le conviene al país, sino de cual es el interés de él al respecto; y lo que es peor, en función de ese temperamento que él reivindica de ‘combatiente’ –es decir, motivado más por ‘dar la pelea’ que por los resultados que se buscan.

Lo cual viene al caso respecto a los nuevos nombramientos en los Ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores:
Aunque no hay ninguna duda que el Dr. Zuluaga servirá como escudero y ayudará en las relaciones con el Congreso, es decir responderá al segundo criterio de ser útil al Presidente, tienen razón quienes se preguntan si sirve al país que maneje sus finanzas públicas alguien sin ningún antecedente ni trayectoria al respecto, o si eso ayudará ante los famosos ‘mercados y organismos internacionales’. Pero según parece fueron las reservas respecto a los antecedentes electorales planteados por el informe de la Fundación Arco Iris el acicate definitivo para que el Dr. Uribe se decidiera por él.

Y si bien la designación del Dr. Araujo parece genial para dar cupos a la Costa, al Conservatismo, al Pastranismo, y para blindarse contra los cuestionamientos en relación a la actitud frente a los retenidos por la guerrilla y al acuerdo humanitario, despierta dudas si para el país es conveniente que no se tenga en consideración sus condiciones psicológicas y su falta de estar empapado de la situación mundial, las que limitan infortunadamente a quien ha pasado seis años en cautiverio, aislado del mundo. Pero también en este caso parece que el que fuera cuestionado por los procesos penales que cursaban en su contra produce en el Dr. Uribe la adrenalina que lo motiva a definir los nombramientos.



Carta desde Bogotá
LA NARCOREPUBLICA


Guillermo Pérez

‘’Colombia es una narcodemocracia’’ dijo, al despedirse del país, el director de la DEA, el estadounidense Joe Toft, que había tenido a su cargo la investigación de las grabaciones que involucraban al entonces presidente, Ernesto Samper, con los dineros del narcotráfico. ‘’Gringo mentiroso’’ fue el calificativo que muchos le endilgaron al funcionario extranjero, quien desapareció en la burocracia no sin antes dejar a periodistas y funcionarios extranjeros con la boca abierta y la certeza de que algo muy grave estaba ocurriendo.

Pero como es tradicional en Colombia, donde supuestamente nada pasa, la frase cayó en el olvido. Nadie se volvió a acordar de ella hasta ahora, cuando hechos vergonzosos están demostrando que Toft tenía razón: somos una narcodemocracia, un país dominado por cuadrillas que se lucran de los negocios derivados de la amapola y la coca.

¿Cuándo caímos en las redes del narcotráfico? Si hacemos memoria, fue hace pocos años, desde el momento en que alguien descubrió que las drogas prohibidas eran buen negocio y que en los países ricos la gente de todos los estratos está dispuesta a pagar millones y millones para satisfacer sus vicios. Gentes que se lucraban del contrabando, los atracos y la economía subterránea se volvieron exportadoras de drogas. En pocos años, algunos se enriquecieron tanto que montaron zoológicos, colecciones de automóviles, construyeron fincas con piscinas olímpicas, copiaron los clubes más famosos, asombraron a todos con sus excentricidades y hasta se dieron el lujo de declarar la guerra al Estado. Asesinaron ministros, periodistas, candidatos presidenciales, dirigentes políticos, obispos, militares, policías y hasta todo un partido político de izquierda.

A raíz del secuestro de una hermana de afamados narcos, se decidió la fundación de organización de autodefensas, para combatir a sus peores enemigos, la guerrilla. Que también decidió incursionar en el tráfico de heroína y cocaína, para financiar a sus inmensos ejércitos, que se habían iniciado en el negocio como vigilantes de cultivos y laboratorios. En ese instante se volvió insoluble el conflicto bélico y se abrió el camino para la creación de ejércitos privados al servicio del narcotráfico. Paramilitares se les bautizó por el hecho de portar uniformes, tener una organización castrense y contar con estructura vertical en la que hay generales, oficiales, suboficiales y tropa. Sí. Igual que la guerrilla, que también es organización uniformada, similar a las SS nazis o a las milicias cubanas. Inclusive, a la Policía colombiana o a la Guardia venezolana.

El objetivo de los paras, además de colaborar con el narcotráfico, fue combatir a la guerrilla. Ese detalle les permitió apoderarse de muchas administraciones municipales y departamentales, convertirse en defensoras de los ganaderos, comerciantes y agricultores (las principales víctimas de la subversión) y reemplazar a la Fuerza Pública. Además, y ésto es lo peor, hacer el trabajo sucio, apoderarse de las tierras de los campesinos y transformarse en el poder tras el trono, elegir parlamentarios, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos y adueñarse de los dineros públicos destinados a la salud, la educación y la inversión social.

El poder paramilitar creció como la espuma, hasta el punto de que tres de sus más destacados jefes se presentaron en el Congreso y hasta pronunciaron discursos. Algo bastante insólito si se piensa que Estados Unidos persiguen al narcotráfico con más ahínco que al terrorismo. Por eso, pocos dudan que algún día el presidente Alvaro Uribe se verá obligado a enviar a varios jefes paras a los Estados Unidos, (que en los años 80 financió el paramilitarismo, según el periódico Philadelphia Inquirer) para que respondan allí cargos por tráfico de sustancias prohibidas. Será la única manera de probar que Colombia no es una narcodemocracia, pues de lo contrario, por muy amigo que ahora sea del presidente Bush, el mandatario colombiano corre el peligro de tener la misma suerte que su exjefe Ernesto Samper: que le quiten la visa. .


A Samper no lo deja descansar el pasado. Hace poco ocurrió episodio que ratificó algo sabido: el expresidente se equivocó en materia grave al escoger como una de sus manos derechas al nieto de Germán Zea e hijo del maestro Fernando Botero: el exconcejal Fernando Botero Zea, quien ahora lo acusó, lo mismo que al exministro Horacio Serpa, de estar enterados del ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de 1994.

Tremenda revelación. Pero extemporánea. Fue la cuarta oportunidad en que Botero habló sobre el tema. Y la primera en que sostuvo que él si sabía del ingreso del dinero de los Rodríguez Orejuela a la tesorería encomendada al anticuario Santiago Medina. La confesión se produjo pocos días después de que la justicia dictaminara que Botero se había apoderado de un millón de dólares de la campaña samperista. Se confirmó, tristemente, la infiltración de dineros calientes en el más alto nivel de las campañas políticas.

Consecuencia inmediata de las declaraciones de Botero, condenado por la justicia colombiana, fue nueva división del partido liberal. El actual jefe único, César Gaviria, le negó el respaldo a Samper y a Serpa, al sostener que no era suficiente una sentencia judicial para involucrar al viejo partido de la bandera roja con los problemas de dos de sus militantes, que debían asumir su propia defensa. ¿Quién dijo miedo? De inmediato, el expresidente y el excandidato rompieron relaciones con el jefe único. Quien se sacó así una vieja espina: Samper se negó a dejar en la Presidencia a su vicepresidente gavirista, Humberto de la Calle, obligado a renunciar y reemplazado por Carlos Lemos, beneficiado con ‘’paloma’’ en el Solio de Bolívar. A su vez, Serpa atacó al exnadaista y exvicepresidente con discursos en los que lo comparó con un animal (el armadillo) que ni sube ni baja ni se queda aquí tampoco.

Entretanto,el escándalo de la parapolítica le costó el puesto a la canciller María Consuelo Araujo, llevó a la cárcel a nueve congresistas, todos ellos gobiernistas, y tiene al borde de un ataque de nervios a varios más, que ya tienen preparados maleta y colchón para conocer el pabellón de baja seguridad de la cárcel de La Picota.

Distintas fórmulas se han buscado para tender cortina de humo sobre el grave caso que ha mostrado la pavorosa infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en la actividad política. Unos han hablado de ley de punto final, para echar manto de olvido a lo ocurrido y otros se han atrevido a sugerir nuevas elecciones, en tanto que conocido congresista uribista, altoparlante presidencial, lanzó la idea bomba: una reforma constitucional para establecer aquí régimen parlamentario que permitiría a Alvaro Uribe quedarse en el poder hasta que San Juan agache el dedo. Por una razón: ¿quién elegiría los Congresos? Fácil: los paras.

El escándalo del ‘’paragate’’, como lo bautizaron en Washington, promete convertirse en la mecha de explosión que puede producir revolcón de inmensas proporciones, nunca visto en una narcorepública acostumbrada a los hechos más absurdos. Talvez por eso, en las tertulias ronda una pregunta: ¿qué país le vamos a dejar a nuestros nietos? GPT



DECLARACION DE KATMANDU


Reunión del Comité Asia-Pacífico de la Internacional SocialistaKatmandú, Nepal, 10-11 de febrero de 2007
1.
La población de esta extensa y dinámica región del Asia-Pacífico ha llegado a un punto crítico en sus esfuerzos por hacer frente a los desafíos que se presentan para hacer avanzar y consolidar la democracia y asegurar la paz y la estabilidad, dentro y entre las naciones.
El Comité Asia-Pacífico de la Internacional Socialista subraya que cada vez se hace más urgente la necesidad de promover estos objetivos a través de una acción política sostenible, decidida y consensuada por parte de las fuerzas socialdemócratas, de los partidos políticos y de otras organizaciones afines en la región del Asia-Pacífico, para que el progreso obtenido en décadas recientes pueda ser mantenido y para asegurar que todos los ciudadanos de la región se beneficien de las ganancias conseguidas.
El Comité nota con gran preocupación las conclusiones del cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, PICC, y los efectos potencialmente devastadores del cambio climático en muchas partes de Asia y del Pacífico, y apoya plenamente la decisión de la Internacional Socialista en su Consejo de Santiago en noviembre, de establecer una Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible.
El Comité reafirma la importancia fundamental de los valores y principios socialdemócratas, especialmente la solidaridad, la justicia social, los derechos humanos, el diálogo y la cooperación internacional, al encarar estos desafíos.

2.
El Comité se complace en celebrar esta reunión en Katmandú, como parte del conjunto de los continuos esfuerzos realizados por la Internacional Socialista con el fin de ayudar a poner fin a los conflictos y proteger y fortalecer la democracia en Nepal, y para manifestar una vez más nuestra solidaridad con el pueblo nepalés, con la coalición de ocho partidos - en particular el partido miembro de la IS, el Partido Nepalí del Congreso - y el Primer Ministro Girija Prasad Koirala, en sus esfuerzos por asegurar un futuro democrático, en paz y de más esperanzas para todos sus ciudadanos.
El Comité, de acuerdo con las anteriores declaraciones de la Internacional Socialista, reitera el apoyo de la socialdemocracia en toda la región del Asia-Pacífico al Acuerdo Integral de Paz de 2006, y urge a que el Acuerdo sea implementado y respetado por todas las partes involucradas. A este respecto, el Comité expresa su esperanza de que, en momentos en que el gobierno del Primer Ministro Koirala se prepara para las elecciones del mes de junio a una Asamblea Constituyente que redactará una nueva constitución nacional, la coalición de ocho partidos, incluyendo a la antigua insurgencia rebelde que hoy se encuentran en el parlamento, permanezca unida en torno a la prioridad fundamental de asegurar que el proceso electoral sea llevado a cabo de manera libre, justa y transparente.
El Comité, tomando nota de las tensiones que han surgido recientemente con respecto a las demandas de inclusión por parte de grupos sociales, valoriza y apoya altamente los esfuerzos del gobierno por abordar los temas que motivan esas tensiones a través del proceso electoral y de la asamblea constituyente, como también la decisión de aquéllos que buscan respuestas a sus demandas de hacerlo a través del diálogo y del proceso político. Es muy alentador para el Comité ver que están a punto de comenzar las negociaciones para encontrar los medios necesarios que aseguren la participación e inclusión de todos los ciudadanos dentro del sistema político del país.
La reubicación de las personas desplazadas durante el pasado conflicto, lo que se encuentra incluido en el Acuerdo de Paz, fue puesto de manifiesto.
Con respecto a la participación de la mujer en el proceso político, el Comité hizo resaltar el ejemplo de Nepal en esta región, donde se están tomando las previsiones para asegurar al menos un tercio de representación a las mujeres.
El Comité urge a la comunidad internacional a realizar mayores esfuerzos para dar apoyo a Nepal, en momentos en que el país continúa avanzando de manera positiva, y destaca especialmente el trabajo de Naciones Unidas en la supervisión del desarme de los antiguos insurgentes rebeldes, que comenzó en enero.
El Comité reafirma que la Internacional Socialista seguirá contribuyendo en todo lo que sea posible para fortalecer la democracia en Nepal, incluyendo el apoyo al proceso electoral en los meses venideros y enviando una delegación de la IS a observar la votación en el mes de junio.

3.
El Comité reitera la condena de la Internacional Socialista a la detonación de un arma atómica realizada por Corea del Norte en una prueba subterránea el pasado mes de octubre. Ese acto puso en peligro la paz y la estabilidad a través de Asia y del Pacífico y amenazó con debilitar los esfuerzos en favor del desarme y en contra de la proliferación en todas partes.
El Comité considera como algo muy positivo la reanudación esta semana de las conversaciones entre las seis partes, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, Rusia y los Estados Unidos. Las acciones multilaterales son la única manera viable para lograr paz y seguridad, y es solamente a través del diálogo y de los esfuerzos por lograr puntos de coincidencia que será posible reducir las tensiones e ir progresando hacia una solución de la actual disputa que involucra a Corea del Norte y del tema de la capacidad nuclear.
El Comité reconoce que la situación en la península de Corea es uno de los temas más difíciles que enfrenta Asia y el Pacífico hoy en día, un tema que puede adquirir repentinamente características inesperadas y peligrosas, y hace un llamamiento a una continua y determinada cooperación entre los países de la región y la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas, para asegurar un resultado duradero y de paz.

4.
El Comité, al considerar otras regiones y naciones de Asia y del Pacífico, constata que continúa existiendo un número de temas que revisten una grave preocupación para la Internacional Socialista:
En relación con Pakistán, el Comité deplora la falta de toda señal significativa por parte del gobierno militar que indique un avance democrático y reitera su solidaridad a su partido miembro, el Partido del Pueblo Paquistaní, PPP, en su continua lucha por la democracia y los derechos humanos en su país, asunto crucial para toda la región.
Junto con reafirmar la condena de la Internacional al golpe militar en Tailandia el pasado mes de septiembre, el Comité repite el llamamiento de nuestro movimiento a una pronta restauración de la gobernanza democrática, como así también de todos los derechos políticos y las libertades civiles que aún son denegados. Nota con preocupación el reciente aumento de la violencia política y de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares y reitera la posición de la Internacional en el sentido de que los problemas económicos y sociales solamente pueden ser resueltos a través de medios pacíficos y democráticos.
El Comité se encuentra muy preocupado ante los recientes sucesos en Bangladesh, donde preparativos extremadamente deficientes llevaron a la postergación de las elecciones programadas para enero y al establecimiento de un gobierno interino dentro de un clima de tensión y a menudo violento, marcado por la declaración de un estado de emergencia, las numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y los arrestos arbitrarios sin orden judicial de figuras pertenecientes a todo el espectro político supuestamente envueltas en corrupción. El Comité hace un llamamiento a las autoridades a actualizar y expurgar totalmente la lista de votantes, a reprogramar rápidamente las elecciones y a garantizar todos los derechos y libertades civiles con anterioridad a la votación. Al mismo tiempo, el Comité reafirma la solidaridad de la Internacional con la Liga Awami en sus esfuerzos por asegurar la gobernanza democrática en Bangladesh y por competir libremente en un proceso electoral justo y transparente.
Al reafirmar los esfuerzos contraídos hace mucho tiempo por la Internacional para ayudar a liberar a Birmania de la opresión, el Comité reitera su llamamiento a la inmediata e incondicional liberación de Aung San Suu Kyi y todos los otros prisioneros políticos, apoya la resolución acordada por la Asamblea General de la ONU en diciembre que llama al gobierno militar a poner fin a las operaciones militares de que son blanco los civiles y violan sistemáticamente los derechos humanos en las áreas étnicas, y urge al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a renovar esfuerzos para adoptar una resolución en favor de la democracia y los derechos humanos en Birmania.
El Comité deplora el golpe que tuvo lugar en Fiji el 5 de diciembre y la instalación de un gobierno militar interino, último impacto asestado a las perspectivas de un retorno a la democracia en ese país, y apoya plenamente los esfuerzos del Foro de las Islas del Pacífico para ayudar a la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Fiji.
Con respecto a las Islas Salomón, el Comité se muestra preocupado por la renovada amenaza de agitación social luego de las elecciones celebradas el pasado mes de abril. El Comité apoya los esfuerzos regionales tendientes a lograr estabilidad democrática y seguridad para todos los ciudadanos, y subraya el convencimiento de la Internacional Socialista de la importancia que tiene el desarrollo económico para la construcción y preservación de la democracia.
Los disturbios devastadores para la economía y la pérdida de vidas en Tonga el pasado mes de noviembre, cuando esa nación isleña luchaba por hacer la transición a un pleno gobierno democrático, han sido también un desarrollo inquietante, y el Comité apoya los esfuerzos de Nueva Zelanda, junto con Australia, para ayudar a la recuperación económica y definir un calendario para la reforma democrática.
En lo que concierne al Pacífico, el Comité reconoce los desafíos específicos que enfrentan los pequeños Estados isleños en las áreas de calentamiento global, para crear instituciones democráticas, lograr y mantener la autodeterminación y obtener estabilidad económica. El Comité reconoce el gran potencial natural y humano en el Pacífico, y hace un llamamiento a encontrar maneras en que ese potencial pueda ser desarrollado para beneficio de todos los pueblos de la región.
Con respecto a Timor-Leste, el Comité espera que las próximas elecciones presidenciales en el mes de abril sean la oportunidad para devolver la confianza en las instituciones democráticas del país, y urge a todas las fuerzas políticas en el país a respetar el resultado de la votación y a trabajar dentro del sistema democrático que constituye la mejor manera de avanzar para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo económico. El Comité reitera que la Internacional Socialista seguirá dando su apoyo a los esfuerzos de Timor-Leste por reforzar la democracia y llama a la comunidad internacional a profundizar la cooperación con Timor-Leste para asegurar el desarrollo y la seguridad sostenibles para todos sus ciudadanos y acuerda enviar observadores a las elecciones de abril.
La situación en Sri Lanka continúa muy preocupante, con la escalada del conflicto interno y cientos de miles de personas desplazadas por la guerra y por el desastre del tsunami del 2004. El Comité urge a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para lograr que el gobierno y los insurgentes retornen a la mesa de negociaciones y restablezcan el cese al fuego antes de que el conflicto se intensifique aún más.
Con respecto a Bután, el Comité se preocupa ante la falta de democratización y garantías y respeto a los derechos políticos y libertades civiles, y hace un llamamiento a la liberación de todos los prisioneros políticos actualmente encarcelados en el país. El Comité llama también a poner fin a la política mantenida por mucho tiempo en Bután de discriminación en contra de la población étnica nepalesa y de otras comunidades, miles de los cuales han huido a Nepal, y urge a la comunidad internacional, en particular a las naciones vecinas, a promover activamente una justa solución a la crisis de los refugiados, incluyendo la repatriación voluntaria de refugiados a Bután con plenos derechos de ciudadanía y protección de sus derechos humanos.
El Comité está profundamente preocupado ante el anuncio hecho por China en enero de que ha llevado a cabo ensayos de un arma anti-satélite, primer ensayo de este tipo desde la época de la Guerra Fría. Esta acción amenaza con provocar una carrera armamentista en el espacio y subraya aún más la necesidad de que la comunidad mundial redacte e implemente un tratado internacional que prohíba el uso de armas en el espacio.
El Comité reitera su apoyo al Partido Socialdemócrata de Japón en sus continuos esfuerzos por que se respete el artículo 9 de la constitución japonesa, como así también la política no-nuclear de Japón, los cuales proveen una base positiva y sirven de modelo para resolver disputas internacionales de manera constructiva y pacífica.



Cuando no se sabe entender a un pueblo:
El caso Prodi en Italia.


Matteo Dean*, La Jornada, México, febrero 23 de 2007.

Luego de 281 días de gobierno, Romano Prodi presentó su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros de Italia y remitió su mandato, como quiere la praxis, al presidente de la República, quien comenzará inmediatamente consultas para que un nuevo gobierno tome posesión. No resulta difícil entender las razones de unas dimisiones que quizás estaban en el aire, pero nadie esperaba tan prontas.
El actual gobierno es el resultado de las elecciones del 10 de abril del año pasado, en las cuales, con mayoría mínima de apenas 24 mil votos, la coalición de centro izquierda ganó la mayoría parlamentaria, lo cual permite indicar un primer ministro y, sobre propuesta de éste, otorgar la confianza a un gobierno. Hace menos de un año, la victoria de la coalición izquierdista causó entusiasmo en todos los que ya no podíamos con el conservador gobierno de Silvio Berlusconi. Más entusiasmo aún, considerando que en el nuevo gobierno entraban hombres y mujeres que hasta pocos meses antes estaban en las calles, junto al movimiento en contra de la guerra, en favor del ambiente, en contra de las políticas represivas hacia los migrantes.
En fin, había justas razones para volver a tener esperanza. Sin embargo, ya en ese entonces destacamos la posible crisis de un sistema representativo que no pudo otorgar la mayoría suficiente para gobernar "en tranquilidad" (La Jornada, 15/4/06). Hoy podemos reiterar esas consideraciones añadiendo quizás algunos aspectos que nada más las vienen a confirmar.
Es difícil detectar cuán representativo sea un gobierno. Se puede intentar hacerlo en los frenéticos días electorales, pero más aún en la acción misma de gobierno buscando entender el disenso que se genera en la sociedad.
Romano Prodi y su gobierno, señales en este sentido las han tenido. Quizás no hayan sido capaces de verlas y entenderlas. Sólo un mes después de haber tomado posesión formal, el nuevo gobierno pide "voto de confianza" -es decir, pide a la mayoría que lo apoya un voto ciego, sin debate- sobre un decreto legislativo que quiere restructurar las reglas de la competencia. Resultado: las farmacias de toda Italia cierran y los taxistas bloquean las grandes ciudades.
Llega el acuerdo y el gobierno se prepara a parir la nueva ley presupuestal para 2007. Mientras, el 28 de julio, el gobierno gana el debate en el Parlamento sobre el voto a las "misiones militares", centradas en la presencia en Afganistán. No obstante, a las pocas semanas, Prodi hace un esfuerzo notable para sacar la nueva ley presupuestal sobre la cual pesa aún la reforma al sistema de jubilación. Crece la tensión, alimentada también por la ruptura en el seno del gobierno sobre el voto a la ley de indulto, la cual saca más de 20 mil detenidos de las congestionadas cárceles italianas. Llega el 4 de noviembre, cuando, en una marcha en contra de la precariedad y en favor de la reformulación de las leyes del trabajo, una parte del gobierno, la llamada "ala radical" -verdes y comunistas-, baja a la calle, aparentemente en contra de él mismo.
Como prometido por el anterior gobierno, el primero de diciembre termina formalmente la misión italiana en Irak, mientras Prodi no logra aclarar sus ideas acerca de los CPT (centros de detención para migrantes ilegales). Y en diciembre la gota que derrama el vaso: la base de Vicenza y el problema de la guerra.
La movilización en contra de la construcción de una nueva base estadunidense en la pequeña ciudad de Vicenza puso al descubierto el sentimiento real de los italianos en contra de la guerra y sus instrumentos de muerte. Y esto Prodi y sus ministros no lo han entendido, llegando al miércoles 21 de febrero con la seguridad de que, si en la calle la protesta cunde, en el Parlamento todo saldrá bien. Tan bien, que por sólo dos votos el Senado de la República no aprobó la propuesta del gobierno italiano para política exterior, empezando por la presencia en Afganistán.
"Sólo estando en Afganistán podemos participar en la construcción de la paz", decía apenas al inicio de semana el ministro de Relaciones Exteriores Massimo D'Alema. "Es una misión de paz", repetía desde hace semanas. Y acerca de la base de Vicenza decía: "es responsabilidad italiana cumplir con los compromisos adquiridos porque rechazar la construcción (de la base) sería un acto hostil a Estados Unidos", confirmando las palabras de Prodi pronunciadas el día en que 200 mil manifestantes marcharon en contra de la base, el pasado 17 de febrero.
Pero la factura llegó el 21 de febrero al Senado, donde unos cuantos, pero decisivos senadores de la criticada "ala radical", se abstuvieron del voto decretando la derrota. Las críticas hacia estos pocos que no pudieron con su conciencia ya explotaron por varias partes. Cabe preguntar de quién es hoy la coherencia: ¿de quienes prometieron paz y derechos en la campaña electoral e hicieron otra cosa, o de quienes ayer marchaban en contra de la guerra y hoy, finalmente, llevan esa voz ahí, adonde los ciudadanos pacifistas los llevaron a ellos, al Parlamento?
Esto es lo que debe ser razonado por Prodi y sus ministros si quieren seguir trabajando.
* Periodista italiano



Que Colombia despierte


RAFAEL GUARIN, Nuevo Herald, Miami, febrero 23/2007.

Las revelaciones del ex ministro Fernando Botero sobre dineros del Cartel de Cali en la campaña liberal de 1994, las acciones concertadas de algunos militares con las AUC, la orden de detención contra nueve congresistas (el número aumentará) y la citación a indagatoria de dos gobernadores por vínculos con los paramilitares no han sido suficientes para que los colombianos reaccionen.
Los acontecimientos demuestran el grado de penetración de intereses ilícitos en la política. No son circunstancias coyunturales o hechos aislados, sino expresión de un complejo proceso de captura del Estado por parte de la delincuencia, ante la mirada indiferente o la complicidad de gran parte de la clase dirigente y de la sociedad.
El escándalo afecta gravemente al actual Congreso y con la renuncia de la canciller llegó a los corredores de la Casa de Nariño. En un escenario de exacerbada pugnacidad, algunos proponen el cierre del legislativo, otros la adopción de una ley de punto final o una reforma política. Todas propuestas en las que los ciudadanos no cuentan.
Los ofrecimientos de cerrar el Congreso suelen ser populares. Aun así, esa vía pisotea la Constitución y agravaría la crisis, pues, como es característico de los sistemas presidenciales, en Colombia no existe la disolución del parlamento o el anticipo de elecciones.
Además, la cuestión no se resuelve precipitando la escogencia de un nuevo Congreso o aplazando las votaciones locales. Eso no corregirá nada sin la previa y rigurosa aplicación de la justicia y el desmonte de las estructuras políticas sustentadas en el crimen. Mientras perdure el ascendiente de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y corrupción, las elecciones serán inevitablemente contaminadas por hilos siniestros. Los resultados de esa propuesta generarán frustración: otras figuras aparecerán con fuerzas ocultas en la trastienda.
La segunda ruta, la ley de punto final, tranquiliza a sectores políticos y económicos involucrados, pero es sinónimo de impunidad. Deniega justicia y desconoce los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las leyes de perdón y olvido del Cono Sur no son garantía para nadie. La experiencia enseña que contribuyen a generar sosiego transitorio sin otorgar seguridad jurídica y burlan el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Una decisión en ese sentido no impide a la postre sentencias judiciales de tribunales nacionales y foráneos por delitos imprescriptibles como los de lesa humanidad. Como si fuera poco, deja heridas abiertas, promueve la fragmentación de la sociedad y da eco al pretendido discurso político de fachada de las antiguas guerrillas, hoy convertidas en multinacionales de la droga.
Por otro lado, es equivocado pensar que es suficiente modificar la Constitución e ingenuo creer que el actual Congreso facilitará reformas de fondo. Aunque es apremiante revisar las reglas de juego, es más lo que se debe reclamar de la conducta de los políticos que de las instituciones mismas.
Las alternativas mencionadas parecen destinadas a enredar y distraer. Los esfuerzos deben apuntar a derribar las telarañas tejidas por los poderes de facto, para lo cual es indispensable que los ciudadanos rodeen a la Corte Suprema de Justicia y coloquen una lupa a la Fiscalía General de la Nación. Ese organismo tiene la obligación de investigar hasta la saciedad los aparatos electorales de los congresistas presos. Los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales militantes de esas organizaciones políticas tienen mucho que decir sobre las relaciones de sus jefes y las propias con los paramilitares. También las directivas de los partidos que los candidatizaron deben esclarecer su responsabilidad.
Pero lo más importante es no esperar a que el protagonismo provenga de los políticos. Es a los ciudadanos a quienes corresponde reaccionar, movilizarse y exorcizar los males colectivos. Se necesita un movimiento de resistencia civil frente a la impunidad y el delito, capaz de reconstruir una cultura que delimite la frontera entre la decencia y la ilegalidad.
Negarse a reconocer que el fondo del problema es la pasividad de la sociedad, su conciencia dormida y la indiferencia o complacencia con la fechoría, nos llevará un día a elegir en las urnas a Mancuso o a Jojoy. Para evitarlo Colombia debe despertar, apoyar la aplicación severa de la ley a los parapolíticos y, con idéntica firmeza, a los políticos relacionados con las guerrillas.
Profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.



¿QUE PASA CON EL VALOR DEL DÓLAR EN COLOMBIA?


Luis Carlos Guzmán R.

La economía abierta en un escenario de movilidad de capitales parte del supuesto del diferencial de tasas de interés para que se presente movilidad de divisas y por ende la cotización de la divisa en los mercados nacionales. Lo que llama la atención es que en los medios de comunicación colombianos se esté presionando al Banco de la República para que incremente la tasa de interés.

En la lógica simple; la apreciación de la moneda o la llamada por muchos revaluación del peso, está afectando seriamente el comercio internacional, varias empresas exportadoras se están viendo perjudicadas por que reciben cada día menos pesos por dólar de sus exportaciones. Así las cosas, se plantea la necesidad de incrementar la tasa de interés interna para que el precio del dólar suba. Mientras que los importadores se ven beneficiados puesto que los productos importados salen a menor precio de compra en el extranjero y a un precio más bajo de venta en el mercado nacional.

¿Qué dice la teoría? si la tasa de interés interna es menor que la tasa de interés internacional se presentaría una salida de capitales y por tanto depreciación de la moneda nacional (peso), es decir, devaluación. En caso contrario, si la tasa de interés interna es mayor que la tasa de interés internacional se presentaría un ingreso de capitales y por tanto apreciación de la moneda, es decir, revaluación, que afectaría más severamente a los exportadores pero beneficiaría abiertamente a los importadores, y perpetuaría la situación nociva en el sector externo.

Ahora, la presión de Fedesarrollo y los gremios a que el Banco de la República incremente la tasa de interés para detener la caída del dólar iría en contravía de lo anteriormente expuesto (la teoría económica). A no ser que los importadores estén utilizando crédito para traer sus productos, por lo cuál al incrementar la tasa de interés los costos del importador crecen y por lo tanto reduce el margen de ganancia de éstos o genera que el precio de los productos importados sea mayor en el mercado nacional. De lo contrarío, las teorías de libre comercio no se cumplirían en el país y por lo tanto lo que debemos esperar es que una vez se firme el TLC una avalancha de productos gringos a todo nivel invadan el país y quiebren a pequeños y medianos industriales en Colombia, cumpliéndose lo que los opositores al tratado aducen.
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Finalmente, en éste país al parecer las cosas se cumplen al contrario. Si hay pruebas pero el Cacique se enoja, y defiende al agresor social; la imagen del Cacique mejora, es aguerrido, y el agresor social es nombrado Cónsul. Si las pruebas son tan contundentes y éste es detenido y probablemente condenado, el Cacique se lava las manos, es noble, y su imagen sale favorecida. Que bueno es contar con un Vice-cacique que controle los medios y a sus trabajadores. ¡El monopolio es bueno!



Notas varias.



Ramón Elejalde Arbeláez

La medida de aseguramiento contra Jorge Noriega (NOTA del Boletín Virtual:“Noguera”), ex director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y ex cónsul en Milán, Italia, es un duro golpe contra el presidente de la República que se obstinó en defenderlo y en protegerlo a pesar de las gravísimas acusaciones que se le hicieron y que hoy encuentran respaldo en la decisión de un fiscal. Tantos funcionarios cuestionados y tantos escándalos hacen que la famosa meritocracia no pase de ser una buena palabra para la gradería. ¡Ah!, y otra cosa, el Presidente no puede seguir “metiendo la mano en la brasa” por algunos de sus funcionarios y amigos porque se va a quedar sin esas manitos y sin esos huesitos.
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Escribiendo de jugadas para la gradería no cabe la menor duda de que la designación del doctor Fernando Araújo como ministro de Relaciones Exteriores es otra de esas decisiones presidenciales que se hacen para que el respetable público vea las jugadas maestras de su presidente. Mucho provincialismo con este nombramiento. Un golpe de opinión en momentos en que los escándalos de la parapolítica van creciendo.
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Son tan frecuentes y notorias las iras presidenciales que ya le sacaron su chiste: Viajaba el doctor Uribe Vélez del Aeropuerto de Montería a su finca el Ubérrimo cuando vio a dos jóvenes a la vera del camino definiendo un conflicto a físico puño. El Presidente se baja del carro y les dice: “¿es algo personal o me puedo meter?” La arremetida presidencial esta semana, contra Piedad Córdoba, me parece sumamente injusta. Hice política al lado de ella y nunca le conocí debilidades por grupos al margen de la ley. Siempre la escuché defendiendo la institucionalidad y rechazando a los violentos al margen de la ley. Eso sí, Piedad es una mujer valerosa, que con frecuencia dice cosas que los demás mortales no somos capaces de pronunciar.
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Revivir el proceso ocho mil le sirvió mucho al Gobierno para tapar el escándalo de la parapolítica. Cayó como agua en un desierto. Los medios afectos al Gobierno se han dedicado a darle “inflador” al tema y los doctores Serpa y Gaviria se han dejado arrastrar por los micrófonos para que la cortina de humo continúe. El partido Liberal debe sacudirse de ese tema. No es justo que la institución sea la que siga cargando con tan duro lastre. Tampoco es justo que un ciudadano ejemplar como Horacio Serpa no merezca siquiera el apoyo de su partido. A propósito, escuché la peregrina tesis de que las investigaciones contra el copresidente del partido Alas-Equipo Colombia, doctor Álvaro Araújo, eran por hechos sucedidos cuando éste era Liberal. Quienes han defendido esa tesis, en una afrenta contra la inteligencia, deberían pedirle a la Corte Suprema la declaración del ex representante Luis Alberto Monsalvo, para que vean todas las cosas que hicieron en el Cesar durante las pasadas elecciones parlamentarias para impedir que el liberalismo obtuviera una curul en la Cámara de Representantes. La anterior explicación para no decir que Alas-Equipo Colombia ungió a su copresidente cuando ya era lo que era. ¡Santo Dios!
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Tomar los estudios de la ONG Arco Iris, que preside León Valencia, relacionado con las elecciones parlamentarias pasadas, en zonas de conflicto, como verdad revelada, me parece una infamia. En la lista de posibles congresistas involucrados en la parapolítica, que publicó el periódico El Tiempo esta semana, vi muchos nombres injustamente citados. Conocí de manera directa y cercana, durante los últimos cuatro años, el comportamiento del parlamentario Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas y no lo supongo jamás en esas andanzas. Carlos Arturo siempre fue un duro crítico del paramilitarismo y se opuso con todo a la Ley de Justicia y Paz sobre todo en lo que hace relación a los beneficios a los jefes de ese grupo. Como ese nombre, existen varios de los que dudo que puedan ser tildados de auxiliadores de grupos al margen de la ley, obviamente que mi labor no es absolver o condenar. Eso lo dirá la justicia.



EN DEFENSA DE LA DESCENTRALIZACION

MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Febrero 25 de 2007
La Constitución de 1991 consagró un proceso de descentralización en el que los Municipios y Departamentos tendrían una mayor autonomía política, fiscal y administrativa. Elemento esencial del esquema era la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, la cual debería ser del 46.5%. Estos ingresos, -mal llamados “transferencias” porque no son una dádiva que otorga el Gobierno nacional sino un derecho constitucional-, debían ser dedicados por los Departamentos y Municipios a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en materia de salud, educación y saneamiento ambiental. Este criterio de distribución operó hasta el año 2001 cuando, en medio de una profunda crisis económica y fiscal, se aprobó una modificación transitoria según la cual durante 6 años la Participaciones no serían un porcentaje fijo de los Ingresos de la Nación, sino que tendrían un incremento anual ligeramente superior a la inflación. Como consecuencia los recursos recibidos por las regiones se redujeron en $5 billones y las Participaciones disminuyeron como porcentaje del PIB (del 5.2% al 4.5%), del gasto público (del 20% al 18.2%) y de los Ingresos de la Nación (del 46.5% al 38%). En la reforma del 2001 se estableció que después del período de transición se debería volver a la situación anterior, es decir que en el 2008 las Participaciones deberían tener un incremento inmediato de unos $6 billones para volver a ser el 46.5% de los Ingresos corrientes, pero el Presidente Uribe ha presentado un nuevo proyecto de reforma constitucional para impedir este aumento y continuar con la fórmula de incrementos anuales ligeramente superiores a la inflación. Este proyecto ya fue aprobado en primera vuelta por las mayorías uribistas en el Congreso, y se espera que en la próxima legislatura complete su tramite. El Presidente ha afirmado que con su propuesta “no habrá un recorte de las transferencias” (insiste en llamarlas así), sino que en los próximos años pasarán de 17 a 20 billones de pesos. Es cierto que habrá un incremento en la cuantía, pero es falso que no haya un recorte, porque las regiones deberían recibir mucho más recursos. Se ha calculado que hasta el año 2016 los Departamentos dejarán de recibir $18.9 billones, y los Municipios $30..9 billones, para un recorte total de $49.8 billones si de nuevo funciona la aplanadora uribista en el Congreso. Para evitar ese despojo a las regiones, para defender el proceso de descentralización y para salvaguardar los intereses de Departamentos y Municipios frente a la voracidad centralista, el Partido Liberal y el Polo Democrático han lanzado la iniciativa conjunta de convocar un Referendo para que todo el pueblo colombiano se pueda pronunciar sobre la distribución de los recursos de la Nación. Para ello han iniciado una campaña de recolección de firmas con el objetivo de recoger 2 millones de firmas que respalden el proyecto de Referendo que sería presentado al Congreso en defensa de la descentralización. Por supuesto esta iniciativa ya ha sido rechazada por el gobierno y los tecnócratas con el argumento que es una propuesta populista que va a aumentar el gasto público y el déficit fiscal, poniendo en riesgo la estabilidad de la economía. Es un argumento equivocado. En el Referendo no se someterá al voto popular el monto del gasto público, lo que si sería irresponsable, sino su distribución, es decir quién ordena el gasto y a qué se destina. De hecho en el Plan de Desarrollo del gobierno se incrementa el monto de la inversión pública destinada a salud, educación, acueductos y alcantarillados en las regiones, pero con un buen porcentaje manejado centralizadamente por el Gobierno nacional, y asignado en los Consejos Comunitarios. La decisión sobre la cuantía del gasto público y el manejo del déficit fiscal es una decisión técnica que debe tomar en consideración todo el contexto macroeconómico nacional e internacional. Pero la decisión sobre si el gasto lo debe ordenar el Gobierno nacional de una manera centralizada, o si debe hacerse directamente en los Departamentos y Municipios, si es una decisión política en la que deben participar todos los ciudadanos. La democracia participativa requiere que todos apoyemos el Referendo en defensa de la descentralización.




¿Viene la peste?


César González Muñoz

La prensa mundial anuncia que los mercados de valores en todas partes están “nerviosos” por decir lo menos. El mercado chino de acciones había alcanzado una nueva cumbre el lunes de esta semana. El índice principal de la bolsa de Shangai registraba una ganancia del 14 por ciento en los dos primeros meses del año. Pero el martes cayó en un 9 por ciento. Este es el mayor descenso de ese mercado en un día desde hace una década. El 96 por ciento de las acciones transadas redujo su cotización.
Es interesante ojear los análisis típicos de los expertos sobre este acontecimiento. No hubo un hecho específico que explicara directamente el comportamiento del mercado chino. Especulación, es la palabra que más utilizan los expertos para tratar de explicarlo. Se dice que muchos inversionistas que habían hecho ganancias en las semanas anteriores corrieron a vender, para realizar sus beneficios. Se dice también que las alzas recientes parecían estar relacionadas con la apertura esta semana de la Sesión del Congreso Nacional del Pueblo, la máxima autoridad legislativa, dominada por el partido Comunista Chino. Los observadores dan como un hecho que esta vez el Congreso producirá reformas liberalizantes, particularmente en materia tributaria y que esta expectativa ya se había reflejado en los precios de las acciones.
Quizás en el resto del mundo las bolsas estaban esperando una noticia como ésta, que pone a uno de los principales mercados en la ruta de la inestabilidad, para reaccionar en cadena. El martes, los índices se cayeron prácticamente en todas partes. Los analistas han vuelto a señalar que los mercados de valores sufrían, hasta ayer, de una “exhuberancia irracional”, la frase famosa de Alan Greenspan, anterior jefe del banco central de Estados Unidos. Greenspan dijo además el lunes, como hablando por boca de la esfinge, que es posible que la economía de Estados Unidos entre en recesión en los próximos meses. Se publicó, además, un indicador que va en la misma dirección: Los pedidos de bienes durables en Estados Unidos cayeron casi un 8 por ciento en Enero.
Nadie sabe que irá a pasar en los próximos días. Lo único cierto es que, ante un elenco muy diverso de datos y proyecciones, los mercados de valores parecen estar poniéndose de mal humor. Entre los inversionistas hay el temor de que todas las grandes bolsas estén sobrevaloradas y que, en consecuencia, puede sobrevenir un ataque generalizado de realismo. Hay más gente esperando una caída del crecimiento económico en Estados Unidos y a escala mundial. De ribete, la tensión mundial por la disputa nuclear con Irán ha aumentado notoriamente en las últimas semanas. Temores, avaricia, conducta de rebaño, son algunos de los conceptos a los que deben recurrir los expertos para analizar el Gran Casino del que es cliente asiduo el capital internacional.
Si se materializa una tendencia a la baja de las cotizaciones a partir del golpe del martes, el mundo podría estar entrando en una fase del ciclo económico, similar a la que arrancó en el sudeste asiático hace una década. En ese evento, el impacto negativo sobre las economías latinoamericanas podría ser muy importante. Podrían venir días agitados para las autoridades monetarias de la región y, subsecuentemente, para los agentes económicos privados y para los responsables del manejo fiscal.
Y entonces se pondrá otra vez sobre la mesa la doctrina oficial de los gobiernos, que consiste en decir: Si nos está yendo bien, ello se debe a la irrestricta bendición que imparten las buenas políticas propias. Y si nos esta yendo mal, es por cuenta de los vecinos, o del resto del mundo. La peste siempre viene de afuera.