BOLETIN VIRTUAL

Recordando al hijo del ejecutivo:
Dijo el panfletario José María Vargas Vila, escribiendo sobre el Presidente José Manuel Marroquín: “Escribió un libro que casi no se vende y engendró un hijo que se vende mucho”.

"El orden y la paz no dependen de la permanencia de un solo hombre en el poder", dijo Rafael Reyes el 13 de marzo de 1909, cuando se retiraba de la Presidencia por la presión popular, después de que había pensado perpetuarse en el mando y se creía el nuevo mesías.

Cuando al poeta cartagenero Luis Carlos “Tuerto” López lo atacaba desde la prensa algún amanuense, le escribió:
¡Oh perro miserable!
Que humilde ocultas con temor la cola
-como cualquier político del día-
¡y no te da un ataque de hidrofobia!

¿Será que la solución para los equipos de fútbol es la salida del técnico?
No creo, pienso que los que tienen que salir son los directivos. Por ahí comienza la limpieza.


CONTENIDO


• Clotilde García Borrero, una admirable mujer Liberal huilense. Delimiro Moreno Calderón.
• El FMI y la administración de riesgos operacionales y financieros 2007-2010, Octavio Ramírez Rojas.
• El decenio perdido del Japón, Pablo Busteló
• Riesgos del optimismo prematuro, Mauricio Cabrera Galvis.
• El problema no es Álvaro Uribe, Álvaro Jurado Nieto.
• Medidas de seguridad inoficiosas, Jorge Mejía Martínez.
• ¿Paraísos perdidos?, César González Muñoz.
• La voz de Dios, la voz del pueblo, la voz del Senado. Juan Manuel López Caballero.
• Haciéndose los bobos, Octavio Quintero.


Clotilde García Borrero, Una admirable mujer liberal huilense.

Abanderada de la ley 28 de 1932, que reconoció el derecho de la mujer colombiana a manejar sus propios recursos. Feminista, ecologista y madre de familia. Progenitora de dos gobernadores del Huila.
Delimiro Moreno.
Doña Clotilde García Borrero, casada con don Carlos Ucrós, fue la madre de dos gobernadores del Huila, Eduardo y Jaime Ucrós García, pero su figura es importante en la historia de Colombia no sólo por eso sino por méritos propios como ecologista y combatiente feminista, abanderada de la aprobación de la ley 28 de 1932, que concedió a la mujer colombiana el derecho a manejar sus propios recursos, hasta ese momento en manos de sus padres, esposos e hijos, y base del reconocimiento posterior de la mujer como ciudadana que goza de los mismos derechos de los hombres. Fue una de las primeras ecologistas del país, y bajo su dirección se arborizó buena parte de Bogotá. En este corto ensayo trataremos de esbozar su extraordinaria vida.
Los padres
Don Abelardo García Salas (1857-1925), su padre, era uno de esos viejos patriarcas de las tierras calientes del centro del Huila, trabajador incansable, hijo del gobernador liberal de la provincia de Neiva Joaquín García Bernabeu, miembro de la elite de su partido en la región. Don Abelardo era reconocido militante liberal, cuya voz era escuchada en los círculos dirigentes con mucho respeto. Suscrito a los principales periódicos liberales de la capital de la República, era ferviente partidario del general Rafael Uribe Uribe, cuyo asesinato le provocó intensa indignación. Participó en la Junta de Liberales del 30 de marzo de 1913 reunida en Gigante para poner de acuerdo a liberales “uribistas” o “bloquistas” con los “republicanos” dirigidos por Anselmo Gaitán Useche. Su vida transcurrió en lo fundamental en la época de transición entre las instituciones federales liberales que se mantuvieron en el país de 1853 a 1886, y el “nuevo orden” conservador -bien viejo por cierto, pues revivía la Colonia- instalado en este año. Don Abelardo estuvo dedicado en lo esencial al manejo de sus negocios, sobre todo el cuidado de sus fincas y las de sus parientes, actividad que le brindaba una situación económica más o menos holgada que le permitió tratar de educar a sus numerosos hijos y preocuparse hasta por la suerte de sus nietos, como ocurrió con los hijos de Clotilde.
Como liberal de arraigados principios radicales, don Abelardo inculcó en sus hijos esas ideas, apoyado por su esposa María Inés Borrero Álvarez, de claro origen e igual militancia liberal. Doña María Inés, de refinada cultura para su época, lectora infatigable, mujer de fuerte carácter, ama de casa virtuosa, muy “consentida”, pero muy consciente de la situación de dominio machista en que vivían las mujeres de su tiempo, sembró en su hija Clotilde la inconformidad con ese régimen. “El hombre colombiano, escribía doña María Inés en alguna ocasión, no se preocupa por facilitarles (a las mujeres) su trabajo manual, ni por cultivar su inteligencia, y pronto está la joven más bonita, la de más aspiraciones, hecha un jumento y vulgar en toda la extensión de la palabra”.
Lucha por los derechos de la mujer
Clotilde García Borrero de Ucrós, fruto de ese matrimonio, en su madurez, llevará al terreno de la lucha política estas ideas por la liberación femenina desarrolladas en todo el país al amparo del gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, primero, y luego de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, en la cual colaborarán su primo César García Álvarez y su hermano Joaquín García Borrero como dirigentes políticos y parlamentarios.
Durante el dominio de la Regeneración y el gobierno del partido conservador, instalados en el poder desde 1886, el papel de la mujer en la sociedad se reducía a ser hija, esposa y madre, sometida a la autoridad incontrastable de los hombres, padres, esposos y hasta hijos, como lo querían los padres de la Iglesia. Desde el comienzo de la campaña liberal para la reconquista del poder después de 45 años de hegemonía conservadora, ella se destacó por la participación femenina en la candidatura de Enrique Olaya Herrera.
De modo que al triunfo liberal en 1930, lo menos que podía esperarse era que el partido llegado de nuevo al poder se convirtiera en el adalid de los derechos femeninos. La tarea no era fácil, porque en las mismas filas liberales se encontraban decididos partidarios del machismo, enemigos de cualquier participación femenina en la vida pública y con mayores veras en la política.
El primer proyecto presentado por el nuevo gobierno al Congreso fue sobre el “Régimen de capitulaciones matrimoniales” para dar a la mujer casada autonomía patrimonial, otorgándole el derecho a pedir la separación total o parcial de bienes cuando ella lo quisiera, sin ser obligada a alegar ningún tipo de causal. El proyecto fue difundido y analizado por Ofelia Uribe de Acosta en el Congreso Internacional Femenino reunido en el mes de diciembre de 1930 en Bogotá, pero no fue aprobado por el Congreso. Algunos de sus principales enemigos llegaron a afirmar que el proyecto de ley “era la financiación del adulterio”; “podría llevar al desquiciamiento de la familia y del propio Estado culto y cristiano que la moral y la virtud de nuestras mujeres han cultivado” y era resultado de las propuestas del régimen liberal para implantar un sistema que “rechaza la educación y la ideología esencialmente cristianas del pueblo colombiano, la moral y las costumbres hogareñas de nuestra raza”. Laureano Gómez, Silvio Villegas, Luis Ignacio Andrade y Guillermo Valencia, entre otros, se opusieron al proyecto, incluso valiéndose del abandono de las sesiones para minar el quórum y así impedir su aprobación. Estos senadores dejaron constancia de su voto negativo porque “el nuevo estatuto afectará gravemente la estabilidad del hogar colombiano y porque va directamente contra la unidad conyugal, base y sustentáculo del matrimonio católico”.
Atemorizadas por semejantes andanadas, las mujeres no participaron con el fervor de esperarse en la defensa del proyecto. Y aquí fue donde se destacó Clotilde García Borrero de Ucrós, ya una señora casada, madura y con hijos. “Una sola mujer, Clotilde García de Ucrós, recordará después Ofelia Uribe de Acosta, tomó la bandera de la aprobación de esta reforma: levantó de la inercia a un pequeño grupo de damas, y con ellas irrumpía valerosamente a las barras de la Cámara y del Senado de la República para hacer presión”. Olaya Herrera, asombrado del talento y dinamismo de esta mujer, le envió un mensaje autógrafo que ella conserva orgullosamente.
Y agrega Ofelia Uribe de Acosta:
“Vivía yo entonces en Santander, departamento embotellado por carencia de vías carreteables, desde donde, tras largas jornadas a lomo de mula, logró hacer cuatro o cinco viajes a Bogotá, llamada por Clotilde para asistir a las más acaloradas sesiones del parlamento, en donde los enemigos del proyecto, que sentían acercarse su derrota porque el gobierno presionaba también a favor de su expedición, se habían convertido en un botafuego de injurias contra las “feministas”.
Sin hacer antesala
Y Clotilde García Borrero de Ucrós no era conocida sólo en el Parlamento. Familiarizada con los más altos círculos políticos y sociales de la capital de la República, no hacía antesala para hablar con el Presidente y sus ministros y plantearles los problemas de su sexo y de su lucha. Gracias a esa acción suya y de las mujeres que la siguieron fue expedida en noviembre de 1932 y entró en vigencia el 1 de enero de 1933, la ley 28 que modificó la “Potestad Marital” en la parte relativa a los bienes de la mujer; consagró la libre administración y disposición de los bienes pertenecientes a cada cónyuge en las deudas personales y la solidaridad ante terceros por las contraídas para satisfacer las necesidades domésticas; dio a la mujer casada la facultad de comparecer libremente en juicio y eliminó las autorizaciones maritales para el manejo de los bienes.
Esta reforma, con la educativa que le permitió a la mujer entrar a la Universidad y la del derecho al voto fue, dice Sergio Ocampo Madrid “formidable cambio que les permitió a las mujeres pasar de ser amas de casa y madres, sin derechos patrimoniales ni políticos, en menos de cincuenta años, a manejar las finanzas, la tecnocracia gubernamental y el sector privado, entre otros”.
Feminista, rebelde y ecologista
En la ponencia presentada al III Congreso Huilense de Historia y II Simposio de Historia del sur de Colombia, realizado en Neiva del 3 al 6 de noviembre de 1999, la historiadora Stella Paredes cita una conversación con doña Inés Ucrós García, la hija de doña Clotilde, quien le informa que su madre:
“Primero estudió en Neiva, luego la enviaron a Bogotá, pues en Neiva tenía muchos novios. En Bogotá estudió en el colegio de Herminia Espinosa; el cambio de colegio no sirvió como remedio pues allí se ennovió con el profesor de matemáticas. No recuerdo hasta qué año cursó. De lo que sí puedo dar fe es que fue una buena lectora, lo mismo que mi padre.
“Cuando vivíamos en la finca El Cardo, en Palermo, recuerdo a mi mamá cosiendo todo el tiempo la ropa que se necesitaba para los muchachos (los 5 hermanos) y para las tres mujeres. No olvido mi felicidad cuando en una ocasión que yo estaba en Bogotá me mandó una ropita interior llena de arandelitas que la gocé tremendamente. Cuando vivíamos en El Cardo, hacía el bizcocho y el pan semanalmente para toda la familia, a veces vendía los fines de semana parte del producto de esa labor culinaria. En la finca sembraba muchos árboles. Cuando se vendió la finca, creo que por
$15.000,oo la familia se vino a vivir a Bogotá, donde compraron dos casas, una para arrendar, como renta, y la otra para vivir. A mi mamá le gustaba mucho servir a la gente pobre, donde había alguna necesidad, allí estaba.
“En la parte religiosa, recuerdo que cuando vivíamos en Neiva, nos llevaba a todos los hijos a misa, los domingos y días de fiesta, pero no le gustaba ponerse mantilla cubriendo la cabeza, como era la costumbre aceptada. Se ponía sombrero y por ese motivo hubo veces que el sacerdote le decía desde el púlpito: “La señora de sombrero debe retirarse del templo”. Clotilde no se salía, se quedaba, además el domingo siguiente volvía con sombrero.
“Sus preocupaciones constantes fueron los problemas de la comunidad. Recuerdo que el cementerio de Palermo no tenía cerca que impidiera a los animales entrar y dañar las tumbas. Eso la inquietó; resolvió organizar con toda nuestra familia una función musical para recoger fondos con destino a ese cementerio. Mi papá tocó el tiple y sus hijos e hijas cantamos y bailamos. Con el producido de esa función se le pusieron al cementerio los estantillos necesarios para cercarlo con alambre de púas. Así dejaron de entrar los animales al cementerio de Palermo. Además, mi mamá fue la secretaria de su padre, Abelardo García; le llevaba las cuentas.
Era muy de su casa, pero también muy de la calle; se metía en todas las cosas políticas que hubiera; era muy liberal”.
Luego, Stella Paredes amplía la información sobre doña Clotilde, obtenida de doña Inés Ucrós García, y agrega: al preguntarle a Inés si conocía antecedentes que presagiaran la futura actuación de su madre en política, en favor de los derechos de la mujer casada, recordó:
“Mi mamá siempre recibía ciertas personas que estaban sufriendo. Por lo general, eran mujeres oprimidas, soportando penurias por dinero, que tenían que decirle al señor marido a todo que sí. Ella siempre les decía no actuar así. Recuerdo el caso de una señora que era muy conocida y muy querida por nuestra familia. Tenía varios hijos; el marido le tenía “la sucursal” en la casa siguiente a la suya. Los hijos de “la sucursal” cada vez que la señora se sentaba en una silla a la puerta de su casa la ultrajaban. Esa señora, que era muy buena y consagrada a sus hijos, por ese irrespeto permanente a que la tenía sometida su marido, revolvió venirse a vivir a Bogotá. Mi mamá aprobó su viaje, pues dijo que esa vida que llevaba no tenía por qué soportarla, que las mujeres que se dejaban irrespetar de sus maridos eran unas idiotas porque se aguantaban tratos que desmejoraban su autoestima”.
Inés recordó también:
“El caso de un matrimonio muy pobre en que a pesar de su penuria cada año nacía un hijo o hija. Mi mamá le consiguió una cita médica a la mujer, donde le dijeron que podían intervenirla para que no tuviera más hijos. Esa clase de cirugías en esa época era un secreto de estado. Ella no aceptó, pues su marido se opuso argumentando que era pecado y que su deber era tener los hijos que Dios le mandara. Mi mamá argumentó que ella debía cuidar su vida y les hacía ver que si moría ¿cuál sería la suerte de sus hijos? A pesar del concepto médico sobre el peligro que corría su vida con cada maternidad, se cumplió la voluntad del marido”.
Inés, sobre la vida laboral y política de su madre Clotilde en Bogotá, recuerda:
“En el gobierno de Santos mi mamá estuvo encargada de Parques y Jardines de Bogotá, que incluía el Vivero Nacional. Le fue encomendado que cultivara, arborizara, sembrara y repartiera plantas hasta donde pudiera. En esa época hicieron el Campín y abrieron la avenida de la 57. Igualmente se le pidió arborizarla. Ella personalmente dirigió la siembra de las palmas, que trajo del Ocaso, muchas de las cuales aún hoy existen. Como estaba bajo su cargo el Vivero Nacional, de ahí sacaron muy buena parte de los árboles que hay en la Universidad Nacional”.
Doña Clotilde, quien logró ver a su hijo Eduardo como Gobernador del Huila y a Jaime como parlamentario y líder del MRL en el departamento, de lo cual se sentía muy orgullosa, falleció en Engativá, donde fue inhumada, el 1 de mayo de 1969 y a sus exequias asistieron tres ex presidentes colombianos, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo y Mariano Ospina Pérez.
Jaime Ucrós García tendría siempre una gran admiración por su madre y por su hermano Eduardo, únicos familiares suyos a los cuales se refería en sus conversaciones con sus amigos, para exaltar la valentía de su madre, “misiá Clotilde”, su ídolo, y la capacidad política y científica de su hermano.



EL FMI Y LA ADMINISTRACION DE RIESGOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS 2007 - 2010


Octavio Ramírez Rojas

“ … Para prepararse para la proxima crisis, considere lo siguiente del manual de administración de desastres:
use el analisis de escenarios para entender la forma en que una crisis puede llegar a desarrollarse –
y planee como podría llegar a responder su empresa … ” .
R.M. Stulz

El Fondo Monetario Internacional, en su informe Global Financial Stability Report (GFSR) del 23 de abril de los corrientes, actualiza su estimación de los valores destruidos por la crisis de la coyuntura que vivimos, en una cifra igual a 4,054 trillones de dólares. De ese total el informe cuantifica en 2.7 trillones de dólares el valor destruido sobre activos originados en Estados Unidos, esto es el 67% del total, 1.2 trillones ó 30% correspondiente a activos originados en Europa y el saldo 0.1 trillones sobre activos originados en el Japón. Igualmente, del gran total de esas pérdidas se calcula que el sistema bancario absorbe el 61% o 2,470 trillones de dólares.
Estos valores incluyen realizaciones de gestión sobre riesgos operacionales y financieros en instituciones bancarias, del mercado de capitales, comerciales, industriales y de servicios; activos financieros, operativos y de inversión, abarcando países desarrollados y emergentes, todo valorado desde el periodo de iniciación de la actual coyuntura de crisis, mitad del año 2007, y en perspectiva hasta el año 2010.

De la anterior cuantificación del FMI y de los rangos de pérdidas financieras que habíamos estimado en el anterior documento PERVERSIDADES GLOBALES Y DESARROLLOS QUE CONFIRMAN LOS ALCANCES DEL CAPITAL INTELECTUAL, entre 4.0 y 4,5 trillones de dólares al momento, saltan a la palestra varios cuestionamientos alrededor de las causas de gestión que prohijaron este complejo proceso:
Cómo y cuando se gestó este sistema?
Fue tardía la comprensión y la acción requerida frente a la situación?
Fueron los procesos de innovación en los activos financieros contundentemente más dinámicos que los de los de los activos reales?
Sigue primando la ineficiencia en la circulación de la información en los mercados reales y financieros?
Y muchas más cuestiones relacionadas y/o complementarias, las cuales afloran a cada momento entre todos los actores y agentes participantes de la macro y microeconomías del mundo.

Lo cierto del caso es que la gestión sobre cualquier proyecto o entidad, privados y/o públicos, tiene una simplificada concepción en sus objetivos: optimizar la gestión operativa sobre los activos a su cargo y optimizar la gestión financiera sobre los flujos creados y recibidos. La gestión total sobre esos dos grupos de actividades determina las características de riesgos y de valor sobre las organizaciones, proyectos y entidades.

Alrededor de este tema de administración y gestión de riesgos en la coyuntura actual, Rene M Stulz en su artículo SIX WAYS COMPANIES MISMANAGE RISK, identifica los que considera factores determinantes de la deficiente gestión de los riesgos en las entidades financieras, los cuales se resumen en:
1. La confianza desmedida en los datos históricos, los cuales en condiciones dinámicas y cambiantes pierden en más de las ocasiones mucha de su validez. Así el autor considera que ese exceso de confianza en los datos históricos “ … ilustra la inconveniente verdad de que los rápidos cambios e innovaciones financieras de las recientes décadas han convertido la historia en una guía imperfecta … ”.

2. El enfocarse en medidas o indicadores estrechos y de corto alcance.

3. Insistir en riesgos conocidos, asumiendo que los hechos actuales se mantienen dentro de ellos.

4. Insistir en riesgos ocultos, lo cual puede tornarse muy peligroso “ … puesto que los riesgos no reportados tienen una tendencia a expandirse en las entidades financieras … ”, lo cual por ende es también observable en instituciones industriales y de servicios.

5. Fallas en la comunicación, siendo ésta quizás una de las fuentes de desacomodo en la gestión de riesgos que tiene una primacía incuestionable. “ … Los reportes no comunicaron un mensaje efectivo por varias razones, en particular porque eran muy complejos, presentaban datos anteriores y no estaban disponibles para la audiencia correcta … ”.

6. La gestión de riesgos efectuada en tiempos no reales ha conllevado a que las organizaciones financieras no asuman los riesgos que deberían o querían tomar en su momento, desviación en la acción que de igual contribuye a generar extracostos de alta significación.

Y esas carencias en la gestión de riesgos en los sectores financieros son tan bien aplicables a los sectores industriales, comerciales y de servicios. Por lo anterior se puede colegir que la fuente fundamental de los extracostos implicados en ésta y en crisis similares, tiene su punto de partida en la gestión inadecuada de los riesgos financieros y operativos de las firmas e instituciones que conforman la economía del orbe.


Bogotá, 30 de abril de 2009



El decenio perdido de Japón (1992-2003):
¿qué enseñanzas para la crisis actual?



Pablo Bustelo, ARI 57/2009 - 01/04/2009. Real Instituto Elcano, No. 113

Tema: Puesto que, pese a algunas diferencias, existen similitudes llamativas entre la larga crisis japonesa de 1992-2003 y la situación presente, ¿qué enseñanzas cabe extraer de la experiencia de Japón durante esos años para el análisis y el tratamiento de la crisis actual en las economías avanzadas?
Resumen: Este análisis estudia brevemente, en primer lugar, el llamado decenio perdido en Japón (1992-2003). En segundo lugar, enumera las principales similitudes y diferencias entre la recesión japonesa de esos años y la situación presente, especialmente en EEUU. Finalmente, señala algunas de las enseñanzas de cabe extraer de la experiencia de Japón para el análisis y el tratamiento de la crisis actual.
Análisis: Según dijo el sub-gobernador saliente del Banco de Inglaterra John Gieve a mediados de febrero pasado: “¿Acaso nos enfrentamos a una depresión de 10 años como la de Japón? Es un riesgo que nosotros y otras autoridades nos tomamos muy en serio”.
Revisar, por tanto, el largo estancamiento económico de Japón durante la mayor parte de los años 90 y principios de los 2000 puede ofrecer indicaciones útiles en el actual contexto de crisis financiera global, por ejemplo sobre la previsible duración de la misma o sobre la forma más apropiada de luchar contra ella.
Este análisis presenta, en primer lugar, un breve estudio del decenio perdido en Japón, que transcurrió entre 1992 y 2003. En segundo lugar, enumera las principales similitudes y diferencias entre el estancamiento japonés de ese período y la crisis actual. Finalmente, señala cuáles son algunas de las enseñanzas de cabe extraer de la experiencia japonesa.
El decenio perdido en Japón (1992-2003)
Entre 1973 y 1991 el crecimiento anual medio del PIB de Japón fue del 3,8%. Entre 1992 y 2003 bajó sustancialmente, hasta el 1,1%. ¿Qué ocurrió para que la otrora pujante economía japonesa entrase una fase de estancamiento (y de casi depresión) en los años 90?
En 1990 y 1991 estallaron las burbujas bursátil e inmobiliaria que se habían creado en los años 80, como consecuencia de la desregulación financiera y de una política monetaria muy expansiva. Las razones del estallido fueron unos precios insosteniblemente elevados y el incremento de los tipos de interés desde mediados de 1989, para hacer frente a las presiones inflacionistas. En 1990 el índice Nikkei se redujo un 50% en apenas nueve meses. Los precios del suelo empezaron a caer en 1991 y se redujeron a la mitad en nueve años; en 2003 habían vuelto al nivel de 1980.
La explosión de la burbuja de activos tuvo dos consecuencias principales. Por un lado, puesto que el sistema bancario tenía buena parte de su capital en acciones y propiedad inmobiliaria y una proporción importante de sus préstamos garantizados con esos activos, los bancos redujeron sustancialmente los préstamos, para mantener el coeficiente de capital (capital sobre préstamos) y para hacer frente al incremento de la morosidad. Por otra parte, el efecto riqueza provocó un estancamiento e incluso, en algunos años, una caída del consumo privado en relación al PIB. Entre 1995 y 2003 el consumo privado creció a una tasa anual de apenas el 1%, es decir, un ritmo menor que el del PIB y sustancialmente inferior al registrado en otros países de la OCDE. El retraimiento del consumo generó tensiones deflacionarias: el deflactor del PIB se redujo durante todos los años transcurridos entre 1995 y 2003, mientras que la variación del IPC entró en territorio negativo entre 1999 y 2003.
Además del estallido de la burbuja de activos, cabe destacar otras causas –secundarias– de la crisis: la apreciación del yen durante buena parte de los años 90, que afectó negativamente a los exportadores; la saturación del mercado interno de bienes de consumo; la creciente debilidad de la demanda externa de productos japoneses, principalmente por la competencia de otros países asiáticos; y la escasez y el envejecimiento de la mano de obra, por las tendencias demográficas.
Se fue gestando una grave crisis bancaria como consecuencia del incremento de los préstamos de dudoso cobro y de las pérdidas de las instituciones financieras. Esa crisis, sumada a la cada vez mayor aversión al riesgo por parte de los bancos, desembocó en una muy importante compresión del crédito, pese a las medidas expansivas de las autoridades monetarias. Como es bien conocido, Japón entró en lo que Keynes llamó una “trampa de la liquidez”, situación en la que la política monetaria expansiva no tiene eficacia ninguna porque los agentes prefieren tener liquidez a prestar o tomar prestado, sea cual sea el tipo de interés. La crisis bancaria finalmente estalló en 1997, con la quiebra de Yamaichi Securities y del Hokkaido Takusyoku Bank.
Las respuestas de política económica se centraron en medidas fiscales y monetarias muy expansivas. Entre 1992 y 1999 se lanzaron nueve programas de estímulo fiscal por valor de 130 billones de yenes (25% del PIB anual), lo que hizo que el saldo presupuestario pasara de +2,9% del PIB en 1990 a -6,8% en 2000, una variación de casi 10 puntos del PIB. La deuda pública aumentó del 65% del PIB en 1990 al 151% en 2002. Es de reseñar que las primeras medidas se tomaron en agosto de 1992, casi tres años después del comienzo del estallido de la burbuja. En cuanto a la política monetaria, se fueron bajando los tipos de interés hasta alcanzar prácticamente cero en 1999, medida que se mantuvo hasta 2000 y se repitió de nuevo entre 2001 y 2003. A partir de 2001, se aplicó también una política de facilitación cuantitativa (quantitative easing), consistente en aumentar los depósitos del Banco de Japón en los bancos comerciales y en incrementar la compra de bonos de deuda por el banco central. Pese a esas medidas, los bancos siguieron siendo reacios a prestar, por su bajo grado de capital y su alta proporción de préstamos dudosos. La variación de los préstamos bancarios fue nula en la segunda mitad de los años 90 y abiertamente negativa en la primera parte de los años 2000. En suma, las políticas expansivas de demanda fueron ineficaces para luchar contra el estancamiento y la deflación, aunque seguramente impidieron una recesión más aguda.
En cuanto a la crisis bancaria de 1997, inicialmente se abordó con masivas inyecciones de dinero público (1,8 billones de yenes en 1998-99), con el mantenimiento de un sistema de empresas y bancos "zombis" para evitar la plena declaración de los préstamos incobrables y con la constitución de varios fondos, parcialmente privados, para adquirir los activos deteriorados de los bancos. Sólo a partir de 2002 el gobierno tomó medidas enérgicas para luchar contra la crisis bancaria: el Plan Takenaka (por Takenaka Heizo, secretario de Estado de Servicios Financieros entre 2002 y 2005) consistió en una auditoría completa de los bancos (y en obligarles a cancelar los préstamos incobrables), la nacionalización del Resona Bank y la quiebra o fusión de los bancos más débiles. Ese plan consiguió lo que no habían podido hacer las medidas parciales anteriores: reducir el riesgo de quiebras repentinas y desvelar la verdadera situación de los balances bancarios, esto es, recuperar la confianza de los inversores en el sistema financiero.
Tras la resolución tardía de la crisis bancaria y coincidiendo con un aumento de las exportaciones a EEUU y China, la economía japonesa empezó a mostrar signos de recuperación en 2003. El PIB, tras crecer el 0,2% en 2001 y el 0,3% en 2002, aumentó el 1,4% en 2003, el 2,7% en 2004 y se incrementó una media del 2% en 2005-2007.
Similitudes y diferencias con la crisis actual
Cabe hacer un análisis comparativo entre la crisis japonesa y la crisis actual prestando atención a sus causas desencadenantes, a su proceso de desarrollo y a sus respuestas de política económica.
En cuanto a las causas, el boom de crédito se produjo en ambos casos a causa de la desregulación financiera y de una política monetaria muy expansiva. En la crisis actual también ha actuado el reciclaje del ahorro de los países asiáticos. En los dos casos el auge crediticio desembocó en una doble burbuja de activos: bursátil e inmobiliaria. Es de señalar que en Japón la burbuja bursátil fue mayor y la inmobiliaria fue menor que las producidas recientemente en EEUU o el Reino Unido. Otra diferencia es que el boom de crédito tuvo efectos estrictamente bancarios en Japón mientras que se ha manifestado ahora, dada la creciente sofisticación de los productos y comportamientos financieros, en aspectos como la titulización de activos o el apalancamiento de los fondos de cobertura (hedge funds) y de la banca de inversión. También se produjo una explosión de la burbuja de activos en los dos casos, aunque en EEUU tal estallido ha sido más lento en la bolsa y más rápido en los precios del suelo que en Japón. Baste señalar que el índice Nikkei cayó un 50% en menos de un año (1990) mientras que el Dow Jones ha empleado dos años (de 2007 a 2009) en pasar de 14.000 a 7.000 puntos. También que en Japón el precio del suelo se redujo a la mitad entre 1991 y 2000 mientras que en EEUU no parece que vaya a caer más del 30% o 40% entre 2006 y su nivel más bajo, que, según los analistas, se producirá en 2009 o 2010.
En cuanto al desarrollo de la crisis, se trató de una crisis bancaria “normal” en Japón, mientras que en EEUU ha afectado ciertamente al sector, organizado y regulado, de banca comercial pero también al sector nuevo de banca de inversión y fondos de inversión. El porcentaje de préstamos de dudoso cobro en la banca comercial es más o menos similar (en torno al 35% o 40% del PIB en ambos casos en el momento álgido de la crisis). También es similar el proceso que ha conducido a la sequía crediticia: la reducción del capital bancario, la elevada morosidad y la creciente aversión al riesgo, en lugar de la falta de liquidez. Sin embargo, es muy distinto el contexto macroeconómico de Japón en los años 90, con una alta tasa de ahorro privado, superávit por cuenta corriente y situación de acreedor neto, y en EEUU en los años recientes, con muy baja tasa de ahorro familiar, alto déficit corriente y situación de deudor neto. Algunos analistas no descartan, por esas razones, que se pueda producir incluso una crisis de balanza de pagos, o al menos una caída desordenada del dólar, en EEUU, riesgo que nunca existió en Japón. Otra diferencia importante es que en Japón la mayor parte de la deuda privada era empresarial mientras que en EEUU es responsabilidad de los hogares y de las entidades financieras, lo que complica mucho su tratamiento.
Finalmente, en lo que atañe al tratamiento de la crisis, en ambos casos ha habido una política fiscal muy expansiva, con un riesgo considerable para la ya elevada deuda pública, aunque con el importante matiz de que Japón tardó dos años, hasta 1992, en empezar a aumentar el gasto público (y dio parcialmente marcha atrás en 1997, al aumentar los impuestos, lo que resultó ser una equivocación), mientras que EEUU lo hizo en 2007-2008 y en mayor escala. En cuanto a la política monetaria, ha sido más expansiva en EEUU que en Japón, cuyas autoridades empezaron a bajar los tipos en 1992 y no llegaron a tipos prácticamente nulos hasta 1999. La Reserva Federal, como es sabido, comenzó a reducir los tipos en 2007 y llegó a tipos virtualmente nulos a finales de 2008. Con todo, hay, al menos hasta ahora, una similitud importante: el saneamiento y la recapitalización del sector bancario se postergaron en Japón hasta 1998-1999 y se están postergando también en EEUU, seguramente por la resistencia de la opinión pública a utilizar fondos públicos masivos para sanear entidades privadas y por la resistencia de los banqueros a cualquier tipo de nacionalización. Una diferencia adicional y de gran importancia es el contexto en el que se están produciendo las medidas de política económica: en Japón, la caída de la inversión empresarial se compensó parcialmente con un aumento, aunque moderado, del consumo privado mientras que en EEUU la caída del consumo de las familias no parece que pueda verse contrarrestado con un crecimiento de la inversión privada; además, Japón pudo beneficiarse del tirón de la economía mundial, y en particular del crecimiento de sus exportaciones a EEUU y China, para finalmente salir de la crisis en 2003, mientras que el entorno exterior es mucho menos propicio en la actualidad.
Enseñanzas para la crisis actual
La experiencia de Japón en 1992-2003 ofrece, por tanto, algunas enseñanzas de interés para las perspectivas y el tratamiento de la crisis actual. Tales lecciones son diversas, pero las más importantes pueden resumirse en las cuatro siguientes:
• La crisis actual podría ser bastante larga, a tenor de que una crisis parecida duró nada menos que 12 años en Japón. En EEUU algunos analistas ya descartan una recuperación rápida, en forma de V, y se inclinan por una evolución de la crisis en forma de U o incluso de L, en la que, en el mejor de los casos, no habría colapso abierto sino un crecimiento muy bajo, casi depresivo.
• La experiencia de Japón sugiere que los estímulos fiscal y monetario pueden perfectamente ser insuficientes si no se resuelve la crisis bancaria, esto es, que las políticas expansivas de demanda son condiciones necesarias, pero no suficientes, para la recuperación. Y eso suponiendo que esas políticas se mantengan durante el tiempo necesario y no se desmantelen prematuramente. Por ejemplo, algunos economistas han mostrado preocupación ante el anuncio de la Administración Obama de que pretende rebajar el déficit presupuestario sustancialmente tan pronto como en 2010.
• No cabe descartar que la solución a la crisis bancaria se haga con medidas tardías e insuficientes, como ocurrió en Japón, mediante la inyección de fondos, el mantenimiento de bancos y empresas “zombis” y la creación de algunas instituciones para hacerse cargo de los activos deteriorados. En otros términos, si no se toman medidas decididas pronto, en la línea cuando menos del Plan Takenaka de 2002 y quizá contemplando nacionalizaciones o “tomas de capital” más amplias que las de Japón, no habrá manera de acabar con la parálisis crediticia. La razón es que sin medidas enérgicas no será posible eliminar (o reducir al máximo) el riesgo de quiebras repentinas de entidades financieras, así como desvelar los auténticos problemas del sector, lo que es imprescindible para que vuelva a fluir la inversión privada hacia los bancos. Algunos economistas estadounidenses, como, por ejemplo, el Premio Nobel Paul Krugman, abogan, como es sabido, por la nacionalización temporal o “puesta bajo tutela” momentánea de los grandes bancos. Ésa, por cierto, fue la solución adoptada por Suecia para hacer frente a su crisis financiera de principios de los años 90, aunque no hay que olvidar que el sistema bancario sueco estaba entonces mucho más concentrado que el estadounidense actual, lo que simplificaba bastante las cosas.
• Si la crisis se prolonga y se mantienen las tendencias deflacionistas, hay un riesgo cierto de que la deflación sea más persistente de lo que se suele suponer hasta ahora. En tal caso, habría que recurrir no sólo a la facilitación cuantitativa, como ha hecho recientemente el Banco de Inglaterra e hizo Japón desde 2001, sino quizá también a fijar, a diferencia de lo que hizo Tokio, un objetivo explícito de inflación. Es sabido que el FMI prevé, en las economías avanzadas, una caída del IPC del 1,1% en 2009 y del 0,8% en 2010, de manera que no es posible descartar a estas alturas una fase de deflación duradera.
Conclusiones: Muchos economistas se han asomado a crisis anteriores para buscar precedentes a la crisis financiera actual: la Gran Depresión de los años 30, las crisis financieras en economías emergentes de los años 90, etc. Con todo, la crisis con la que guarda más similitudes la situación actual es la que dio lugar al largo decenio perdido en Japón (1992-2003). En efecto, en ambos casos se han registrado un estallido de una burbuja especulativa, una crisis bancaria, una parálisis crediticia, graves tendencias deflacionarias, grandes estímulos fiscal y monetario y un saneamiento bancario aplazado o postergado, entre otros aspectos.
El análisis esbozado en páginas anteriores permite llegar a algunas conclusiones: (1) la recesión actual podría ser larga, aunque quizá no muy profunda, como ocurrió en Japón; (2) los estímulos fiscal (un presupuesto expansivo) y monetario (unos tipos de interés muy bajos o incluso nulos) pueden ser insuficientes para sacar a la economía de la recesión; esto es, deben completarse con medidas encaminadas a resolver decididamente la crisis bancaria y la parálisis crediticia; (3) no cabe descartar, porque es políticamente más sencillo, que las autoridades hagan frente a los problemas bancarios y a la sequía crediticia con medidas parciales, como las aplicadas en Japón hasta 1998 (inyección de dinero público, creación de bancos “malos” y de empresas “zombis”, constitución de fondos para adquirir, de manera restringida, parte de los activos deteriorados en poder de los bancos), cuando lo necesario puede ser una amplia toma de capital, en diverso grado, dependiendo de las circunstancias, del sector bancario por el Estado; y (4) si se acentúan las tendencias deflacionistas y persiste la caída de precios, quizá sea necesario ir más allá de la facilitación cuantitativa (compra de activos bancarios a cambio de efectivo, como ha hecho el Banco de Inglaterra recientemente) y, a diferencia de lo que practicaron los japoneses, hacer que los bancos centrales se fijen un objetivo explícito de inflación para modificar las expectativas de caída de precios, que aplazan el consumo, la inversión y las exportaciones. Baste recordar que el IPC en Japón cayó durante cuatro años seguidos (1999-2003), pese a los tipos de interés nulos y a una política fiscal muy expansiva. Se trata de un escenario en el que las economías occidentales no querrían verse inmersas.
Pablo Bustelo
Investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano y profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense




RIESGOS DEL OPTIMISMO PREMATURO


MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Mayo 3 de 2009

¿La crisis financiera internacional ya está controlada? ¿Las recesión global ya tocó fondo? ¿Ya empezó el proceso de recuperación de la economía mundial?. Estas son las preguntas que hoy se están haciendo el público en general y las autoridades económicas del mundo entero. Por supuesto, pensando más con el deseo que con la realidad, todos quisiéramos que las respuestas fueran positivas y que empezara a quedar atrás la pesadilla que ha producido pérdidas bancarias que el FMI estima en más de 4 millones de millones de dólares (la cifra es asustadora pues equivale a todo lo que produce la economía colombiana en 20 años.)

Es cierto que ya hay algunos indicios alentadores. En marzo en los Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo los datos de la construcción de vivienda fueron mejores que los del mes anterior; los balances del Citi y otros grandes bancos volvieron a mostrar utilidades; los precios del petróleo han vuelto a estar por encima de 50 dólares el barril, y otras materias primas como el hierro o el cobre también se han recuperado. Y sobre todo el índice más mirado, los precios de las acciones en las bolsas de valores de todo el mundo, ha subido más de 20% en el último mes. Pareciera que hubiera retornado la confianza inversionista.

Tantos indicios han puesto un tono más optimista a las autoridades económicas de los países desarrollados. El presidente Obama dijo que ya había “destellos de esperanza” en medio de la crisis; Bernake, el austero banquero central, se dejó contagiar del espíritu primaveral y habló de los “verdes retoños” de la recuperación; menos poéticos, los ministros de economía de los 7 países más grandes –el G-7- después de su reunión de finales de Abril se limitaron a decir que están apareciendo signos de estabilización que permiten prever que pronto se retornará a la senda de crecimiento.

La reacción de los expertos frente a estas declaraciones ha sido de cautela y escepticismo. La revista The Economist le dedicó su pasada edición, con carátula y todo, a analizar estos “destellos de esperanza” para mostrar los peligros del optimismo oficial.. Con abundantes datos muestra que aunque haya disminuido la velocidad del deterioro de los indicadores económicos, estos siguen siendo negativos y la crisis no ha tocado fondo. Por eso su conclusión es tajante: “Lo peor que le puede pasar a la economía mundial es suponer que ya pasó lo peor”,

El premio Nobel Paul Krugman comparte esta visión y aporta tres argumentos adicionales: primero que no se puede confiar en los balances de los bancos después que en los últimos años los maquillaron e inflaron con falsas utilidades. Segundo, que hay problemas que todavía no se han reflejado en estos balances como el deterioro de la cartera de las tarjetas de crédito, de la finca raíz comercial o de la deuda soberana de los países de Europa Oriental. Tercero, que la crisis continuará en aspectos tan importantes como el desempleo o el crecimiento de la deuda pública, aún después que empiece la recuperación.

Es lógico que los funcionarios oficiales traten de transmitir mensajes de optimismo, así sean un poco exagerados, puesto que la incertidumbre y las malas noticias llevan a que los consumidores reduzcan sus compras y agraven la recesión. Es parte de su tarea. Pero deben tener mucho cuidado en no repetir esos mensajes al interior del gobierno porque pueden acabar creyendo sus propias exageraciones y entonces bajar la guardia y no tomar las medidas indispensables para defender la producción y el empleo. Como bien lo dice Krugman, “el mayor riesgo de la política económica en una recesión es el optimismo prematuro”. Y eso que en por allá nunca se pensó que sus economías estaban blindadas.










EL PROBLEMA NO ES ALVARO URIBE


Álvaro Jurado Nieto (md) Coord. Político Poder Ciudadano Atl.

Hace poco un politico entrevistado se mostraba sorprendido por la apatía de la gente acerca de los recientes escándalos de los hijos del presidente Álvaro Uribe (compra de lotes de engorde valorizados por información gubernamental).
Esta apatía del Colombiano no es nueva y sus causas pueden ser dos: Por un lado la gente permanece bombardeada casi a diario con noticias insólitas e impactantes: militares que resultan asesinos, congresistas cómplices de crímenes y fechorías, masacres de campesinos reveladas con desparpajo, padres que violan a sus hijos pequeños, magistrados espiados por órganos de seguridad, parrilleros asesinando en las calles, y otras mas.
Y por otra parte, las grandes riquezas naturales de Colombia (mineras, acuíferas, agrícolas, ganaderas, etc) han generado una gran clase media (alguien considera clase media al que devenga mas de $ 800.000/mes) que solo se preocupa por mantener su condición económica o de mejorarla pero no tiene tiempo ni actitud constante para reaccionar ante situaciones no relacionadas directamente con su bienestar o forma de vida. Solo de vez en cuando, si se siente seguro, acude a una marcha o a una reunión comunitaría. Su información politico-social proviene en un 80% de la televisión o la radio y muy poco de un texto que pueda re-leer, analizar y divulgar. Esta clase social considera, al igual que la clase alta, que la pobreza y los pobres son necesarios e inevitables. Aunque muchos logran reconocer que las causas de la violencia en ciudades y la subversión en los campos son la pobreza y el abandono estatal, se autoengañan acusándolos de no poseer ambición ni deseos de trabajar su entorno para salir de pobres. Esta gran clase media Colombiana, es la que amortigua la lucha de clases pues le da esperanzas a la clase inferior y quiere pertenecer a la superior. A esta clase media pertenecen las fuerzas militares en su gran mayoría al igual que la clase política, la eclesiástica y los gobernantes. También caen en ella, todos los beneficiados con la corrupción tanto de narcotráfico como del erario publico. Mantienen subyugados a los pobres mediante la represión física o la ideológica y se benefician directamente o no, del desempleo, el subempleo, de los jornaleros del campo y de los miserables. Según estadísticas nacionales, los pobres sumados a los miserables (solo ganan un dólar al día) conforman el 60% de la población. La clase media es casi un 35% y la rica seria un 5%, pero son ambas las que imponen las reglas de la “democracia”, la democracia del que tiene un pie en el cuello del otro y le pide que aun asi obedezca las reglas de convivencia pacifica y armónica. Sin quitarle el pié del cuello nunca, por supuesto.
Es la clase media la que mas sale a elegir a sus gobernantes y en ocasiones lo hace bien. La clase pobre es llevada a votar y casi siempre lo hace vendiendo su voto; cuando logra reaccionar y sale a cambiar su destino mediante otro tipo de gobernante, entonces se forman los problemas, pues la clase dominante que no desea cambiar las cosas (llamados derechistas) no pueden permitir que los que hablan de cambios (izquierdistas) lo logren. Incluso se unifican en mafias para evitarlo llegando a la violencia de ser necesario.
Y esa ha sido la historia de Colombia: una población subyugada y anonadada desde la colonia, con una minoría relativa que si cree que las riquezas de sus suelos dan para todos y que sin pobres y miserables, la paz y la prosperidad reinaría en todos sus rincones pero con otra parte de la población que solo ve al pobre como enemigo potencial y a la vez fuente de sus riquezas (explotación) o de su bienestar (trabajos serviles). Por ello no causa la conmoción que causaría en otro país los desmanes de los hijos del presidente, pues se trata de todo un problema socio-politico (“el sistema” lo llamó Álvaro Gómez en un momento de arrepentimiento) y no solo de una persona o dos. El problema no es Álvaro Uribe. El problema es la clase socio-política que representa.

Barranquilla, Abril 28-09



Medidas de seguridad inoficiosas

Jorge Mejia Martínez, Jorge.mejia@une.net.co
No siempre los acostumbrados consejos de seguridad de las autoridades civiles y uniformadas dan en el blanco. Muchas veces aciertan, ya sea porque sus decisiones son concretas y pertinentes para atacar el delito o aligerar la percepción de inseguridad en la comunidad, pero otras veces sus determinaciones son absurdas. Lo acaba de corroborar el alcalde de Medellín, Alonso Salazar. Por estos días la gobernación de Antioquia convocó a una reunión de tal tipo y entre las conclusiones grandilocuentes para contener la racha de asesinatos en la ciudad se destacaron dos: prohibir que en la parrilla de las motos se monten las mujeres y el toque de queda para menores después de las once de la noche. El Alcalde no participó en el evento porque estaba fuera de la ciudad y a su regreso decidió no acatar lo acordado. ¿Cual es la relación de las mujeres parrilleras con los homicidios y cuál es el estudio que justifique la prohibición para que los menores circulen libremente una hora antes de la media noche? Sin respuestas. Hubo improvisación.
Algunos gobiernos locales del sur y del norte del valle de Aburra se apresuraron a hacer eco de las decisiones del Consejo de seguridad, más por su afinidad política con el gobierno departamental, que por su convicción en la eficacia de las medidas. Algunos mandatarios todavía creen que mientras más prohibiciones expidan, más autoridad demuestran. A la hora de la verdad son más drásticos con la población no conflicto, pero indefensa –mujeres parrilleras y menores de edad – que con los verdaderos responsables de la criminalidad. Las medidas anodinas lo que hacen es enconchar a los criminales. Porque si en lugar de estimular a la gente para que colabore con información y denuncias, lo que se hace es perseguir sin ton ni son a amplios sectores de la población, se le resta base social de apoyo a la lucha colectiva contra las organizaciones delincuenciales de la ciudad.
Ese es el gran reto: que mandatarios como el alcalde de Medellín no se sientan solos en la lucha contra la mafia y la criminalidad. Ni nadie. Mientras ello no ocurra, muchas medidas, por más bien intencionadas que sean, serán un canto a la bandera. Es la misma lógica recurrente en la lucha contra la producción de coca. A los pequeños cultivadores de coca - generalmente obligados por las circunstancias: ausencia de oportunidades y presencia intimidatoria de grupos armados ilegales, con un factor común: débil presencia del Estado – en lugar de ganarlos como aliados de las autoridades para luchar contra las organizaciones criminales, brindándoles oportunidades para sustituir sus cultivos ilícitos, los criminalizamos y arrinconamos con las fumigaciones aéreas, sin brindar más alternativas, estamos condenados al fracaso. Es lo que ocurre con la política antidroga.
Transportar en moto la esposa, la hija o una amiga, al trabajo o al estudio, es cuestión de racionalidad. Lo mismo ocurre con los menores. Nuestros muchachos jamás van a entender que en un país como Colombia donde según los gobernantes o no hay un conflicto o este ya se minimizó, haya que encerrarse desde las once de la noche, como si fueran los culpables de que en algunos sectores de los barrios altos o en algunos recovecos de la ciudad, proliferen los ajustes entre delincuentes o las disputas territoriales entre bandas, a pesar de que la policía hace todo lo que puede, produce resultados, pero el fragor delincuencial no cesa. Se prohibió el porte de todo tipo de armas, se ordenó el cierre de los establecimientos públicos más temprano, se prohibió el parrillero hombre en las motos, se incrementó el pie de fuerza, se involucró al ejército en la vigilancia de las calles de Medellín, se multiplicaron las recompensas, pero las cifras de homicidios no son alentadoras.
Algo más de fondo tiene que haber. En lugar de envalentonarse contra las mujeres y los menores, la ciudad merece una explicación sobre la existencia de 144 organizaciones criminales –combos y bandas- reconocidas por la policía, muchas de ellas con varias décadas de figuración, incólumes ante la persecución de las autoridades. Lo preocupante es que la lucha contra estas organizaciones delincuenciales todavía no es un propósito de toda la sociedad. La gente aún cree que ese es un deber tan solo de la policía.


¿Paraísos Perdidos?

César González Muñoz.
La administración de Barack Obama acaba de hacer una declaración de considerable carga ideológica, en línea con la plataforma de la campaña electoral victoriosa en Estados Unidos. El Tesoro gringo emitió una declaración el lunes en la que les advierte a las compañías con operaciones internacionales, que el gobierno quiere aumentar en más de 200 mil millones de dólares el recaudo de impuestos de renta a cargo de dichas empresas y de individuos ricos entre 2011 y 2019. Este propósito se cumpliría con un plan, que apenas fue esbozado por Obama, de reformas al código tributario. El grueso de los cambios requiere de nuevas leyes que, sin duda, serán objeto de una fiera batalla ideológica, política y de intereses privados en el Congreso. En todo caso, la iniciativa describe bien el talante de Obama y su gobierno.
La fuente de los nuevos recaudos previstos es un cambio en las reglas del juego relacionadas con los sitios donde las compañías internacionales declaran las ganancias contabilizadas por sus subsidiarias. Naturalmente, tales sitios son, por regla general, jurisdicciones con mínimas o nulas tasas tributarias, pequeños territorios insulares en el Caribe y en otras regiones: Islas Caimán, Bermuda, Islas Vírgenes, Montserrat…..Holanda e Irlanda, donde las subsidiarias extranjeras disfrutan de especiales privilegios en materia de impuestos, son también naciones definidas como paraísos fiscales.
¿Cuáles son los cambios propuestos? Van en tres direcciones; una, reducir o eliminar las deducciones de impuestos en Estados Unidos con base en algunos gastos efectuados en el extranjero por parte de las multinacionales gringas. Aquí, el punto central es que las empresas pueden deducir dichos gastos, y simultáneamente diferir en el tiempo –muchas veces para siempre – el pago de impuestos sobre sus operaciones internacionales. Dos, restringir la posibilidad de restar del impuesto de renta en Estados Unidos los tributos pagados en el extranjero; y tres, contraer fuertemente la libertad de movimiento de utilidades de las multinacionales entre países, buscando las mejores opciones tributarias. En todo ese escenario, los paraísos fiscales son actores protagónicos.
La motivación explícita de Obama con estas propuestas es hacerles un guiño a los sindicatos locales: mediante ellas, las empresas encontrarán menos atractivo emplazarse en el exterior. En palabras de Obama, el actual estatuto tributario “dice que usted paga menos impuestos si genera un empleo en Bangalore, India, que si lo crea en Buffalo, Estado de Nueva York”. Por otra parte, la promesa electoral de los Demócratas es que el gobierno buscará una fuerte reforma tributaria que simplifique y haga menos injusto el régimen de impuestos. El Tesoro considera que estas propuestas son como la cuota inicial de lo que vendrá más adelante.
Dos palabras acompañan cualquier discusión de estas iniciativas: Proteccionismo y competitividad. Sobre el proteccionismo: Los voceros empresariales gringos han salido a denunciar las propuestas como una pretensión restrictiva de la libertad de movimiento del capital.
Sobre la competitividad: Los críticos de las propuestas se rasgan las vestiduras y advierten que las empresas de Estados Unidos quedarán en desventaja frente a “sus competidores” de otras nacionalidades. Como se sabe, la competitividad ha sido el caballito de batalla de quienes buscan el máximo de privilegios fiscales, y la comprensión misma del concepto se ha diluido un mar de argumentos dudosos. En todo caso, la comparación internacional sí les da munición a los críticos; entre todas las naciones ricas, Estados Unidos es la única que grava las utilidades obtenidas en el extranjero por parte de las empresas domiciliadas en su territorio. Todos los otros países poderosos recaudan impuestos sólo de las operaciones nacionales de sus contribuyentes.


La voz de Dios, la voz del Pueblo y la voz del Senado

Juan Manuel López Caballero.
Con la aprobación por parte de la plenaria del Senado del cambio de texto para el referendo sobre la reelección parecería que se abriría paso la ley correspondiente y estaríamos ante la inminencia de ese certamen.
La discusión alrededor de lo que significaría esto se ha concentrado en lo que de ello derivaría –el eventual tercer periodo del Dr. Uribe-, pero no en el principio mismo, o sea la capacidad del órgano legislativo de decidir lo que puede ser la voluntad de la población expresada en una solicitud de cambio a la Constitución.
El Congreso tiene su propia facultad para producir reformas a la Carta, pero una primera objeción sería si tiene la facultad de convocar a referendos, y, si la tiene, bajo cual reglamento estaría regida. Como en ninguna parte se define esto, la interpretación inmediata sería que no lo puede. Taxativamente se atribuye esa posibilidad a los miembros de las Asambleas y los Consejos pero no se incluye a los Congresistas. Por el contrario la ley 134 sólo establece el referendo derogatorio para eliminar una ley proclamada por el Congreso, y el aprobatorio para sacar adelante una que éste no ha producido o ha rechazado. Es decir que el referendo es un instrumento contra o sustitutivo del Congreso y no a su disposición. Vendría entonces la cuestión de si la facultad que no tiene como atribución directa si sería posible arrogársela cuando se presenta como iniciativa popular, y, de ser éste el caso, hasta dónde y cómo podría hacerlo.
El argumento para justificar esa propuesta en el caso presente es que ‘se sabe’ que quienes firmaron la convocatoria estaban pensando en la reelección inmediata y no en lo que texto decía.
Pero una primera inquietud es si efectivamente eso fue así, o sea, si esa interpretación de la voluntad del ciudadano es correcta y quién tiene la capacidad de establecerlo. De hecho la aprobación por parte de la Cámara se produjo cuando ya era conocida la controversia al respecto, y sus mayorías decidieron lo contrario. ¿Puede entonces ser la mayoría en uno u otro caso quien decide que piensa el pueblo?
Se puede aducir que esa primera interpretación por la que optaron fue más por razones políticas que por razones gramaticales o jurídicas; sin embargo es aún más claro que fue sólo por razones políticas que el Senado decidió ‘meterle la mano’ al texto y modificarlo.
Por lo demás el debate ya era público y parte de quienes firmaban podían hacerlo pensando que con el texto así redactado se impedía la reelección inmediata. Sabiendo entonces que unos firmaron con un propósito (apoyar lo que dice el texto), otros con otro (con la intención de que la reelección pudiera ser en el 2010), y otros sin plantearse ese dilema, nos encontramos también que tomando un caso abstracto sería necesario un método para determinar cuántos piensan de una forma y cuántos de otra.
Pero éste es sólo un ejemplo de las varias inquietudes que acompañarían el tema. Si esto es posible o si se decide volverlo posible ¿hasta dónde y cómo podría un Congreso modificar un texto de citación a referendo emanado de la voluntad popular? ¿Cuál sería el trámite y la metodología para establecer ese ‘se sabe’?
Si se aceptara el principio mismo que aquí se sienta -según el cual se puede hacer sin ninguna reglamentación- nos encontraríamos ante la posibilidad de cualquier tergiversación, o sea de suplantación de la voluntad ciudadana por parte de quien son sólo sus voceros. Se podría entonces desconocer toda la reglamentación que rige para enmarcar las facultades que la Carta da en forma especial al pueblo. El principio de ‘vox populi, vox dei’, es decir la voz del pueblo es la voz de Dios, se trasmutaría y quedaría que la voz del Congreso es la voz de Dios.
Suena terrible que la ‘voz de Dios’ sea la de un Senado en el cual varios de sus miembros están cuestionados por la forma poco limpia en que accedieron a su curul –no por casualidad la mayoría de los que votan para darle viabilidad a este esperpento-. Pero se pretende que ellos además tengan el poder de dar la absolución a las irregularidades y la forma ilegal en que se consiguieron los recursos para promover las firmas.
No son pocas las inquietudes que se generan: ¿Cuáles serían las condiciones para que se puedan realizar cambios? ¿Cómo se definiría cual es la voluntad que expresan los firmantes? ¿Si entre los firmantes hay opiniones divididas en cuanto al sentido del texto, cómo se definiría cuál es la mayoritaria? ¿Qué mayoría se necesitaría resolver por una u otra opción?
Pero en lo ya surtido y ante la inminencia del pupitrazo o de la aplanadora, tenemos que ver también las consecuencias para el caso inmediato.
Como la premisa es que ‘se sabe que los que firmaron lo que querían era la reelección de Uribe en el 2010’, con la votación en el referendo se va a resolver cualquier duda respecto a lo que querían los firmantes. Si la votación por el ‘sí’ supera el número de firmas que pidieron el referendo, se confirmaría entonces que en efecto pensaban como lo decidió el Senado; pero si la cantidad de votos para que el referendo sea válido se produce y los que favorecen el ‘sí’ es menor que las firmas recogidas, se produciría la ironía de que aún si el resultado es afirmativo se confirmaría que el llamamiento a él fue indebido (¿ilegal?).
Lo interesante es que si no se consigue la votación suficiente para que el referendo sea válido, esto debería ser entendido no sólo como un rechazo a la posibilidad de una repetición de la reelección en abstracto, sino sobre todo como un rechazo a la segunda reelección de Uribe. Queda entonces la pregunta de si esto implica la no continuidad no solo de su persona sino si también la de sus políticas. Al jugársela al referendo, Uribe podría ser rechazado sin que se sepa si sus políticas también los son.
Por otro lado, la restricción que tiene la Constitución (tal como está hoy) respecto a la las condiciones en las cuales el Presidente en ejercicio puede competir requieren que notifique ese deseo con mínimo seis meses de antelación a la fecha de las elecciones, o sea antes del 30 de Noviembre. Se entiende que no puede cumplir esto antes de que el referendo cree esa posibilidad. Por ser prácticamente imposible hacer antes de tal fecha el recorrido de los pasos de conciliación, aprobación de ésta por las plenarias de Senado y Cámara, sanción presidencial, estudio y aprobación por la Corte Constitucional, promulgación de la Ley que convoca al referendo, el referendo mismo y el escrutinio correspondiente, y la sanción y publicación de la reforma respectiva, tendrían que hacerse otros cambios cuestionables para habilitar que el referendo lleve a la posibilidad de la reelección de Uribe para el 2010.
La paradoja final es que es posible (probable y lógico) que el Dr. Uribe desista de su eventual candidatura y el referendo siga su curso sin lo que fue su razón de ser. Sin lograr el objetivo buscado –sea este bueno o malo- nos quedaríamos con los daños que deja en cuanto al contenido en lo sustancial y en cuanto a los peligrosísimos precedentes que sienta en lo procesal.


Haciéndose los bobos


OCTAVIO QUINTERO, 06-05-09

“La inteligencia en un hombre sin carácter es como la belleza en una mujer sin virtud: un elemento más de perdición”.
Esto decía Vargas Vila hace más de 100 años; y esto es lo que practican hoy los altos funcionarios del Estado, especialmente aquellos llamados a controlar y vigilar la conducta de quienes tienen el poder en sus manos para hacer y deshacer.
Todo el mundo se ha ido, y con razón, contra el nuevo Procurador General (de cuyo nombre no quiero ni acordarme), por haber absuelto a los ministros que compraron la conciencia de Jidis Medina para que votara la reelección del presidente Uribe en el 2006.
Y las unidades de investigación de los medios de comunicación prontamente encontraron el proyecto de fallo que había dejado listo para promulgar el Procurador saliente ( de cuyo nombre no vale la pena ni acordarnos), y al hacer la comparación encontraron que bajo los mismos argumentos, el uno había encontrado méritos para acusarlos y sancionarlos y el otro no.
Eso me recuerda un pasaje de hace más de 30 años cuando fue nombrado por el entonces presidente López Michelsen (1974­1978) como ministro de Agricultura, al querido “pájaro” del Valle, Cornelio Reyes. El mismo día de la posesión, el Congreso lo citó a un debate sobre la reforma agraria, porque cuando eso, al menos, se admitía en debate público la necesidad de propiciar una redistribución de la tierra en Colombia como elemento sustancial para alcanzar la tan anhelada paz que desde entonces, y desde mucho antes, y quizás por muchos años más, seguiremos buscando enloquecida y alocadamente.
Pues, bien, Cornelio llegó al Despacho y pidió a sus asesores un informe sobre el estado de la Reforma Agraria, advirtiéndoles que lo necesitaba para lo más pronto posible. Los asesores salieron disparados a cumplir la orden del nuevo ministro, pero uno de ellos, muy acucioso, se detuvo en seco y mirando fijamente al ministro le preguntó: “Ministro, cómo quiere el informe: favorable o desfavorable?
Quizás, como el presidente Uribe quería que el fallo sobre los ministros de su despacho en el caso de la Yidispolítica fuera favorable, urdiera el nombramiento de un Procurador obsecuente como el actual, cuyo nombre, de verdad confieso, no me acuerdo y tampoco tengo interés de averiguarlo.
Y eso que no está bien, es al menos comprensible, pues, cada quien tiene derecho a defenderse, inclusive a riesgo de que en el intento pueda resultar más hundido. Lo que uno no puede comprender es que el Procurador saliente, de cuyo nombre sí me acuerdo pero prefiero ignorarlo, quien se las daba de muy independiente y hasta crítico del actual régimen, se hubiera abstenido de expedir el fallo antes de entregar el Despacho.
Eso fue falta de carácter.
Pero así son. Lo mismo va a pasar con el actual fiscal, el meloso Iguarán. Veremos que faltando tan pocos meses de dejar el cargo, y al igual que su antecesor, con una jugosa embajada a la vista, no se le medirá a perderla enjuiciando a los ministros que, y gracias a su criminal gestión, lograron recetarnos cuatro años más de Uribe.
Y otro tema que dejará a su sucesor, que al igual que el nuevo Procurador será buscado como anillo al dedo por el presidente Uribe, será el de las vulgarmente llamadas “chuzadas” del DAS que en el lenguaje convencional internacional es el criminal espionaje que este gobierno venía haciendo y seguirá ejerciendo en nombre de la seguridad democrática, contra todos aquellos que se opongan a sus designios dictatoriales.
En verdad os digo que la falta de carácter de nuestros altos gobernantes y dirigentes (hombres y mujeres), nos ha convertido el país, como lo sugiere Vargas Vila, en una casa de putas; y lo malo es que una especie de impunidad social tiende un manto de perdón y olvido sobre todas sus actuaciones.