domingo, 22 de abril de 2007

CONTENIDO

Apoyo a la candidatura de Rodrigo Llano I. a la Veeduría Nacional del Liberalismo
El Congreso Liberal, Luis Carvajal Basto.
El TLC, un tema del Congreso Liberal, Horacio Serpa.
El Partido Liberal y el TLC, Mauricio Cabrera Galvis.
Comunicado de los Liberales antioqueños.
El peor negocio que ha hecho Colombia, Juan Manuel López Caballero.
Cuestionario del Partido Liberal Colombiano sobre el texto del acuerdo del TLC firmado por Colombia y los Estados Unidos.
Pensando en el Congreso Liberal, César González Muñoz.
Proyecto para rediseñar Internet, David Orenstein.
Pactos con narcos, Rafael Guarín.
Crecimiento y desarrollo, Julio Silva Colmenares.
Siguen ganado los malos, Octavio Quintero.
El quinto mosquetero, Marcos Aguinis.
Salud para los pobres, una mentira, Ramón Elejalde.



APOYO A LA CANDIDATURA DE RODRIGO LLANO I. A LA VEEDURÍA NACIONAL DEL LIBERALISMO

En el Boletín anterior, transcribimos las expresiones de apoyo enviadas por los doctores Hernando Agudelo Villa y Horacio Serpa Uribe.

Del Doctor Alfonso Gómez Méndez:

Muy Apreciado Rodrigo:

Con mucha satisfacción he sabido de su aspiración legítima para asumir la Veeduría de nuestro Partido en el próximo Congreso de Medellín.

Como intelectual e historiador, Usted ha demostrado su conocimiento, no sólo de la realidad colombiana, sino de las incesantes luchas del Liberalismo por transformar a Colombia. He compartido con Usted escenarios académicos y políticos en los que ha brillado por su formación científica y por su compromiso con las ideas liberales.

Con personas como Usted, el Partido puede verse muy bien representado en sus cuadros directivos.

Cordial saludo.

Alfonso Gómez Méndez.
Bogotá, abril 16 de 2007.



Casarse con la opinión

EL CONGRESO LIBERAL


Allí no se definirá quien tiene las mayorías parlamentarias, pues está claro que dentro de la actual estructura las tiene el ex presidente Gaviria.

Luis Carvajal Basto, El Espectador, viernes, abril 20 de 2007.
Sí, las reglas de juego y estrategias para las elecciones regionales. La formula de dirección única y adjunta con funciones, parece estar acordada. Pero eso, es carpintería. El asunto es, como recuperar las mayorías. Desde esa óptica este podría ser un Congreso pleno del actual partido o un pre congreso del Liberalismo Colombiano que hoy se encuentra, en su gran mayoría, por fuera. Está establecido, que hay mas Liberalismo que Partido.
Para corresponder a las expectativas creadas, el Congreso deberá acercarse al Liberalismo del que se sienten parte al menos el 45% de los colombianos, cifra que se ratifica en todas las encuestas. Recuperar las mayorías urbanas, renovar su dirigencia y su imagen pública. No es una tarea tan compleja como algunos creen y las soluciones están a la mano. Para ello se deben responder, al menos, tres interrogantes:1)¿Dónde está ese 45%, 2)¿Qué piensa, siente y quiere? Y 3)¿Los actuales estatutos y los sectores que hoy controlan su estructura parlamentaria(Gaviria y Serpa)están dispuestos a promover la apertura y permitir los cambios que se necesitan?
El 45%, está donde siempre .En los centros urbanos (Bogotá, Cali, Barranquilla etc ) y en las zonas tradicionalmente Liberales. Ha votado por dirigentes de origen Liberal o que perciben como tales. Uribe, Peñalosa, Germán Vargas, los Santos, hoy por fuera del Partido y Serpa, Rodrigo Rivera y Juan Manuel Galán, dentro. Si se mira con cuidado y se cuentan los votos ahí está el 45%.La tarea del Presidente Gaviria, que será reelegido como director del Partido, consiste en convocarlos y facilitar unas reglas de juego que reconozcan la actual realidad electoral en la cual el mayor elector de origen Liberal es el mismo Presidente Uribe, como después del 28 de Mayo lo reconocieron los Ex Presidentes Samper y López.
Este no es asunto de programas o ideologías, que han sido utilizados en el pasado a conveniencia, según el caso, sino de votos. Por su parte Horacio Serpa, “el Gobernador de Santander que Colombia necesita”(?) y quien quiere una dirección adjunta con funciones, debe ceder espacios temporales a quienes sus anteriores candidaturas excluyeron del Partido, pero no del Liberalismo, a quien se debe. Es un Liberal disciplinado y tiene votos. Sus alianzas con el Polo, a quien ha tratado en el pasado como aliado y no como competidor, no le han servido al Liberalismo ni a el, sino a ese movimiento.
Los discursos contra la pobreza y por la Paz, en abstracto, que en los últimos años han sido el eje de las propuestas del Partido, han sido cuidadosamente diseñados por personas que saben, o creen saber, bastante de historia y teoría económica, de buen corazón y poco de opinión publica y de los procesos de formación de esa opinión. La foto de Pastrana con Tirofijo le ganó a todos los discursos y programas de Serpa en el 98.En 2002 y 2006 las percepciones, la de seguridad y estabilidad, que encarna Uribe, también.
Si se hubieran tomado la molestia de observar con cuidado unas encuestas en las que los ciudadanos, hasta los más pobres, no se sienten o perciben como tales, o en las que el candidato Liberal aparecía con una imagen negativa del 40%, en lugar de diseñar propuestas basadas en buenos deseos y “razonados programas” se hubieran acercado mas al sentir de la opinión. No todo es culpa de la Guerrilla o los paramilitares. Serpa por ejemplo, adjudicó en gran parte sus derrotas a los paras, pero perdió en ciudades como Bogotá y otras capitales donde estos no tienen influencia electoral. Actuó como fiscal y no como candidato .Y perdió tres elecciones.
A nivel teórico existe en este pasado reciente una importante lección para el Liberalismo: En esta sociedad globalizada no se puede hacer política y obtener mayorías utilizando como discurso los principios del Estado Liberal. Estos, incluso en el ámbito jurídico ya no son suficientes. El concepto genérico de “ciudadano” en el último siglo ha cedido espacios a sectores de la sociedad para quienes no alcanza esa categoría, dando paso al concepto de “subjetividad jurídica” y a nuevas generaciones de derechos.
Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y más recientemente, los jóvenes son una muestra de esas nuevas realidades .En Colombia, la urbanización del país, los efectos del tipo de crecimiento y la inmersión en una sociedad mediática y global, han producido cambios que el Partido no interpretó. Los principios deben estar ahí, por descontado, pero con ellos no se ganan elecciones.
Por último, el Partido debe definir de una vez por todas si tiene vocación de poder. Si quiere ser protagonista o continuar como comparsa en un escenario en que el Polo, su principal competidor, se ha aprovechado de un periodo de confusión que puede empezar a terminar en el próximo Congreso Liberal y en el que la U, después de la para política, no se congrega ni siquiera a si mismo y no puede ser soporte suficiente para un Gobierno fundamentado en el Liderazgo de Uribe y al que le apuntan desde todos lados.
Para ello, el congreso debe otorgar facultades a la nueva dirección y convocar un Congreso Extraordinario ampliado en el que participen los sectores de origen Liberal que se encuentran fuera del Partido y los que no van a ir al Congreso. En ese momento, comenzara otra etapa de su nutrida historia, en la que renovará sus votos matrimoniales con una opinión de la cual hoy se encuentra divorciado.
Coletilla
José Noé Ríos y Rodrigo Llano Isaza tienen los votos suficientes para ser elegidos como secretario general y veedor del Partido. Además, las calidades, cualidades y experiencia que esos cargos requiere.




EL TLC: UN TEMA DEL CONGRESO LIBERAL


Horacio Serpa

El comercio internacional es muy importante. Para los países son de trascendencia los llamados Tratados de Libre Comercio. Para alcanzarlos hay que negociar, y en esas transacciones se ponen en juego los intereses de cada nación, de empresarios, trabajadores y la sociedad entera. De ahí que a un Estado le va bien o mal, según la negociación que haga.
Es como en todo. Por eso se dice que “cada quien habla de la feria, según le vaya en ella”. Según los intereses de cada quien, digo yo, aplicado el concepto al TLC suscrito por el gobierno colombiano con el Presidente Bush.
En nuestro país hay empresarios insistiendo en que les fue bien y otros están demostrando que les fue bastante mal. Los trabajadores alegan con razón que les fue peor. Los voceros del Presidente Uribe aseguran que la transacción fue favorable, pero proponen subsidios para los damnificados. Grandes reservas y cuestionamientos existen sobre agricultura, avicultura, medicamentos, cultura, medio ambiente y propiedad intelectual, entre otros aspectos.
En Estados Unidos hay reparos de los poderosos sindicatos, preocupados porque con cada negociación se lesiona la producción interna y se afectan el empleo y las políticas salariales. Y los congresistas demócratas tienen observaciones sobre Colombia en materia de derechos humanos, medio ambiente y cumplimiento de las obligaciones laborales, y por eso la aprobación en el Congreso de los Estados Unidos no está asegurada.
En el Congreso colombiano hay una enorme mayoría gubernamental, pero aún en las filas del gobierno hay reparos, cuestionamientos y reticencias. El Polo Democrático está definitivamente en contra. Y el Partido Liberal, inexplicablemente, aún no ha tomado ninguna determinación. Debe hacerlo y pronto. Pero no tanto como para despachar un asunto de tanta trascendencia en dos semanas, cuando precisamente de hoy en quince días se reúne el Congreso Liberal en Medellín, la máxima instancia de la colectividad.
A estas alturas, el TLC se volvió competencia del Congreso Liberal. Allí van a estar representadas todas las vocerías regionales, generacionales, políticas y de género. Y siendo un asunto tan importante para el país, la más alta autoridad del Partido debe asumir la posición oficial frente al TLC.
¿Tal como fue firmado le sirve al país? Definitivamente no. La forma como se negoció dejó muchas dudas y la sensación de una entrega de nuestra soberanía. No era un compromiso fácil, lo entiendo. La economía estadounidense es 150 veces más grande que la nuestra, y sus negociadores tienen una experiencia enorme. Muchos expertos internacionales lo han dicho con claridad, entre ellos el señor Stiglitz, premio Nóbel de Economía, y el Presidente de la Organización Mundial de Comercio, quienes aseguran que en esas transacciones llevan las de perder los países en desarrollo. Hasta el Presidente Clinton nos recomendó no apurarnos.
¿Qué hacer entonces? Lo he repetido hasta la saciedad: reclamar con vehemencia la ampliación del ATPADEA que es un tratado sobre aspectos comerciales, pero de naturaleza política. Por virtud de dicho convenio, que es una compensación de los Estados Unidos a los países Andinos por la lucha contra el narcotráfico, 6.000 productos colombianos pueden entrar en esa gran nación sin pagar arancel. Su vigencia nos permitirá negociar un nuevo TLC en mejores condiciones.
El Partido Liberal tiene una gran responsabilidad con el país, porque ha sido el abanderado de las causas rurales y campesinas, de la convivencia y de la lucha por los derechos de los trabajadores y tiene en su ideario la defensa del medio ambiente y la salud para todos.
El Congreso Liberal debe ordenarles a sus congresistas que no aprueben el TLC, para que se abra la posibilidad de una nueva negociación. Eso es lo que nos conviene. Apoyar el TLC tal y como está sería un suicidio político y un acto contrario al sentir de las mayorías liberales. Eso no nos lo perdonaría la historia. Ni el pueblo.
Bucaramanga, 13 de Abril,2007



EL PARTIDO LIBERAL Y EL TLC


MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Abril 15 de 2007
La bancada parlamentaria del Partido Liberal debe decidir en estos días si aprueba o rechaza el proyecto que convierte en Ley de la República el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos. Es importante recordar que lo que el Gobierno ha puesto a consideración del Congreso en el proyecto de Ley 178 de 2006 no es el contenido ni el clausulado del TLC, el cual ya está negociado y firmado, sino la aprobación del Tratado como un todo indivisible e inmodificable que solo se puede aprobar o rechazar. Ante esta disyuntiva la mejor decisión que puede tomar el Partido Liberal es votar negativamente el proyecto de Ley, es decir no aprobar el texto actual del TLC y exigir que se reabran las negociaciones para modificar todas aquellos compromisos y condiciones aceptados por el Gobierno y que se sabe que son perjudiciales para el país. Esta es exactamente la misma posición que ha asumido el Congreso de los Estados Unidos, que le ha exigido a su gobierno modificaciones al texto negociado porque consideran no solo que no protege los intereses de su país, son que además puede resultar perjudicial para Colombia en ciertos aspectos. Como he dicho en otras ocasiones el TLC no es la panacea que va a resolver todos los problemas nacionales, ni la catástrofe que va a arruinar el país; es un cambio en las reglas del juego comercial que tiene costos y beneficios, ganadores y perdedores. El problema es que el texto del TLC que le aceptó el gobierno a los negociadores norteamericanos tiene más costos que beneficios y los perdedores son los sectores más débiles y desprotegidos de la población. Esta es la conclusión de la ponencia elaborada por la senadora Cecilia López y su equipo de colaboradores, en la que además se plantean serios cuestionamientos al impacto del TLC sobre el déficit fiscal, la balanza de pagos y sectores como los medicamentos, la agricultura o el medio ambiente. Para tratar de aclarar estos cuestionamientos y ver si es posible obtener del gobierno compromisos de políticas que mitiguen los costos del TLC, Cesar Gaviria como director del Partido Liberal ha exigido un diálogo directo con el Presidente y sus ministros. Es una demostración de responsabilidad política que un partido de oposición tome la iniciativa de invitar al Gobierno a dialogar sobre proyectos de gran impacto en la vida nacional como el TLC, pero es previsible que estas conversaciones no conduzcan a nada pues son tardías e inútiles. Las conversaciones son tardías porque hace tres años, cuando se estaban iniciando las negociaciones del Tratado, congresistas del Partido Liberal propusieron un proyecto de Ley para que el debate se diera en el seno del Congreso. Es significativo que en ese momento el Presidente se hubiera opuesto a ese debate político con la oposición, que hubiera podido generar un gran consenso pluripartidista frente al TLC, y solo ahora lo acepta, tal vez presionado por los Estados Unidos que entienden que en una democracia un Tratado de ese alcance y consecuencias no puede ser impuesto por las mayorías oficiales silenciando a la oposición. Pero también resulta inútil en este momento discutir sobre un texto que, si se aprueba el proyecto de Ley, no puede ser modificado: lo único que resultaría productivo es debatir sobre los cambios que deberían introducirse en la renegociación del TLC. Pero como la alternativa planteada por el gobierno frente al TLC es de todo o nada, porque el texto acuerdo ya está negociado y firmado, el único camino posible es el de negar el proyecto de Ley y reabrir las negociaciones. La coyuntura es favorable para esta opción, porque el Congreso norteamericano está dispuesto a prorrogar por dos años las preferencias arancelarias del ATPDEA, con lo cual los exportadores colombianos podrán aprovechar la única ventaja real del TLC sin necesidad de que el país asuma todos los costos que ya ha aceptado el gobierno.El Partido Liberal debe rechazar el actual TLC y exigir una nueva negociación que proteja adecuadamente los intereses de todo el país.



COMUNICADO DE LIBERALES ANTIOQUEÑOS

Medellín , abril 16 de 2007.

Mientras tengamos influencia en los destinos del liberalismo antioqueño, la emplearemos a fondo para que nunca más regresen a apoderarse de la política del Departamento intereses que persiguen puestos públicos para colocar personas inútiles en la burocracia sin pensar en la elevada responsabilidad del servicio a la sociedad, ni oportunistas que buscan enriquecerse con los dineros de los tributos y el patrimonio que pertenecen al pueblo.

Demasiadas tragedias han ocurrido en Colombia y en particular en nuestro departamento, por cuenta de vicios y malos manejos de la política, incrustados en los gobiernos y en las corporaciones de elección popular. Violencia, corrupción y miseria son herencia de malas prácticas de la política. Nadie duda que el clientelismo y el saqueo crearon en las gentes desencanto y escepticismo hacia la democracia y los partidos.

El paramilitarismo, la guerrilla y la delincuencia, son desgracias que surgieron en el caldo de cultivos de la mala política. El sufrimiento de la población por la pobreza y el caos de la guerra, también.

Varias generaciones y muchas esperanzas se han frustrado por cuenta de la influencia en la vida pública de personajes de todas las agrupaciones políticas que demostraron con su comportamiento incompetencia para conducir la democracia. Llegó la hora de rectificar de una vez por todas, al menos es lo que buscamos en el liberalismo, si queremos merecer el respeto de la ciudadanía y con sinceridad ambicionamos la paz y el bienestar para el país.

El liberalismo es una idea sobre la manera de vivir en sociedad y consigo mismo, no una máquina para conseguir comodidades y dinero por cuenta de los demás. Los liberales venimos desde las luchas de la independencia entregando las energías y hasta la vida para que en Colombia haya libertad, paz, progreso, igualdad, justicia, respeto a los derechos humanos. Eso es lo que nos interesa para nosotros, para nuestros hijos y para los demás. No obtener ventajas y cometer abusos que traigan consigo la rabia y la miseria de otros.

Reiteramos, el liberalismo es una manera de ser, un pensamiento sobre la civilización, no un negocio. Llamamos a los liberales antioqueños a que cerremos filas para defender esta cuestión de principios, sin la cual no merece la pena la militancia en el partido.

En el día de ayer no pudieron reunirse los delegados a la Asamblea Departamental del Liberalismo Antioqueño porque lo impidieron las costumbres decadentes de la política, que quieren convertir como en otros tiempos la gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y en general el liberalismo, en fortines al servicio de intereses que reprobamos y que por ningún motivo se puede permitir que regresen. Estos hechos merecen el repudio de los liberales, cuando su mística crece como lo demostraron en las últimas votaciones.

Hicieron bien quienes se retiraron del recinto en señal de protesta porque reprueban conductas que no sólo son reprochables para el liberalismo, sino que además y por fortuna, la ciudadanía viene castigando a lo largo de los últimos años. Varios de los firmantes hicimos parte de dicha protesta.

Los liberales antioqueños competiremos en las elecciones de octubre para gobernador, alcaldías, asamblea y concejos, con candidatos competentes y honestos, comprometidos sólo con el bienestar y el progreso de la población del departamento y los municipios, entregados a llevar a buen término los programas y los ideales con los que el liberalismo interpreta el sentir del pueblo. Candidatos que fortalezcan la renovación que con buen éxito hemos venido promocionando a lo largo de los últimos tiempos. Queremos paz y progreso para todos, no más abusos ni incompetencias.

Deseamos la unidad del partido liberal en Antioquia y estamos dispuestos a trabajar por ella. Pero no a cualquier costo. Queremos candidatos a la gobernación y las alcaldías para ganar el favor popular. Pero no a cualquier costo. Queremos estar representados en la Asamblea Departamental y en los Concejos Municipales. Pero no a cualquier costo.

Como liberales, el futuro que deseamos para nuestro pueblo es de esperanza. Queremos trabajo para la gente, oportunidades para la juventud, solidaridad hacia los que sufren, vida, paz, progreso para Antioquia. De otra manera, para nosotros, la política no merece la pena.


IVAN MARULANDA BERNARDO TRUJILLO EVELIO RAMÍREZ

HILDEBRANDO MARIN RAMÓN ELEJALDE OSCAR HURTADO

CARLOS MOLINA RODOLFO CORREA



El peor negocio que ha hecho Colombia


Juan Manuel López Caballero.

Para no entrar en el llamado ‘carrusel de los medios’ (entendido éste como la caja de resonancia que busca manipular la opinión pública), ni ampararme en que solo comento lo que otros afirman, no acostumbro referirme a artículos de otras publicaciones.

En este caso me aparto de esa costumbre para aconsejar a los lectores la lectura del ‘Informe Especial’ del número 222 (abril 2 al 22) de Ámbito Jurídico.

Se refiere al negocio de la venta de Carbocol y creo que amerita más conocimiento del público y sobre todo de las autoridades de control, puesto que, alterando el orden en que lo presenta esa publicación, el interés no nace de la forma en que se hizo el negocio, sino de los resultados que lo muestran como el peor de nuestra historia.

Los hechos son los siguientes:

En Noviembre del 2000 se vendió la participación de Colombia (50%) en la explotación de la mina del Cerrejón por 383 millones de dólares.

El avalúo según la metodología adoptada por la Banca de Inversión que hizo el cálculo debería dar la suma de 540 millones de dólares, pero con un cambio en las variables de la fecha (8 Noviembre de 1999) presentaron la suma de 435 millones (básicamente en el avalúo se debe incluir un descuento por ‘riesgo político’ cuya metodología de cálculo está estandarizada; la usada por los avaluadores no coincide con la certificada por el Banco de la República).

El negoció se cerró un año después del avalúo, pero en ese momento se modificó adicionando una cláusula de protección de riesgo de manera que el costo cambiario de la devaluación no corriera para el comprador.

El contrato de venta incluía una cláusula según la cual el otro socio en el 50%, Intercor la filial de la Exxon, sólo podía vender por un mínimo de 702 millones de dólares (¿??).

Y en efecto a los 16 meses vendió al mismo comprador su otra mitad, pero por 1.117 millones de dólares (¡!!).

Y después, en 2006 en venta que hizo uno de los compradores (la compañía suiza Glencore) el precio fue de 1.700 millones de dólares por el 33%, o sea el equivalente a 2.575 millones de dólares por la parte que vendió Colombia (aunque en esta nueva venta ya no se incluía el control mayoritario (¡!!)).

Es obvio que después viene sí la pregunta de ¿cómo sucedió esto?

La principal respuesta que se da es supuestamente la mejor administración privada… pero esto no debía aplicar puesto que la administración la tenía el socio privado, o sea la Exxon a través de Intercor. Se entiende la cláusula según la cual la mitad de ellos valdría más porque el contrato de administración de acuerdo a la negociación debía seguir, y si se rompía debía reconocerse el valor de ese incumplimiento… Entonces o no es la ‘privatización’ la que le dio el mayor valor, o la gestión privada (de Intercor) lo que representó fue una prima de castigo para el sector oficial.

Se aduce que esa ‘administración de la empresa privada’ aumentó la producción de tal manera que el valor de la empresa aumentó proporcionalmente… En realidad la venta se hizo en base a la cantidad de material que se calculó se iba a extraer de acuerdo a la programación existente –es decir, lo previsto para la duración de la concesión de explotación minera hasta el año 2033, a razón de 21millones de toneladas año-, y esta subió a partir de entonces, estando hoy en 27 millones y esperando llegar a 32 millones… Pero por un lado el incremento en la extracción no existía en el momento de la negociación entre Intercor y los mismos compradores; y por el otro, al hacerse la venta en base a una concesión, esta debía estar limitada a lo proyectado o proyectarse de acuerdo al potencial que se entrega; lo que no tiene nunca sentido es avaluar en base a las limitaciones de quien vende.

Después se justifica por el alza del carbón… pero ésta se produjo después de que Intercor vendió por el triple de lo recibido por Colombia. Además los cálculos o proyecciones suponen no tener desviaciones de magnitudes como en este caso de casi 10 veces más(o, si el mercado es así de volátil y existen incertidumbres que pueden producir semejantes cambios, se incluyen cláusulas de ajuste o compensación).

Se alega que la compañía avaluadora era extranjera, y en consecuencia no tenía porque tener interés en determinado resultado… pero aparece que era del mismo grupo que la Banca que respaldaba a los compradores, y en consecuencia existía un evidente conflicto de intereses puesto que se beneficiaba del negocio financiero con ellos (era el Citygroup, que además fue multado por las autoridades americanas por tener esa clase de operaciones en que tenía doble calidad de asesor como Banca de Inversión de la operación y como financista del comprador, y por ello fue obligado a separar el negocio de Banca de Inversión)

En fin, las autoridades judiciales y administrativas están ante denuncias que está pendientes de resolver y que se refieren a multitud de irregularidades en los trámites:
De acuerdo a la legislación la primera oferta fue para el sector solidario; sin embargo una sociedad privada consignó el derecho de participación en ese momento, o sea antes de que se abrieran las inscripciones para ello.
Las empresas privadas que quisieran ser oferentes tenían un plazo para acreditar su capacidad como tal (requisitos financieros y técnicos), y ninguna se presentó dentro de los términos. Las tres futuras compradoras enviaron la documentación extemporáneamente, sin embargo fueron habilitadas cuando el proceso ya estaba legalmente muerto.
El comité que evaluaba esa capacidad le dio su aprobación en una fecha anterior a la de un informe donde la firma contratada para verificar la legalidad de los procedimientos menciona que todavía no tenía la calificación de dos de ellas.
La empresa privada que había consignado los derechos de participación (recuérdese, antes de que se abriera la inscripción, y siendo la única que cumplió ese requisito) ‘cedió’ a una de las oferentes ese derecho: la posibilidad dicho tipo de ‘cesión’ no estaba contemplada en las leyes del proceso de venta.
Aparece la delegada del comité técnico como presente y firmando dos actas en fechas en las cuales según resolución del Ministerio de Minas estaba en vacaciones.
Ya en desarrollo del proceso se modificaron los plazos para la presentación de ofertas, para los pagos, y hasta para permitir la ‘participación indirecta’ o sea la sustitución por terceras sociedades filiales de la matriz oferente.
Todo lo anterior se corona con: 1) el pacto entre la tres empresas oferentes para hacer conjuntamente una sola oferta, 2) los documentos presentados el día de la ‘subasta’ aparecen con radicación anterior a su emisión, y firmados por quien no estaba ejerciendo la función de notaria ese día.
Lo más increíble es que el acto administrativo de adjudicación no existe y el acta correspondiente podría estar viciada pues quién firmó como Ministro encargado nunca se posesionó, lo que técnicamente podría configurar una usurpación de funciones.
Como ningún hecho existe aislado sino dentro de un contexto que lo explica, y como todo esto sucedió dentro del modelo de ‘privatización’ y en el cuatrenio de Andrés Pastrana, queda la duda si el peor negocio de Colombia fue éste, o fue haber adoptado el modelo neoliberal, o fue haber tenido ese gobierno.









Cuestionario del Partido Liberal Colombiano sobre el texto del acuerdo del TLC firmado por Colombia y los Estados Unidos.



En desarrollo de la reunión del pasado 12 de los corrientes entre el señor presidente Álvaro Uribe V. y su equipo ministerial y el director único del Partido Liberal, doctor César Gaviria T. y los voceros del mismo, el Partido Liberal se permite presentar al Gobierno Nacional el cuestionario que a continuación se adjunta sobre el texto del acuerdo del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos, para dilucidar y aclarar importantes interrogantes que sobre dicho tratado se han debatido en el país.


A. Preámbulo

El Partido Demócrata en su último pronunciamiento (carta de Rangel y Pelossi), le manifestó al presidente Bush que apoyaría una prórroga automática del APTDEA por 6 meses para Colombia y Perú, dejando abierta la posibilidad de ampliarlo por 2 años más. En vista de que ninguno de los dos congresos ha ratificado el Tratado firmado por Colombia y EE.UU. ¿considera el Gobierno de Colombia la posibilidad de solicitar la renegociación de los puntos más débiles y neurálgicos del tratado suscrito?, ó ¿considera el Gobierno propiciar la introducción de reservas y declaraciones interpretativas para lograr los ajustes requeridos?

En su defecto, ¿qué gestiones piensa adelantar el Gobierno durante los próximos meses?

Las declaraciones del presidente Uribe (08/08/03), y de sus ministros, antes del proceso de negociación y durante el mismo, así como la visita del representante comercial Zoellick en agosto de 2003 que generaron en la opinión pública la idea de que se deseaba aprobar a toda costa el Tratado, limitaron de manera fundamental la capacidad del equipo negociador. ¿Por qué el Gobierno Nacional sabiendo que Colombia era un socio importante y estratégico de los Estados Unidos adoptó una estrategia de esta naturaleza? ¿Qué hicieron los ministros de Agricultura, y de Comercio Exterior y el negociador colombiano, para subsanar este





notable debilitamiento que, según lo afirman los funcionarios del gobierno
estadounidense, concluyó en concesiones previas a la negociación en
el tema agrícola así como en capítulos relacionados con la propiedad
intelectual?

En términos jurídicos, el texto acordado tiene para Colombia la denominación de Tratado, mientras en EE.UU. se llama Acuerdo. Con base en esta clasificación, ¿qué tipo de análisis ha hecho el Gobierno frente a las obligaciones y jerarquías de estas normas, considerando que EE.UU. no ha ratificado la Convención de Viena y que por tanto, para EE.UU. no es lo mismo, el compromiso que se adquiere con un Acuerdo, que aquel que se adquiere con un Tratado? Es más, ¿el Gobierno ha tenido en cuenta que frente a un incumplimiento del Tratado por parte de Colombia el país podría ser objeto de una demanda ante el Tribunal de Viena, mientras que, en caso contrario, Colombia no contaría con este recurso?

Estados Unidos inicia la negociación con Colombia con un marco de restricciones y con objetivos predeterminados estipulados en la Ley de Preferencia Comercial de ese país. Por su parte, Colombia perdió la oportunidad de haber establecido un marco jurídico o político que determinara los límites de la negociación. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la carencia de este recurso?

A manera de ejemplo, en la ley estadounidense Trade Preferential Act, (TPA) estas condiciones se fijan en todas las áreas de negociación. Tan solo para ilustrarlo, vale la pena observar las condiciones en cuanto al sector agropecuario:


a. Reducir o eliminar en una fecha cierta los aranceles y otras cargas que disminuyan las oportunidades de mercado para los Estados Unidos. Otorgar una alta prioridad a aquellos productos que cuentan con aranceles significativos elevados o regímenes de subsidios.

b. Establecer períodos de ajustes razonables para los productos de los Estados Unidos que tienen especial sensibilidad, en consultas muy cercanas con el Congreso de Estados Unidos antes de iniciar las negociaciones de reducción arancelaria.

c. Reducir o eliminar subsidios que disminuyan las oportunidades de mercado para las exportaciones de Estados Unidos o que de manera injusta distorsionan los mercados agrícolas en detrimento de los Estados Unidos.

d. Preservar los programas de ayuda que no distorsionan el comercio dirigidos a las familias y las comunidades rurales.

e. Mantener bonafide los programas de ayuda alimentaria y preservar los programas de desarrollo de mercado y los programas de crédito a las exportaciones.

f. Eliminar las políticas gubernamentales que crean excesos de producción que deprimen los precios.

g. Eliminar restricciones injustificadas de comercio o requisitos tales como etiquetado que afectan las nuevas tecnologías, incluyendo la biotecnología, así como medidas sanitarias y fitosanitarias injustificadas, incluyendo aquéllas que no se fundamentan en principios científicos en contravención de los Acuerdos de la Ronda Uruguay.

¿Por qué, ni siquiera se hizo uso de las flexibilidades que permitía la legislación estadounidense?



Soberanía

La definición de territorio incluida en el anexo 1.3 no contempla expresamente aspectos como la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético entre otros, siendo, por tanto, la definición de menor alcance a la prevista en el artículo 101 de la Constitución colombiana. ¿Cómo garantizará el Gobierno que no haya un menoscabo del territorio por dicha ambigüedad?, ¿por qué no se transcribió el texto constitucional que consagra esa definición?

Teniendo en cuenta que en el marco del comercio internacional Colombia reconoce 200 millas de soberanía marítima para su zona económica exclusiva, mientras Estados Unidos sólo establece 12 millas, ¿qué pasaría con los derechos de explotación colombiana?, es decir, si se llegara a pescar en un área que supere las 12 millas, pero que sea inferior a las 200, ¿le corresponderían los derechos de esta pesca a Colombia o estaría dentro del área marítima internacional, de acuerdo con los Estados Unidos?

El marco del TLC implica una serie de reformas legales e institucionales. ¿Cuál es la agenda legislativa del Gobierno para adaptar la legislación colombiana a las exigencias del Tratado?, ¿cuándo serán presentados dichos proyectos?, ¿podían y debían dichas reformas llevarse a cabo sin la existencia del TLC?


B. Macroeconomía

La economía colombiana enfrenta un proceso de recalentamiento; un quiebre en la tendencia de la inflación que supera hoy la meta; un déficit del gobierno central superior al 4% del PIB; déficit en la balanza comercial; una reducción significativa en el superávit comercial con los Estados Unidos; un acentuado proceso de revaluación del tipo de cambio que no ha podido ser controlado ni por el Emisor ni por el gobierno y un incremento previsto en las tasas de interés. Es evidente que estos resultados afectan un posible impacto positivo del TLC y a su vez este Tratado incide sobre el comportamiento de tales indicadores. ¿Tiene el Gobierno Nacional conciencia de que éste no es el contexto marcoeconómico adecuado para iniciar un proceso de apertura tan profundo como el que se deriva del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?

¿Ha tenido el Gobierno en cuenta que el efecto combinado de la revaluación y la reducción en aranceles representa un encarecimiento de las exportaciones colombianas de cerca del 25% y un abaratamiento de las importaciones originarias de Estado Unidos del 38%? Su efecto combinado es un incremento en el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Cómo piensa el Gobierno contrarrestar este deterioro para evitar una crisis de balanza de pagos?

¿Cómo se afectará el crecimiento de la economía con los movimientos previstos en los términos de intercambio bajo un modelo según el cual las exportaciones son el motor de crecimiento?

La principal medida macroeconómica, para enfrentar esta situación es la reducción del déficit fiscal del gobierno central. ¿En qué grado acciones de esta naturaleza van en contravía del financiamiento de la Agenda Interna con las consecuentes implicaciones para la competitividad del país?

Frente a esta realidad, ¿cómo resolverá el Gobierno la encrucijada fiscal en que se encuentra cuando, por una parte, dispondrá de menos recursos fiscales como consecuencia de la desgravación arancelaria y, por otra, requerirá de mayores gastos derivados del TLC, como los previstos en el programa de Agro Ingreso Seguro y los gastos adicionales en salud?

En estas circunstancias, ¿cómo justifica el Gobierno el haber presentado una reforma tributaria cuya premisa fundamental era la de ser neutra en términos de recaudos tributarios y que finalmente, gracias a las concesiones otorgadas, terminó afectando negativamente estos recaudos?

El Banco de la Republica ha optado por incrementar las tasas de interés como una de las medidas tendientes a controlar los brotes inflacionarios; estos aumentos estimulan el ingreso de capitales de portafolio al país que, a su vez, inciden negativamente sobre la tasa de cambio. En estas condiciones, ¿cómo se espera romper este círculo vicioso si en el capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio se pierde la autonomía del Banco de la Republica para imponer restricciones al ingreso de capitales de portafolio por un período superior a un año?

¿Qué políticas planea adoptar el Gobierno para alcanzar los equilibrios macroeconómicos necesarios para mitigar los impactos negativos del TLC?

Es evidente que Colombia tiene un modelo de crecimiento sin empleo, y la mayoría de los estudios realizados muestran que la contribución del TLC a la creación de nuevos puestos de trabajo no va a ser mayor al 2%. ¿Cuáles son los fundamentos del Gobierno para sostener que uno de los grandes beneficios del TLC será la generación de empleo?


Inversión


Numerosos economistas han advertido los graves riesgos que entraña para la estabilidad macroeconómica, la liberalización de los capitales y los costos que implica para la coordinación de las políticas en este campo y en pro del desarrollo. El Gobierno ha sostenido que lo negociado en el TLC salvaguarda las facultades de intervención de las políticas macroeconómicas, con respecto a la libre movilidad de capitales pues, según dice el Anexo 10E, permite adoptar controles a los pagos y transferencias al exterior durante un año. La lectura de dicho Anexo muestra que, en realidad, éste estableció varias excepciones a diversos tipos de operaciones a las cuales no se podrían aplicar controles a las transferencias de capital, aun en el breve término de un año. Estas excepciones son amplias.

Especifique ¿cuáles son las operaciones sobre las cuales las autoridades económicas de Colombia efectivamente conservan la facultad de limitar los pagos y transferencias al exterior mediante el Anexo 10E?

Si la cláusula de balanza de pagos es aceptada por la OMC y en todos los tratados que ha firmado Colombia hasta el momento ésta ha sido incluida, ¿por qué se eliminó dentro del TLC?, ¿considera el Gobierno que el Artículo 12.10 “Excepciones” le permitirá adoptar controles a las importaciones y a las operaciones de cuenta corriente (y a cualquiera de la cuenta de capital) en caso de serias dificultades externas o para prevenir crisis externas?

Si Colombia llegara a entrar en una crisis económica (como el caso de Argentina en 2001), ¿qué mecanismos podrá aplicar el país en el marco del TLC para superar esta eventualidad, y por cuánto tiempo? ¿Estaría dispuesto el Gobierno a establecer un impuesto a los capitales “golondrina”? y, ¿podría hacerlo a la luz del TLC para compensar su efecto especulativo?

¿Cuáles fueron las garantías que recibió Colombia del Gobierno de Estados Unidos frente a la liberalización de capitales, consagrada en el TLC para hacer frente a las perturbaciones macroeconómicas provenientes de los volátiles movimientos de capital propios de la globalización?

¿Por qué considera el Gobierno Nacional que no se vulnera ni socava la autonomía otorgada por la Constitución al Banco de la Republica para el manejo cambiario consagrada en los artículos 371, 372 y 373 en el capitulo de inversión?



En el marco fiscal de mediano plazo se establece que “Colombia dejaría de percibir recursos equivalentes al 0.18% del PIB ($645.468 millones de pesos) en términos de ingresos por aranceles durante el primer año de desgravación. En los años siguientes, las pérdidas tienen una tendencia creciente, hasta alcanzar 0.42% del PIB ($5.121.198 millones de pesos) en el año 2026, momento a partir del cual este porcentaje permanece constante.”¿Cómo se piensa financiar esta ausencia de ingresos estipulados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo?



D. Propiedad intelectual


i) Propiedad intelectual y salud.

La preocupación central del Partido Liberal colombiano es si al haberse negociado con los EE.UU. un Tratado, en materia de propiedad intelectual, cuyas obligaciones van mas allá de aquellas contempladas en los acuerdos suscritos en el seno de la OMC, ¿no habrá lugar a un incremento en el precio de los medicamentos que afecten el acceso a la salud de la mayoría de los colombianos y particularmente de aquellos de menores recursos? y si no ¿se sacrificaron las medidas que Colombia puede adoptar para enfrentar emergencias de salud pública, sin la necesidad de otorgar compensaciones a las multinacionales farmacéuticas?


Reunión del presidente Uribe y el United States Trade Representative

En desarrollo de la reunión celebrada el 16 de febrero del 2006 en Washington, en el marco de las negociaciones del TLC, sobre el capítulo de Propiedad Intelectual, entre el Gobierno de Colombia, representado por el Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, y la Representante Susan Schwab, entre otros, se hicieron varias claridades y compromisos de interés para Colombia en relación con el capítulo de propiedad intelectual.

Dado que solamente el gobierno colombiano, por medio del presidente Uribe suscribió este documento:

a) ¿Qué tipo de obligaciones vinculantes para Estados Unidos se derivan del documento suscrito conocido como ayuda de memoria?

b) ¿Los compromisos adquiridos en esta ayuda de memoria garantizan que de ninguna manera se afectará ni el precio ni el acceso a los medicamentos y que no se generarán obligaciones de compensación a las multinacionales farmacéuticas, cuando haya que tomar medidas de emergencia por asuntos de salud pública?

c) ¿El gobierno colombiano radicó o no el escrito en el Congreso de la República conjuntamente con el texto del TLC firmado?

¿El Gobierno colombiano está o no de acuerdo en que se incorporen al Tratado de manera vinculante las claridades y compromisos resultantes de la reunión del 16 de febrero de 200? En caso de respuesta positiva, ¿cómo deben ser incorporadas?


Carta del Señor Portman.

Durante la audiencia pública realizada en las Comisiones Segundas de Senado y Cámara en marzo pasado, el ministro de la Protección Social, doctor Diego Palacio Betancourt, mencionó la existencia de una carta de fecha 4 de febrero de 2006, dirigida por el señor Rob Portman, entonces Representante Comercial de los EE.UU. al Congresista por el Partido Demócrata Thomas Allen, la cual contiene, en concepto del Ministro, precisiones importantes de interés para Colombia, sobre el contenido y alcance del capítulo de propiedad intelectual.

a) ¿Publicó o no el gobierno colombiano esta carta conjuntamente con el texto del TLC negociado o en otra oportunidad?

b) ¿Radicó o no el Gobierno colombiano la carta en el Congreso de la República conjuntamente con el texto del TLC firmado?

¿Está o no de acuerdo el Gobierno colombiano en que se incorporen al Tratado de manera vinculante las precisiones contenidas en la carta? En caso de respuesta positiva, ¿cómo deben ser incorporadas?


Declaración de Doha.


Líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos han hecho público su deseo de que la obligación de respetar la Declaración de Doha sea incorporada al Tratado de manera expresa y vinculante, como objetivo prioritario del mismo. ¿El Gobierno colombiano está o no de acuerdo con esto?

¿Cuál es la respuesta del Gobierno a las preocupaciones del Partido Demócrata frente a su posición de que el TLC restringe la utilización del derecho a las licencias obligatorias en dos eventos: i) cuando el producto farmacéutico goza de protección de datos, pues el licenciatario no podría comercializarlo sino al vencimiento de esta protección, y ii) cuando está en trámite una oposición a la aprobación de comercialización de un genérico, pues bajo tales circunstancias el producto no podría comercializarse sin la autorización del supuesto titular de la patente.

¿Estaría dispuesto el gobierno colombiano a procurar una medida con fuerza legal ante los Estados Unidos que elimine el riesgo de las dos restricciones? ¿Se opone o no a que el Congreso de Colombia plantee una declaración interpretativa que logre el mismo efecto?


Patentes de métodos de uso y de segundos usos.

Existen en el TLC dos disposiciones (artículos 16.10.3.a y 16.9.11) que podrían interpretarse en el sentido de que Colombia queda obligada a patentar métodos de uso y segundos usos de medicamentos. Según el Gobierno Nacional, tal obligación no existe. ¿Cómo se hará efectiva o se incorporará la interpretación del Gobierno Nacional?

Patentes para desarrollos triviales de moléculas conocidas (medicamentos “yo también”)

Existe el riesgo de que se presione al gobierno colombiano para que aplique una disposición del TLC (artículo 16.9.1) de manera tal que lleve al país al patentamiento de modificaciones menores que fácilmente se pueden hacer a fármacos que ya están en el mercado, carentes de novedad o nivel inventivo, que no hacen de ellos unos productos mejores que los originales para el tratamiento o prevención de las enfermedades. ¿A través de qué mecanismo el Gobierno eliminará este riesgo?

Extensión de las patentes.

Mientras en Estados Unidos las compensaciones por demoras resultantes del proceso de aprobación de comercialización tienen un tope de 5 años y el plazo efectivo de las patentes un tope de 14 años, el TLC no establece topes. En concepto de Congresistas de los Estados Unidos, respaldados por observadores nacionales e internacionales, esta discriminación podría conducir al absurdo de que en Colombia el ingreso al mercado de genéricos económicos con capacidad para prevenir enfermedades y prolongar la vida se demore más que en el propio Estados Unidos. ¿El Gobierno colombiano se opone o no a que el Congreso de la República plantee una “declaración interpretativa” que elimine este riesgo?


Protección de datos de pruebas.

El artículo 16.10 del TLC amplía el sistema de protección exclusiva de datos que consignaba el Decreto 2085 de 2002, el cual fue declarado “inaplicable” por el Tribunal Andino de Justicia. Se considera que amplía el sistema por dos razones:

a) Mientras el 2085 sólo protegía la información no divulgada, podría interpretarse que el TLC protege además la información divulgada; además de establecer una protección de 3, 4 y 5 años, el TLC la fija “por un período de al menos 5 años”, lo que, en opinión de los negociadores del Ministerio de la Protección Social, convierte dicho plazo en un piso que puede ser superado por presiones bilaterales”;

b) El TLC también excluye el parágrafo del artículo 1 del 2085 y las excepciones del artículo 4, las cuales fueron concebidas por el gobierno colombiano para mitigar los impactos económicos y sanitarios del sistema de protección exclusiva de datos.

¿A través de qué mecanismo el gobierno nacional subsanará esta situación del artículo 16.10?

El Partido Demócrata de los Estados Unidos ha expresado su preocupación de que los estándares de protección de datos contenidos en el TLC son mayores que los establecidos en la legislación de su país y para buscar un equilibrio ha propuesto en principio, entre otras medidas, que los 5 años de protección no se cuenten “a partir de la fecha de la aprobación de comercialización en el territorio de la Parte”, como reza el TLC, sino “a partir de la fecha de la aprobación de comercialización en el otro territorio”. De concretarse esta propuesta, ¿el gobierno colombiano estaría dispuesto o no a apoyarla?


Vínculo patente-registro sanitario.


Existe preocupación sobre el vínculo patente-registro sanitario que quedó consignado en el TLC, pues se teme que esto se traduzca en un aplazamiento de la entrada de medicamentos genéricos al mercado. ¿El Gobierno tiene o no el propósito de expedir algunas normas o proponer alguna legislación complementaria cuyo objeto sea evitar el abuso de esta figura y cuándo?

Una de las mayores preocupaciones en este tema consiste en la posiblidad que el Tratado haya anulado la figura de la “excepción Bolar” o “trabajo temprano”, en la medida que el artículo 16.9.5 da a entender que la aprobación de comercialización sólo puede ser expedida “una vez expire la patente”. ¿Cómo se asegura el Gobierno que en el marco del Tratado quede vigente la figura de la excepción Bolar que es fundamental para atender problemas graves de salud pública?


Uso del nombre genérico.

El artículo 16.2.3 del Acuerdo podría restringir el uso del nombre genérico de los medicamentos, lo que constituye un importante instrumento de política farmacéutica. ¿Cómo va a eliminar el Gobierno este riesgo y a través de qué mecanismo?


Anulación y menoscabo.


Durante las rondas de negociación del TLC la senadora Dilian Francisca Toro comentó sobre la existencia de un documento de fecha 30 de octubre de 2002, enviado a la OMC por 14 países, incluido Colombia, sobre el tema de Anulación y Menoscabo o Reparación sin Infracción. Según lo informó la senadora Toro, el documento se titula “Anulación o Menoscabo sin Infracción de Disposiciones y otras situaciones en el marco los Acuerdos sobre los Aspectos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” y fue suscrito a nombre de Colombia por el entonces Ministro de Comercio Dr. Jorge Humberto Botero y entregado a través del entonces Embajador de Colombia ante la OMC, Dr Hernando José Gómez. De acuerdo con la misma fuente, el documento solicita abstenerse de aplicar en el ámbito de la OMC el mecanismo de Anulación y Menoscabo por considerarlo “innecesario”, “inconveniente” y que “infringe derechos soberanos”, entre otras razones. En lo que respecta al campo de la propiedad intelectual, considera que limita la autoridad de reglamentación del Estado para garantizar el acceso a medicamentos y la Salud Pública. ¿Existe este documento? En caso positivo, sírvase enviar copia.

¿Conocían este documento los negociadores colombianos cuando aceptaron incorporar al TLC el mecanismo de Anulación y Menoscabo?

¿Qué razones tuvieron para incorporarlo, no obstante que la misma Administración Uribe lo había descalificado por perverso en el escenario de la OMC?

¿Por qué no se excluyó del ámbito de aplicación del mecanismo el Capítulo de Propiedad Intelectual, siendo que el propio Gobierno considera que limita la posibilidad de garantizar el acceso a medicamentos y la salud pública?



ii) Propiedad intelectual y su impacto en la biodiversidad.


El Gobierno ha insistido en que en el TLC se ha protegido la biodiversidad del país. Sin embargo en el Tratado de Libre Comercio con los EEUU se afirma que el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales puede ser atendido a través de contratos que reflejen términos mutuamente acordados. Esto con el ánimo de usufructuar la riqueza ambiental colombiana reflejando que, en el marco del Tratado, el Gobierno colombiano ha privilegiado una visión comercial del medio ambiente.

¿Cómo garantizará el Gobierno que no se comprometa la sostenibilidad del medio ambiente?

¿Qué mecanismos están previstos para proteger el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas que han estado en contacto privilegiado con nuestra biodiversidad?

¿El sistema de Patentes estadounidense protege de la biopiratería que se ejerce en suelo colombiano?

¿Qué tipo de obligaciones asumió EEUU para asegurar que sus empresas no van a apropiarse de los recursos genéticos de Colombia?

¿Garantiza el TLC que en la explotación de la biodiversidad los beneficios derivados se repartirán equitativamente entre las comunidades colombianas y las empresas estadounidenses?

Con base en lo acordado en el capítulo de Propiedad Intelectual las Partes se comprometieron a ratificar o adherir los siguientes acuerdos a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado:

- El Convenio sobre la Distribución de las Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974);
- El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977), y enmendado en 1980;
- El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996);y
- El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (1996).

De igual forma, las Partes también se comprometieron a ratificar o adherir los siguientes acuerdos hasta el 1 de enero de 2008 o a la entrada en vigor del Acuerdo, cualquiera que sea posterior:

- El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970), y enmendado en 1979;
- El Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); y
- El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV 1991)

¿Realizó ya el Gobierno colombiano los estudios detallados correspondientes sobre la conveniencia de dichos acuerdos? En caso afirmativo, por favor enviar una copia de los informes detallados sobre costos y beneficios de la aplicación de dichos convenios.

Si el Gobierno considera que estos acuerdos son convenientes para Colombia, ¿por qué no han radicado en el Congreso el Proyecto de Ley para que dichos Tratados sean analizados en este cuerpo para su futura aprobación? ¿Por qué el Gobierno no ha agilizado su ratificación en el Congreso aun a sabiendas que de no hacerlo a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado podría entrar en una controversia con el gobierno estadounidense?


C. Agricultura

El Partido Liberal tiene serias preocupaciones acerca del sector agropecuario frente al TLC. Entre el 2002 y el 2006 la economía del país creció en promedio al 4.6%, mientras el PIB sectorial sólo creció a una tasa del 2.4%. La pobreza rural es del 62%, mientras que en las ciudades es de 39%. La revaluación que viene golpeando desde el año 2003 ha afectado particularmente el sector rural, lo que ha ocasionado una continua reducción de la rentabilidad de las actividades agropecuarias. Se enfrenta entonces el sector agropecuario a una mayor competencia internacional en una coyuntura económica desfavorable, que compromete el futuro de sus exportaciones y somete a una creciente competencia a aquellos bienes exportables.

Es imprescindible para enfrentar los retos del TLC, emprender una verdadera transformación productiva del sector agropecuario, que le permita contar con una base productiva más diversificada, y que se complemente con la implementación de políticas sociales para los pequeños productores que serán los más afectados con el Tratado. ¿Es el Gobierno consciente del reto que plantea esta situación del sector rural colombiano?


Sobre la negociación


Teniendo en cuenta que el ministro de Agricultura anunció públicamente: “Así como Estados Unidos no puede negociar en este Tratado las ayudas internas que reciben sus productores, Colombia no negociará sin incluir mecanismos para compensar y contrarrestar esas ayudas. Este punto no es negociable para Colombia”:

a) ¿Por qué se aceptó una negociación en la cual Colombia abrió de manera integral su agricultura a los subsidios estadounidenses, los cuales se mantienen de manera indefinida, o al menos hasta que sean eliminados en el marco de la OMC, sin incluir ningún mecanismo que permitiera compensarlos o contrarrestarlos, al menos por el mismo tiempo en que se mantengan dichas ayudas?

b) ¿Por qué al menos no se logró incluir una cláusula que permitiera adoptar algún mecanismo de protección en caso de que este país incrementara los niveles de ayudas actuales? Al respecto, ¿qué impactos sobre las expectativas de exportación de Colombia pueden tener las medidas propuestas por el United States Department of Agriculture para la nueva Ley Agrícola, relacionadas con nuevas ayudas para frutas y hortalizas y para biocombustibles?

c) ¿Por qué no se logró una salvaguardia de precios como sustituta del Sistema Andino de Franjas de Precios, si en otros acuerdos suscritos por EE.UU. se había incluido este tipo de medidas?

d) ¿Puede considerarse que la salvaguardia de cantidad acordada en el TLC es sustituta adecuada del Sistema Andino de Franjas de Precios?

Uno de los grandes temas de Doha es lograr una salvaguardia especial agropecuaria que permita defenderse de las caídas de precio ocasionadas, entre otros factores, por los subsidios otorgados por los países desarrollados. ¿Por qué, sin que aún se conozcan los resultados de la Ronda Doha de la OMC, Colombia renunció a la aplicación de la futura salvaguardia especial agropecuaria?

¿Por qué no se logró la eliminación de los subsidios otorgados por EEUU a través de programas de créditos, garantías de crédito y seguros a las exportación, conociendo de antemano que tales subsidios, a diferencia de las ayudas internas, sí pueden identificarse según el país destino de la exportación, y más aún, teniendo en cuenta que con excepción del sector lácteo estos instrumentos constituyen el grueso de los subsidios a la exportación que otorga Estados Unidos?

¿Cómo garantizar que los productos del agro colombiano compitan en condiciones de equidad si los EE.UU. mantienen indefinidamente sus ayudas internas a la producción, las cuales representan un 39% del PIB sectorial, así como los subsidios a las exportaciones por medio de los programas de créditos, mientras que Colombia acordó eliminar en un plazo dado la protección arancelaria de todos los productos, y las transferencias al sector sólo representan un 3% del PIB sectorial?

¿Puede el programa “Agro Ingreso Seguro” restablecer las condiciones de equidad, teniendo en cuenta el monto y los recursos previstos y que su vigencia no es indefinida?

¿Por qué el Gobierno anunció la creación del Agro Ingreso Seguro antes de terminar la negociación?

Teniendo en cuenta que las negociaciones internacionales deben guiarse por los principios constitucionales de equidad y reciprocidad:

a) ¿Por qué se permitió a los EE.UU. excluir el azúcar y los productos con alto contenido de azúcar de su programa de desgravación, teniendo en cuenta que era nuestro principal producto de potencial real e inmediato de exportación a dicho país?

b) ¿Por qué se aceptó dicha exclusión sin que Colombia hubiera igualmente excluido algún sector o producto sensible, como se habían catalogado por ejemplo los cuartos traseros de pollo y el arroz, más aún teniendo en cuenta que en los tratados suscritos por EE.UU. con Marruecos, Jordania, Chile, Centro América y Canadá se había aceptado este tipo de exclusiones?

Teniendo en cuenta que el porcentaje de comercio ofrecido en desgravación inmediata por parte de Colombia a los EE.UU., más el monto de los contingentes otorgados para los principales productos de exportación estadounidenses superaba el porcentaje de comercio ofrecido en igual tratamiento por los EE.UU. a Colombia:

a) ¿Por qué Colombia aceptó una cláusula de preferencia no recíproca para la agricultura?

b) ¿Por qué dicha cláusula implica compromisos desde una fecha específica, sin que aún se haya decidido la implementación del Tratado?

c) ¿Qué implicaciones puede traer para el país el hecho de que la cláusula hable no sólo de acuerdos suscritos a futuro sino de acuerdos suscritos anteriormente que sean “modificados” o “profundizados” después del 27 de febrero de 2006?

d) ¿Este compromiso puede implicar que si Colombia decide renegociar acuerdos como el G3, tal como lo ha anunciado el Gobierno, o MERCORSUR, las preferencias acordadas en estos acuerdos deberían trasladarse a los EE.UU. si llegan a ser mejores?


¿Por qué el Gobierno colombiano aceptó conceder mediante el mecanismo de contingentes cerca de 2.500.000 toneladas de importaciones libres de arancel a cambio de solo 68.000 toneladas, lo que le permitirá a EE.UU. incrementar desde la entrada en vigencia del tratado sus exportaciones a Colombia en una proporción mayor que aquella en la que podrán crecer las ventas externas de nuestro país?

¿Por qué la negociación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias implica beneficios certeros para Estados Unidos y no para Colombia, lo cual se deduce de comparar los compromisos asumidos de manera clara, concreta y contundente por el país, frente al lenguaje condicional y poco afirmativo de la carta anexa al tratado suscrita en esta materia?

¿Por qué en el caso de Colombia se asumieron compromisos en materia sanitaria y fitosanitaria de productos específicos y en el de Estados Unidos no, aduciendo que estos debían circunscribirse a los avances en la agenda multilateral? Al respecto, y teniendo en cuenta que la carne de bovino era uno de los productos ofensivos de mayor interés de Colombia, ¿por qué no se logró el compromiso de darle acceso a la carne colombiana proveniente de zonas libres de aftosa en compensación al compromiso colombiano de permitir la entrada de carne estadounidense de reses de más de 30 meses? ¿Cuál es la diferencia de lo que solicitaba Colombia en materia sanitaria y fitosanitaria y lo que se logró?, ¿qué implicaciones tiene esto?

¿Por qué el Gobierno, después de haber calificado las solicitudes iniciales de EE.UU. de maximalistas, terminó aceptándolas de manera casi integral, como en el maíz, producto en el que los EE.UU. solicitaban 2.2 millones de contingente y Colombia aceptó 2 millones?

Teniendo en cuenta que el país es un socio estratégico de EE.UU. en la región y en el mundo:

a) ¿Por qué la negociación de la agricultura en el caso de Colombia no permitió exclusiones como las que se le aceptaron a Centro América, Chile o Marruecos?

b) ¿Por qué a Colombia no se le permitió administrar algunos contingentes mediante requisitos de desempeño como en el caso de Centro América, o de subastas como en el caso de Marruecos?

c) ¿Por qué Colombia fue el único país (además de Perú) que aceptó una cláusula no recíproca de preferencia para todo el comercio agropecuario?

d) ¿Por qué Colombia fue el único país que aceptó unos compromisos específicos sobre la entrada de productos cárnicos desde los EE.UU.?

e) ¿Por qué Colombia tuvo que otorgar un volumen de contingentes arancelarios mucho mayor que el de cualquier otro socio de los EE.UU., sin recibir mayores contingentes estadounidenses proporcionalmente?


Sobre los Impactos del TLC en el sector agrícola


¿Cuáles son los estimativos del Ministerio en cuanto a los impactos exclusivamente derivados del TLC en área, empleo y producción de los principales productos del agro colombiano, tanto los que compiten con importaciones como los exportables? Favor indicar los sustentos (estudios, proyecciones, etc.) de los estimativos.

¿Cuáles son los estimativos del Ministerio en cuanto a los impactos del TLC sobre los pequeños productores y la economía campesina?

En los estudios que se presentaron en los debates se afirma que va a haber una reducción y desplazamiento del empleo rural hacia otros sectores más productivos. ¿Cómo se va a garantizar que efectivamente este desplazamiento sea hacia estos sectores y no hacia sectores marginados de la economía, (por ejemplo cultivos ilícitos) o incorporarse a la masa de desplazados por la violencia?

En vista de que el Gobierno reiteradamente ha insistido que una parte significativa de los beneficios en el sector agropecuario derivados de la negociación del TLC están en las potencialidades de exportación de biocombustibles se le solicita aclarar:

a) ¿Cuál es el estado actual de la producción de etanol en Colombia; los proyectos que se están desarrollando en esta materia; los productos agrícolas involucrados; su capacidad estimada de producción y de exportación, y los plazos requeridos para lograr concretar las expectativas, teniendo en cuenta la política interna de incorporación gradual de etanol en la gasolina? Favor indicar los sustentos (estudios, proyecciones, etc.) de los estimativos.

b) ¿Cuál es el estado actual de la producción de biodiesel en Colombia; los proyectos que se están desarrollando en esta materia; los productos agrícolas involucrados; su capacidad estimada de producción y de exportación, y los plazos requeridos para lograr concretar las expectativas, teniendo en cuenta la política interna de incorporación gradual de biodiesel en el ACPM? Favor indicar los sustentos (estudios, proyecciones, etc.) de los estimativos.

¿Cuál es el estado actual de los proyectos que se están desarrollando en el marco de los productos incluidos en la apuesta exportadora (frutas y hortalizas, carne de bovino, etc.) y las previsiones existentes al respecto? Favor indicar los sustentos (estudios, proyecciones, etc.) de los estimativos.


Sobre la política agropecuaria


¿Por qué frente a la difícil situación del sector agropecuario que puede agravarse con el TLC, la política del Gobierno Agro Ingreso Seguro, no está dirigida a contribuir de manera significativa al proceso de transformación productiva del sector agropecuario, ni a resolver los graves problemas sociales del campo colombiano y en particular de la economía campesina?

¿Qué políticas económicas se han pensado adelantar, adicionales al programa Agro Ingreso Seguro, con miras a fomentar la transformación productiva que requiere el sector agropecuario colombiano?

Dada la estructura actual de las cadenas de producción y comercialización, ¿qué mecanismos ha contemplado el gobierno para garantizar que la desgravación arancelaria de los productos agropecuarios se trasladen en su totalidad a los consumidores de alimentos y bebidas, y evitar que la misma se quede en manos de los importadores y de la cadena de comercialización, tal como sucedió en el caso mexicano?

En caso de que ocurra una situación similar a la mexicana, en la que las ganancias de la desgravación no se trasladan al consumidor, ¿cómo piensa el Gobierno mitigar los efectos de una excesiva dependencia de importación de alimentos que llegarían al consumidor a precios elevados?

Dado que en el estudio preparatorio para el TLC que adelantó el Ministerio de Agricultura se encontró que el manejo de la “tierra” era uno de los principales problemas que afectaba la competitividad del sector agropecuario colombiano, ¿qué medidas ha pensado implementar el Gobierno para revertir esta situación?

¿Qué mecanismos ha contemplado el Gobierno para compensar a los pequeños productores que resultarán afectados por el Tratado, los cuales prácticamente no tienen acceso al crédito y que por ende no podrán involucrarse en proyectos de grandes magnitudes como los asociados a biocombustibles y ganadería?

La responsabilidad de la asignación de los recursos provenientes de Agro Ingreso Seguro debe ser exclusivamente pública. ¿Por qué se le ha dado una participación tan significativa a los grandes gremios de la producción agropecuaria?


Conclusiones


Con base en las respuestas a las preguntas anteriores se solicita al Gobierno aclarar:

a) ¿Por qué considera el Gobierno que el sector agrícola fue un ganador neto de la negociación?

b) ¿Por qué considera que la negociación de este sector fue equitativa, asimétrica en favor de Colombia y que no atenta contra ningún artículo de la Constitución Política del país?

c) ¿Por qué la considera mejor que la alcanzada por los países de Centroamérica?

d) ¿Por qué considera que el sector agropecuario está preparado para competir frente a los subsidios estadounidenses?





E. Comercio transfronterizo de servicios


¿Cómo va a enfrentar el Gobierno Nacional el acceso a la obtención de visas para agilizar las oportunidades y el desarrollo del comercio de bienes y servicios en Estados Unidos?

¿La aplicación del concepto de Trato Nacional, según el cual “cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus proveedores de servicios (artículo 11:2:1)” no pondría en peligro la financiación estatal que por intermedio de los artículos 56 y 87 de la Ley 30 de 1992 se da a la universidad pública, o en su defecto no obligaría a suministrar fondos de financiación a los proveedores de servicios educativos de los Estados Unidos?


F. Pequeña y mediana empresa (Pymes)

La experiencia internacional aconseja que los países que realicen acuerdos bilaterales deben tomar medidas específicas para proteger la pequeña y mediana empresa. Ya que en Colombia este sector se considera automáticamente ganador, no se ha diseñado en el país una estrategia coherente que minimice los costos, con excepción de la salvedad hecha en materia de compras estatales. Además de esta carencia estratégica, el Partido Liberal tiene tres preocupaciones adicionales:


Frente a las dudas expresadas por los productores en materia de los artículos que podrían ingresar ya sea como bienes usados o remanufacturados, ¿cuáles considera el Gobierno que serán los sectores más afectados por el ingreso de este tipo de productos?

¿Qué políticas ha previsto adoptar el Gobierno para mitigar el impacto sobre la pequeña y mediana empresa, ante el ingreso de estos bienes remanufacturados?

¿Qué medidas adoptará el Gobierno para evitar que en lugar de la importación de bienes remanufacturados entren al país bienes usados, lo que puede ser nefasto para las pequeñas y medianas empresas?


G. Contratación pública


El Gobierno estableció claramente que éste era uno de los capítulos ganadores, en consideración a que se trata del acceso a un mercado muy grande e importante que Estados Unidos acostumbra a cerrar para otros países. Pero, ¿dónde está realmente la oportunidad, si: a) el 80% de las compras públicas se hacen internamente entre Estados; b) si solamente algunos Estados adhirieron al convenio y c) si se excluyó para Colombia la posibilidad de licitar en los sectores de alimentos y defensa de Estados Unidos? ¿Qué va a hacer el Gobierno Nacional para facilitar la presencia de la industria colombiana en Estados Unidos?


G. Agenda interna

Si el Gobierno Nacional presenta, mediante sus ministros, un modelo de desarrollo basado en la competitividad, el cual requiere priorizar los recursos de inversión en los aspectos cruciales de la Agenda interna en capital físico y capital humano, ¿cómo se explica que el Plan Nacional de Desarrollo priorice los recursos de inversión en la política de Seguridad Democrática?

Mientras que la Agenda Interna apunta a aumentar la competitividad del país, la política de Seguridad Democrática plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo persigue un objetivo diferente ¿No se le están planteando al país dos modelos de desarrollo simultáneos y con prioridades distintas de inversión?

¿Cómo va a garantizar el Gobierno Nacional la financiación de la transformación productiva del país en el contexto del TLC, si el Plan Nacional de Desarrollo no plantea una Agenda Interna coherente, con garantía de financiación, con prioridades y mecanismos operativos?


H. Infraestructura.

Con respecto a la infraestructura hay tres temas débiles en el Plan Nacional de Desarrollo que se consideran fundamentales para enfrentar el TLC con los EE.UU: 1) plan de obras; 2) financiación de los proyectos, y 3) ajustes institucionales.

Plan de obras.

Al analizar cuidadosamente el Plan de Desarrollo y el Plan 2500 es evidente que en el plan de inversiones del Gobierno Nacional no hay una clara priorización de las obras ni una definición del cronograma de ejecución de las mismas, en el contexto de una concepción integral y menos aún concebidas bajo la estrategia de transporte multimodal.

El Partido Liberal estaría muy interesado en conocer el plan de obras detallado, su priorización, la garantía de recursos para su implementación y el respectivo cronograma para su ejecución. ¿Cómo puede asegurarse que la inversión pública y privada se destinará a los proyectos estratégicos en los tiempos requeridos? Sírvase presentar el plan de obras de manera detallada: prioridades, recursos y cronograma de ejecución.

Financiación de los proyectos.

Bajo un panorama de un cuantioso déficit fiscal que requiere medidas de restricción de inversión, algunas de las cuales ya han sido anunciadas por el ministro de Hacienda, es evidente que no están disponibles los recursos anunciados en el Plan Nacional de Desarrollo superiores a los 10 billones de pesos. ¿Cuáles serán los mecanismos que utilizará el Gobierno y cuáles serán las fuentes para garantizar la disponibilidad de estos recursos de tal forma que se asegure la financiación de estas obras?

Es evidente que se requiere el aporte de recursos del sector privado. ¿Cuáles son las reglas de juego, los mecanismos, los incentivos y demás elementos de una política exitosa en proyectos de infraestructura de transporte? ¿Qué prevé el Gobierno Nacional para cumplir con la metas de inversión privada y para suplir la insuficiencia en la inversión pública?

¿Qué tipo de protección ha previsto el Gobierno para estimular la participación de la Ingeniería Nacional, sobre todo en la construcción en grandes obras?


Ajustes institucionales

Una queja permanente del sector privado es la ausencia de un Ministerio de Transporte fuerte y despolitizado, y la no existencia de una comisión reguladora que sirva de garantía para la participación del sector privado. Frente a esta percepción: ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para que fluyan los recursos privados y encuentren las garantías suficientes para participar en proyectos y licitaciones y para la regulación autónoma, técnica e independiente del sector?


Obras prioritarias.

¿Tiene el Gobierno claridad de los mecanismos y fuentes de financiación para la estructuración y construcción para las siguientes obras consideradas como prioritarias en aras de mejorar la competitividad de la industria nacional frente al TLC?:

a) Nueva carretera a la costa por el Magdalena Medio, tema ignorado durante el cuatrienio anterior;

b) Corredor Bogotá-Buenaventura: ¿cuándo se va a concluir esta obra?

c) ¿Qué tiene previsto el gobierno en materia de conexión vial con Ecuador
y Venezuela?


d) Transporte férreo: no existe una política que delinee los objetivos del Gobierno. ¿Va a continuar el Gobierno con el abandono de este tema y además ignorar la necesidad de articularlo con el transporte fluvial, con los puertos y el transporte terrestre?

e) ¿Cómo va a enfrentar el Gobierno la incertidumbre de la renegociación de las concesiones de los puertos? ¿Cómo ha pensado enfrentar el Gobierno el problema logístico y el aislamiento de varios de los principales puertos del país?,¿cómo enfrentará el gobierno la ausencia de antepuertos en algunos puertos del país, de; sobrecostos por fallas logísticas y de velocidad de transporte, rotación y entrega de los contenedores? ¿Ha trazado el gobierno una política de dragado?

Consideraciones Finales.

Al congreso le compete hacer un estudio de conveniencia y además evaluar su ajuste a la Constitución. Al tener en cuenta que en el texto del Tratado se identifican varias cláusulas que conllevan a:

La pérdida de la autonomía del Banco de la República para el manejo de los flujos de capital para períodos superiores a un año.
La posibilidad de extender a los Estados Unidos tratos preferenciales superiores a los concedidos a este país en negociaciones que profundicen acuerdos comerciales ya suscritos, o en nuevos acuerdos en el sector agropecuario sin que exista una obligación de la misma naturaleza por parte de los Estados Unidos.
El impacto sobre la salud pública por el posible encarecimiento del precio de los medicamentos que puede derivarse, entre otros, de la extensión de la duración de las patentes.
la existencia de exclusiones al programa de desgravación de productos sensibles en el caso de Estados Unidos y la ausencia de exclusiones de dicho programa en el caso de Colombia.


Con base en las consideraciones anotadas, ¿está seguro el Gobierno de que cláusulas como las anteriores, así como otras contempladas en el acuerdo, no contravienen los principios de equidad, reciprocidad, conveniencia nacional, progresividad y prohibición de retroceso, además derechos fundamentales como el de la vida? Favor sustentar su respuesta.


El Tratado de libre Comercio requiere una serie de reformas institucionales tendientes a aumentar la competitividad del aparato productivo colombiano como condición sine qua non para aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas del TLC. Para este propósito existe un conjunto de instituciones que requieren profundas transformaciones dado el estado actual en que se encuentran. Entre ellas pueden mencionarse: la Corporación de investigaciones agropecuarias Corpoica; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA; el Servicio Nacional de aprendizaje SENA; el Instituto Colombiano Agropecuario ICA; el sistema de investigación científica y desarrollo tecnológico; el sistema de Crédito Agropecuario y en especial el Banco Agrario, entre otras. ¿Qué estrategias ha diseñado el Gobierno y qué monto de recursos ha asignado para la adecuación de este esquema institucional a las exigencias del Tratado de Libre Comercio?

Bogotá D.C., Abril 15 de 2007



Pensando en el Congreso Liberal


César González Muñoz

Esclavizados por el formalismo del pensamiento económico en boga, muchos economistas piensan que el futuro depende del “modelo de política económica”: Bajar o subir aranceles, liberar o amarrar la tasa de cambio, intervenir o soltar las tasas de interés, en fin, declararse amigo o enemigo del Teorema de Hercksher –Ohlin, o rendirse de admiración ante el diktat librecambista de importar alimentos baratos, qué se yo.
Es obvio que el establecimiento colombiano está obligado a definir un modelo económico. Un modelo cuyas partes sean coherentes entre sí, y cuyos imperativos sean observados con disciplina por quienes manejan las instituciones estatales. Un sistema que organice la economía para el crecimiento sostenible y que permita combatir con éxito la pobreza y la desigualdad, como condición de largo plazo. Un mapa, no una colcha de retazos con todo el mundo tirando para su lado.
Pero un modelo económico no es independiente de las bases institucionales y políticas del funcionamiento de la sociedad. Me refiero a las reglas que, fundadas en la ética privada y pública y en la coerción de la Ley, establecen los límites y los alcances de las relaciones entre los individuos y entre éstos y el Estado. Pertenecen a este mundo las libertades individuales, el carácter de la propiedad sobre los bienes naturales y los bienes construidos, la existencia o no de la separación de los poderes públicos, la calidad y la eficiencia de las reglas judiciales, la existencia o la falta de mecanismos para llamar a rendir cuentas a quienes están investidos de autoridad, las relaciones entre lo local y lo central, el manejo ambiental, el monopolio o la diversidad de los poderes armados, el impacto y el grado de tolerancia pública con la economía criminal. Existe, además, un conjunto de instituciones de alcance internacional que, de un modo u otro, limitan la libertad de acción de las personas y de los Estados en la escena global.
Así pues, un modelo económico queda definido por sus fundamentos institucionales y políticos. Un lector avisado preguntaría si acaso todo eso no está en la Constitución. Y es verdad. El problema es que el Libro no está en la conciencia colectiva y además hay gente con poder político que lo odia apasionadamente. Resultado: confusión y miras cortas. Véase si no, la triste andadura de la Ley de Plan de Desarrollo.
Por otra parte, para muchos economistas de los extremos, el neoliberal y el intervencionista, la textura política no es más que un molesto ruido que perturba las letanías de la “ciencia”. Para unos, “los mercados” deben ser los protagonistas de la historia. El mejor test de la buena economía es el veredicto de los mercados. Para los otros, el Estado, manejado por ilustres clérigos del “diagnóstico correcto”, debe tener a su disposición todos los instrumentos del manejo económico para modularlos a favor del progreso social. Ambos extremos comparten el mismo sentimiento de desconfianza con los procesos políticos e institucionales, los que, presuntamente, no pertenecen al campo del conocimiento científico.
Dejados a su arbitrio, los “ortodoxos” de los noventa le produjeron grandes daños al aparato económico. Continúan teniendo una gran influencia en los círculos del poder estatal y entre la gente vinculada a los ambientes empresariales. Mientras tanto, los profesantes del otro extremo, dejados por fuera de toda influencia, se complacen en anunciar que hay fórmulas muy simples y poderosas para salir de la pobreza: Basta con “renegociar la deuda”, establecer controles cambiarios y financieros, quitarle la autonomía al banco central, y listo.
Sería lamentable que el próximo Congreso Liberal se enredara en este pleito, y terminara aprobando declaraciones huérfanas de toda consideración sobre las complejidades institucionales de sacar de la penuria a la mayoría de compatriotas.



PROYECTO PARA REDISEÑAR INTERNET


David Orenstein, davidjo@stanford.edu, periódico Nuevo enfoque, No. 6, segunda quincena de abril/2007.

Stanford University. Internet resulta tan fascinante para la mayoría de la gente que la usa, que a casi nadie se le ocurriría hacerse la pregunta: ¿Es realmente como la habríamos construido si pudiésemos diseñarla hoy de arriba a abajo, desde sus cimientos? Hacerse esta pregunta y buscar respuestas, es el trabajo de un equipo de investigadores que han adoptado un enfoque de "nada es sagrado" para satisfacer del mejor modo posible las necesidades humanas de comunicación, y que están lanzando un nuevo proyecto orientado a rediseñar la red de redes. Nick McKeown, profesor de ingeniería electrónica y ciencias de la computación en la Universidad de Stanford, está liderando el esfuerzo. Él ha hecho contribuciones substanciales al desarrollo de la tecnología de enrutadores (routers) en el corazón de la actual Internet.

Por su parte, el codirector de la iniciativa y profesor de ingeniería electrónica Bernd Girod ha sido pionero de la distribución de contenidos multimedia en Internet, contribuyendo directamente a los estándares para codificación de video digital. También comparten esta visión de un diseño radicalmente nuevo de una infraestructura global de comunicaciones, varios departamentos de ingeniería que han formalizado acuerdos para realizar investigaciones científicas dentro de este ambicioso proyecto. Patrocinándolos, están conocidas compañías, incluyendo Cisco Systems, Deutsche Telekom Laboratories y NEC. ¿Cómo podría ser una nueva Internet? Internet ha sido ciertamente uno de los grandes logros de la humanidad en el siglo XX, pero los investigadores creen que, con suficiente dedicación, se puede hacer mucho más para mejorar sus prestaciones, recurriendo a la vía del rediseño con el mismo espíritu creativo con que Internet fue forjada. McKeown y sus colegas ya han identificado y comenzado a trabajar en cuatro direcciones que constituyen la filosofía inicial de investigación del proyecto. Algunos de estos esfuerzos están materializándose en el desarrollo de prototipos que ya permiten presagiar como podría ser una nueva Internet. Un primer ejemplo es un prototipo de una red inalámbrica de 400 usuarios llamada "Ethane" y ubicada en el Edificio Gates de Ciencias de la Computación. Las redes corporativas normales permiten por defecto comunicación abierta, lo que convierte la implementación de medidas de seguridad y la de reglas de privacidad en tareas onerosas para los administradores de redes. Es mucho más sencillo con Ethane, que comienza con la prohibición de todas las comunicaciones. Los administradores simplemente tienen que comenzar a abrir los canales apropiados dentro de la organización mientras la seguridad es el estado que reina por defecto. Un segundo esfuerzo está encaminado a corregir la desigualdad hoy existente entre la disponibilidad de redes con capacidad inalámbrica y el increíble crecimiento del uso de dispositivos inalámbricos para acceder a Internet. La investigación está enfocada a encontrar maneras de dar a los dispositivos inalámbricos (PDAs, teléfonos y otros dispositivos portátiles) la flexibilidad para encontrar y aprovechar franjas no usadas del espectro cuando lo necesiten. Otro de los cambios: los enrutadores En otra dirección, los científicos están trabajando para revisar y mejorar la interacción entre los enrutadores cercanos a las "orillas" de Internet, en las cuales los usuarios se conectan a ella, y los enrutadores que gobiernan la columna vertebral de las comunicaciones de Internet. El proyecto tiene por meta reemplazar los grandes enrutadores en la columna vertebral, con conmutadores ópticos de alta eficiencia que serían más flexibles y receptivos a las demandas de los enrutadores en las orillas. Esto podría permitir a los proveedores de servicios de Internet obtener el ancho de banda exacto que requieren justo cuando sus usuarios lo necesiten. Una cuarta línea de investigación podría mejorar modelos de investigación teórica sobre Internet para permitir un mejor conocimiento de la red a escalas mayores que las que pueden manejar las simulaciones por ordenador.
PACTOS CON NARCOS

RAFAEL GUARIN, Nuevo Herald, abril 18 de 2007.
Mientras Colombia libra una guerra contra las drogas, en que guerrillas y paramilitares se convirtieron en empresas dedicadas a la cocaína y heroína, en Estados Unidos el Departamento de Justicia implementa un programa de ''Resocialización de Narcotraficantes'' que fomenta la impunidad.
Desde el gobierno de Bill Clinton se decidió promover arreglos directos con los narcos. El libro Pacto en la sombra, de Jorge Lesmes y Edgar Téllez, relata dicha iniciativa que hasta ahora, supuestamente, estaba en secreto aun para las administraciones de Samper, Pastrana y Uribe.
Tales acuerdos, suscritos con más de 300 narcotraficantes, son posibles sobre la base de confesar delitos, desmantelar rutas de tráfico y entregar millones de dólares. A cambio los mafiosos obtienen libertad inmediata o una corta reclusión, visa múltiple que incluye la familia, legalizan su situación y mantienen parte de la inmensa riqueza, sin obligarse a delatar a sus cómplices. En síntesis, se les premia con impunidad y acceso al sueño americano.
Una fórmula similar se extiende a las multinacionales que patrocinaron el paramilitarismo. La multa de $25 millones fijada a Chiquita Brands es el típico ejemplo de cómo por esta vía quedan sin sanción conductas delictivas.
No es posible que los colombianos paguen el combate a las drogas con miles de muertos y desplazados, mientras muchos de los que comercializaron la cocaína de las FARC y de los paramilitares disfrutan de las playas y la vida nocturna de Miami. Son los mismos que participaron en la organización de bandas de sicarios y de ejércitos privados, autores de masacres, reclutamiento de niños, expansión de la corrupción y captura de las instituciones democráticas.
Estos hechos reflejan un inaceptable doble rasero de la política antidroga. Las medidas que se imponen a las naciones productoras son desvirtuadas por las negociaciones ocultas con las cortes federales estadounidenses. El resultado es petardear los esfuerzos de los demás países que enfrentan el comercio ilícito.
Según la ONU, durante el año 2005 más de las dos terceras partes de la oferta de cocaína provenía de Colombia y su cultivo aumentó en 8% respecto a 2004. Una de las explicaciones a esas cifras y a la tendencia descendente de los precios de la misma, a partir de 2002, puede estar en los perversos incentivos derivados de la política de ``resocialización''.
Los ''pactos'' fomentan indirectamente el tráfico de estupefacientes y generan un nuevo cálculo de costo-beneficio. Resulta rentable dedicarse al narcotráfico si se tiene certeza que todo se resuelve con una generosa suma de dinero. También la capacidad disuasoria de la extradición se reduce, pues ésta comienza a percibirse como un camino para conseguir ''perdón y olvido'' en Estados Unidos. Aunque se saca del escenario a un narcotraficante, se motiva a decenas para ocupar su lugar.
Por otro lado, la estrategia pareciera dar razón a quienes afirman que el problema de las drogas es meramente económico y no de salud pública. Da la impresión de que recuperar los millones de dólares que salen de las fronteras es más prioritario que erradicar el fenómeno. Hace dos décadas el cartel de Medellín ofreció pagar la deuda externa a cambio de análogos beneficios. El gobierno Betancur acertadamente se negó. ¿Qué pasaría si Colombia pretendiera adoptar esa política? ¿Al fin y al cabo, los millones de dólares entregados por los mafiosos no resultan de crímenes cometidos en Colombia? Si los Rodríguez Orejuela acordaron desembolsar bienes por 2,100 millones de dólares, ¿cuánto sumará lo pagado por los más de 300 narcos?
La pasividad de los funcionarios del gobierno, del propio presidente Alvaro Uribe y de la oposición es vergonzosa. Nadie ha dicho una sola palabra sobre una situación claramente negativa para el país. Hay que exigir a la administración Bush colocar las cartas sobre la mesa y que se adopte conjuntamente una sola política criminal en esta materia. La disparidad actual es el mejor aliado de la delincuencia.
Del mismo modo, es obvio que después de medio millar de extradiciones Colombia tiene derecho a pedir el retorno de los criminales con cuentas pendientes. De lo contrario, el lema de los narcos en los años ochenta, ''preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos'', deberá cambiarse por ``preferimos una visa norteamericana que una cárcel en Colombia''.
www.rafaelguarin.blogspot.com



CRECIMIENTO Y DESARROLLO


Julio Silva-Colmenares, Vicepresidente, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Director, Observatorio sobre Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Colombia.

Si bien las ciencias que tienen como objeto de estudio la naturaleza, en todas sus manifestaciones, tienden a tener definiciones unívocas de sus principales categorías o términos propios, en el caso de las que versan sobre la sociedad y el ser humano hay más ambigüedad, no sólo por las características de la realidad estudiada, sino porque cuenta también la cosmovisión particular de cada científico. Dada la multiplicidad de determinantes que hay detrás de cada fenómeno son ciencias menos exactas, ya que no sólo puede haber factores desconocidos, en el primer momento, sino a los que se da distinta ponderación o interpretación. Como es natural, tales particularidades influyen en la explicación de las causas o efectos de los fenómenos. Por tanto, las ciencias sociales y humanas son más complejas y difíciles que las ciencias naturales, aunque se cree que es al contrario. No obstante, existen categorías que desde hace tiempo deberían ser más precisas, como «crecimiento» y «desarrollo».
Con frecuencia se aplica el adjetivo «económico» a los sustantivos «crecimiento» y «desarrollo» como si tales expresiones significasen lo mismo, olvidando que «económico», según la primera acepción del diccionario de las academias de la lengua, es lo “perteneciente o relativo a la economía”, la que define a su vez como “ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos”. Incluso esta última definición es restrictiva, pues desconoce que la satisfacción de las necesidades sociales y espirituales también es objeto de actividad económica. El mismo diccionario define «crecimiento», de manera sencilla, como la “acción y efecto de crecer” y «desarrollo» como la “acción y efecto de desarrollar o desarrollarse”, pero reconoce una acepción propia de desarrollo para la Economía: “evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”.

En consecuencia, «crecimiento», desde la perspectiva económica, debe entenderse como la creciente disponibilidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades materiales, sociales y espirituales de los seres humanos. Y «desarrollo», también desde la visión de las ciencias económicas, debe verse como el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos por medio de la satisfacción de sus necesidades materiales, sociales y espirituales. O sea, el «crecimiento» es el medio y el «desarrollo» es el fin. Es decir, el «crecimiento» permite la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios, lo que corresponde al campo de la oferta, de la producción, mientras el «desarrollo» es la utilización de esos bienes y servicios para vivir mejor, lo que corresponde al campo de la demanda, sobre todo del consumo final. Luego a la Economía, como ciencia social por antonomasia, ha de preocuparle más la demanda que la oferta. Lo que no ocurre hoy por influencia de nuevas escuelas del pensamiento económico, que sacrificaron el fundamento filosófico y ético que le dieron autores como Smith, Ricardo, Marx y Keynes, entre otros, en aras de una supuesta disciplina exenta de principios y valores, aséptica, campo fértil para el ejercicio exclusivo de las matemáticas. En esta disciplina la preocupación por el ser humano fue sustituida por la medición de la actividad económica.
Si volvemos a la concepción prístina, del «crecimiento» podría decirse que es «económico», pero del «desarrollo» que es «humano». Si el «crecimiento» es creación social de riqueza, producción de medios, el «desarrollo» supone la distribución equitativa de la riqueza creada, cumplimiento de fines. Por eso hemos insistido tanto en que si bien crecimiento económico y desarrollo humano son procesos distintos, deben ser simultáneos y complementarios, en un escenario propicio para la realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad.



SIGUEN GANANDO LOS MALOS


Octavio Quintero

Me dolió anoche ser antioqueño y verme defendido por unos parlamentarios que confunden a Uribe con Antioquia y a la lealtad con la complicidad. Como afortunadamente sigo siendo antioqueño, y si una nueva vida me diera a escoger, pediría volver a nacer en Yarumal, tengo derecho a disentir de esos filibusteros que a lo largo del debate sobre el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia, intentaron ponernos a todos los antioqueños en contra del senador Petro por denunciar, primero, que todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe y, segundo, que esa fuerza criminal, proterva y diabólica, ha infiltrado todas las actividades económicas, políticas y sociales de ese glorioso departamento.
Curiosamente, al siguiente día del debate, Diego Fernando Gómez, un columnista de El Colombiano (la Biblia de los antioqueños), nos recuerda que en el 2005 la gobernación de Antioquia contrató un estudio en el que se revela que todo el estamento político, económico y social de Antioquia y Medellín está infiltrado por el paramilitarismo. Me supongo que todos los parlamentarios de Antioquia conocen ese estudio; están en la obligación de conocerlo. Y si fuesen honestos, si realmente estuviesen hablando en defensa de Antioquia, mal estuvo que nos quisieran lanzar a todos los paisas, como perros, tras las carnes de Petro.
Por desgracia, y como colofón de este debate, Antioquia resultó ser claro ejemplo de que no queremos admitir la verdad del paramilitarismo que infesta no sólo a la clase política sino a la empresarial y, por extensión, a toda la institucionalidad del país, pues, ahí están metidos, ya sin duda, en los sectores de al agricultura, la salud, la educación, el comercio, el transporte, los entes de control y vigilancia como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, el DAS, el Ejército y la Policía…
Igual que se intentó hacer creer que el debate de Petro fue un ataque a la majestad de Antioquia, en el campo nacional las fuerzas uribistas intentan traslapar, y lo están logrando, su fetidez con el manto de un falso nacionalismo.
Pero no estoy defendiendo a Petro; ni falta que le hace. Me parece, inclusive, que la politización del debate le está haciendo sombra a la verdad que se busca que, en mi concepto, no es tan importante escudriñar la génesis de las Convivir, como hallar quiénes son desde el Gobierno y las Fuerzas Armadas y de Policía, así como desde el sector privado, que las siguen protegiendo a pesar de su degeneración en sanguinaria fuerza criminal que, como se ha venido comprobando, puede estar hoy al servicio de los terratenientes y mañana de narcotraficantes y, aún, engrosar después las fuerzas de la subversión. Su problema no es de lado de quién combaten sino lo que ganan como mercenarios.
El columnista de El Colombiano da en el clavo cuando afirma que… “tratando de vincular al presidente con propósitos puramente politiqueros (…) lo que está terminando por ocurrir es generar una reacción ciudadana detrás de la cual se están protegiendo hábilmente los responsables de un delicado proceso de degradación social que nos ha devuelto décadas en desarrollo social, rural y metropolitano, con una vergonzosa impunidad”.
Eso por un lado. Por otro, el presidente Uribe y sus secuaces han logrado confundir al país; han logrado meter en el mismo costal a las Farc con los paramilitares, siendo que sus crímenes, ambos horrendos y detestables, tienen connotaciones diferentes: los crímenes de las Farc son crímenes de rebelión, de sedición o de guerra; son terroristas, si se quiere; y los crímenes de los paramilitares son crímenes de Estado.
Sobre lo anterior, es pertinente aclarar que, sin ponerme de su parte, los particulares, bajo su propia responsabilidad y riesgo, pueden combinar todas las formas de lucha en su guerra contra el Estado. Que sea válido o no, ahí están las autoridades nacionales e internacionales para sopesarlo; pero a su vez, el Estado no puede combinar todas las formas de lucha para someter a los alzados en armas; no, porque el Estado es el dueño del monopolio de las armas y solamente están facultados para usarlas sus agentes autorizados, es decir, las Fuerzas Armadas y de Policía conforme a las leyes que nos rigen, dentro de las cuales se eleva como máxima garantía del Derecho de Defensa, el debido proceso.
Decir (que ni siquiera sugerir), que la sevicia de las Farc justificó y justifica las AUC, es admitir que en Colombia ha fenecido el Estado de Derecho; es incitar a la violencia de todo aquel que se sienta inseguro y desamparado del Estado; es, por la misma razón, justificar la vía de las armas para rechazar las injusticias sociales, provengan de donde provengan: del Estado o de la empresa privada.
¡Ojo! La gente no es tan tonta…
Me parece que, mientras no se logre hacer la distinción precisa entre una y otra violencia; entre la violencia de particulares y la violencia de Estado, combinada en todas sus formas de lucha, desde el patrocinio de escuadrones de la muerte hasta la implantación de un modelo económico que nos ha expropiado la soberanía monetaria y la libertad de autodeterminación, nada habremos avanzado en el esclarecimiento de la verdad ni en el camino de la reconciliación nacional y menos, mucho menos, en la construcción de un país en el que la justicia social nos libre de ver morir de hambre a los niños del Chocó.
En ese sentido, el debate de Petro no pasó de ser una lectura más de la historia que todos sabemos y que nadie ha podido resolvernos: ni la subversión porque antes no tenía fuerza para derrocar al régimen, ni hoy parece tener vocación ideológica sino, igual que todos, intereses económicos; ni el Gobierno porque, en vez de ponerse a ver cómo resolvía los problemas económicos y sociales que de tiempo atrás aquejan al país, se puso a ver cómo exterminaba por la vía más rápida a quienes en principio alegaban la injusticia social como fundamento de rebelión.
Póngase a pensar: mal está el enfermo, ni come ni hay qué darle
oquinteroefe@yahoo.com
Abril de 2007



Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad.
Alerta por el Cambio Climático

Edna Lorena Fuerte, Ecoportal, No. 293, abril 18 de 2007.

Resulta cada vez más evidente la necesidad de acciones concretas a nivel global para abatir los efectos del calentamiento de la tierra, pero esas acciones deben ser construidas por las voces locales, de cada región y cada continente, que pongan en la mesa sus preocupaciones y propuestas.
La semana pasada se emitió en Bruselas el documento “Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad” que presentaron varios países miembros de la Organización de Naciones Unidas a través de los trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos, en el que se detalla el impacto que tendrán los cambios climáticos en las próximas décadas.
A partir de este documento se ha suscitado un hecho sin precedentes en la agenda de la ONU, pues el Consejo de Seguridad por primera vez abordará la problemática ambiental como un asunto prioritario para la seguridad mundial, más aún, como una discusión impostergable para la comunidad internacional.
El informe plantea un panorama catastrófico para el 2020: la posible extinción del 30% de las especies animales y vegetales del mundo, incendios forestales, escasez de agua, sequía y modificación de la temporadas agrícolas, aumento del nivel del mar de 4 a 6 metros; todo ello como resultado de un aumento de entre 2 o 3 grados en la media de la temperatura registrada en 1990.
Resulta entonces cada vez más evidente la necesidad de acciones concretas a nivel global para abatir los efectos del calentamiento de la tierra, pero esas acciones deben ser construidas por las voces locales, de cada región y cada continente, que pongan en la mesa sus preocupaciones y propuestas.
Especialmente preocupante para quienes habitamos en Chihuahua, es la mención del desierto de nuestro estado dentro de las 10 regiones en peligro inminente ante las condiciones climáticas; esto nos urge a todos los chihuahuenses a abrir la discusión y comenzar a generar propuestas.
Propuestas que deberán ser llevadas a todos los espacios de discusión, locales, nacionales e internacionales, que hagan factibles las acciones necesarias para preservar lo más que se pueda nuestro hábitat. Ya no se trata sólo de una toma de conciencia que nos conduzca a actitudes personales favorables al ambiente; sino de acciones concretas y radicales que se enfrenten al panorama catastrófico que se prefigura.
Hemos planteado en repetidas ocasiones la necesidad de colaboración entre naciones de una misma región para abatir problemáticas comunes. El caso del riesgo climático requiere de la mayor cooperación de todas las naciones, pues el mundo entero está en riesgo. Si bien es cierto que no se puede detener del todo o modificar la tendencia de la temperatura mundial, se tiene que trabajar para lograr la mayor adaptación posible a los mismos.
Hay, en el informe que referimos, un diagnóstico severamente atendible sobre el impacto climático, desde una perspectiva científica que no deja espacio a matizar interpretaciones, estableciendo una radiografía sobre la vulnerabilidad de las distintas regiones, lo que nos debe llevar a la reflexión sobre la desigualdad de condiciones y recursos de las diferentes zonas de la tierra que, al fin y al cabo, afectará de manera generalizada a todo el planeta.
Las acciones ambientales no pueden quedar delegadas a organismos internacionales, su afectación generalizada urge de la participación activa de todos, como individuos, entidades, naciones u organismos multinacionales dispuestos a construir propuestas y destinar recursos que aseguren el futuro de la humanidad. www.ecoportal.net* Edna Lorena FuerteCd. Juárez, Chihuahua, México



El quinto mosquetero


Marcos Aguinis, LA NACION, Buenos Aires, abril 19 de 2007.

Alejandro Dumas fue un monstruo de la naturaleza. Sus aventuras y la magnitud de su obra superan a los personajes que nacieron de su imaginación. Ya desde antes de nacer, su destino lo embarcaba en peripecias asombrosas, que no cesaron hasta que su cuerpo obeso y voraz se detuvo de golpe. Parece imposible que haya sido el autor de 1400 títulos, entre novelas, obras de teatro y libros de viaje. Aunque lo hayan asistido colaboradores con materiales, información e ideas, todos sus productos llegaron a la imprenta escritos con su propia mano, que hacía correr la pluma a velocidad de vértigo. Podía gozar de animadas reuniones y apartarse durante una hora para redactar algunos capítulos o escenas que de súbito estallaban en el cerebro. Después volvía a gozar de manjares, de buenos vinos y de las caricias de mujeres que se morían por su amor. Estuvo inmerso en la historia de Francia por la conflictiva relación que tuvo su padre con Bonaparte y por su amistad con el hijo del rey Luis Felipe. Recorrió el Mediterráneo de una margen a la otra, fue adorado por jeques del desierto y luchó con Garibaldi por la unidad de Italia. Padeció extrema pobreza, se hizo inmensamente rico, construyó el espléndido palacio de Montecristo y perdió todo hasta quedar en la última miseria. Lo admiraron y envidiaron, lo criticaron y pusieron en el cielo. D’Artagnan se hubiera sentido humillado por la vitalidad, los saltos y las fintas de su creador. Henri Troyat nos ha regalado una sabrosa biografía de esta personalidad irrepetible. Pero sus 462 páginas no alcanzan para desplegar la riqueza de una vida inmensa, más llena de joyas que los cofres recuperados por el conde de Montecristo, de quien hizo una novela perfecta. Alejandro Dumas no sólo ha grabado en el mármol de la literatura universal títulos como Los tres mosqueteros, Los hermanos Corso, La reina Margot, Enrique III, Cristina y Veinte años después, sino una historia personal que pone al rojo nuestra capacidad de asombro. Empecemos por señalar que fue el nieto de una esclava caribeña. Y que su padre, hijo de esa negra, había sido vendido por su propio progenitor. Esa terrible saga había empezado cuando a fines del reinado de Luis XV un noble francés que había despilfarrado su fortuna viajó a Santo Domingo, compró una plantación y se procuró una concubina entre las esclavas más bonitas. Se llamaba Marie Cessette. Resultó ser muy inteligente y se convirtió en la administradora de la finca, lo cual le valió el sobrenombre de Marie du Mas (María de la finca). Du Mas se condensó en Dumas. Ella le dio varios hijos, pero el mayor, llamado Thomas Alexandre, era tan vigoroso e ingenioso que su padre le tomó gran cariño, pese a su tez oscura y a su cabello ensortijado. Un huracán devastó las plantaciones y después una epidemia mató a millares de sobrevivientes, incluida Marie Dumas. Arruinado, el francés decidió regresar a Europa, pero como no tenía dinero para el pasaje, vendió a los hijos que había tenido con Marie. Respecto del mayor, se reservó el derecho de retroventa antes de que pasaran cinco años. En Francia obtuvo una herencia importante y, por culpa o por nostalgia, recuperó a su hijo natural. Thomas Alexandre, apenas llegado a París, se zambulló en el estudio y también aprendió elegantes modales. Su estatura, agilidad felina y ojos de fuego le dieron notoriedad en salones, ópera y garitos. Después quiso alistarse en el ejército y su padre se enojó: “¡No quiero que arrastres mi apellido en los últimos escalafones!” “Perfecto –contestó el hijo de la esclava–; me alistaré con el apellido Dumas.” Las peripecias de Thomas Alexandre Dumas en el cuartel estuvieron plagadas de extravagancias que después inspiraron a su hijo escritor. Atravesó la toma de la Bastilla, los desórdenes de la revolución y el fanatismo por las decapitaciones. Se enamoró de Marie-Louise, una belleza que se rindió enseguida ante ese mulato seductor que sabía de memoria parrafadas de César y Plutarco, era un espadachín invencible y era capaz de cargar tres hombres sobre sus espaldas. Las aventuras bélicas del dominicano causaron sensación desde que pudo atrapar él solo a trece soldados austríacos. Poco después de casarse tuvo que seguir en campaña y debió marchar de un frente a otro, con exhibiciones de coraje, picardía y magnanimidad (que algunos fanáticos llamaron antipatrióticas). Bonaparte, advertido de su talento, lo incorporó a sus huestes y después lo llamó a Italia para que fuera gobernador en Trevise, donde trabajó con tanta honestidad y eficiencia que sus habitantes lo saludaban como el “Benefactor”. Más adelante fue llevado por Bonaparte a Egipto. Después de la batalla de las Pirámides y la triunfal entrada en El Cairo, se permitió criticar el absurdo de esa campaña. Napoleón le reprochó su actitud y Thomas Alexandre Dumas, sin perder la calma, replicó: “Sí, dije que por la gloria y el honor de la patria yo daría la vuelta al mundo, pero si sólo se tratara de un capricho suyo, no daría un solo paso”. Bonaparte le contestó, firme: “Quien no cree en mi fortuna es ciego”. Y se convirtieron en enemigos para siempre. Se embarcó de regreso a Francia, fue apresado en un naufragio y enterrado en una cárcel del reino de Nápoles. Padeció envenenamientos y una torpe sangría que le seccionó un nervio del pie. Cuando pudo regresar, lisiado y sordo, estaba irreconocible. Dedicó lo poco que le quedaba de vida a su pequeño hijo de ojos azules, en quien incrustó sus aventuras, que luego se iluminarían en páginas inmortales. Cuando murió y le explicaron que se había ido al cielo por voluntad de Dios, el pequeño Alejandro, inconsolable, fue a buscar una escopeta para matar a Dios. Presenció la caída de Napoleón, el ascenso de Luis XVIII y los inútiles reclamos de su madre por una pensión modesta. Alejandro se las arreglaba y hacía amigos por su habilidad de cazador. Pronto descubrió también su ingenio en la escritura y el poder hipnótico de la poesía. No le resultaba dificil enamorar mujeres y decidió apelar a cualquier recurso para vestir con elegancia. Vio una representación de Hamlet y salió transformado. Estudió papeles de memoria y consiguió ser aceptado como actor y luego como director en su aldea natal. Su buena letra le permitió obtener un puesto de escribiente notarial en París, donde inició su ardua y enseguida prolífica etapa de dramaturgo. Un día le confiaron que el duque de Orleáns buscaba un empleado de confianza para copiar documentos secretos. Su Alteza lo recibió con estas palabras: “Es usted el hijo de un valiente a quien, según parece, Bonaparte dejó morir de hambre, ¿no es cierto?” Alejandro asintió sin hacer comentarios y el duque lo contrató. Se tornó amigo de su hijo y, pese a sus ideales republicanos, estuvo cerca del trono cuando el duque se convirtió en rey. Pero el poder no le facilitó su éxito –su orgullo tampoco lo pedía–, sino que lo alcanzó a costa de esfuerzo, frustraciones y perseverancia. Con tropiezos, ascendió a la fama. Las mujeres caían en sus brazos y su departamento se llenaba de flores. Repartía su tiempo entre las aburridas copias de la oficina y sus aceleradas creaciones, entre las amantes que atendía y los mensajes inspirados que las hacían suspirar, entre los ensayos y las corridas tras sus editores. Su agilidad no era de este mundo. Además, se hacía tiempo para su madre, a la que adoraba. Luego siguieron sus novelas, que lo llevaron a la cumbre. Su producción era industrial. Fue amigo, compinche y rival de Victor Hugo, con inalterable respeto y parpadeos de envidia recíproca. Algo menos, de Balzac. Su amistad con George Sand, más tarde, le hizo un daño a la historia. Fue así: el primer hijo natural de Dumas, también llamado Alejandro, alcanzó fama con su culebrón autobiográfico, titulado La dama de las camelias. que luego Verdi jerarquizaría en La traviata. Igual que el padre, tuvo interminables enredos amorosos, uno de los cuales lo unió a una bellísima noble rusa. La acompañó en su regreso a Moscú, pero su marido, enterado, le bloqueó el cruce de la frontera. Entonces debió quedarse unos días en Polonia, donde una parienta de Chopin le confesó que guardaba un paquete con las cartas de amor que le había escrito George Sand. Alejandro hijo se lo contó a su padre, quien a su vez se lo trasmitió a la escritora. Ella, ansiosa, le rogó que pagase lo que fuera para recuperarlas. Alejandro Dumas le hizo el favor y George Sand cometió el sacrilegio de quemarlas una a una. Nunca renunció a sus ideales libertarios y republicanos, aunque en Francia eran traicionados de un lado y del otro. Participó en varias batallas suscitadas por la anarquía política y tuvo papeles decisivos –quizás imitando a su fabuloso padre– en riesgosas misiones contra amotinamientos en varias regiones del país. Tuvo el desparpajo de violar órdenes, ser magnánimo con los vencidos y pretender saltear las barreras de la censura con piezas que ponían en ridículo el abuso del poder. Pese a su fama, hubo límites que no le permitieron franquear. Sus espectadores aplaudían las burlas a los poderosos, al sinsentido de las revueltas populares y a la impunidad de ciertos círculos. Insistía en que era un “republicano social”, opuesto a los “republicanos revolucionarios”, autores de los peores extravíos y desgracias. En Suiza, acompañado por una de sus amantes, conoció a Chateaubriand y Hortense de Beauharnais, madre de Luis Napoleón Bonaparte, que sería luego emperador, y confraternizó con ellos. Lo atacó la fiebre por los viajes y organizó una expedición científica por el Mediterráneo. Un nuevo incidente sentimental casi le hizo perder el barco. Desde Marsella fue a la isla de If, y recorrió sus siniestros calabozos. Recorrió gran parte de las ciudades costeras italianas. En Nápoles visitó la prisión donde habían maltratado a su padre y disfrutó en el Teatro San Carlo el estreno de la ópera Norma, de Bellini, a cuya cantante sedujo pese a que ella tenía muy cerca al novio. Dumas era tan famoso que lo recibió en Roma el papa Gregorio XVI, quien le preguntó cuál sería su próxima obra. El escritor respondió: Calígula. El Papa tragó saliva, pero le obsequió un rosario con carozos de aceitunas recogidas en el Monte de los Olivos. Como si no fuera suficiente el río de escritos que generaban sus manos, al volver fundó el diario independiente La Mousqueterie, sobre hechos de actualidad. El lo llenaba en un noventa por ciento. Alejandro Dumas, descendiente de esclavos, supo gozar como pocos de la libertad. Incluso de la de innovar en la literatura y gozar de las más variadas ofertas de la vida.



Salud para los pobres, una mentira


Ramón Elejalde Arbeláez

El título de la columna debió ser “La vida de los colombianos, especialmente la de los más pobres, vale un comino”, lamentablemente es muy extenso y el periódico no me lo acepta.
Van tres historias que conocí directamente en sólo tres días. Doña Alicia Gallego, educadora pensionada del municipio de Yolombó, se sintió mal y buscó los servicios médicos de la clínica Soma. Allí la atendieron y le brindaron los primeros auxilios, le dijeron que su situación requería con urgencia una clínica con servicios cardiovasculares para que le realizaran un cateterismo. La EPS Salud Total le manifestó su intención de buscar una cama en una clínica especializada y así permaneció por tiempo precioso hasta que murió, ante la mirada aterrada e impotente de sus familiares y amigos que hicieron todo lo humanamente posible por solucionar el problema.
Gilberto Zuluaga Monsalve, luego de una operación y de estar ya en su casa, sufrió una peritonitis. Oportunamente acudió a la Unidad Intermedia de Salud de Belén donde le hicieron el diagnóstico correcto y a tiempo. Ocho largas horas duraron los médicos que lo atendieron buscando una cama con una unidad de cuidados intensivos, hasta que murió mientras sus familiares imploraban por todas partes la atención especializada que su paciente requería. Estaba en el Sisbén, es decir, era un hombre pobre. Estaba afiliado a la ARS Ecoopsos. Definitivamente la salud es un negocio donde poco importa la vida de los más pobres.
Henry Gómez Úsuga es un joven que no llega a los veinte años, que sufrió daño en una pierna a causa de un accidente de tránsito. Le diagnosticaron una osteomielitis crónica y le dijeron que requería un tratamiento largo, costoso y urgente para salvarle la pierna. Durante más de veinticinco días ha venido implorando ser atendido. Coosalud su administradora de riesgos, no obstante haber perdido una tutela sobre este caso y estar en curso un incidente de desacato, nada ha querido hacer por la pierna de Henry. Seguramente la va a perder. Hoy por lo pronto, se revuelca en su cama esperando que el Estado Social de Derecho se acuerde de que es eso, un estado social. No ha faltado quien abogue por él. Tengo entendido que la mismísima Dirección de Salud de Antioquia ha buscado que Coosalud atienda a Henry. Nada les ha valido. La razón que me dio un entendido en la materia es más cruel aún que lo que padece el joven: “No lo atienden porque el tratamiento es sumamente costoso. Prefieren que pierda la pierna”. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Una sociedad que se dice cristiana, debería, hace mucho tiempo, haber protestado por lo que está pasando con la salud en Colombia. ¿Alguien podrá ayudar a salvar el pie de Henry?
Nota. A raíz de las calumniosas afirmaciones de Gustavo Petro contra mi familia, debo agradecer a infinidad de personas que nos manifestaron su solidaridad, especialmente a los ministros Andrés Uriel Gallego y Carlos Holguín, a los parlamentarios Óscar Darío Pérez, Luis Fernando Velasco, Manuel Ramiro Velásquez, Carlos Arturo Piedrahíta, Óscar Hurtado y Luis Fernando Duque, que en pleno debate y sin más obligación que su compromiso con la verdad, hicieron nuestra defensa. Muy gallarda y valerosa la posición del representante antioqueño por el Polo Democrático, doctor Germán Reyes, quien públicamente en la Cámara de Representantes se solidarizó con este servidor y me pidió excusas en nombre de su Partido. Eso lo ennoblece.
No quiero terminar mi columna sin compartir con mis lectores un escrito que recibí del académico Jorge Cadavid:
Poderoso saludo, doctor Elejalde. En mi vida académica, laboral y social, he conocido cuatro Elejaldes y todos son "Para": El uno es bueno "para" las matemáticas. Otro es buenísimo “para" jugar fútbol. Otro es buenísisimo "para" contar chistes y además es buenosotote "para" trabajar y crear empresa. El último es buen "para" en todo el sentido de la palabra, para lo que sea es bueno: buen esposo, buen padre, buen amigo, buen liberal, buen ciudadano, buen parlamentario, buen antioqueño y buen hincha del Dim. Es un "para" completo.
Con todo el respeto, doctor Elejalde, lo que dijeron de usted y de su familia no fue una calumnia. Usted es un "para" completo. Y todos los Elejaldes que conozco. Se equivocaron fue en el concepto”.