BOLETIN VIRTUAL

La lápida de la primera regeneración se la colocó Rafael Uribe Uribe, cuando escribió: “en la regeneración casi todos los que figuran en sus filas, no tienen más criterio, ni más lógica, ni más empeño, que defender su propia impunidad”.

Contenido

• El necesario debate sobre las pensiones, Expansión.
• Mundo desconocido. César González Muñoz.
• A vigilar llaman, Ramón Elejalde.
• El Éxito, Amylkar Acosta Medina.
• Los torturadores deberían ser castigados, Amy Godmann.
• Fujimori ¿el primero?, Juan Manuel López Caballero.
• Los desafíos del Partido Liberal, Mauricio Cabrera Galvis.
• Colaborar, clave del negocio en China, Germán Pariente.
• Percepción de la pobreza, Jorge Mejía Martínez.



El necesario debate sobre las pensiones


Publicado el 22-04-09 , por Expansión.
El canciller Bismarck aseguraba que el político piensa en las siguientes elecciones, mientras que el estadista en las próximas generaciones.
Muy probablemente, si los políticos de 1995, cuando se ratificó el Pacto de Toledo sobre pensiones, hubieran tenido una alicorta visión electoralista, no habría sido posible el acuerdo que permitió implementar importantes medidas para sacar a la Seguridad Social de los números rojos y garantizar un periodo de estabilidad.
Si hubieran optado entonces por la táctica del avestruz, como hace ahora el Gobierno, la vulnerabilidad del sistema hoy sería muy preocupante. Afortunadamente, no lo es.
Pero acabará siéndolo, con graves problemas de sostenibilidad, como vienen alertando sistemáticamente instituciones internacionales como la OCDE, el FMI y la Comisión Europea, y en el ámbito doméstico multitud de analistas, si no se toman medidas que permitan adaptar las estructuras de financiación a la realidad del creciente envejecimiento demográfico de la sociedad española. Y ese planteamiento es el que con acierto defiende el gobernador del Banco de España, que ayer insistió en que las reformas son “imperiosas”.
Lo lógico es que estas reflexiones alimentaran un sano debate nacional y cristalizaran en medidas en el Congreso. Pero el Gobierno, más preocupado por su popularidad electoral, ha optado por hacer casus belli del asunto desautorizando de manera desabrida al gobernador.
El ministro Corbacho volvió ayer a recriminar a Fernández Ordóñez por pronunciarse sobre las pensiones, recrudeciendo así la tensión entre el Gobierno y el Banco de España.
Una polémica a la que curiosamente se ha sumado el socialista Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas, en defensa del gobernador y con duras críticas al Gobierno por “reprimir debates importantes”, lo que ilustra la fractura que esta cuestión está provocando también en el PSOE.
Sevilla subraya que “a la gente hay que tratarla como adultos” y no “debilitar la democracia” con el mensaje de “no os preocupéis, divertíos, votadme cada cuatro años”. Por ello, coincidimos con Sevilla en que “conviene y mucho un amplio y sosegado debate público”.
El aumento de la esperanza de vida está provocando un fuerte envejecimiento de la población que, unido al futuro aluvión de jubilaciones de los nacidos en el baby boom de los sesenta, reducirá sensiblemente la proporción de ocupados frente a pensionistas, lo que provocará un serio problema financiero al sistema si no se adoptan medidas correctoras.
El problema está ahí; es una obviedad para la mayoría de especialistas que lo han analizado. Ocultarlo por interés partidista no sólo no contribuirá a solucionarlo, sino que lo agravará aún más.
Una irresponsabilidad que traslada a las generaciones futuras la papeleta de tomar decisiones mucho más dolorosas e impopulares de las que se serían necesarias en la actualidad. Sin alarmismos, los países de nuestro entorno ya están tomando medidas para afrontar el problema. ¿A qué espera el Gobierno para convocar el Pacto de Toledo?



Mundo Desconocido

César González Muñoz
Hasta finales de enero, durante dos años, mis tareas profesionales incluyeron la de ser el representante legal de la Confederación Nacional de Transporte Urbano, CONALTUR. El nombre es más grande que la realidad, como suele ocurrir con las numerosas organizaciones gremiales colombianas, aún las más visibles. Los miembros de CONALTUR están principalmente en Bogotá. Éstos son empresas individuales u organizaciones “de primer grado” en las que se agrupan sociedades por acciones o cooperativas. Puede afirmarse, sí, que la Confederación es un representante válido de la comunidad del transporte colectivo en Bogotá.
Durante este par de años aprendí mucho, y por ello les estoy muy agradecido a la gente del transporte y a sus líderes empresariales: fue toda una beca de estudios. Pero no me voy a auto–graduar de “experto”. El tema es fascinante y enredadísimo. Cuando me metí en esos laberintos, me sorprendí del tamaño de mi propia ignorancia, no sólo como economista o interesado en las cosas públicas, sino como ciudadano. Ahora puedo, con un mínimo de autoridad, endilgarles esa ignorancia a la gran mayoría de los opinadores y editorialistas, y a la comunidad en general. Es impresionante, pero no es exclusivo de ese sector social: Una realidad que invade todos los rincones urbanos es una cosa cuya naturaleza, composición y relaciones internas son desconocidas para quienes usan y sufren el transporte colectivo. Percibo que la mayoría de los redactores de la prensa escrita y radial, y de las presentadoras de noticias “editorializan” sobre el transporte sin fórmula de juicio. Siento también que los usuarios del transporte colectivo – la inmensa mayoría de la gente – tienen una mejor imagen del servicio que los pocos que tenemos voz, tecla y micrófono. ¿Será una versión colectiva del “síndrome de Estocolmo”?
Libre de responsabilidades gremiales o consultoras en el sector, podré usar este espacio prestado, para comentar sobre la política pública del transporte y la movilidad. El objetivo central es, como en todos los casos, mejorar la información pública sobre un aspecto crucial de la vida pública.
Empecemos por algo muy simple, que va en vía contraria de la sabiduría convencional: la comunidad bogotana del transporte público es grande y diversa: 22.000 conductores, 14.000 propietarios de unos 17.000 vehículos, más de 2.500 empleados de 67 empresas de transporte, y decenas de miles de trabajadores pertenecientes a la cadena de valor del transporte público, que incluye actividades como mantenimiento, reparación, fabricación y distribución de combustibles, suministros y partes.
Desde finales de la década pasada, este sector social ha tenido fuertes estremecimientos, desde la planeación y puesta en marcha del sistema Transmilenio. En los últimos nueve años han sido desintegrados más de 7.000 vehículos de transporte colectivo en Bogotá.
Las cifras sobre el exceso de capacidad transportadora en Bogotá pertenecen al mundo de la fantasía: Hace dos años la Contraloría Distrital sentenció que sobraban más de ocho mil vehículos; algunos expertos han dicho, sin comprobación en la mano, que hay un exceso no inferior al 50% del parque automotor actual. La verdad es desconocida, pero cuando se cumpla lo que ordena el Plan Maestro de Movilidad del Distrito habrá miles de vehículos cuyo único destino será la desintegración. Los cambios que se vienen son inevitables, en nombre de la modernidad, de la calidad del servicio, de la calidad del aire capitalino y en aras de consolidación de una ciudad democrática y atenta al interés de la comunidad. Pero, atención: Hay allí una comunidad de trabajadores, propietarios y empresarios que tienen intereses legítimos y que no pueden ser desplazados y despojados de sus fuentes de ingreso en nombre de la modernidad.


A vigilar llaman


Ramón Elejalde Arbeláez, www.ramonelejalde.com

Los expertos en Economía le han prescrito al País una gran dosis de inversión en infraestructura si se quiere superar la recesión que nos está llegando. Para épocas de bonanza lo que debe hacer todo estado responsable es ahorrar. Para las épocas de crisis económica lo mejor es gastar y gastar en obras públicas. Ya que no ahorramos en los años de gloria que acaban de pasar, nos toca ahora sacar dinero de donde no lo tenemos para dinamizar la economía.
El Gobierno ya anunció adjudicación de obras en distintas esferas de la vida nacional, por más de 55 billones de pesos. Eso está bien, pero no puede ser que la recesión también se convierta en bonanza para los corruptos. Es decir, que ganen cuando la economía esté bien, pero también ganen y más, en tiempos de vacas flacas. Si el dinero que va a gastar el Estado para dinamizar la economía, se va para otros bolsillos, de nada nos va ha servir el remedio que apliquemos. Es de esperar que esto suceda por la subversiva expansión de la corrupción en algunas entidades territoriales. El abuso de la urgencia manifiesta, la adjudicación de contratos a dedo, los sobrecostos en obras públicas y en materiales y suministros, los carteles del embargo, las asociaciones de municipios, las cooperativas municipales, las fundaciones para el buen gobierno, las licitaciones “exprés”, las obras faraónica e inútiles, el “pitufeo” de los contratos, los proponentes suicidas y otras prácticas, algunas de ellas denunciadas recientemente por la revista Cambio, tienen que ser combatidas a fondo por la justicia y los organismos de control, especialmente por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, entidades que están en mora de reivindicarse ante la opinión pública por su ineficiencia de años. El nuevo Procurador debe darle un viraje a su dependencia. No creo que en esto tengan algo que hacer las contralorías de cualquier tipo, pues éstas se convirtieron en las celestinas de los gobernantes que vigilan. En mora está el País de hacerle un estudio serio al funcionamiento de estas entidades, para que proceda a suprimirlas por ineficientes, todas, y por corruptas, la mayoría. De esta suspensión definitiva no debe escaparse ni la Contraloría General de la República.
El primer esfuerzo del Estado debe ser la inversión y el segundo, proteger esa inversión de los funcionarios corruptos, de los que se están enriqueciendo a costa del erario. Las historias son increíbles en algunos municipios y departamentos: Almacenes o ferreterías misteriosas que aparecen con el inicio de los períodos de gobernantes locales o regionales; proveedores conocidos, pero con mañas viejas; terrenos que adquieren un inusitado valor de la noche a la mañana cuando los va a adquirir una entidad oficial; contratantes y proveedores preferidos, que coinciden con haber sido financiadores de la campaña del candidato ganador; regalos y viajes familiares costosos; coimas que van a financiar futuras campañas o cuentas bancarias de funcionarios deshonestos; fincas de funcionarios que mejoran su infraestructura y sus construcciones y que se pueblan de ganado fino de la noche a la mañana; funcionarios que viven en barrios populares y resultan “montados” sobre fastuosos vehículos y viviendo en barrios exclusivos. A tal extremo hemos llegado que ya los alcaldes hacen fiestas y contratan costosas orquestas, cuando les descongelan los recursos de regalías. Ellos mismos pagan las fiestas porque saben que fácilmente van a recuperar los dineros invertidos y van a acrecentar su riqueza mal habida.
La Procuraduría y la Fiscalía tienen que mostrar resultados, no puede seguirnos exhibiendo como trofeo de su eficiencia a funcionarios de cuarto nivel, a sabiendas de que la corrupción viene haciendo metástasis por todo el territorio nacional y alcanzando insospechadas dignidades. Las riquezas inexplicables de algunos funcionarios deben ser explicadas.
Notícula. Ví este fin de semana la notoria preocupación del Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia por el exagerado decrecimiento en las ventas de los productos de esta institución. Gerente, no se extrañe. Ustedes mismos obligaron a comprar muchos productos a finales de diciembre pasado para poder mostrar resultados. Incluso les prestaron por intermedio del IDEA los dineros a los distribuidores de los licores para que los pudieran comprar. Es obvio que estos distribuidores están apenas vendiendo lo que adquirieron a finales del año pasado. Yo se lo advertí en este mismo espacio.



EL ÉXITO

Amylkar D. Acosta M1
Esta semana, en medio del barullo y del frenético curso de los acontecimientos que se desgranan a diario en este país, en el que una chiva periodística traslapa a la anterior, trascendió una noticia fenomenal, fuera de serie en nuestro medio, inusitada por decir lo menos: Almacenes Éxito pasó a su nómina de planta más de 2.000 empleados temporales. Me dí a la tarea de verificar el registro de semejante noticionona en los medios y lo cierto es que ella pasó casi por desapercibida. Dentro de la lógica periodística de que lo que es noticia es que un hombre muerda un perro y no que este muerda a aquel, esta debería ser una noticia digna de destacar en primera plana en todos los medios, pues, a lo que estamos acostumbrados es a lo contrario. Hace rato que las empresas prefieren prescindir de los trabajadores de planta para reemplazarlos por temporales y para ello se han ingeniado múltiples modalidades, especialmente el outsoursing a través de las empresas de servicios temporales y más recientemente las cooperativas de trabajo asociado. Las dos últimas reformas laborales, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, han contribuido a ello, ya que a través de ellas se ha promovido la malhadada flexibilización laboral. Los resultados están a la vista: el empleo informal, el del rebusque, pasó de 56.3% en enero de 2008 al 57.7% en el último trimestre de 2008. Y esa ha sido la tendencia, acentuada con la reformas de marras.
Siempre se ha pretextado para flexibilizar la legislación laboral los altos costos asociados a la contratación directa del trabajador, especialmente por las llamadas peyorativamente ¨cargas¨ parafiscales. Se trata, entonces, de eludirlas, de hurtarles el cuerpo, de modo que se le aligeren las ¨cargas¨ laborales al empleador. Contra toda evidencia, los gremios empresariales y muchos analistas siguen con la cantaleta de que los altos costos laborales atentan contra la competitividad del país. Han propuesto, incluso, flexibilizar el salario mínimo para abaratarlo. Por ello, en el curso de las negociaciones del TLC se habló de la necesidad de seguir flexibilizando aún más el régimen laboral, lo mismo se planteó a raíz de la revaluación del peso y ahora con ocasión de la crisis. Cuánto no le han costado al fisco los incentivos y estímulos de toda índole que han recibido las empresas a costilla de los ingresos de los trabajadores, precarizándolos cada día más, dizque para estimular con ello la generación de nuevos empleos y la retención de los mismos. Cada reforma laboral, cada reforma tributaria, trae consigo su aditamento a favor de esta política sin que se vean los resultados en materia de empleo, pero sí en las ganancias de las empresas. Por qué si los beneficios que reciben las empresas tienen tan loables objetivos, nunca se les ha pedido cuentas a ellas sobre el cumplimiento de los mismos. Dado que tales beneficios deben tener como contrapartida la generación de empleo de calidad, con cotización a la seguridad social y con estabilidad, si estos no se cumplen debería existir algún mecanismo que las penalice. No hay derecho a que mientras que en Colombia entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, según el DANE, 450.000 personas perdieron su empleo y más recientemente, en el sólo trimestre diciembre – febrero se perdieron 266.000 empleos, los empleadores bien orondos se quedaron con los beneficios que le reportaron las medidas oficiales. Esta es la típica selección adversa de las medidas de política propias de un Modelo de Estado del Malestar, pro – rico, concentrador del ingreso y la riqueza.
La decisión tomada por Almacenes Éxito es la prueba reina contra la falacia de Fedesarrollo de que “aquí es demasiado costoso generar empleo” y el mentís a sus aseveraciones en el sentido que ¨hay que hacer menos costosa la contratación de trabajadores en el sector formal” para que ella sea posible. Al dar este paso El Éxito no se ha convertido en casa de beneficencia, ni lo animan razones caritativas o filantrópicas; esta es la verdadera responsabilidad social que esta y todas las empresas deben asumir. Adujo el Vicepresidente de gestión humana del Éxito, Rodrigo Ferrnández, como razón fundamental para este viraje de la empresa el mayor grado de satisfacción del trabajador de planta, su mayor motivación, el mejor clima laboral que ello propicia, y que todo ello redunda en una elevación de la productividad de la empresa. Habló, además de la ineficiencia de los contratos a término fijo, señalando que una vez terminado su período ¨el personal se va a la calle y se desperdicia su conocimiento, con altos costos económicos¨. Por todo ello y mucho más, se puede colegir que la estabilidad laboral y el empleo digno que proporciona la contratación directa, de planta, son un buen negocio!
Bogotá, abril 17 de 2009
www.amylkaracosta.net


Los torturadores deberían ser castigados

Amy Goodman
SPOKANE, Washington — George W. Bush afirmó insistentemente que Estados Unidos no practicaba la tortura.
Sin embargo, los cuatro memorandos de la Oficina de Consejo Legal de la época de Bush, publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia del gobierno de Barack Obama, pintan un panorama totalmente diferente. Los memorandos desclasificados dieron autorización legal para aplicar “técnicas severas de interrogatorio” utilizadas por el gobierno de Bush durante los años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Autorizaron—como enumera el memorando del 1° de agosto de 2002, del entonces Vice Fiscal General Jay Bybee—a “golpear a los detenidos contra una pared, abofetearlos en el rostro, confinarlos en condiciones de hacinamiento, obligarlos a permanecer de pie contra una pared sosteniéndose con los dedos, forzarlos a permanecer en posiciones incómodas, privarlos del sueño, colocar insectos en una celda de confinamiento, y [permitieron] el submarino”.
Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), durante el gobierno de Bush, la Oficina de Consejo Legal “se convirtió en la facilitadora de la conducta ilegal del gobierno, publicando docenas de memorandos con la finalidad de permitir graves violaciones al derecho nacional e internacional”.
Los memorandos autorizan lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja denominó, en un informe filtrado, “trato y técnicas de interrogatorio (…) equiparables a la tortura”.
Estas técnicas de tortura fueron desarrolladas por dos psicólogos de Spokane, Washington: James Mitchell y Bruce Jessen. Su empresa, Mitchell, Jessen & Associates, brindó capacitación especializada a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lidiar con la captura por parte de fuerzas enemigas. El programa de entrenamiento se llama SERE, sigla que significa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia, Escape. Mitchell y Jessen, ambos psicólogos, fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para entrenar a interrogadores en técnicas que, según afirmaron, harían desmoronar a los prisioneros.
Utilizaron la técnica SERE en un sentido inverso. Esta técnica había sido desarrollada originalmente para ayudar a la gente a soportar y sobrevivir a la tortura. En cambio, ellos la utilizaron para entrenar a una nueva generación de torturadores.
La periodista Katherine Eban escribió un artículo de denuncia sobre Mitchell y Jessen en 2007, denominado “Rorschach y Awe”. Le pregunté sobre ellos a la luz de los memorandos de tortura. Describió a Mitchell y Jessen de la siguiente manera: “Eran, ya sabes, académicos que querían estar de algún modo en la palestra operativa, que es un plano muy atractivo para estar. Pero, de hecho, eran profesores y supervisores del programa SERE, donde solamente monitoreaban el bienestar de los soldados. No eran científicos. No tenían datos, según mis fuentes, para demostrar que al invertir estas tácticas, serían efectivas para obtener información. Entonces, la descripción que obtuve, también de colegas suyos, es que estos tipos eran amateurs. Ya sabes, psicólogos amateurs, como el personaje de Jodie Foster en el Silencio de los Inocentes. Y no lo eran. Pero, aparentemente, –y ahora podemos ver realmente el alcance de esto– fueron muy convincentes al vender el uso de estas tácticas a la CIA”.
Los memorandos brindan detalles atroces de las torturas implementadas. El submarino fue utilizado cientos de veces en una serie de prisioneros. El memorando de Bybee incluye esta autorización kafkiana: “Les gustaría colocar a [Abu] Zubaydah en una celda de confinamiento con un insecto. Nos informaron que, al parecer, él tiene miedo a los insectos. En particular, les gustaría decirle a Zubaydah que pretenden colocar un insecto que pica en la celda junto con él”.
Luego de que el Presidente Barack Obama dijo que no debería haber procesamientos, esta semana fue recibido en la CIA con bombos y platillos. Le pregunté a Mark Benjamin, el periodista que inicialmente reveló la noticia de Mitchell y Jessen, acerca de la postura de Obama. Y esto fue lo que me dijo: “Si te fijas en las declaraciones del Presidente y las unes a las declaraciones de Rahm Emanuel, el Jefe de Gabinete, y de Eric Holder, el Fiscal General (…) verás que en los últimos días el gobierno de Obama anunció que nadie, ni la gente que llevó a cabo el programa de tortura, ni los que diseñaron el programa, ni la gente que autorizó el programa, ni quienes dijeron que era legal –a pesar de que sabían que honestamente no lo era– ninguna de esas personas afrontará cargos. El Fiscal General anunció que el gobierno, además, pagará los honorarios legales de las personas en contra de las que se hayan presentado cargos en cualquier parte del mundo, o que tengan que comparecer ante el Congreso. Les proporcionarán abogados (…), les han dado inmunidad total (…) a cambio de nada”.
La Presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, le pidió a Obama que postergara la decisión de descartar los procesamientos hasta que su Comité termine una investigación que completará en los próximos seis meses. Mientras que Obama promete dejar libres a los torturadores, otros los están buscando. Bybee, actualmente, se desempeña como juez federal. Movimientos de base, desde Common Cause (Causa Común) hasta el Centro por los Derechos Constitucionales, están solicitando al Congreso que presente una acusación formal en su contra. En España, el juez Baltasar Garzón—que logró el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad— tiene a Bybee y a otros cinco funcionarios del gobierno de Bush en la mira de futuros procesamientos.
Durante años, la gente ha sentido que se ha dado la cabeza contra una pared (y algunos sufrieron esto literalmente, como lo detallan los memorandos). Sin embargo, el día en que se celebraron las elecciones nacionales, parecía que esa pared se había convertido en una puerta. Pero la puerta está apenas entreabierta. Si se abre de una patada o se cierra de un portazo, no depende del Presidente. Aunque posiblemente él ocupe el cargo de mayor poder en la Tierra, hay una fuerza más poderosa: la gente comprometida que exige un cambio. Necesitamos un criterio universal de justicia. Los torturadores deberían ser castigados.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org


Fujimori ¿el primero?

Juan Manuel López Caballero.
La sentencia contra Fujimori más que como un hito que marcará las nuevas tendencias respecto a los juicios a los gobernantes, podría verse como la continuidad de algo que viene de tiempo atrás: sí es el primero, pero con la posible connotación de que otros vendrán después.
No es la primera vez que en Suramérica una Corte interna sentencia en contra de un Presidente del propio país; ya se había dado el caso con Pinochet y con el mismo Fujimori, en ambos casos por delitos comunes y corrupción y no por temas de Derechos Humanos o de abusos contra la Democracia, pero ya eran precedentes, puesto que los verdaderos cuestionamientos eran en esos campos.
También existía el precedente de fallos en contra de Presidentes por violaciones a los Derechos Humanos en Cortes extranjeras cuando se afectan intereses de nacionales de otros países. Tal fue lo que sucedió con Pinochet cuando el entonces fiscal Baltazar Garzón ordenó su detención e Inglaterra la aceptó.
Por supuesto la creación misma de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma han señalado claramente que ese tipo de delitos dejarán de gozar de impunidad, aún en el caso de que el país desee consentirlos.
Igualmente la impunidad por tales crímenes venía desapareciendo con la derogatoria de leyes de amnistía o de perdón y olvido en los países que más sufrieron esas atrocidades como Argentina y Chile.
Es verdad que los cargos son dentro del régimen penal peruano y por eso el castigo es por encontrársele culpable de homicidio calificado, asesinato, lesiones graves, y secuestro, o sea delitos corrientes. Pero la Corte Suprema del Perú tuvo a bien dejar claro que son crímenes de Estado y contra la humanidad. Es decir que al evaluar los delitos no se limitó a los actos en sí mismos sino calificó también su significado dentro del contexto del cual se produjeron.
El simbolismo y la trascendencia de este fallo está en la censura implícita al maltrato a la democracia cuando un régimen represivo abusa del poder para controlar la oposición y usa métodos de ‘guerra sucia’ en contra de la insurgencia.
No se trata de un caso como el de Pinochet o Rafael Videla que justificaron su acceso al poder mediante golpes militares, sino del abuso del respaldo electoral que permitió asumir controles cuasi dictatoriales con reformas a la Constitución y asalto a las otras ramas del poder, incluyendo los órganos de control.
Y es que lejos de ser un paso aislado esta sentencia coincide internamente con que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado Peruano por esos hechos; y externamente con que la Corte Penal Internacional ya había sentado el precedente de que los Jefes de Estado son responsables por las políticas que derivan en violaciones a su normatividad, con el caso de Omar Al-Bashir, presidente de Sudán. Y sobre todo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, según la cual durante sus dos primeros periodos de gobierno (alcanzó a ser reelegido por segunda vez) se estableció una relación entre el poder político y el poder criminal que, con el argumento de la amenaza terrorista, permitió cooptar intencional y progresivamente los otros poderes del Estado, cambiando o creando legislación para amparar abusos contra la democracia -como la permanencia en el poder-, e impunidad para las violaciones a los Derechos Humanos.
Viene ahora probablemente lo que puede ser una etapa más importante del juicio: Fujimori fue condenado como autor mediato, o sea responsable pero actuando a través de otras personas. Él ha proclamado para su defensa que no existe elemento probatorio que demuestre vínculo directo o una orden explícita suya en relación a los casos por los cuales se le condena. Corresponderá a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Peruana, decidir si mantiene o no la sentencia, es decir los principios que están detrás de ella, como es aplicar a las estructuras del Estado la misma teoría que permite acusar a los comandantes de las fuerzas subversiva de ser responsables de las acciones delictivas que se derivan de las estrategias políticas y militares que promueven, aún si no dan tal o cual orden directa. Dice la sentencia que las pruebas “También se refieren a la responsabilidad penal de un Presidente de la República, en el entendido que la conducta criminal que se le atribuye fue expresión de una política determinada en un ámbito muy concreto de la lucha contra la subversión terrorista…” y sigue “(…) La acusación, sin perjuicio de lo anterior (o sea de los cargos sobre hechos directos), destaca la intervención del acusado Fujimori en la conformación de la estrategia de guerra sucia (…) El objeto de la prueba, por consiguiente, es en primer término esa estrategia como marco que explica y da curso a los hechos imputados”.
También en el corazón de los Estados Unidos se está viviendo al mismo tiempo el gran debate respecto a esta temática: varios estamentos (desde ONG’s hasta Senadores) proponen un juicio a quienes impusieron e implementaron políticas, estrategias y medidas de ‘lucha contra el terrorismo’ que pueden haber sido contrarias al Estado de Derecho y la Democracia, y violatorias de los Derechos Humanos.
A esto se suma que toda la línea jerárquica subalterna del Vicepresidente Cheney para su relación con las fuerzas armadas y la guerra contra el terrorismo (6 funcionarios incluyendo a quien después fuera el equivalente del Fiscal General allá) ha sido acusada por la fiscalía española ante el hoy Juez Baltazar Garzón por las torturas y violaciones a los derechos humanos infligidos a unos nacionales españoles en las cárceles clandestinas (o agujeros negros) de los Estados Unidos en el extranjero.
Esto equivale a que se está cuestionando el derecho que se arrogó el Gobierno Bush de adelantar descaradamente una ‘guerra sucia’ en el mundo contra quienes no compartieran sus convicciones.
Varios desarrollos debe tener esto:
La orden de captura emanada de un miembro de la Europa Unida se aplica en ese territorio y ninguno de los acusados podrá pisar ese continente; esto marcará inevitablemente distancias en la relación con Estados Unidos.
Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional pero si es parte de la Convención contra la Tortura, la Carta de Derechos Humanos de la ONU y demás tratados que los obligaría a llevar internamente el mismo juicio que se adelanta desde afuera. ¿Cumplirá las obligaciones que emanan de ellos? ¿O denunciará tales tratados? ¿O simplemente los violará?
Los acusados están vinculados por documentos emanados de sus despachos donde se dan las directrices concretas que permiten la acusación; pero las estrategias generales son emanadas directamente del despacho de Cheney y responden por supuesto a la línea política del Gobierno. ¿Se aplicará también el principio de la autoría mediata? ¿Y hasta donde llegaría ésta?
Ante nuestros ‘falsos positivos’, nuestro sistema de ‘todo se vale’, o casos como el de Jamundí, o el de la macabra mano de Iván Ríos, o las muertes de extranjeros en el extranjero con el bombardeo a Raúl Reyes, se abre la pregunta de: ¿porqué no conformar una Comisión de la Verdad y la Reconciliación como la del Perú, así ésta solo se pronuncie sobre aspectos éticos y no jurídicos?


LOS DESAFIOS DEL PARTIDO LIBERAL


Mauricio Cabrera Galvis – Bogotá, Abril 22 de 2009

En medio de la mayor amenaza contra la seguridad de los países que ha existido en la historia universal, la segunda guerra mundial, el presidente más liberal y progresista de los Estados Unidos (FDR) planteó al Congreso de su país algo evidente: que la Seguridad debería ser el objetivo supremo de todos y cada uno de los países. Lo que no era, ni es tan evidente es que para Roosevelt Seguridad significaba “no solo seguridad física como defensa contra los ataques de los agresores, sino también seguridad económica, seguridad social, seguridad moral, en una comunidad de naciones.”

La historia es antigua pero de gran actualidad en la Colombia de hoy donde nos quieren convencer que es indispensable reelegir al presidente y a su política de seguridad, dizque “democrática”. Por supuesto también se trata de reelegir los otros pilares del estado conservador que se ha implantado en el país: la confianza inversionista de las gabelas y regalos tributarios a los ricos y la cohesión social del asistencialismo y las migajas para los pobres repartidas a dedo en los consejos comunales.

Frente a esa política conservadora, la alternativa que debe presentar el partido Liberal parte de la concepción social demócrata en la que el objetivo primordial del Estado es garantizar el Bien-estar de toda la población y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, para desmontar el modelo de desarrollo pro-ricos que nos han impuesto y luchar porque la equidad vuelva a ser el principio orientador de las políticas públicas. No es un asunto de caridad y asistencialismo sino de justicia; es un asunto de Derechos.

Hago estas consideraciones en este acto porque la lucha para que estos Derechos no sean solo una promesa sino una realidad para todas y todos los colombianos ha sido el objetivo de la vida pública de Cecilia López, orientada por su clara concepción social del Estado, acorde con el espíritu de la Constitución del 91 y con los principios de la socialdemocracia moderna que son la libertad, la justicia y la solidaridad. La lucha por los Derechos ha sido el objetivo central de su labor como senadora, plasmada en la proyecto de Ley de Transformación Social que ha presentado en el Congreso. La lucha por los Derechos es el eje de su ideario político y de la propuesta que hoy quiere poner a consideración de los colombianos. Pero no digo nada más porque no la puedo “chiviar”, y ella será quien la presente.

La alusión al presidente Roosevelt tiene otra relación directa con la situación actual del país, porque hay que recordar que fueron sus políticas las que rescataron a los Estados Unidos de la Gran Depresión del siglo pasado, que muchos comparan a la actual recesión mundial. De nuevo ha vuelto a ser aceptado por todos que corresponde al Estado asumir la dirección de la economía y adoptar las políticas de estímulo que permitan salir de la recesión.

Los efectos de la crisis internacional son evidentes en la economía colombiana, basta ver las cifras que cada día divulgan los periódicos; pero también es evidente que el gobierno no tiene un plan articulado ni coherente para hacerle frente: pasa de la ilusión de que estamos blindados a la adopción de medidas aisladas o ineficientes para proteger el empleo de los colombianos. Con su sólida preparación académica Cecilia López ha demostrado en documentados debates en el Congreso de la República la debilidad de las políticas oficiales así como la responsabilidad del gobierno en la actual recesión económica, y hoy empieza a presentarle al país sus propuestas para retomar la senda del crecimiento y el pleno empleo

Sin embargo, como economista debo decir que lo que más atrae de la visión que tiene Cecilia López de la economía es que la pone en un segundo plano. Para ella es muy claro que el objetivo de la política económica debe ser el Bien-estar de la gente y no el déficit fiscal o bajar la inflación; estos son tan solo instrumentos, o metas intermedias, necesarias más no suficientes. Ni siquiera el crecimiento de la producción es un objetivo suficiente si no va acompañado de una distribución más equitativa del ingreso y una mayor igualdad de oportunidades para todos. Bienestar, en términos liberales, es más justicia que riqueza.

Es fundamental que el debate sobre las políticas económicas se aborde desde la perspectiva de la ética, de la justicia social y la preocupación por los pobres. Hay quienes piensan que esto es sentimentalismo irracional, pero como lo recomendó el premio Nobel Stiglitz: “yo les diría que las decisiones en materia de políticas públicas necesariamente tienen que hablar el idioma tanto del corazón como de la mente”

Una palabra final sobre el Partido Liberal. Durante el siglo pasado el Partido Liberal fue una fuerza progresista que realizó profundas transformaciones a la estructura social colombiana, y como tal convocaba multitudes, encarnaba utopías, ilusionaba a los jóvenes, representaba los ideales de libertad y justicia social, era la esperanza de un futuro mejor para los pobres y desposeídos. Pero la cohabitación con el partido Conservador en el Frente Nacional y el largo disfrute del poder lo divorció de las causas populares y le cercenó la ideología. Hoy el Partido tiene que volver a conectarse con los sectores sociales de obreros y campesinos que en el pasado fueron su base y razón de ser, y con los nuevos sectores de desempleados y desplazados que hoy son los más desprotegidos de la sociedad; tiene que volver a luchar por los principios de igualdad social y justicia que animaron las grandes realizaciones de los gobiernos liberales del siglo pasado.

Después de perder tres elecciones consecutivas, el reto del Partido Liberal es reconquistar el poder para que el Estado vuelva a ser el instrumento que garantice la equidad y el bien-estar de las mayorías. El reto es impedir la reelección de las políticas conservadoras de Uribe para cambiar el rumbo del país: para que haya más seguridad pero con democracia, para que la confianza de los inversionistas no se construya a expensas de los trabajadores y los campesinos, y para que la cohesión social no se construya sobre la endeble base de las dádivas caritativas del caudillo sino sobre la garantía de los derechos económicos y sociales de toda la población y la protección de los más pobres.

Cecilia López ha trabajado toda su vida por estos ideales, conoce el funcionamiento del aparato del Estado; entiende la complejidad de de los procesos económicos y como manejarlos para salir de la crisis; está comprometida en la lucha por los Derechos de todas y todos los colombianos y, no menos importante, su visión de mujer y madre mira el mundo bajo el prisma de la Solidaridad. En una palabra, puede liderar al partido y al país en la construcción de esa sociedad donde todos y todas podamos vivir una vida digna.
Cecilia, bienvenida tu candidatura!



Colaborar, clave del negocio en China


Germán Pariente - 24/04/2009, Revista Cinco Días.

Crecer al 8% en 2009 y crear 9 millones de empleos, al tiempo que se eleva un 6% el ingreso per cápita y se impulsa el consumo interno un 14%. Mantener la inflación al 4%, hacer crecer importaciones y exportaciones al 8% y elevar la inversión directa en el extranjero en un 13%. ¿Imposible?
El Congreso Nacional del Pueblo de la República Popular China no está de broma cuando ordena a sus poderes ejecutivos que hagan todo lo posible para alcanzar estos objetivos. Porque para mantener la estabilidad del sistema actual el crecimiento es la clave. Un crecimiento más equilibrado que el registrado hasta ahora en su economía, pero nunca inferior al 8% para mantener el sistema seguro.
Por ello, tras la segunda sesión del XI Congreso Nacional del Pueblo, celebrada en marzo en Pekín, aquellos países y empresas que quieran aprovechar las infinitas oportunidades existentes en el gigante asiático deben estar atentos a lo que va a suceder en los próximos meses, porque se avecinan cambios y decisiones muy relevantes en la economía China. Son cambios que no tendrán una extraordinaria visibilidad, pero sí una profunda relevancia económica y, lo que es más importante, un enorme impacto financiero en sectores que, fuera de China, pasan por momentos de profunda incertidumbre.
Construcción de infraestructuras de transporte, desarrollo energético, concentración y modernización industrial hacia sistemas más eficientes y menos contaminantes, potenciación de la I+D+i, mejora de la capacidad de distribución interior, potenciación del turismo interior y del consumo, desarrollo de nuevos mercados e inversión en recursos naturales en el extranjero… tantos campos en los que las empresas e incluso los países de todo el mundo pueden estar interesados. Sería imperdonable que estas empresas cometiesen el error de aproximarse a la China actual con la idea de extraer riqueza. En nuestra experiencia en la América Latina emergente sabemos que esa fórmula ya no funciona y ahora en China podemos garantizar que esa es la mejor fórmula para no obtener nada. Si acaso, una gran fiesta de despedida.
La clave en la China actual está en demostrar capacidad e interés por contribuir a hacer realidad los intereses de China. Y no nos referimos a los objetivos políticos o geoestratégicos. Ese es el final del camino. Nos referimos a los millones de pequeños objetivos económicos, tecnológicos o industriales que construyen el futuro de un país. Resulta obvio que las autoridades y las empresas públicas chinas son conscientes de que las empresas internacionales quieren obtener un beneficio. Sin embargo, jamás abrirán sus puertas a aquellas empresas que no demuestren que su plan pasa por crear riqueza para China.
Para lograr este compromiso, la construcción de relaciones profundas con los poderes públicos es una condición sine qua non. Relaciones basadas en la confianza, que crecen en base al intercambio de conocimiento y la colaboración, de manera transparente. Ningún futuro espera a quienes piensen en fórmulas no ortodoxas.
Disponer de información precisa, identificar a quienes toman las decisiones y construir relaciones sanas, de mutuo beneficio, es una tarea tan ambiciosa como necesaria. Y, luego, saber ofrecer una colaboración leal y sin ambages puede conducir al éxito empresarial y al aprovechamiento de la oportunidad que se esconde tras la crisis.
Germán Pariente. Socio y director general de Llorente & Cuenca China



Percepción de la pobreza

Jorge Mejia Martínez, Jorge.mejia@une.net.co
En Antioquia, las gentes desde sus casas se sienten menos pobres, pero los académicos desde sus escritorios dicen lo contrario. El Dane realizó más de 13.000 encuestas en el país sobre percepción de calidad de vida cuyos resultados fueron comparados con datos de 2003 y la conclusión fue contundente: Antioquia es el departamento con la mejor percepción de calidad de vida (40%), mientras el promedio nacional está ocho puntos por encima. Otro estudio acordado por las administraciones anteriores de la gobernación, la alcaldía y el Área Metropolitana, no reconoce avances, entre otras cosas porque carece de indicadores comparativos de estudios similares anteriores. El Banco Mundial valora la importancia de medir la percepción de la pobreza por parte de los mismos pobladores, para entender los resortes de la lucha por su superación.
Después de 9 años – con “La voz de los pobres” en 2000-, el Banco Mundial acaba de publicar su ultimo estudio sobre la pobreza en el mundo. “Saliendo de la pobreza: éxito desde abajo” es una investigación a gran escala que busca analizar cómo salir de la pobreza, más que sobre la pobreza misma. "En medio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, es preciso que comprendamos mejor la dinámica de la pobreza y para ello debemos escuchar lo que los propios pobres tienen que decir", señaló Danny Leipziger, vicepresidente de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial. "Sus historias enseñan cómo se puede salir de la pobreza, en especial allí donde existen oportunidades. No obstante, también nos muestran con qué facilidad y rapidez se puede caer en ella", agregó.
Para el estudio se entrevistaron 60.000 personas de ambos géneros, niños y adultos, pobres hoy o que dejaron de serlo, en unas 500 comunidades de 21 regiones de 15 países de África, América Latina, Asia austral y Asia oriental. Las principales herramientas usadas en el estudio incluyen historias de vida individuales, el ejercicio de la "escala de la vida", discusiones de grupos motivacionales sobre varios asuntos, y entrevistas de hogares mediante cuestionarios. La "escala de la vida" se hizo a fin de establecer cómo definía cada
comunidad la pobreza y la riqueza y para determinar quién en la comunidad calificaba como pobre. En este ejercicio, entre seis y 15 participantes crean una escala figurativa de bienestar. El escalón inferior representa a los más pobres de esa comunidad, y el superior a los más ricos. Luego, el grupo clasifica hasta a 150 hogares de la comunidad en base a esa escala. Identifican la ubicación inicial de cada hogar 10 años antes y al momento del estudio. Dadas estas calificaciones, el Banco desarrolló una matriz de movilidad comunitaria según la cual los hogares subieron o bajaron en esa escala o se mantuvieron en el mismo escalón durante el periodo de 10 años que abarca el estudio.
Una de las conclusiones clave del estudio es que la igualdad de oportunidades sigue siendo un sueño para muchas personas. Los pobres "enfrentan muchas prácticas de exclusión", dijo Nora Dudwick, científica social del Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial. "Ellos no encuentran un campo de juego parejo", señaló, refiriéndose a la incapacidad de los pobres para insertarse en los mercados laborales y recibir asistencia financiera.
El estudio, divulgado por Marina Litvinsky de Ipsnoticias, concluye que las estrategias de reducción de la pobreza deben reorientarse para aumentar las oportunidades económicas, sociales y políticas en las comunidades donde viven los pobres. Éstas incluyen la provisión de conocimientos empresariales, acceso básico a la salud y la educación y la mejora de la gobernanza local. "La laboriosidad y la confianza en uno mismo pueden contribuir en gran medida al progreso de una persona, pero no pueden compensar la falta de oportunidades económicas ni eliminar los obstáculos que impiden el acceso a las oportunidades en las comunidades donde vive la población pobre", dijo un funcionario del BM. Las iniciativas locales para salir de la pobreza o para evitar que otras personas ingresen a la misma, son fundamentales, mucho más ahora que la crisis económica empieza a convertirse en una seria amenaza negra.
PD: la celebración de los 30 años de existencia de El MUNDO el pasado día lunes, fue ¡inolvidable! Felicitaciones a la gran familia.