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Invitan al Foro
“POR LA LIBERTAD DE TODOS”
HACIA EL ACUERDO HUMANITARIO

Fecha: Martes 04 de marzo de 2008
Hora: 08:00 a.m. – 01:00 p.m.
Lugar: Casa España – Salón Goya - Calle 35 No 16-42 Bogotá


Favor confirmar: Tel 5934500 Ext. 144


CONTENIDO


• Carimagua en tres versiones:
Antonio Gómez Merlano.
Cecilia López Montaño.
Juan Manuel López Caballero.
• Consecuencias de no tener un plan V, Mauricio Cabrera Galvis.
• La parte fisiócrata del neoliberalismo, Octavio Quintero.
• Peor el remedio…, César González Muñoz.
• El sagrado derecho al rebusque, Juan Carlos Ramón Rueda.
• Dudas razonables, Ramón Elejalde.
• Foro CAN-UE, Víctor Pardo.
• Millones sin voz, Amy Goodman.



Carimagua.


Bogotá D.C., febrero 18 de 2008



Señor Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
E. S. D.



Apreciado Señor Presidente:

No se pueden negar las profundas preocupaciones de carácter político, económico y social que se han expresado en las últimas semanas por parte de analistas, organismos de control y medios de comunicación, en relación a la determinación del Ministerio de Agricultura de pretender entregar en “concesión” a particulares el predio de 17.000 hectáreas denominado “Carimagua”, dejando a un lado la determinación legal del Incoder de trasferirle la propiedad del mismo a campesinos desplazados por la violencia generada por el paramilitarismo y la guerrilla.

Como efecto de las denuncias públicas recientes, el Ministerio de Agricultura ha conformado una Comisión, en principio restringida pero posteriormente ampliada, con el propósito de establecer el mejor camino para superar el conflicto, sin que el Gobierno deje de insistir en la aplicación de la figura de la concesión.

Hasta ahora se han planteado tres posibilidades que no resuelven el problema esencial de fijar una política nacional para promover una verdadera redistribución integral de la tierra en beneficio de sectores campesinos afectados por una violencia inhumana, excluyente y despiadada. Veamos: Primera, desde hace varios años el Incoder aprobó legalmente que dicho predio sería adjudicado a campesinos desplazados con el objetivo de impulsar un proyecto piloto de desarrollo sostenible, con colaboración nacional e internacional, especialmente en actividades ganaderas, forestales y agrícolas (palma de aceite, caucho, etc.,). Segunda, el Ministerio de Agricultura, cambiando su posición inicial, promueve una selección restringida para entregar dicho predio a un pequeño grupo de empresarios interesados en explotarlo, con la tesis de que ellos son los únicos que tendrían los recursos tecnológicos y de capital necesarios para desarrollar un proyecto exitoso en esa región, generando empleo y reconociéndole una especie de contribución económica anual al Estado Colombiano. Tercera, recientemente el gremio de los palmicultores, Fedepalma, ha planteado que el mencionado predio debe seguir siendo utilizado como un gran centro de investigación y desarrollo tecnológico para fomentar actividades ganaderas, forestales y agrícolas, con alto potencial de productividad y con la creación de paquetes tecnológicos adecuados a la calidad de los suelos existentes.

Para bien de Colombia y de la aplicación de principios de justicia social, creemos que existen alternativas adicionales que permiten alinear a los campesinos, a los particulares y al Estado alrededor de un propósito incluyente que fomente la prosperidad general, y no, simplemente, la concentración de los medios de producción en unos pocos.

Por lo tanto, quisiera proponer que se estudie la alternativa de impulsar un proyecto nuevo y diferente en “Carimagua”, dentro del cual distintas fuerzas sociales y económicas participen proactivamente en una relación gana-gana, para beneficio de todos los protagonistas. Partimos del supuesto, de que la tierra le sea adjudicada legalmente a los campesinos desplazados, y posteriormente, éstos constituyan una sociedad con el sector privado interesado para la explotación agroindustrial de dicho predio, con el compromiso de que los campesinos aporten la tierra, el sector privado capital y tecnología, el Estado establezca estímulos tributarios, tecnológicos, etc., y los mismos gremios que tengan interés sean apoyadores de éste propósito, sin mezquindades ni cortoplacismo.

Así las cosas, se generaría una nueva visión social sobre lo que podrían ser las nuevas alianzas estratégicas y productivas, sin exclusiones ni ventajismos, entre campesinos, productores, gremios y Estado, para crear nuevos empleos en la región, redistribuir la riqueza y la existencia de nuevos propietarios productivos.

Vale la pena recordar, que siendo Ministro de Agricultura a mediados de 1998, y sin sacrificar mi compromiso con la reforma agraria, impulsamos la idea de desarrollar un alianza estratégica entre campesinos del antiguo Incora y empresarios palmicultores, para construir un proyecto de siembra y explotación de palma africana, en el municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar. Varios años después tuve la oportunidad de encontrarme con algunos representantes de los campesinos y me manifestaron su satisfacción, por la realización de este proyecto incluyente, generador de confianza, de cohesión social, prosperidad y verdadera participación democrática en lo económico y social.


Con los ajustes que seguramente deben hacerse, espero que estas consideraciones sean útiles para superar la desgastante problemática mencionada y la creencia de que el Estado Colombiano está al servicio de los ricos, y al contrario, demostrar que, sin demagogia ni sombras, se está al servicio de los intereses generales de la población, y especialmente, de los más pobres.

Cordial saludo,




ANTONIO GOMEZ MERLANO
Ex Ministro de Agricultura



CARIMAGUA: UNA DOLOROSA SEÑAL


Cecilia López Montaño

Los hechos que todo el país conoce alrededor de Carimagua constituyen una señal alarmante sobre las prioridades reales del Gobierno Nacional. En plata blanca, simplemente se trató de incumplirles a los desplazados para generarles un gran negocio a empresarios agrícolas y financieros del país. Pero el problema no se queda ahí. Por lo menos uno de esos empresarios es muy cercano a altos funcionarios del Gobierno como el Ministro de Hacienda y el Director de Acción Social y, además, miembro de la junta directiva de esta última entidad encargada de los problemas sociales focalizados en los más pobres, entre los cuales están los desplazados. Y como si esto no fuera suficiente, a pesar de haberse visto obligado a parar el negocio, el Ministro de Agricultura insiste en que el tiene la razón. Peor aún, ha recibido el total respaldo del señor Presidente Uribe. Para todos es claro que en este proceso se cometieron toda de clase de arbitrariedades que las instancias competentes están en el proceso de identificar y sancionar.

Nadie distinto del señor Presidente y su Ministro de Agricultura ha salido a defender este vil atropello que, aparentemente, se está repitiendo en otras partes del país como el Valle del Cauca. La revista “Semana” señalaba con toda claridad que si la decisión hubiera sido al revés, hoy la Nación estaría abocada a una gran demanda de los empresarios involucrados y por la que todos los colombianos tendríamos que pagar. Pero como los desplazados no tienen voz, se le atropellan sus derechos y se le incumplen las promesas.

Más que describir el proceso, es más importante analizarlo. Primero, o el gobierno ha sido en este caso un gran irresponsable o un gran mentiroso. Irresponsable porque en el 2004 Carimagua fue presentado oficialmente a empresarios Japoneses en Tokio como una alternativa de desarrollo agroecológico para la Orinoquia. “El Gobierno posee además 15 mil hectáreas aptas para la explotación agrícola y ganadera, donde en breve emprenderá, con dicha base productiva, otro asentamiento humano de al menos 500 familias campesinas. Este asentamiento se sumará al de las 200 que habitan y trabajan en Gaviotas, a quienes se les asignará la propiedad de la tierra dentro del marco de la actual política de reforma agraria del Gobierno de Colombia”, dijo el entonces Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano. Los ministros cambian pero, el Gobierno no y además en ese momento Arias era viceministro. Ahora, el Ministro Arias dice que esas tierras no son aptas para desplazados porque requieren una inmensa inversión que el Gobierno no puede hacer. Si se le cree, entonces el gobierno fue absolutamente irresponsable al vender a la comunidad internacional una falsedad. Pero si le cree al ex Ministro Cano, sus palabras de ayer, hoy el gobierno es un gran mentiroso.

Segundo, ¿porqué empresarios amigos del gobierno, miembros de juntas de programas dirigidos a los pobres, y financiadores de sus campanas políticas, fueron los primeros que fueron a Carimagua a ver el objeto del negocio? Esto es lo que se conoce como acceso a información privilegiada que, en otras latitudes y especialmente en el sector financiero, ha llevado a muchos a la cárcel. Y de paso, qué hacen empresarios metidos en Acción Social en un país donde la falta de sensibilidad de los más poderosos es absolutamente evidente. Basta con ver la última decisión de salario mínimo donde hasta los más uribistas estaban desconcertados por la falta de sensibilidad con la clase trabajadora en un año donde las grandes empresas tuvieron ganancias espectaculares.

Tercero, al escarbar un poco, es evidente que esa situación de quitarle a los desplazados la tierra para dársela a los empresarios no es nada inocente ni casual. La famosa Ley de Desarrollo Rural impuesta el año pasado por el gobierno, a través de sus mayorías en el Congreso y, a pesar de las protestas de la oposición, es el instrumento que legaliza estos atropellos. Gracias a esa Ley, Incoder les está anunciando a los desplazados que ya no les entregará tierra porque tienen que hacer un “proyecto productivo, sin apoyo del Estado. ¡Háganme el favor! Además les fijan precios límites irreales a la tierra a la que pueden tener acceso. ¿Quién cumple estos requisitos? Los empresarios sin duda. ¿Será que se necesitan más señales para identificar el sesgo pro-rico del Gobierno?


E-mail cecilia@cecilia.com



El caso Carimagua


Juan Manuel López Caballero. Revista Dinero.

El intento de cambio de destinación del predio Carimagua –de propiedad del Incoder, es decir del Estado-, para ‘concesionarlo’ a unas empresas palmicultoras en vez de cumplir con el compromiso de adjudicarlo a familias de desplazados, abrió demasiados interrogantes para que deba ser cerrado solo con la declaración del Ministro de Agricultura.

El argumento para no cumplirles a quienes se les había prometido es completamente lógico y válido desde el punto de vista que hoy lo presenta el gobierno: se puede ir incluso más allá y hacer claridad respecto a que la entrega de tierra a una persona nunca le permitirá competir contra la producción agroindustrial, ya que la disminución de costos por economías de escala, eficiencia administrativa, capacidad financiera, investigación y tecnología, etc. hace que el precio de venta que ponen las agroempresas en el mercado sea inferior a los costos del productor campesino, o sea dentro de las leyes del mercado su explotación será a pérdida (solo tendría sentido si se pretende que vivan aislados en modelos de autosuficiencia). La tierra como factor de producción hoy no representa casi nada en comparación con los otros factores como los costos de un riego, la maquinaria, la capacidad de endeudamiento, y mucho menos cuando son tan pobres como esas y se requiere tantos complementos y tanta inversión que toca comenzar por lo que llaman ‘hacer la tierra’ (fue el caso del famoso ‘cerrao’ brasilero donde inversiones planeadas y subsidiadas por el Estado durante 20 años las convirtieron en rentables).

Pero ¿porque ese análisis tan obvio no se hizo antes y se decidió entonces por lo que hoy se aclara que era absurdo? Lo mínimo que muestra es que hay falta de seriedad y demagogia barata en el trato a los desplazados (lo cual no es un buen mensaje para los países y las organizaciones que han ayudado en este problema).

Viene ahora la propuesta de entrega a las empresas palmeras. Pero resulta que se propone bajo una nueva modalidad que en la práctica consiste en que acceden a la tierra sin tener que comprarla. Ya se ha destacado la cantidad de beneficios que se ha otorgado al sector palmicultor (exención de impuestos de patrimonio, financiación blanda, subsidios para biodiesel, etc.). Vale la pena destacar que además al estar exentas de gravamen las utilidades durante 10 años no solo se beneficia la promoción de esta actividad en empresas sanas para bien del país, sino que, entendiendo que ‘lavar’ o ‘blanquear’ capitales no es circularlos en economías irregulares (como el contrabando o los Sanandresitos) sino volverlos declarables y que puedan aparecer en la economía formal, también se convierte en la más eficiente y barata lavandería para capitales sucios, puesto que basta con no reclamar fiscalmente los gastos y asi todo lo que se presenta como alta rentabilidad queda limpio de mancha y pecado. El vínculo que ha encontrado la fiscalía entre algunas de esas empresas y el paramilitarismo deja muy mal sabor a esta propuesta.

Y respecto al cambio de destino de estas tierras -sea para los desplazados o para las empresas- falta también la explicación de porqué se abandona la función que estaba cumpliendo de centro de investigación: sea cierto o solo demagogia el proyecto publicitado de la gran explotación de 6 millones de hectáreas de la altillanura, es claro que lo que más se necesitará es desarrollo del conocimiento y de las tecnologías para adelantarla; esa granja no solo tiene ya un recorrido con una cantidad de recursos invertidos (porque sí es verdad que son tierras lejanas, inhóspitas y pobres, pero por eso el Estado ha usado decenas de miles de millones en ensayar adecuaciones y crear infraestructuras para ver cuando y cómo se vuelven productivas y rentables) y un acerbo de información que se perdería, sino también experimentos en trámite que se abandonarían. La justificación para esto no se conoce ni parece que exista.

Pero muchísimo más debatible en el fondo que la pregunta hasta ahora planteada de ¿a qué se deben destinar las tierras? es el cómo y el porqué de esa propuesta del Ministro.

Se ha insinuado que podria mediar algún interés personal o alguna forma de ‘corrupción’ detrás de esta decisión; las declaraciones de quien por tener relación con el Ministro de Hacienda y con una de las entidades ‘invitadas’ aparecía como ‘sospechoso’ parecen aclarar que no es éste el caso. Sea como sea, el buscar la corrupción siempre como explicación es buscar el mal en las ramas y no en las raíces: mucho más grave que un sistema sea mal utilizado y que por la intervención de individuos pervertidos se causen eventualente perjuicios, es que el modelo o sistema mismo dentro de su funcionamiento genere los males. Es esto lo que debemos ver en este caso.

Detrás de esta decisión hay una concepción del Estado y de la función de la economía que considera que la generación de riqueza es la única razón de ser de ambos, y que relega a un papel secundario lo social, lo politico y lo jurídico.

La figura de la concesión o aún la de las privatizaciones de las responsabilidades del Estado –v. gr. los servicios públicos- son justificables porque sirven una necesidad colectiva; así, aunque sea cuestionable que esa enajenación del patrimonio del Estado sea solo para sufragar gastos de funcionamiento (la venta de la nevera para pagar el mercado), queda el resultado de que se sigue atendiendo el interés público; pero la modalidad que ahora se ofrece tiene por único objetivo que los activos de la nación sirvan para que con el mínimo de riesgo inicial se enriquezcan más unas empresas poderosas; no se ve cual es la compensación que recibe el Estado o la ciudadanía por esto.

Y más inquietudes que el ningún interés social detrás de tal propuesta produce el manejo que se le ha dado a esto. Ante la aparición de un concepto de la procuraduría, dijo el Ministro que se le olvidó informar a los órganos de control; eso en plata blanca quiere decir que lo hacía a espaldas de estos y voluntaria o involuntariamente en forma clandestina. Teniendo en cuenta lo novedoso y al mismo tiempo objetable de tal iniciativa (se ha visto más que objetada) no satisface esa simple explicación para justificar lo sucedido. Menos aún cuando se vino a saber que se habían escogido unas empresas ‘interesadas’ y que la audiencia pública tenía una fecha cierta que no había sido divulgada (o lo que sería peor: que llenó las formalidades legales pero se mantuvo fuera del conocimiento de otros posibles interesados). La actitud del Ministro en la entrevista donde por primera vez tocó el tema pareció más bien desafiante, cuando a la anotación de que la procuraduría había emitido un concepto desfavorable respondió que al respecto ‘ya veremos’ y anotó a renglón seguido que de todas maneras ese concepto no obligaba.

Lo que tenemos es una muestra de lo que es un gobierno de talante eminentemente autocrático, de extrema derecha y en consecuencia enemigo de los controles, de la división de poderes, de las restricciones que impone un Estado de Derecho, que usa la demagogia para engañar a la opinión, que improvisa sin sentir responsabilidad ante nadie ni por nada, que no conoce ni reconoce limitación diferente de su propia convicción.


CONSECUENCIAS DE NO TENER UN PLAN V

MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Febrero 17 de 2008
No existe “Plan B” que permita compensar una eventual desplome de las exportaciones colombianas a Venezuela. Esta es la conclusión a que han llegado la mayoría de los analistas al considerar las consecuencias económicas que podría tener un agravamiento de la crisis en las relaciones con nuestro vecino. Lo que no se ha dicho es que las causas que pueden generar la caída de nuestras exportaciones son más económicas que políticas, ni que es muy probable que esta caída se produzca aunque se volvieran a normalizar la relaciones y se acabaran los enfrentamientos personales entre los dos presidentes.

Desde hace algunos años Venezuela se ha convertido en el principal mercado para las exportaciones colombianas de productos no tradicionales, pero el año pasado el crecimiento de las ventas de estos productos al vecino llegaron casi a los 5.000 millones de dólares, con un crecimiento tan asombroso (cerca del 90%) que llegaron a representar casi el 40% del total y porcentajes aún más altos en algunos sectores.

Por ejemplo, según las cifras oficiales hasta Noviembre, las ventas de vehículos a Venezuela crecieron 68% y representaron el 82% del total de las exportaciones de ese rubro; en Textiles el crecimiento fue del 120% y la participación el 49%; en Confecciones el crecimiento fue del 212% y la participación el 54%; el resto de la industria manufacturera creció el 148% y alcanzó una participación del 39%.

El problema radica en que estos excelentes resultados no se produjeron por razones políticas, ni por la cordialidad que existía hasta Diciembre pasado entre Uribe y Chavez; tampoco se deben a que los colombianos hayamos encontrado la formula mágica para aumentar las exportaciones con una tasa de cambio revaluada. De hecho las exportaciones no tradicionales a otros países, con los que hay inclusive mejores relaciones, tan solo crecieron un 7%.

Nuestras ventas a Venezuela crecieron tan rápido por una razón fundamental: los desequilibrios económicos de ese país, en particular el diferencial entre la tasa de cambio oficial y la paralela y el desabastecimiento interno. Que paradoja: los colombianos debemos agradecer a Chavez sus políticas económicos porque han contribuido más al crecimiento de nuestro PIB que las políticas de este lado de la frontera.

Por estas razones el futuro de las exportaciones colombianas a Venezuela no dependen tanto de las relaciones diplomáticas, sino de la capacidad del gobierno de ese país de evitar que exploten los desequilibrios macroeconómicos. En otras palabras, aunque la gestión de algún mediador lograra reestablecer las buenas relaciones entre los vecinos todavía tenemos un alto riesgo de que se reduzcan nuestras exportaciones. Por ejemplo, un escenario probable es que Venezuela tenga que adoptar un sistema de tasas de cambio múltiple (una preferencial para alimentos, otra intermedia para materias primas y una más alta para el resto de productos), caso en el cual cerca de la mitad de los productos colombianos se verían afectados.

Para ver la preponderancia de los factores económicos sobre los políticos puede imaginarse otro escenario muy poco probable pero con el que sueñan inclusive algunos ministros: que se caiga Chavez. En este caso el colapso de las exportaciones colombianas sería total, porque el nuevo régimen aplicaría una terapia de choque que, como en Argentina en el 2000, incluiría una devaluación masiva y una profunda recesión que reduciría drásticamente la capacidad de compra de los venezolanos y por ende nuestras exportaciones.

En cualquier caso las consecuencias de una caída del comercio con Venezuela son muy graves para Colombia. Si el valor de nuestras exportaciones cayera a los niveles del año 2006, que fueron 2.700 millones de dólares que ya se consideraban muy buenos, esto implicaría un aumento del déficit de la Balanza de Pagos y una reducción del PIB del orden del 1.5%. Para evitar este desastre es urgente diseñar un Plan V para las exportaciones, que debe incluir como elemento esencial revertir la revaluación del peso.


La parte fisiócrata del neoliberalismo


OCTAVIO QUINTERO

Antes de continuar con el debate de la hacienda Carimagua y su viabilidad agropecuaria en manos de terratenientes poderosos y pudientes y/o desplazados en la inopia y perseguidos, debiéramos echar una mirada a ras de lo que fue la reforma agraria de los años 60 y lo que quedó de ese inmenso esfuerzo político, social y económico que hizo el país a pesar del cual las estadísticas de hoy nos revelan que el 61 por ciento de las mejores tierras están en poder de unos pocos terratenientes.
Si uno se ubica en un punto objetivo desde el cual pueda mirar y sopesar todos los argumentos en pro y en contra que se han dado sobre Carimagua, encuentra que son razonables unos y otros y que, lo que los diferencia es el enfoque ideológico que se impone de un lado y del otro.
Por eso sería conveniente echar esa mirada sobre la reforma agraria y ver ¿dónde están y qué hacen esos miles de campesinos que recibieron tierras del Incora… bueno, al menos los que sobrevivan; y a qué están dedicadas y en manos de quiénes esas tierras? Y el punto más importante de analizar, obviamente con la mayor objetividad, es por qué no funcionó la reforma agraria del siglo pasado.
El tema Carimagua no debiera enfocarse sólo desde la perspectiva de si se entregan esas tierras a 200 familias desplazadas o a cuatro ilustres empresarios agropecuarios amigos y parientes del alto gobierno. Es indudable e indiscutible que las tierras de Carimagua en manos de unos menesterosos van fracasar; o que, en manos de unos poderosos, van a echar para adelante. El tema debiera servir más para profundizar en la necesidad de una reforma agraria integral, término que empleo recordando que quedó tan gastado en la época del furor del Incora que una vez Álvaro Gómez dijo con su fina ironía que el debate de la reforma agraria parecía una cocina, por lo de “integral”.
Y me parece que como lo dijo el ministro de Agricultura, el debate de Carimagua sí es ideológico, y es lo que debe debatirse. Debe fijarse muy claramente una política sobre reforma agraria. Si la ideología fuese social, y enmarcada en el ya tristemente célebre Estado Social de Derecho que prescribe la Constitución Nacional, esa política debiera tener como centro del mejor bienestar posible al ser humano (hombres y mujeres), no sólo desplazados sino campesinos a secas, porque es bien cruel que en este país sólo cuando la violencia del hombre o el infortunio de la naturaleza se apoderan de los campesinos, son cuando se vuelven visibles. Y si tiene como enfoque ese bienestar general por encima del particular, entonces el Estado debiera no sólo entregarles tierras a los campesinos (todos víctimas del desplazamiento desde años ha), sino también proveerles y facilitarles las condiciones requeridas para que esas tierras sean productivas en términos económicos. Eh ahí en donde el ministro de Agricultura tiene razón, y una razón perversa, por supuesto, porque entregarle una mangas a unos campesinos en los llanos (o en cualquiera otra parte del país), sin cercar, sin arar, sin abonar, sin vías de comunicación, sin semillas, sin ganados, sin transporte, sin créditos de fomento y sin… ¿qué más digo?, es como si a uno le entregaran un avión sin gasolina en pleno vuelo y, por demás, sin saberlo manejar.
Y especialmente por lo que sigue, es por lo que el ministro de Agricultura tiene toda la razón y le sobra: como estamos en un régimen capitalista y, por demás, a ultranza, esas tierras quedan mejor en manos de unos terratenientes que tengan los recursos suficientes, y si por acaso les llegare a faltar algo, el Estado lo proveerá en muy favorables condiciones, porque en un régimen neoliberal, el interés de los ricos se sobrepone al interés de los pobres. Prueba está en las noticias de hoy 17-02-08 en donde se anuncian miles de millones de pesos para subsidiar a los empresarios afectados por la revaluación, mientras sigue sin desenredarse la madeja jurídica que se armó con un fallo de la Corte Constitucional sobre la quiebra del Upac que dejó sin vivienda a miles y miles de damnificados y que fue culpa también y por demás del mismo Estado.
Eh ahí el quid del asunto: no es que el debate sobre Carimagua esté ideologizado porque se trate de unos desplazados por el paramilitarismo del que no se ha podido despercudir el gobierno del presidente Uribe, sino que ese debate de la reforma agraria está ideologizado desde que el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-70), impulsó una reforma agraria con algunas bondades sociales y el conservador de Misael Pastrana (1970-74) la echó atrás con acentuada ideología fisiócrata.
Claro que el debate es ideológico, ministro; y en medio de él está la ideología de quienes queremos un Estado social de derecho, incluyente, tolerante y en paz contra quienes nos siguen imponiendo un Estado de hecho insocial y asocial; clasista y violento, que a lo largo de los años ha degenerado en un interminable enfrentamiento entre unos pocos que lo quieren todo y otros muchos que demandan al menos el derecho natural que les asiste de subsistir en condiciones dignas.
Es casi seguro que cuando el gobierno de Uribe anunció la entrega de Carigmagua a unos desplazados sólo fue para arrancar aplausos de la galería, es decir, fue un acto de demagogia, como todo lo que corona en lo social la frente de este régimen; como seguro será que si se le arrienda a los pudientes empresarios por 50 años es con el claro propósito de que se queden con esas tierras por lo siglos de los siglos. Y es también muy dable pensar que este debate inocuo lo destapa El Tiempo para menoscabar la imagen de quien pudiera ser un duro hueso de roer de los Santos (Juan Manuel y Pacho), en el próximo debate presidencial. Es decir, el interés de El Tiempo, más que por los desplazados sin tierra, parece ser por los desplazados del “corazón grande” de Uribe en sus guiños de sucesión presidencial.
Señores: no funcionó la reforma agraria de los 60, con toda la voluntad política de un gobierno como el de Lleras Restrepo, va a funcionar ahora la parcelación de un lote de terreno que de darse, va a ser contra la misma voluntad del gobierno. Si yo estuviera en los zapatos de uno de esos desplazados que están siendo utilizados por la derecha para probar que la tierra en manos de pobres no pelecha y por los críticos de Uribe como punta de lanza contra el régimen, y más crudamente como carne de cañón contra el establecimiento, diría a la luz de mi propia experiencia: “no gracias”.

oquintero@yahoo.com
17-02-08


Peor el Remedio


César González Muñoz

Circula el borrador de un documento CONPES sobre la política de biocombustibles en Colombia. Este documento de planeación y estrategia aparece seis años y medio después de promulgada la Ley 693 de 2001 (marco legal del etanol) y tres años después de la Ley 939 de 2004 (biodiesel). Varias otras Leyes establecen las reglas tributarias aplicables, claramente ventajosas para las empresas del sector. Hay, además, un voluminoso arsenal de decretos y resoluciones ministeriales que definen las normas técnicas, los estándares de calidad, así como los parámetros de fijación de precios, márgenes y tarifas de transporte del etanol carburante y del biodiesel. Hay un régimen aplicable de zona franca; hay varias fuentes de crédito blando para los desarrollos agrícolas respectivos.

La verdad es que los empresarios del sector le solicitaron al presidente Uribe un documento CONPES sobre biocombustibles, en busca de estabilidad normativa. ¿Por qué? Porque entre la fronda de disposiciones, algunos funcionarios querían interpretar a su modo “el espíritu” de los textos. No se trata aquí de discutir las virtudes públicas o los vicios privados de tales interpretaciones. Lo cierto es que se generó un ambiente de inestabilidad de las reglas del juego.

De allí el documento de marras. Éste, sin embargo, abre una caja de Pandora de nuevas discusiones sobre el deber ser de los biocombustibles en Colombia. Nada tan permanente como un tributo transitorio; del mismo modo, la cultura política nacional maneja un jovial desdén por lo que debiera ser permanente. Quienes toman decisiones de inversión y asumen riesgos tienen que pararse en esa clase de arena movediza. En esas circunstancias adquiere mucho valor la cercanía y la amistad con los funcionarios: caldo de cultivo de la corrupción.

El borrador “presenta a consideración del CONPES una política orientada a promover la producción de biocombustibles en Colombia, aprovechando las oportunidades de desarrollo económico y social que ofrecen los mercados emergentes de los biocombustibles (...) se busca expandir los cultivos de biomasas conocidas en el país y diversificar la canasta energética, dentro de un marco de producción eficiente y ambientalmente sostenible, que permita competir en el mercado internacional.”

Hay un gran énfasis en la “eficiencia” que deben tener los procesos productivos de biocombustibles, para que puedan competir en el mercado mundial. La noción de “eficiencia” es igual a la de “ausencia de subsidios”: hacia allá quieren los autores que vayan los biocombustibles. La estrategia propuesta consiste en buscar que los precios reflejen las condiciones de mercado, sin ayudas fiscales. Esta es una fuerte desviación de los objetivos originales del marco legal y regulatorio.

Por otra parte, el mercado nacional de etanol y biodiesel es pequeño y, si no aumenta el porcentaje de mezcla con hidrocarburos, quedará satisfecho con sólo una ligera expansión de la planta instalada en los últimos años. El borrador recomienda no aumentar dicho porcentaje mientras no se demuestren dos cosas: que la industria puede operar sin subsidios fiscales, y que el balance ambiental de ese proceso será positivo. En cualquier caso, este lenguaje es radicalmente distinto al que inspiró las leyes básicas.

El otro punto de debate es el relacionado con las exportaciones. Por lo que se sabe, Colombia está muy lejos de ser un jugador en ese mundo, a menos que hubiera privilegios fiscales internos, o un tratamiento preferencial de los compradores. En todo caso, siguiendo el ejemplo brasileño, para ser buen exportador de biocombustibles se necesita entrenar largamente en el mercado interno, en un ambiente de fuertes subsidios. Pero ese no es el escenario que se imaginan los autores de este borrador, que podría terminar borrando buena parte de lo que ha ocurrido en los últimos años.



El sagrado derecho al rebusque


Juan Carlos Ramón Rueda, Diario del Huila.

¿De qué manera puede un padre de familia dar de comer a sus hijos cuando no cuenta con ninguna posibilidad de generar ingresos u obtener empleo? La vida de un “rebuscador” no es fácil. El rebusque es la labor típica del desarraigado. En las grandes ciudades del mundo los inmigrantes desarrollan actividades de rebusque y se ingenian medios para conseguir dinero y sobrevivir en países y en sociedades en la que son diariamente explotados, discriminados y rechazados. Por millares lavan platos, tienden camas, recogen basura, prestan servicio militar, en fin, hacen lo que a los nativos no les gusta hacer, pero en general, son parte importante del engranaje de servicios y de producción.
En Colombia se asume como actividad relacionada con el delito. En el rebusque encontramos vendedores de partes, de relojes, de pulseras, de películas, cualquier cosa, casi de todo. En Neiva nuestros “rebuscadores” viven a la caza de nuevas oportunidades. Vilipendiados, maltratados y perseguidos en su actividad más común, los vendedores ambulantes tras haber probado vendiendo frutas apetitosas, han pasado ahora a madrugar para hacer fila ante las instalaciones de entidades como el DAS, la Registraduría Municipal, para luego vender los puestos o turnos a quienes llegan a tramitar el pasado judicial o renovar la cedula de ciudadanía. Las opciones son variadas, también se pueden aventurar realizando tramites en las oficinas de tránsito, o sacando citas medicas en entidades que dificultan –casi de adrede- a sus usuarios. Ahí el “rebuscador” encuentra un nuevo nicho de mercado para su inaplazable necesidad de generar ingresos diarios para llevar algo de pan a la familia que le espera en el cambuche.
En Neiva muchos se solidarizan con el Registrador Municipal cuando sale a los medios a decir que “encontrará la manera de acabar con esa sinvergüencería que repugna” ¡Habrase visto! Qué derecho tienen, según su premisa, estos cristianos a hacer fila en lugar de otros ¿y cobrar por ello? ¡No faltaba más…!
El rebuscador no tiene tiempo ni energía para oponerse. No puede hacerlo. La oferta laboral disponible no puede ofrecerle solución a su tragedia. El incremento en el último trimestre de 2007 de rebuscadores en el País fue de 14,1 por ciento. El diario el Tiempo lo reportó así en un artículo reciente: “En efecto, ese grupo de trabajadores que día a día tiene que luchar para sobrevivir, pasó de 6'419.000 en el último trimestre del 2006 a 7'325.000 un año después, lo que equivale a un incremento de 906.000 personas, el 65,1 % del aumento total de ocupados reportado por el Dane…”.
El rebusque es una actividad en la que la destreza y la agilidad mental juegan papel importante, aunque además del desarraigo y la inmensa carga de dejar lo propio, también debe contener grandes y pesadas cargas emocionales y afectivas. Por ello y mucho más, creo que cuando un Padre de familia no tiene como dar alimento, estudio, salud y bienestar a su familia, debe tener cuando menos, sin que lo joda un burócrata, ¡EL DERECHO AL SAGRADO REBUSQUE!
juancramon@gmail.com



Dudas razonables


Ramón Elejalde Arbeláez, www.ramonelejalde.com

Las versiones libres rendidas entre finales del año pasado y éste por algunos de los jefes paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz están generando entre la opinión pública una serie de interrogantes que realmente preocupan y que no se pueden quedar sin respuesta:
Si entre 1995 y 1997 asesinaron a más de 1.200 colombianos en la región de Urabá y en su cometido, según lo afirmó uno de los jefes paramilitares, utilizaron vehículos conocidos, con nombres tétricos como “Camino al Cielo”, cabe preguntar durante esos dos años largos ¿dónde estaban las autoridades civiles, militares, judiciales y de policía del Urabá antioqueño?, ¿qué medidas se tomaron desde la Gobernación de Antioquia y qué responsabilidad por omisión tienen las autoridades locales y regionales sobre el tema?, ¿dónde estaba la Brigada XVII y el Distrito de Policía cuando en tres carros montaban personas que después de estar allí lo único cierto era que desaparecían o morían? ¿Cómo son posibles tantas muertes violentas sin que en la época y sin que hoy, la sociedad se escandalice?
Don Berna ha prometido entregar más de 300 cadáveres en varias fosas situadas cerca de Medellín, ¿dónde estaban las autoridades civiles, militares, de policía y judiciales de Medellín cuando estos hechos sucedieron?, ¿quién era el alcalde y quienes los comandantes de la IV Brigada y de la División de Policía Metropolitana?, ¿pecaron por acción o por omisión? Si muchas de estas fosas están situadas en la Comuna Trece o los cadáveres que contienen se originan en personas de dicha Comuna, ¿fueron estas muertes durante la época de su recuperación?, ¿fue antes?, ¿fue después? Si fue durante la recuperación nos podemos preguntar: ¿Ayudaron o no ayudaron las autodefensas a la recuperación de la Comuna Trece?
Sobre el caso de Mapiripán quedan también muchas dudas por resolver: ¿Qué hacían las autoridades civiles, militares, de policía y judiciales de los municipios de Apartadó, de Necoclí y de las veredas de Charras, Barrancón y La Cooperativa, del municipio de Mapiripán, en San José del Guaviare, que no vieron despegar o aterrizar dos aviones inmensos, un DC3 y un Antonov, con varias decenas de paramilitares armados y uniformados?, ¿qué controles ejercían sobre los aeropuertos de Apartadó, Necoclí y Mapiripán las autoridades militares, aeronáuticas y civiles que no observaron la partida y la llegada de tanta cantidad de tropa?, ¿las autoridades aeronáuticas conocieron estos vuelos? ¿Dieron las autorizaciones del caso?, ¿para qué sirven los radares y qué reportaron ese día sobre los vuelos mencionados?, ¿cómo reclutaron y en qué transportaron a tantos hombres uniformados y armados por carreteras y poblaciones de Urabá y Mapiripán?, ¿qué hacía la Brigada XVII o el Batallón Joaquín París mientras por sus barbas se movilizaban más de 180 hombres armados y uniformados?
¿Cómo así que Castaño ordena asesinar a mil colombianos en quince días como represalias contra las Farc?, ¿semejante despliegue de fuerza y muerte cómo se realiza sin que las autoridades competentes lo perciban, lo prevengan o lo castiguen?, ¿mil muertes en quince días?, ¿será verdad? Asombra el silencio de una sociedad que escucha esas historias sin sonrojarse y sin sentir vergüenza.
Una pregunta final, ¿Debemos caminar únicamente para protestar contra los violentos de las Farc?



FORO LAS NEGOCIACIONES CAN -UE

COHESION SOCIAL.
Buenos días a todas y todos.
El domingo pasado, cuando llegamos a la Plaza de Toros Santamaría, nos encontramos con el desagrado de que una de las figuras del cartel no podía cumplir su presentación, lo cual obligo a la empresa a sustituirlo, es mi caso ante la ausencia del compañero Venezolano José Gregorio Ibarra se me ha pedido cumplir con la tarea a él encomendada en este panel, lo que haré con mucho gusto.
Al igual que el compañero PEPE, yo tengo una gran inquietud, ¿hasta donde llega el alcance del término Cohesión?; este es un término que empieza a aparecer a finales y comienzos de la década y con el cual la CEPAL se empieza a referir a los temas de deuda social, cuyos componentes no son otra cosa que la falta de educación, salud, empleo digno, en fin todo aquello que tiene que ver con el nivel de vida de los ciudadanos, la pobreza, la miseria.
La OIT, en estudio reciente acaba de presentar unas cifras muy preocupantes, el 60% de la población económicamente activa pertenece al sector informal de la economía, se imagina uno que estas cifra en los países de la comunidad andina son mayores, dado el grado de flexibilización laboral que se a vivido en América Latina como producto de la desmedida implementación del modelo neoliberal, al profundizar el estudio hay cifras que causan escalofrió, lo cual lo lleva a preguntase, para que tantos estudios, diagnósticos, acuerdos si cada documento nos muestra una deuda social mas grande y unas promesas de los gobiernos en las que dicen “procurarán, proyectarán, invertirán, estudiarán“ y al final nada pasa, la deuda social no reduce, y no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, Uds. los empresarios, que a su vez son los que imponen los gobiernos, son los más beneficiados de las políticas económicas e los más responsables del hambre que padece la población del continente, son Uds. los que con el sofisma de la globalización, crean cooperativas de trabajo asociado, se inventas diversas formas de contracción, atentan contra la libertad sindical, en fin son los más responsables del crecimiento de la deuda social. Veo con preocupación el planteamiento que acá se ha hecho sobre el caso Colombiano y la entrega de una gran extensión e tierra a unas multinacionales, esto no es otra cosa que legitimar el robo de las parcelas que se ha hecho a los desplazados.
Al mirar la CAN, uno debería sentirse satisfecho, pero no es así, hay documentos sociales por doquier, la decisión 601 del 2004, es como la recopilación de todos ellos, con razón se le llama el Plan de Desarrollo Integrado, que hacen los gobiernos para ponerla en practica ¿????????. Se hizo el protocolo modificatorio del convenio Simón Rodríguez, órgano tripartito destinado al estudio de la problemática laboral, sin que haya podido funcionar en virtud de que el único país que no lo ha ratificado es Colombia, la verdad la Comunidad Andina, tiene en el papel una magnifica estructura, pero unos socios muy diferentes al papel que la CAN debería cumplir.
Celebro, Dr. Echevarria, que UD traiga colación del documento, dictamen del Consejo Económico Europeo, sobre las negociaciones CAN–UE, en la parte motiva, sería mucho más importante que este se asumiera en su conjunto, con sus recomendaciones de manera integral, lo cual nos llevaría a la creación del organismo que agrupara a las organizaciones de trabajadores, empresarios y de la sociedad civil; ello es un reto si queremos que las negaciones no tengan el mismo formato de los TLC, con Estados Unidos.
En materia de integración debemos pensar proyectos grandes y UNASUR es uno de ellos, no importa quien lo proponga, aprovechando la experiencia de la CAN y MERCOSUR, crear una organización que garantice la verdadera integración de los pueblos y no se convierta en otro más que sólo hable de mercado, aranceles, comercio en general, y si CAN y MERCOSUR ya cumplieron su papel histórico, dar paso a UNASUR o Comunidad Suramericana de Naciones, no importa el nombre, esa es nuestra responsabilidad en esta etapa de la historia.

Muchas Gracias

Víctor José Pardo Rodríguez
Lima, Febrero 05 2008


Millones sin voz


Publicado el 6 de Febrero de 2008
Por Amy Goodman

Me sentía especialmente animada mientras entraba corriendo al estudio de televisión para dar comienzo a nuestro programa posterior al Gran Martes. Las informaciones iniciales de todo el país indicaban una participación de votantes sin precedentes, al menos en las elecciones primarias de los demócratas, que multiplicaba varias veces la de elecciones anteriores. Durante años hice cobertura de elecciones en países como Haití, donde la gente arriesgaba la vida para ir a votar, mientras que EE.UU. tiene uno de los índices de participación más bajos del mundo industrializado. ¿Podría ser posible que este año sea diferente?
En el camino me crucé con un amigo y le pregunté si había votado. “No puedo votar”, me dijo, “porque una vez estuve en prisión”. Le pregunté si hubiera votado de poder hacerlo. “Por supuesto que sí. Porque de ese modo no me limitaría a protestar inútilmente, estaría haciendo algo por solucionar las cosas”.

La privación del derecho al voto por la comisión de un delito es la práctica llevada a cabo por los gobiernos estatales para impedir que alguien condenado por un delito mayor pueda votar, incluso aún después de haber cumplido su condena. En Virginia y Kentucky, las personas condenadas por haber cometido cualquier tipo de delito mayor no pueden volver a votar jamás (esto incluiría a “Scooter” Libby, aunque nunca haya ido a la cárcel, a menos que se le conceda el perdón). Otros ocho estados tienen en funcionamiento leyes de privación permanente del voto por la comisión de delitos mayores, con ciertas condiciones que permiten a la gente volver a los padrones electorales: Alabama, Arizona, Delaware, Florida, Mississippi, Nevada, Tennessee y Wyoming.
La privación del derecho al voto adopta muchas formas, y tiene un impacto fundamental sobre la política electoral. En Ohio en 2004, abundaban las historias sobre máquinas de votación que no funcionaban, falta de papeletas o escasez de máquinas de votación. Además está el caso de Florida en el año 2000. Muchas personas siguen creyendo que George W. Bush obtuvo su victoria electoral gracias a Ralph Nader, que cosechó alrededor de 97.000 votos en Florida. Una cantidad diez veces superior a la de los votantes de Nader en Florida sufrió la prohibición de votar en ese estado. ¿Por qué? Actualmente, más de 1.100.000 habitantes de Florida están condenados por haber cometido delito mayor y, por lo tanto, no se les permite votar. No podemos saber con exactitud por quién habrían votado, pero según dijo recientemente la académica, abogada y activista Angela Davis en un discurso en honor del Dr. Martin Luther King Jr. en Mobile, Alabama, “Si no hubiéramos tenido en vigor la ley de privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores, de ninguna manera George Bush estaría en la Casa Blanca”.
Dado que la privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores afecta de manera desproporcionada en EE.UU. a los hombres de origen afroestadounidense y latino, y dado que estos grupos sociales votan mayoritariamente a los demócratas, estas leyes fortalecen la posición del Partido Republicano. Las estadísticas son estremecedoras. Ryan King, analista político del Sentencing Project en Washington, D.C., resumió los datos más recientes:
Alrededor de 5,3 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen derecho a votar debido a la ley de privación del derecho al voto por la comisión de delitos mayores; 2 millones de ellos son afroestadounidenses. De ellos, 1,4 millones son hombres, lo que se traduce en un increíble 13 por ciento de esa población, un nivel siete veces mayor que en la población general. Cuarenta y ocho estados tienen en vigor alguna forma de privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores. Todos prohíben votar desde prisión, también prohíben la participación electoral mientras uno se halla en libertad condicional o libertad vigilada. Dos estados, Maine y Vermont, permiten a los presos votar desde prisión, al igual que ocurre en Canadá y otra serie de países.
Los políticos y los analistas hablan con entusiasmo sobre de la masiva participación en las primarias y los caucus. Hay cada vez mayores porcentajes de mujeres que participan, y los informes iniciales indican que también hay mayor participación de jóvenes. El voto joven es especialmente importante, ya que los jóvenes tienen menos interés personal puesto en el status quo y pueden mirar con ojos nuevos las viejas injusticias que privan a tantos de sus derechos. En este contexto, vale la pena repetir uno de los pronósticos del Sentencing Project: “Dada la tasa actual de encarcelamientos, 3 de cada 10 hombres negros de la próxima generación será privada del derecho al voto en algún momento de su vida. En los estados que privan del derecho al voto a los ex delincuentes, hasta el 40 por ciento de los hombres negros podría perder de manera permanente su derecho al voto”.
Ryan King, del Sentencing Project, declaró: “Estamos presionando constantemente en todo el país para que haya un cambio de legislación. Pero la educación del público es absolutamente crucial. Hay tantas leyes distintas que la gente simplemente no sabe que se les ha restituido el derecho al voto... Esto incluye al personal que trabaja en los gobiernos estatales y que brinda información incorrecta”.
Llamé a mi amigo para decirle que estaba mal informado. Hacía años que ya no estaba en libertad condicional o en libertad vigilada. “Puedes votar”, le dije. “Solamente tienes que registrarte”. Pude oír cómo sonreía al otro lado de la línea.