“LOS AMIGOS VAN Y VIENEN,
PERO LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN”
Groucho Marx.
CONTENIDO
Los Cibercafés, principal forma de acceso a Internet en Latinoamérica, Tendencias Digitales.
La mentira al día, Silvia Hopenhayn.
Capital intelectual, Octavio Ramírez Rojas
Luis Carvajal Basto en el III Congreso Liberal.
El monopolio del patriotismo, Mauricio Cabrera Galvis.
El apostolado de Penonomé o la sacra familia, James L. Zackrison.
Oferta monetaria y crédito, un coctel peligroso, Fernando Ayuso Rodríguez.
Pobreza: Llamado global hasta 2015 y hasta las raíces, Diana Cariboni.
Informe sociopolítico de Bolivia, Fundación CEPS de Valencia, España.
Palo porque bogas…., César González Muñoz
La nueva guerra de la tortilla, Luis Hernández Navarro.
El biodiesel de la palma aceitera en Colombia, Tatiana Roa Avendaño.
Reconstruir, Ignacio Ramonet.
Crisis política en Turquía, La Nación, editorial.
Política y paramilitarismo, Juan Manuel López Caballero.
Contra los de abajo, Ramón Elejalde.
Detrás de los aprietos de Uribe, Rafael Guarín Cotrino.
Los Cibercafés, principal forma de acceso a Internet en Latinoamérica
Tendencias Digitales, No. 47.
Usos de Internet en Latinoamérica 2007 Latinoamérica se ubica en el promedio mundial de penetración de Internet en el mundo, suman 85.040.000 usuarios, lo que representa el 15,35%. La región ha experimentado un crecimiento importante en los últimos seis años que suma 433%.
Los latinos en general tienen formas similares de usar Internet, aunque es importante destacar algunas diferencias que hacen cada grupo muy interesante. Lo que más le gusta a los latinoamericanos de la red es la rapidez para conseguir información (69,2%), disponibilidad las 24 horas (66,9%) y cantidad y variedad de información (55,8%). Por otro lado lo que menos le gusta son los virus informáticos (75,4%), los hackers (49%) y el Spam (48,6%)
Los cybercafés se constituyen como la principal forma de acceso a Internet, excepto en Puerto Rico y México donde las conexiones desde el hogar son las más comunes. El ranking lo siguen las conexiones en hogares, trabajos y centros de estudios.
Calificación de los usuarios
Los usuarios de la región se autocalifican en su mayoría como medios y básicos, encontrándose que los expertos y avanzados predominan en Puerto Rico, Colombia y Chile.
Los usuarios expertos desarrollan y crea páginas web, suben Podcasts, entre otras actividades y representan un 6,4%. Los avanzados se distinguen porque bajan y suben música y fotos y son el 27.9%, por su parte los medios que representan el 35.3% están suscrito a sitios web, chatean y hacen transacciones. El usuario básico (30.4%) envía correos electrónicos y utiliza buscadores.
Usos de la web en Latinoamérica
Los principales usos de Internet son la búsqueda de información, correo-e y mensajería instantánea. Los usuarios de los nueve países estudiados coinciden en buscar información y utilizar el correo electrónico.
La investigación logró identificar cinco segmentos de usuarios de acuerdo a los usos de Internet: Los usuarios transaccionales: concentrados principalmente en Costa rica, Puerto Rico y Venezuela. Por otro lado, en Ecuador Colombia y Argentina se encuentran los Comunicandos, los Superándose en Perú y los Socializadores en Mexico. Los chilenos se concentran más en la Nueva Web.
Los Latinoamericanos descubren nuevos sitios en Internet navegando en la web (74.4%), con los motores de búsquedas (50.4%), por recomendaciones amigos y familiares (48.7%), por la publicidad en Internet (43.6%) y en las revistas 32.7%
Todos los latinos se interesan en la música que consiguen en Internet y las principales áreas temáticas de interés en los usuarios de la región son noticias, videos, tecnología y cine. Aun cuando hay ciertas diferencias en las principales áreas de interés, se observan elevadas coincidencias en otras áreas, tales como: juegos, video, farándula, ciencia, tecnología, deportes, cine y humor
El promedio de tiempo de navegación en la región se ubica en ocho horas por semana, observándose importantes diferencias entre los países. Puerto Rico, Costa Rica, México y Argentina por encima del promedio. Venezuela en el promedio
Índice relativo de uso de Internet
Tendencias Digitales desarrolló un Índice relativo de uso de Internet, que contempla la penetración, intensidad, diversidad, complejidad, transacciones y contenidos
Puerto Rico lidera el ranking de uso de Internet en la región, seguido de Chile. El tercer lugar está compartido por cinco países. Los criterios utilizados para la conformación del índice son: penetración de Internet, intensidad de uso, diversidad de usos, complejidad de los usuarios, realización de transacciones y uso de contenido local.
Metodología de la investigación
Este estudio fue realizado en nueve países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Puerto Rico, Perú y Venezuela y contó con el patrocinio de Google y Mercantil e importantes alianzas con MercadoLibre.com, Universia, Mi Punto.com, I-Network, Tu carro.com, El Nacional de Venezuela, La Nación de Costa Rica, El Comercio de Perú, El Mercurio de Chile y El Nuevo Día en Puerto Rico y un universo de 12.076 encuestas e incluye temas como el número de usuarios, la penetración en cada uno de los países estudiados, lugares de acceso, cómo usa el latinoamericano Internet y aplicaciones de negocio tales como banca por Internet, publicidad en Internet, comercio electrónico e Internet móvil.
Acerca de Tendencias Digitales
Tendencias Digitales es una compañía de investigación de mercado especializada en el mercado de Internet y tecnología en América Latina. Actualmente esta compañía, establecida en Caracas-Venezuela, realiza estudios que incluyen calidad de servicio, auditoria de sitios web, evaluación publicitaria, clima organizacional, entre otros. Anualmente esta compañía realiza el estudio de Uso de Internet en Latinoamérica, donde se analizan los hábitos de los internautas en la región.
La mentira al día
Silvia Hopenhayn, LA NACION, Buenos Aires, mayo 5 de 2007.
La ironía puede servir a distintos fines. Si proviene del placer denigratorio, deja un sabor amargo, incluso en aquel que la practica. Resulta entonces dañina, y su efecto obedece a un impulso destructivo, disfrazado de deleite verbal, más que a un afán de poner en evidencia una realidad insensata. Sin embargo, cuando apunta a desmantelar algún asunto, puede ser tan eficaz como necesaria y su éxito reside en la complicidad que establece con el lector. Estos argumentos llevaron al escritor irlandés Jonathan Swift a elegir la sátira como medio de expresión de los valores de su tiempo. No es fácil olvidar –ni digerir– su “Modesta proposición: para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país, y para hacerlos útiles al público”, pero resulta menos conocida su intención de perfeccionar la mentira al servicio de los políticos de su época. A la manera de Oscar Wilde en su Elogio de la mentira, Swift desnudó el ejercicio de la misma en la lucha por el poder. Así, cuando la incipiente política parlamentaria iba perfilando las modalidades que aún hoy sostienen el sistema democrático, el escritor irlandés y sus satíricos amigos descubrieron la siguiente verdad: el mentir bien a los ciudadanos no es cosa que se improvise; es un arte con todas sus reglas. El pequeño libro El arte de la mentira política, recientemente editado, es casi un manual de uso –y abuso– del engaño discursivo, que, paradójicamente, garantiza la creencia de los pueblos, “considerando la natural propensión del hombre a mentir y de las muchedumbres a creer”, según Swift. Entre los años 1710 y 1714, éste se acercó al conde de Oxford, Robert Harley, y a sus ministros, convirtiéndose en una suerte de propagandista oficioso del gobierno, conocido como el “príncipe de los panfletistas”. En ese entonces, era editor de algunas páginas de The Examiner, periódico fundado por el ministro tory para favorecer la suerte política del gobierno. En este diario publicó un artículo –incluido en el libro referido en estas líneas– donde se pregunta: “Quién fue el primero que hizo de la mentira un arte y la aplicó a la política es algo que la historia no aclara. De ahí que me limite aquí a estudiarla en su forma moderna”. Y continúa con una poética y patética genealogía: “La mentira política puede nacer, a veces, de la cabeza de un político derrotado y luego ser entregada a la chusma para que la cuide y mime. Otras veces nace deforme y se perfecciona con lametazos. También puede venir al mundo completamente hecha y las lengüetadas la echan a perder. Sé de una mentira cuyo ruido molesta a medio reino y que, aún siendo ahora demasiado orgullosa y grande para reconocer su paternidad, nació como cuchicheo. Para concluir sobre la natividad del monstruo: cuando viene al mundo sin aguijón, nace muerto; y cuando pierde el aguijón, muere”. Esta descripción tan ilustrativa –e irónica, para retomar el ímpetu– permite viajar en el tiempo, remitiendo la metáfora a nuestro presente, dado que, como escribe el autor de Los viajes de Gulliver, “hay una cosa esencial que distingue la mentira política: ha de ser efímera, le resulta imprescindible para poder ir ajustándose a las circunstancias”. Leer para descreer.
CAPITAL INTELECTUAL,
RED DE VALOR Y ÉTICA EMPRESARIAL
Octavio Ramírez Rojas
“ ... los enunciados científicos sobre hechos y relaciones, en efecto, no producen normas éticas.. Sin embargo, las normas éticas se hacen racionales y coherentes con el pensar lógico y con el conocimiento empírico. Si estamos de acuerdo sobre algunas proposiciones éticas fundamentales, de ellas pueden ser obtenidas otras proposiciones éticas, con tal que las premisas primitivas estén enunciadas con suficiente exactitud ... ”
Albert Einstein, en De mis últimos años.
Nuestra concepción planteada sobre la organización empresarial, privada y/o pública, en el sentido de que ésta es una combinación, simple o compleja, de relaciones contractuales de la entidad con los agentes que componen su Red de Valor, se convierte en elemento fundamental para desarrollar y consolidar las capacidades competitivas que diferencian una institución.
COMPETIDORES
ENTIDAD
CLIENTES PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
RED DE VALOR
En efecto, tal como lo enseña el gráfico anterior, son Proveedores de la entidad, entre otros muchos, quienes suministran el capital de inversión (en el carácter de propietarios y/o acreedores), quienes gestionan la organización en su calidad de
directores, gerentes y demás ejecutivos y colaboradores, quienes actúan en representación de las entidades oficiales en la prestación de servicios y/o productos y así sucesivamente. Son Clientes de la Entidad quienes demandan actual y potencialmente los servicios y /o productos de su oferta de valor.
Los ejes Proveedores – Entidad y Clientes – Entidad , representados horizontalmente en el grafico que nos ocupa, son de carácter simétrico hacia la búsqueda del objetivo básico de cualquier organización, cual es el de crear valor para los propietarios de la misma.
Son Competidores de la oferta de valor organizacional, aquellos productos y/o servicios prestados por otros agentes que agregan valor al usuario final en igual o mayor cantidad, mientras que son Complementarios de la oferta de la Empresa aquellos productos y/o servicios que coadyuvan a que el usuario final aprecie mas la oferta de valor en cuestión.
Los ejes verticales Competidores – Entidad y Complementarios - Entidad del gráfico que representa la Red de Valor de una entidad cualquiera, son igualmente de alto impacto simétrico sobre la función objetiva de la empresa o firma.
La comprensión cabal del alcance de esos cuatro ejes identificados acá alrededor de la Entidad, es fundamental para alcanzar la gestión competitiva de las organizaciones y a la vez demarcar su estilo y grado de orientación.
Así, la firma se hace mas diferenciada cuando los componentes de su Capital Intelectual desarrollado se tornan en la fuente de creación de valor y de capacidades competitivas para su accionar estratégico y operativo. Y son motores específicos para consolidar estos propósitos, el acervo de su Capital Relacional y la calidad de su Capital Humano : éste es el gestor incuestionable para alcanzar el enriquecimiento y fortalecimiento de aquel, emanando de esta interacción las capacidades competitivas y diferenciadoras de las firmas y/o de las personas.
Las fortalezas del Capital Intelectual competitivo de hoy deben apuntar a preservar instituciones con enfoque compartido, con objetivos medibles y retroalimentables, con
planes de acciones estratégicas y operativas adecuadamente difundidos, con capacidades de ejecución ágiles y flexibles y con niveles de logros esperados de alta dimensión, los cuales deben poder cuantificarse y concretarse en metas reales y
monitoreables que apunten a crecimientos operacionales, agregando valor a la organización, a tasas anuales por encima de 4 - 5 veces el valor de la inflación esperada, alcanzando rentabilidad y sostenibilidad atractiva para los propietarios de la Entidad y contribuyendo así a la generación de riqueza y bienestar en el país..
Los ejemplos de logros de resultados en niveles como los propuestos afloran en Colombia y en el mundo y deben ser los referentes de actuación gerencial para nuestras organizaciones.
De otro lado, el concepto de ética empresarial está imbuido en los elementos que conforman el código de gobierno de las entidades o firmas y esa ética empresarial es, a nuestro juicio, sólo guiar la compañía con proceder basado en transparencia en la informacion a los interesados, tener esquemas claros de retribución a los factores contractuales, disponer de conocimiento profundo y de relaciones claras con los agentes de la red de valor y poseer un código de actuación abierto en su compromiso con el entorno social que acompaña el desarrollo de la organización.
En esa esfera compuesta por la red de valor, el capital humano, el capital relacional y la ética empresarial, reside la razón de ser para el éxito de largo plazo y la generación de riqueza y bienestar de las instituciones empresariales públicas y privadas de Colombia y del mundo. Los casos, también infortunadamente múltiples, de organizaciones orientadas en ámbito contrario son, por supuesto, reflejos que deben capitalizarse para fortalecer la visión de desarrollo positivo de nuestra Colombia.
Bogotá, 30 de abril de 2007
INTERVENCIÓN DE LUIS CARVAJAL BASTO
EN EL TERCER CONGRESO LIBERAL
Voy a empezar esta breve intervención refiriéndome a un tema relacionado con el que acaba de tratar el Doctor Antonio Galán, quien ha señalado lo que ocurre en la ciudad de Bogotá. Allí, nuestro partido se ha convertido en una minoría irreconocible.
En primer lugar quiero decir que el tratamiento de “compadre” que la anterior Dirección Liberal le otorgo al Polo Democrático y El Apoyo del Liberalismo al candidato de ese Partido para conseguir la Alcaldía de Bogotá, genero una dinámica Nacional que catapultó a ese movimiento al segundo lugar en las pasadas elecciones Presidenciales, en detrimento del Liberalismo. Además, no se han conocido los beneficios de esa alianza .Es hora de que los responsables de ese hecho político, los miembros de esa Dirección, le entreguen cuentas al partido de los acuerdos programáticos o burocráticos, de los cuales nadie conoce absolutamente nada, pero todo el mundo habla de” acuerdos por debajo de la mesa”. ¿Que paso?, ¿a quien sirvió?, ya es hora de que conozcamos esa verdad.
Por otra parte, está establecido que ese apoyo repercutió en los resultados electorales en otras ciudades capitales. Resulta difícil creer que en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, el arrastre electoral del Liberalismo se redujo al 7.8%. en las pasadas elecciones Presidenciales ! Esas han sido y son ciudades con importantes votaciones Liberales. No se puede afirmar que las recientes derrotas de nuestro partido se puedan imputar allí a la guerrilla y a los paramilitares. Este es el ejemplo mas concreto. Hemos casi desaparecido de los centros urbanos en los que no puede decirse que los violentos condicionen la actitud de los electores. Debemos aceptar las propias responsabilidades.
En esa perspectiva debemos tener en cuenta que las anteriores campañas desestimaron el proceso de formación de la opinión pública y se centraron en los dirigentes elegidos a las corporaciones públicas. Retomando lo ocurrido en Bogotá, nadie puede creer que los concejales del Partido, que sumados si acaso obtienen 200.000 votos, representen al Liberalismo Bogotano. Algo parecido ha ocurrido a lo largo del País. El partido se ha divorciado de la opinión. No la representa. Como he afirmado muchas veces, Hay más Liberalismo que Partido.
La primera tarea que deben acometer los Liberales de Colombia es precisamente esa. Recuperar las mayorías en los centros urbanos. Reunificarse, ser capaces de buscar y alcanzar consensos con las vertientes históricas de nuestro partido, que hoy se encuentran por fuera. Creo interpretar a muchísimos Liberales al afirmar que tengo más identidades con copartidarios que se encuentran transitoriamente por fuera del Partido, que con el Polo democrático, movimiento emergente , diferente en sus principios y particularmente en la forma de entender la actividad política y conseguir sus objetivos, al Liberalismo Colombiano. Observamos con preocupación que un sector de la dirigencia de nuestro Partido quiera situarnos a la cola de ese movimiento. Su displicencia y confraternización con el Polo le han permitido apropiarse de nuestros espacios políticos y nuestras banderas. El colmo ocurrió el pasado 9 de abril. En el lugar en que fue asesinado nuestro Líder histórico, Jorge Eliecer Gaitán. Carlos Gaviria se proclamaba como su legítimo heredero. Que oportunismo! Que vergüenza!. ¡No podemos hacer más concesiones a la demagogia populista del Polo!
En esa misma dirección quiero referirme al tratamiento que algunos militantes del Partido le otorgan a nuestros antiguos copartidarios. No puedo olvidar que en la campaña presidencial de 1998 cuando fui honrado por el Doctor Horacio Serpa, como su Gerente de campaña en Bogotá, se llamó al Doctor Álvaro Uribe, quien se encontraba en el exterior, para que ayudara en el tramo final de las elecciones. Así lo hizo. Entonces, muchos de quienes hoy le señalan, recibieron su presencia con esperanza y afecto. Aquí hay algo de canibalismo. Y otro tanto de oportunismo. Si queremos la reunificación del Partido, deben superarse ese tipo de señalamientos. Esa forma de desarrollar la actividad política, en la que se sacrifican los temas de Estado y las instituciones para conseguir protagonismo y logros electorales, no le queda bien a ningún demócrata. Como conducta Liberal es impensable.
Pero no era el anterior el tema central al que vine hoy a referirme. Quienes en los Últimos 20 años hemos asistido a los consejos ideológicos y programáticos del partido, observamos con preocupación lo que ha venido ocurriendo con el IPL. Este debe transformarse en una herramienta útil para interpretar la opinión en un mundo globalizado en que ya no es suficiente como propuesta política, hacer permanentemente un recordatorio de los Principios del Estado Democrático Liberal. Si algo hemos aprendido como lección en los últimos 10 años, es que los Principios deben estar ahí, por descontado, pero con ellos no se ganan, en esta Colombia moderna, elecciones. Y de eso se trata, de alcanzar el Gobierno para nuestras ideas. Para transformar la realidad convirtiéndolas en políticas públicas desde el Gobierno. El discurso acerca del papel del Estado para redistribuir el producto social, al cual se ha referido, como lo hace constantemente, el Doctor Eduardo Sarmiento, no le llega al electorado. No es suficiente. No encanta. Debemos preocuparnos por los factores que inciden en la formación de la opinión pública en una sociedad moderna, como la nuestra. Investigar los sentimientos, incluido el sentimiento de Partido, las emociones, las creencias y los estereotipos, como factores que deciden en el comportamiento electoral de los colombianos de hoy. Ya no se puede hacer política exitosa con la declaración de principios del Estado Liberal. Entre otras cosas, por que muchos de ellos han sido traducidos en realidades en pasados Gobiernos de nuestro partido, que transformaron en su momento a Colombia. Debemos saber más acerca de factores como la imagen pública y la opinión, en una sociedad informada. Por demás, podemos ahorrarnos extensos esfuerzos y discursos con la elaboración y presentación de modelos econométricos. Por si acaso.
Por otra parte el Instituto debe servir como soporte de la buena gestión de los gobiernos locales y regionales de nuestro partido. El mejoramiento de la Gestión Pública requiere la asesoría del Partido, para lo cual deben ponerse a disposición de Gobernadores y Alcaldes Liberales, modelos de Gestión basados en métodos de análisis prospectivo y teoría de escenarios que orienten y sirvan como soporte a la toma de decisiones en Departamentos y municipios. El ejercicio del Gobierno Liberal Necesita mas software operacional y análisis tecno-político, que abstractos discursos sobre la redistribución del Ingreso y generalidades de tipo sociológico, que si bien son importantes no deben ocupar el centro de la atención de un partido, que debe ir mas allá de los discursos. Hemos tenido bastantes.
Otra área de intervención del instituto se encuentra en la capacitación de los miembros del partido que desempeñen cargos de responsabilidad en el ejecutivo. Sabemos que no es lo mismo ganar elecciones que desempeñar con éxito la alta dirección del Estado, en ambientes cargados por turbulencias e incertidumbres. Los funcionarios que desempeñen altas responsabilidades a nombre del Partido, deben recibir soporte en temas que pueden parecer superficiales como la elaboración de un sistema de agendas y uso del tiempo de los dirigentes, negociación, toma de decisiones y manejo de crisis, por citar algunos. Por otra parte, los candidatos a cargos de elección popular deben recibir ayuda e información en áreas como comportamiento electoral, elaboración y análisis de encuestas, diseño de programas electorales y estrategias de comunicaciones.
Por las razones expuestas propongo al tercer congreso del Liberalismo Colombiano, que el Instituto de Pensamiento Liberal se transforme en uno de Opinión, Gestión pública y Alta Dirección, con idénticos propósitos y fines que los establecidos en los artículos 105 y 106 de los estatutos vigentes y que se otorguen, a la dirección elegida, las facultades necesarias a tales efectos.
Antes de terminar esta intervención, quiero llamar la atención de los delegados al Congreso sobre la postura del partido con relación al tema de las transferencias. El proceso de descentralización ratificado en la Constitución de 1991 tiene como prerrequisito para su funcionalidad la participación de la ciudadanía. Debemos reconocer que no solo la participación electoral se ha mantenido en límites precarios, sino que otras formas de organización de la ciudadanía tienen aún un carácter incipiente, que ha circunscrito el proceso de descentralización al de competencias y recursos, los cuales limitan el desarrollo de la capacidad de gestión ,en regiones y departamentos, a la que puedan hacer delegados de los cacicazgos políticos regionales que se han especializado en el tema y deciden a su antojo sobre la utilización de los recursos públicos. Este, que es el camino más próximo a la corrupción y a la mala gestión, es sin embargo el mal menor. Aunque no sea popular decirlo, debemos recordar lo ocurrido recientemente en muchos departamentos y Municipios, en los que Gobernadores, Alcaldes y concejales inermes reciben presión sobre el destino de los recursos por parte de grupos armados por fuera de la Ley. Los recursos que deberían llegar a la gente, se han convertido en combustible para alimentar la guerra.
La descentralización no puede ser considerada como un concepto abstracto, sin tener en cuenta las particularidades históricas por las que pasamos. La propuesta Liberal debe considerar la escasa autonomía efectiva y las condiciones de orden público en que desarrollan su gestión muchos Alcaldes Y Gobernadores. No se trata de personalizar en cabeza de ideas como la de “más recursos para el actual Gobierno Nacional”, sino de superar el proceso de des institucionalización que en verdad afrontan muchas regiones de Colombia y que no permite el ejercicio y desarrollo de la descentralización, en las condiciones supuestas por el Constituyente.
Espero que estas breves reflexiones le sirvan al Partido, para reconocerse como el que inspira al 43% de los Ciudadanos que se identifican como Liberales, una y otra vez en todas las encuestas. Para reconciliarse con la opinión, buscar la unidad y recuperar su liderazgo. Tenemos muchas responsabilidades en el inmediato futuro. La mas importante, no lo podemos olvidar en esta etapa compleja de nuestra historia como Nación, caracterizada por las amenazas del narcotráfico y los violentos ,es la defensa y protección del Estado de derecho y las Instituciones que tanto le ha costado construir a los Liberales de Colombia.
Muchas Gracias.
Medellín, 28 de abril de 2007
EL MONOPOLIO DEL PATRIOTISMO
MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Mayo 6 de 2007
En la sección V de su monumental “Canto General”, titulada “La arena traicionada”, Pablo Neruda recogió algunas de sus sátiras más lúcidas y duras contra las plutocracias que gobernaban en América Latina en la década de los cuarenta. Una de ellas es el poema Proclamación de la Ley del Embudo”, cuyos versos dicen así: “Ellos se declararon patriotas./ En los clubes se condecoraron / y fueron escribiendo la historia./ (…) Estallaron los aplausos / de los clubes aristocráticos;/ Y corrió cada uno a llenarse / los bolsillos en su negocio,/ (…) y todos llamándose a voces / patriotas, con el monopolio / del patriotismo, decretado / también en la Ley del Embudo.” Aunque escrito para otra época, al leerlo no deja de asombrar la similitud con ciertas situaciones actuales como por ejemplo las declaraciones de patriotismo de los gremios económicos y algunos empresarios que hemos visto en grandes avisos publicados en todos los periódicos del país con un costo de cientos de millones de pesos, con el propósito de mostrar su apoyo al presidente Uribe frente a las críticas que le hizo la oposición en el Congreso de la República y el desplante del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Los gremios están en todo su derecho de gastarse la plata de sus afiliados en estas manifestaciones de solidaridad, máxime cuando se trata de un presidente que goza de una altísima popularidad en las encuestas y al que tienen que agradecerle todos los subsidios tributarios, reducción de costos laborales y otras políticas que les han permitido duplicar y triplicar sus utilidades como lo mostró el último reporte de la Superintendencia de Sociedades. Lo que no es válido es que para hacerlo se arropen en la bandera del patriotismo y descalifiquen como traidores a la patria y enemigos del país a quienes se atreven a criticar al presidente, a disentir de sus políticas o a cuestionar sus métodos, es decir a quienes tienen la osadía de ejercer las funciones de la oposición, esenciales para el buen funcionamiento de un sistema democrático. La misma actitud de apropiarse del monopolio del patriotismo se nota en las posiciones frente al TLC con los Estados Unidos. Cuando el Presidente va al país del norte con todo su sequito a pedir a los congresistas del partido Demócrata la aprobación del Tratado, se dice que por la defensa de los intereses superiores de la patria. Pero cuando congresistas de la oposición o sindicalistas hacen el mismo viaje pero para oponerse al TLC, se les califica de conspiradores, renegados, traidores y enemigos de la patria. Es la clásica Ley del Embudo: cuando son mis opiniones, mis intereses, mi bolsillo, es aceptable defenderlos, pero no lo es si son las opiniones y los intereses de la oposición. El problema radica en que con la globalización se debilitan los monopolios locales, incluyendo el del patriotismo. Se dice que Colombia es el mejor aliado de Estados Unidos en su patio trasero de América Latina, y la barrera de contención contra la epidemia izquierdista que invade la región. Lo segundo es cierto pues Colombia es el único país donde la derecha tiene una mayoría clara, pero lo primero encierra una gran confusión cuyas consecuencias las estamos sintiendo. Nadie pone en duda que Alvaro Uribe sea el mejor aliado de George W. Bush en América Latina y que todavía le agradezcan su apoyo a la ilegal e inútil invasión a Irak, pero ni Bush es los Estados Unidos ni Uribe es Colombia. En ambos países existen personas, grupos, fuerzas políticas que no comparten las ideas ni las políticas de sus presidentes; la diferencia es que allá ahora son mayoría en el Congreso. El mensaje que recibió el presidente Uribe de los líderes demócratas fue muy claro: mientras no se aclare el escándalo de la parapolítica y se condenen los crímenes de los paramilitares es muy difícil que se apruebe el TLC. Por eso en lugar de emotivas declaraciones de patriotismo lo que se necesita en este momento son claras manifestaciones de condena y repudio -que hasta ahora han sido escasas- a la terrible verdad que ha ido descubriendo la Fiscalía en las fosas comunes con que los señores de la guerra sembraron el territorio nacional.
El Apostolado de Penonomé o la Sacra Familia
James L. Zackrison, De Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2007
Resumen: Aunque el término "delincuencia organizada transnacional" sea reciente, el fenómeno no es nuevo; su génesis es tan antigua como el crimen y la ley. El ejemplo aquí presentado se remonta a la época de la Colonia española en las aguas y puertos del Caribe y el Pacífico, cuyos protagonistas son mercaderes españoles y extranjeros que burlan las leyes mercantiles establecidas por la Corona. Entre otras cosas, ilustra que "cuando un gobierno procura solucionar un problema, en este caso uno de aplicación de la ley, se siembra la semilla de otro problema o dos, a veces con consecuencias desastrosas".James L. Zackrison es el coordinador de Investigaciones y profesor asistente de Política de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CEHD) del Departamento de Defensa estadounidense. Anteriormente fue analista en la Oficina de Inteligencia Naval, y también profesor investigador en el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de la Defense National University.
Muchos estudios del crimen organizado transnacional presentan el tema como un nuevo fenómeno de orígenes recientes. De hecho, aunque el nombre sea reciente, su génesis es tan antigua como el crimen y la ley. El caso aquí presentado es un ejemplo de cómo, cuando los gobiernos imponen restricciones a las fuerzas naturales del mercado, invariablemente aparecerá alguien para corregir tal situación y satisfacer la demanda de bienes o servicios, independientemente de las restricciones impuestas o las fuerzas desplegadas para ponerlas en ejecución. Además, se ilustra la lección -- muchas veces dolorosa -- de que cuando un gobierno procura solucionar un problema, en este caso uno de aplicación de la ley, a menudo se siembra la semilla de otro problema o dos, a veces con consecuencias desastrosas.
EL MERCANTILISMO ESPAÑOL
Los antecedentes de esta historia son el sistema legal y comercial colonial de España. En esencia, la monarquía española procuró monopolizar todo el comercio de sus colonias, prohibiendo la participación directa o indirecta de extranjeros, en teoría temiendo que tal participación desviara todo el oro, metal con el que en ese entonces se medía la riqueza nacional o personal. Se instrumentó un impresionante sistema de convoyes, inspecciones, informes y vigilancia, principalmente por la Casa de Contratación de Sevilla. La perpetua necesidad de dinero de la Corona española condujo a una rápida evolución del papel que desempeñaba la Casa, desde supervisar y fomentar el comercio hasta regularlo y recaudar impuestos por esta actividad. La falta de capacidad de producción en la Península Ibérica originó una gran dicotomía entre la legalidad y la realidad: mientras la Corona exigía que los colonos sólo compraran mercancías españolas y vendiesen sus frutos sólo a mercaderes españoles, las mercancías españolas eran insuficientes para satisfacer las necesidades coloniales, sin importar el precio. Esta discrepancia fue rápidamente cubierta por mercaderes extranjeros, principalmente mediante el sistema de convoyes legales, utilizando testaferros españoles, o ingresando directamente a las colonias de forma ilegal. En Tierra Firme, este sistema benefició a todos los interesados, ya que la población era muy reducida para justificar un constante convoy de suministros, o incluso un contrabando lucrativo. De hecho, la población de Tierra Firme confió casi exclusivamente en los convoyes, ganándose la vida con el transporte de mercancías a través del Istmo. No se producía nada de valor comercial, por lo que los alimentos se importaban de Quito o Lima; los textiles se compraban de los convoyes, y se importaban mulas de Guanacaste, Nicaragua o Caracas. Con el tiempo, creció la dependencia de mercancías de bajo costo que ofrecían los contrabandistas, y se intercambiaban servicios de transporte por suficientes bienes y alimentos para el sustento de la población.
La ruta ordenada por la Casa de Contratación para mover los bienes entre Sevilla y Lima era a través del istmo panameño, a lo largo de una ruta terrestre prescrita que unía a la ciudad de Panamá, en el lado del Pacífico, con Portobelo, en el Caribe. El uso de cualquier otro camino por tierra estaba prohibido, y existían dos grupos que obligaban el cumplimiento de tal reglamentación: el ejército y el monopolio de muleros con base en la ciudad de Panamá. Los mercaderes estaban a merced de ambos y, como resultado, pagaban cuantiosos impuestos y cuotas de carga. Los contrabandistas, sin embargo, no hicieron ningún caso ni de estas fuerzas ni de la ruta, prefiriendo crear su propia ruta, más accesible y menos cara. Las noticias de esta ruta alterna aparecieron desde fecha tan temprana como 1717, en un informe dado al virrey en Santa Fe de Bogotá, con la relación de que un mercader panameño llamado Gregorio Crespo había transportado sus mercancías durante el año anterior a través de la Alcaldía Mayor de Natá y por el río Coclé, en un esfuerzo por evadir los patrullajes e impuestos españoles.
LA HISTORIA DE NATÁ
Como parte de las reformas del gobierno español diseñadas por el nuevo monarca Borbón, Felipe V, don Dionisio de Alcedo y Herrera, experimentado burócrata colonial, fue nombrado presidente de la Audiencia de Panamá, gobernador y comandante general del Reino de Tierra Firme. Sus órdenes recibidas, emitidas el 15 de noviembre de 1741, eran imponer el orden en Tierra Firme, y detener el conocido y activo contrabando para dar fin a "la perniciosa flojedad o conveniencia" de los funcionarios locales.
Cuando Alcedo y Herrera llegó a Portobelo, encontró una pequeña flota de navíos extranjeros que descargaban bienes en el puerto. Después de una corta escaramuza, fue capturado a un barco francés, cuyo enfurecido capitán se quejó de este insulto a lo pactado por el soborno que ¡ya había pagado! En un breve interrogatorio, reveló los nombres de sus cómplices mercaderes panameños, y un conocimiento de embarque que indicaba que la mayor parte de los bienes habían sido consignados al pueblo de Natá, al suroeste de la ciudad de Panamá. Así, quedó al descubierto una vasta y sofisticada red de contrabandistas que tanto alarmó al gobernador, que organizó un destacamento armado para atacar la punta norte de entrada a Coclé. Este grupo se topó con una fortaleza armada con artillería que hundió sus dos embarcaciones; todos los sobrevivientes fueron pasados a cuchillo, y los contrabandistas se vengaron invadiendo Portobelo, donde hundieron un navío guardacostas. Una segunda expedición, del 2º Batallón del Regimiento de Granada, conducida por el teniente Antonio de Murga ante la costa del Pacífico, también fue repelida, causando cuantiosas bajas. Se envió a un sargento para decir a Alcedo y Herrera que detuviera sus ataques, ya que no tendría éxito.
Los contrabandistas habían formado una corporación conocida por diversos nombres, como la Real Jurisdicción, el Apostolado de Penonomé o la Sacra Familia, nombres que insinuaban conexiones con la autoridad real o clerical.
Había 234 accionistas principales, que poseían 266 esclavos, un gran número de sirvientes, una fortaleza en Natá defendida por un ejército mercenario apoyado con artillería y un bastión lleno de municiones compradas principalmente a mercaderes ingleses en Jamaica. Habían construido almacenes a lo largo de las costas caribeñas y del Pacífico, protegían a su ejército mercenario en puestos de aguerridos centinelas y una pequeña flota de barcos armados. Habían construido una fragata para transportar mercancías entre Yegua del Mar del Sur (en la desembocadura del Río Chico) y Lima. La compañía confiaba totalmente que el áspero terreno que rodea a Natá no permitiría el paso de las fuerzas del gobierno, pero por si acaso habían sobornado y oprimido a las fuerzas locales. Dirigieron todas las elecciones para la oficina local, para asegurarse de que sus candidatos ganaran todos los puestos políticos clave; los oficiales reales habían tenido que ser retirados del área, reubicados en Antón para mantenerlos bajo recaudo, y los oficiales de la compañía se encargaban de las funciones judiciales y ejecutivas del gobierno. De esta manera, la compañía controlaba un corredor entre el Caribe y el Pacífico, incluidos los pueblos de Coclé, Olá, Natá, Antón, Penonomé y Río Hato. Para el momento en que Alcedo y Herrera asumió la gubernatura, esta compañía había estado en operación durante más de 26 años.
Los funcionarios del gobierno anterior no ignoraban esta situación, e incluso habían intentado contrarrestarla. El gobernador Martínez de la Vega y su fiscal Juan Feijoo Centella habían iniciado una investigación que reveló que tantas familias principales de Panamá habían estado implicadas que sólo se envió un informe sumario al Virreinato; no se ejerció ninguna acción porque el gobernador conjeturó correctamente que su vida estaría en peligro si la llevara a cabo.
Luego de dos fracasos militares, sin embargo, el nuevo gobernador convenció a los miembros de la Audiencia de que tal acción constituía más que un delito fiscal. Era una traición a la Corona española, cosa que lo autorizaba a recabar fondos y movilizar a todas las fuerzas de las milicias españolas en Panamá. Alcedo y Herrera desconfiaba de las milicias locales o criollas, y no involucró a ninguna de ellas en la operación. Por consiguiente, se vio obligado a llevar tropas desde muy lejos, como de Bocas del Toro y Costa Rica, y ayuda naval de Cartagena de Indias; la seguridad de la operación se logró manteniendo en la ignorancia a los comandantes militares de las regiones de Chitré, Santiago y Aguadulce. Se estableció un bloqueo naval frente a las líneas costeras del Caribe y del Pacífico, aislando la región de modo que nadie escapara o entrara con la información sobre la operación. Temprano, en la mañana del 5 de agosto de 1747, una fuerza de más de 500 milicianos y soldados profesionales españoles atacó a los contrabandistas en Natá. La fuerza mercenaria se defendió vigorosamente; desafiando a los españoles e ¡izando la bandera inglesa sobre la fortaleza! Al final del día, dentro del pueblo habían sido asesinados más de 150 hombres, y muchos otros fueron capturados al intentar escapar a la costa o a la selva; se confiscaron más de 88000 pesos en mercancías, y bienes inmuebles con valor de 12000 pesos pasaron a ser propiedad de la Corona española.
No sólo participaron las fuerzas españolas. Era práctica común de la flota inglesa estacionada en Port Royal dar protección a los mercaderes jamaiquinos, y sobre todo a los navíos de la Compañía del Mar del Sur cuando navegaban ante la línea costera española. Un contrabandista inglés, capturado en la batalla de Natá, logró internarse en la selva y evadir su encarcelamiento, volviendo a su pueblo natal en Jamaica, donde presentó una demanda en contra del comandante naval inglés, el almirante Charles Knoll. Knoll había estado navegando cerca de Coclé para dar protección a los navíos ingleses y holandeses en el área, y el incógnito contrabandista se quejó de que el almirante los había abandonado a su suerte. Para dejar en claro cuán seriamente el almirantazgo había asumido su papel en la defensa del comercio inglés, Knoll fue detenido y llevado a Londres encadenado, aunque más tarde fue liberado y absuelto de todos los cargos.
De vuelta en Panamá, el grupo de oficiales españoles de Alcedo y Herrera aprovecharon un resguardo de correspondencia y archivos que habían incautado, para manifestar que casi todos los mercaderes españoles y los funcionarios de la administración municipal en Panamá estaban implicados en la ilícita corporación. Lo confiscado aportaba suficientes pruebas para arrestar a la mayoría, aunque el sistema de negociación extrajudicial de indulto entró en vigor poco tiempo después, y los mercaderes tuvieron suficiente influencia sobre la Audiencia como para obligar a Alcedo y Herrera a dejar el cargo y a aislarse en Cartagena bajo una custodia preventiva. Pasó el resto de su vida en la defensa de sus acciones y demandó a la corona su pensión por combate. Al final, ganó, aunque la decisión definitiva se transmitió más de una década después de su muerte; sus nietos recibieron la compensación por el daño causado a la reputación y la hacienda familiares.
CONCLUSIONES
Así terminó uno de los esfuerzos más exitosos de subvertir a la autoridad española durante el periodo colonial. Durante más de tres décadas una corporación transnacional habían contrabandeado bienes manufacturados, esclavos, alimentos y textiles desde Jamaica y Curaçao, a través de una de las líneas costeras más fuertemente defendidas y de las rutas marítimas de las colonias españolas. Ofrecían crédito a sus clientes, vendían a consignación, usaban certificados de embarque, o hacían trueque, cualquier método que proporcionara una venta provechosa. Los colonos españoles podían usar sus servicios para transferir el oro o la plata a sus familias o socios en España, evitando así todos los esfuerzos de la corona por recaudar regalías, impuestos o gravámenes por el derecho de la soberanía sobre sus súbditos. De hecho, los contrabandistas manejaron un mayor volumen de mercancías que lo que hizo el Consulado de Sevilla, y posiblemente más grande que el de Lima. Con ello, se privó a la Corona española de un alto porcentaje de los ingresos de su colonia más rica.
La descripción de esta compañía cabe perfectamente en la definición de lo que hoy se denomina corporación de crimen organizado transnacional o cártel. Pero era más de lo que implica este término, pues llegó a sustituir al gobierno, al asumir la administración de servicios, en sus esfuerzos por controlar el área y proporcionar la seguridad para sus operaciones de contrabando. En esencia, la compañía de contrabando de Natá se convirtió en una entidad independiente cuasi-gubernamental, un estado fantasma, que subvertía la propia hegemonía política y territorial tan incorporada a la magnífica estrategia del Imperio.
España había hecho una gran inversión en la fortificación de los principales puertos caribeños, por los cuales fluía el tesoro del Potosí, pero una agrupación informal de sus ciudadanos y extranjeros había establecido un gobierno casi independiente a menos de un día de viaje desde esos mismos puertos. Poco habría faltado para transformar el Apostolado de Penonomé en una base a partir de la cual lanzar incursiones contra los convoyes de plata, o atacar la estructura política del Imperio en caso de que sus miembros lo desearan.
Un factor para tener presente sobre el contrabando es que requiere un mínimo de tres entidades: una para vender bienes, una para comprarlos y una para prohibir o regular la transacción. Esta historia es un ejemplo casi perfecto del contrabando durante el periodo colonial, en el que caben mercaderes españoles y extranjeros coludidos para evitar los esfuerzos de la Corona de regular el comercio. A pesar de las innumerables leyes de la Corona española que prohibían la presencia de extranjeros, a menudo denostados como piratas o algo peor, los actores principales de esta historia eran ciudadanos españoles que trataban de evadir las onerosas restricciones de su propio gobierno contra el comercio.
Pero, realmente, la historia no termina ahí. Dionisio Alcedo y Herrera logró erradicar el contrabando de Tierra Firme, siguiendo el mandato de Felipe V, cuando fue designado gobernador. Esta solución a un problema, sin embargo, pasó por alto que los únicos navíos que abastecían con regularidad a Panamá pertenecían a los contrabandistas, ya que no era redituable llevar mercancías a Panamá y regresar con los buques vacíos a Lima o Guayaquil. Estas líneas ilícitas de suministros mantuvieron a los panameños alimentados y vestidos, y ahora éstas se habían interrumpido. En menos de seis meses se sentirían los graves efectos, y la escasez de alimento condujo a la hambruna y epidemias que amenazaron con aniquilar a los habitantes. Alcedo se vio obligado a solicitar el permiso del virrey Eslava para enviar navíos a comprar productos alimenticios, medicinas y vestimentas a Jamaica, el único sitio donde se conseguían a buen precio. La petición fue aprobada, y los barcos ingleses comenzaron a llegar a Portobelo poco tiempo después, transportando las mercancías necesarias y otras más. Con el ciclo así restablecido el contrabando comenzó de inmediato.
EL ÁREA DEL APOSTOLADO DE PENONOMÉ
Oferta monetaria y crédito, un cóctel peligroso
Fernando Ayuso Rodríguez, Revista Cinco Días, Madrid, mayo 6 de 2007.
Los datos recientemente publicados por el Banco Central Europeo (BCE), referidos a la masa monetaria M3 de la eurozona del mes de marzo de este año arrojan un crecimiento sobre los de febrero del 10,90%, alcanzando la cifra récord de 7.997 billones de euros. Si nos atenemos a la variación interanual del agregado observaremos que esta magnitud se ha elevado un 10,65%. El aumento en el último lustro ha sido del 47,19%.
Si ahora consultamos referencias del Banco de España, podemos ver en el Boletín Económico de marzo de 2007 que los fondos destinados a la adquisición de viviendas crecieron a una tasa del 19,30% (aunque se mantiene una suave desaceleración), y que la financiación del consumo y otros fines subió un 17,70%, importes muy altos dado el endurecimiento de la política monetaria por parte del BCE.
La evolución al alza de la liquidez del sistema puede ser considerada como uno de los factores que ha generado la inflación de activos en los últimos años en diferentes países de la zona euro (ascenso de precios del sector inmobiliario, subida de las Bolsas y materias primas, etcétera).
El capítulo 4 de Manías, pánicos y cracs. Historia de las crisis financieras (Editorial Ariel Sociedad Económica. Octubre, 1991) de Charles P. Kindleberger, titulado Alimentando el fuego: la expansión monetaria, indica que: 'Las manías especulativas adquieren velocidad a través de la expansión monetaria y del crédito, o quizá en algunos casos se originan a causa de una expansión inicial del dinero y el crédito (...). Esto ha ocurrido a pesar de los esfuerzos de las autoridades bancarias para controlar y limitar la oferta monetaria'. ¿Han notado ustedes algún parecido con la realidad actual? Si es así, piensan igual que nosotros.
Ahora no se pierdan el párrafo que viene a continuación, tomado de la misma bibliografía. Creemos que no tiene desperdicio: 'Si la escuela bancaria estaba en lo cierto en cuanto a la necesidad de la expansión del crédito para iniciar la actividad económica, la escuela monetaria sin duda tenía razón al observar que la creación del crédito (…) es una fórmula que lleva al desastre (…) La escuela monetaria reconoció la necesidad de poner un límite'.
En cuanto a las Bolsas, éstas continuaron su carrera ascendente hasta mediados de febrero, y aunque quisiéramos ser optimistas, desde el punto de vista cíclico puede que 2007 y 2008 no tengan una trayectoria tan bien definida como en años anteriores. Por ello, y aun a riesgo de equivocarnos, aventuramos que tanto este ejercicio como el siguiente pudieran venir cargados de un nivel mayor de volatilidad que los precedentes, siendo factible que haya rangos de fluctuación (tanto al alza como a la baja) mucho más amplios.
No somos médicos, pero desde aquí prescribimos a todos aquellos que no vean el peligro que nos rodea que se acerquen al oculista para una revisión de la vista a fin de corregir la miopía. La idea de que estamos inmersos en otro proceso especulativo de gran envergadura, cada día que pasa se hace más evidente. Las consecuencias pueden ser graves, si bien más grave todavía es no querer ver que los errores del pasado posiblemente se estén repitiendo de nuevo. En definitiva, la historia de hoy es la del ayer, y volverá a ser la del futuro.
POBREZA: Llamado global hasta 2015 y hasta las raíces
Diana Cariboni, Inter Press Service, mayo 6 de 2007.
MONTEVIDEO, 5 may (IPS) - El Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza alcanzó este sábado en Montevideo el compromiso de prolongar su campaña hasta 2015 y de poner el acento en causas por las cuales más de 1.000 millones de personas viven como indigentes en el planeta.
Este llamado (GCAP, por sus siglas en inglés), nacido como una iniciativa anual en el Foro Social Mundial de 2005 en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, decidió mantenerse activo hasta el año meta establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abatir a la mitad, con base en 1990, la proporción de personas que viven en la indigencia y pasan hambre. Ese es el principal propósito de los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio (ODM), adoptados por los gobiernos en 2000 y que incluyen compromisos en salud, educación, igualdad de género, ambiente, desarrollo sustentable y comercio internacional. La decisión de los 150 dirigentes internacionales reunidos desde el jueves en la capital uruguaya es "destacar las causas de esa situación, que sufren en especial los grupos más afectados por la exclusión", como las mujeres y los indígenas, dijo a IPS Ana Agostino, integrante del Comité Facilitador Internacional del GCAP en representación del Grupo de Trabajo Feminista. La necesidad de este énfasis fue impulsada por las organizaciones latinoamericanas y caribeñas, con apoyo del grupo de Asia y de los sectores feministas, apuntó Agostino. "Hubo un debate intenso sobre la inclusión o no de la orientación sexual en la mención de los grupos excluidos, porque el GCAP es un ámbito de gran diversidad", con cientos de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de todo el mundo, afirmó Agostino. Asociaciones religiosas resistieron esa inclusión, y finalmente se acordó no mencionar en especial la orientación sexual en cuanto a medidas y acciones concretas, que quedan libradas a lo que se decida en cada país. En 2006, el GCAP y la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas promovieron la iniciativa "Levántate contra la pobreza", con participación coordinada de 23,5 millones de personas el 17 de octubre, Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, registrada en el libro de los récords Guinness. Para 2007, la meta es movilizar a 50 millones de personas bajo el lema "Stand Up and Speak Out" ("Levántate y hazte oír"). La iniciativa "Levántate" tuvo escaso impacto en América Latina en 2006. Una de las razones, según activistas consultados entonces por IPS, fue que no se tomaron en cuenta prioridades y agendas propias de la región, como la desigualdad entre ricos y pobres. En algunos países "no hubo nada, pasó casi sin repercusión", reconoció Agostino. Para este año, el propósito es que cada país y cada región adopten sus propios "mensajes políticos" para promover y acompañar las movilizaciones del 17 de octubre, entre otras medidas destinadas a la mayor repercusión, según Agostino. Las coaliciones nacionales y las redes latinoamericanas y caribeñas integrantes del GCAP afirmaron el 13 de abril en San Salvador que esa iniciativa internacional "debe promover un concepto de pobreza que se base en una visión de la justicia y no de la caridad. No se trata de asistir a los pobres, sino de garantizar las condiciones para el pleno goce de sus derechos civiles, sin ningún tipo de discriminación". Además, el futuro del GCAP podrá sostenerse "solamente" si "hay claridad en su objetivo político en base al cual debe desarrollar sus estrategias", y si "se adoptan mecanismos para democratizar su funcionamiento, transparentar la toma de decisiones, rendir cuentas y dar el reconocimiento, respeto y participación" a "sus actores y sectores", afirma la declaración de San Salvador. Lo acordado en Montevideo redobla la apuesta del GCAP. La conferencia terminó con un "espíritu alto" y con una gran "reafirmación de validez de la campaña", según Agostino. Los activistas resolvieron mantener su postura de no institucionalizar la coalición y de revisar cada tres años, hasta 2015, la marcha de sus acciones contra la pobreza. El GCAP tuvo su pico de visibilidad en 2005, cuando enfocó sus baterías en arrancar compromisos concretos de la reunión del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos de mundo, celebrada ese año en Escocia. A pesar de que el G-8 se comprometió entonces a elevar la asistencia hasta en 50.000 millones de dólares para 2010, la ayuda al desarrollo de los países ricos cayó cinco por ciento en 2006, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicado en abril.
INFORME SOCIOPOLÍTICO DE BOLIVIA
Fundación CEPS de Valencia, España. Colaboración que agradecemos al Dr. Néstor Hernando Parra.
Fecha:
26 de ABRIL de 2007
MES DE ABRIL
Asunto:
Informe SOCIO POLÍTICO DE BOLIVIA
Remitente:
ALFREDO SERRANO MANCILLA
Asamblea Constituyente
Después de la aprobación del polémico artículo 70 del reglamento referido al sistema de votación, la Asamblea Constituyente (AC) sigue su curso con el trabajo de las 21 comisiones que conforman los diferentes temas para la redacción de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). En este tiempo, cada comisión ha definido su estructura, y ha comenzado a debatir cuáles son los principales contenidos en cada una de ella. Y siguiendo el cronograma del reglamento de la AC, cada fuerza política tuvo que presentar su Visión de País en plenaria, y ahí se pudo comenzar a ver qué es lo desea cada uno. El MAS (Movimiento al Socialismo) apuesta por la refundación del país, con la creación de un Estado Unitario Plurinacional Social Comunitario, con una democracia participativa y representativa, un sistema de autonomías donde tenga un papel protagónico la autonomía indígena, sistema unicameral presidencialista, con la intención de crear el denominado Poder Social Plurinacional, y la existencia del pluralismo jurídico. Por otro lado, la derecha sigue insistiendo en el tema de autonomía departamental y defendiendo el modelo neoliberal para solucionar todos los problemas económicos.
El trabajo de las comisiones se ha visto interrumpido por los encuentros territoriales que ha tenido la AC en los nueve departamentos del país. Estos encuentros, transcurridos en tres semanas han tenido el objetivo de recoger las propuestas del pueblo boliviano. Después de esta gira, y con la vuelta a Sucre, las comisiones están procediendo a sistematizar todas las propuestas recogidas que servirán de insumo clave para la redacción del nueva CPE. Además, muchas comisiones ya han comenzado a debatir temas centrales, y va quedando cada vez menos para culminar satisfactoriamente este desafío histórico.
El clima en la AC parece más calmado después del ajetreo mediático y político del citado artículo 70. El MAS sigue teniendo problemas dentro de su bancada, por su falta de cohesión interna, por los problemas de protagonismos personales, por la falta de disciplina orgánica y por su propia estructura de instrumento y no de partido político. La relación con las organizaciones sociales es buena pero siempre delicada. Después del acuerdo con el presidente, MAS y organizaciones sociales siguen haciendo esfuerzos por consensuar una única propuesta para la nueva CPE. Precisamente, el Pacto de Unidad de las diferentes organizaciones sociales no está pasando por el mejor momento, ya que CONAMAQ y CIDOB han roto tal pacto, y parece no haber manera de reconducir este acuerdo. Los grandes temas de desencuentro en el seno del propio Pacto y en su relación con el MAS son: a) propiedad y gestión de recursos naturales, b) composición del órgano legislativo (Asamblea Plurinacional), c) cuarto poder, y d) aceptación de autonomía departamental.
Política Nacional
En materia de política nacional, resulta preciso sintetizar algunas cuestiones de máxima actualidad:
· La negociación de los “petrocontratos” siguen en primera plana, y continua desgastando al gobierno. El presidente de YPFB, Miguel Morales, fue destituido después de la demanda de los partidos de la oposición por la presentación de contratos falsos en el parlamento.
· La prensa sigue atacando al gobierno por la aparición de avales de muchos militantes del MAS, que eran necesarios para la contratación de muchas personas en diferentes cargos públicos.
· La derecha sigue con su estrategia de fracturar al MAS, y para ello, recientemente ha sugerido la posibilidad de la capitalía plena a Sucre, de tal manera que esta ciudad sea la sede del órgano ejecutivo y legislativo. Esto ha sido secundado torpemente por el MAS en Sucre, y ha abierto un debate interno en el MAS de carácter regionalista. La derecha presente en la media luna (oriente) debe estar contenta por haber logrado las disputas del MAS en el occidente, y esto debilitando a la bancada nacional.
· El gobierno ha respondido adecuadamente a los desastres naturales ocasionados por las fuertes lluvias en algunos departamentos, tales como Beni, Pando y Santa Cruz.
· El MAS ha propuesto racionalizar el cultivo de coca en la zona tradicional de cultivo, para que el número de hectáreas esté en consonancia con la demanda interna. Esta medida ha sido bien aceptada en los Yungas, y además, esto permite establecer el cato de coca por familia en la zona no tradicional (el chapare).
· La junta autonómica (departamentos donde ganó el SI en el referéndum) ha sacado un comunicado donde exige el cumplimiento de la autonomía departamental, demandando además mayores competencias de las establecidas en la pregunta de tal consulta vinculante. En este sentido, el MAS ha hecho publico su respecto a los resultados del referéndum, aceptando la autonomía departamental en el grado de la pregunta del mismo, donde hace alusión a “atribuciones normativas-administrativas”.
· Se ha abierto una etapa de negociación para nacionalizar ENTEL, empresa de telefonía en Bolivia, para seguir recuperando para el pueblo boliviano la propiedad de las empresas que pertenecen a sectores eminentemente estratégicos para Bolivia.
Palo porque Bogas
César González Muñoz
Pero es que nosotros los del populacho somos así: La Junta del Banco de la República, en sesión dominical extraordinaria, decidió darle un giro a sus políticas. Es un giro “intervencionista”, que busca afectar directamente el balance de los establecimientos financieros para calmar la dinámica del crédito; que busca también hacer más caro el endeudamiento externo privado, y que le pone límites a las operaciones de cobertura de riesgo cambiario de los intermediarios de ese mercado.
Bueno, algo va desde los pequeños ajustes a las tasas básicas del Banco de la República, tipo libro de texto, a esta clase de medidas administrativas, que tiene costos y riesgos, pero que transmite un mensaje más nítido sobre la voluntad de la autoridad monetaria de impedir que la inflación este año se vaya al 8 o al 10 por ciento. El Banco se decidió también a abandonar su posición tradicional sobre su supuesta incapacidad de impedir la viciosa revaluación del peso. Hasta el domingo, la autoridad monetaria parecía víctima de un dilema insoluble entre el logro del objetivo de inflación y el “huracán” cambiario. Ahora el asunto es distinto: Puedo apostar a que la Junta tendrá que aplicar crecientes dosis de control cuantitativo al crédito bancario, y nuevas medidas de bloqueo a la entrada de divisas por la cuenta de capital de la balanza de pagos. Estoy afirmando que las decisiones del domingo son tardías, e insuficientes. Palo porque bogas…..
Claro que el gobierno debe hacer lo suyo, que consiste en dar un mensaje serio y claro sobre su voluntad de ponerle diques al gasto del gobierno central. Pero ante la gravedad de la coyuntura cambiaria, no podemos quedarnos con la letanía de los economistas “ortodoxos”: “si el gobierno se disciplina, evitaremos la revaluación”. Los procesos presupuestales están en plena marcha, y además este es un año electoral. Que no le pidan peras al olmo.
Hemos entrado, pues, en un nuevo periodo de la historia de la política monetaria y cambiaria. La autoridad tuvo que ponerse a ejercer controles administrativos para luchar a brazo partido por su objetivo de precios y por una tasa de cambio menos dañina. Hay una nueva racionalidad en el ambiente.
Pero nadie puede olvidar que esta es una nación victimizada por la economía criminal.
Como si se tratara de un mundo aparte, ajeno a la “ciencia” económica, las autoridades judiciales, aduaneras y de policía relatan la crónica de la economía criminal: lavado de activos, contrabando, narcotráfico, otras empresas delictivas.
La Aduana dice que el contrabando es uno de los instrumentos más potentes del lavado de activos. Los expertos afirman que podría valer entre cuatro y seis mil millones de dólares por año. Como si fuera una nota de pie de página, se ha dicho que el año pasado salieron, vía aérea, casi tres mil millones de dólares en efectivo. Buena parte de esos billetes entró por el camino verde, y no propiamente en los bolsillos de visitantes extranjeros, al mercado cambiario colombiano.
¿No será que la revalorización persistente del peso se explica principalmente por el desmesurado tamaño de la economía criminal? Da pena observar cómo muchos profesionales jóvenes – y no tanto - en empleos oficiales, en la bolsa o en la academia, se alivian con la idea de que, como la economía criminal no se puede medir a derechas, tampoco se puede incluir en el análisis de los hechos rutinarios.
Para luchar contra el desajuste cambiario y otros males, además del poderoso arsenal que existe en la torre del Banco de la República, necesitamos que el combate a la economía criminal cuente con la voluntad política del Estado en su conjunto, y un sector privado cuya ética pública rechace la ceguera complaciente.
La nueva guerra de la tortilla
Luis Hernández Navarro, 4 de abril de 2007, Programa de las Américas del International Relations Center (IRC)
¿Por qué se ha incrementado el precio de la tortilla en México? Por tres razones básicas. Primera y más importante, por el acaparamiento y la especulación del maíz blanco por parte de los grandes monopolios agroindustriales. Segunda, por el incremento en insumos básicos para la producción, traslado e industrialización del grano: diesel, electricidad y gasolina. Tercera, por la subida del precio del maíz en el mercado mundial, como resultado de su uso en la producción de etanol.
México es el cuarto productor mundial de este cereal. El año pasado cosechó 22 millones de toneladas, principal—aunque no exclusivamente—de grano blanco. Se trata de un volumen muy lejano al producido por Estados Unidos: 280 millones de toneladas durante 2005, en lo esencial de maíz amarillo. Este país controla más de 70% del mercado mundial.
A diferencia de la mayoría de los países productores que utilizan sus cosechas como forraje, en México, así como en parte importante de América Latina, el destino del grano es el consumo humano. Somos una cultura nacida del maíz.
Trayectoria de maíz en México
Durante décadas la Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) desempeñó un papel fundamental en la regulación de los mercados del país, acopiando, importando y distribuyendo el grano. Como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eso se terminó.
Entre 1994 y 1998 funcionó como comprador de última instancia. En 1998, Ernesto Zedillo le dijo a las grandes comercializadoras (Maseca, ligada con ADM; Minsa, asociada con Corn Products Internacional y Arancia, y Cargill, fusionada a Continental) que debían encargarse del mercado nacional. Así, las funciones de un monopolio estatal que, a pesar de la corrupción funcionaba razonablemente bien, fueron trasladadas a monopolios privados que tienen como objetivo la ganancia rápida.
El desmantelamiento de la Conasupo fue un paso central en la privatización del mercado maíz-tortilla. Otras medidas gubernamentales en esa dirección fueron la liberación del precio de la tortilla a comienzos de 1999, y la desaparición de Fidelist, un programa de subsidio a la adquisición de este alimento que atendió 1.2 millones de familias en zonas urbanas marginadas.
Un gran cambio adicional fue el que se produjo con las modificaciones en la forma de procesar el grano. Durante muchos años la tortilla se elaboró mediante un proceso de nixtamalización, en la que molineros y tortillerías desempeñaban un papel clave. Esto comenzó a cambiar desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el que se impulsó la elaboración de este alimento a partir de la harina industrializada en lugar de la masa de nixtamal.
El cambio en este proceso productivo provocó un fuerte conflicto entre los actores económicos ligados a ellos, que, en su momento, se conoció como la guerra de la tortilla. El pleito redujo drásticamente la importancia de los dueños de molinos y tortillerías. En 2003, 49% de la producción de este alimento estaba en manos de los grandes industrializadores, y Grupo Maseca sola tenía el control de 70% de esa franja del mercado. En los cinco años recientes, en alianza con las grandes cadenas de venta al menudeo, esa porción ha crecido significativamente.
Situación nacional relaciona con el precio internacional
Los industrializadores mexicanos son, simultáneamente, acaparadores del grano local e importadores. Ellos controlan importantes inventarios y pueden administrar oferta y demanda para hacer subir o bajar los precios según convenga a sus intereses. Adquirieron parte significativa de la cosecha primavera-verano de Sinaloa (con mucho, el principal estado productor de la República, con casi 10 millones de toneladas durante el pasado ciclo primavera-verano) a un precio de mil 350 pesos (US$30) la tonelada. Se calcula que fácilmente tienen en sus manos alrededor de un millón de toneladas de maíz. Y con sus existencias han jugado a la especulación, encareciendo artificialmente el precio del producto. Esa misma tonelada del grano de Sinaloa, colocada en la ciudad de México, tiene hoy un costo de 3 mil 500 pesos (US$320), es decir, 2 mil 150 pesos (US$197) más del que se pagó por ella.
Es cierto que el precio del maíz en el mercado mundial ha aumentado en los meses recientes como resultado de la utilización del grano para elaborar etanol. Pero ese incremento no tiene relación con el precio que tiene dentro del país. En la Bolsa de Chicago se cotiza en alrededor de US$144 la tonelada, esto es, menos de la mitad de la cantidad a la que se vende en la ciudad de México.
El costo del diesel, la gasolina y la electricidad, todos ellos insumos necesarios para el transporte y el procesamiento del grano, subieron durante los últimos meses de la administración de Vicente Fox, impactando el precio de la tortilla. Pero esos insumos constituyen, tan sólo, 30% de los costos de producción.
El monto del aumento en el precio de la tortilla es absolutamente injustificado. Ni el incremento en los insumos ni la revaloración del maíz en el mercado internacional justifica las cantidades a las que se vende a los consumidores. El problema central es la especulación de los grandes acaparadores.
Esta especulación ha sido favorecida por el modelo de mercado que se creó a raíz de la entrada en vigor del TLCAN, del desmantelamiento de las agencias y empresas estatales de desarrollo y de la privatización salvaje. Se trata de un mercado claramente ineficiente, casi monopólico, y especulativo. Un mercado en el que, gracias a políticos como Luis Téllez y Santiago Levy, el gobierno mexicano se cortó los brazos que le permitían intervenir para poner orden.
Cargill nunca pierde en México
Cuando el precio de la tortilla sube hasta las nubes, la transnacional Cargill gana. Si se importa maíz de Estados Unidos, se beneficia. Si, por el contrario, el cereal se exporta a otras naciones, recibe subvenciones. Cuando se licita el uso, aprovechamiento y explotación de terminales granaderos en puertos, se queda con ellas.
Cargill, fundada hace 140 años, es la segunda empresa privada más grande del mundo. Trabajan para ella 149 mil empleados en 72 países. La revista Fortune la ubica en el lugar 20 de las compañías más importantes del planeta. Se dedica a la compra, procesamiento y distribución de granos y otros productos agropecuarios. Se describe a sí misma en un folleto publicitario como "la harina en su pan, el trigo en sus tallarines, la sal en sus frituras. Somos el maíz de sus tortillas, el chocolate de su postre, el edulcorante de su gaseosa. Somos el aceite de su aderezo y la carne, cerdo o pollo que usted come en la cena. Somos el algodón de su ropa, la terminación de su alfombra y el fertilizante de su campo."
La trasnacional comenzó a tener presencia en México hace más de 80 años, cuando incursionó en operaciones forestales en el noreste. Dos décadas después recuperó sus actividades, ahora en el área agrícola. En 1972 inauguró su primera oficina en territorio nacional con seis empleados. El TLCAN primero, y la desaparición de Conasupo abrieron enormes huecos en el mercado nacional de granos que fueron ocupados por el gigante. Desde entonces, su presencia en la agroindustria mexicana es imparable.
El TLCAN establece que las importaciones de maíz estadunidense pueden requerir sujetarse a cupos establecidos cada año que, de rebasarse, deben pagar un arancel. Sin embargo, el gobierno mexicano eliminó unilateralmente esta protección, permitiendo el ingreso de mayores volúmenes de grano sin pago. Tan sólo entre 1994 y 2001, las importaciones fuera de cuota ascendieron a casi 13 millones de toneladas. Las grandes agroindustrias como Cargill y ADM vendieron la mayoría del maíz que México compró en Estados Unidos, beneficiándose enormemente de la importación del cereal sin pagar arancel. De paso, se beneficiaron del subsidio oculto presente en los créditos a la exportación que Washington otorga.
Los recursos destinados a los programas de pignoración, almacenaje, maniobras, flete y cabotaje para que la cosecha de maíz de Sinaloa sea trasladada a lugares remotos, así como para permitir su entrada al mercado de manera escalonada en el tiempo, han sido generosamente otorgados a Cargill. Cuando, como sucedió durante 2006, la trasnacional exporta cientos de miles de toneladas del cereal a otros países, el gobierno mexicano subvenciona el negocio.
Los productores comerciales de maíz blanco en nuestro país reciben por su producto un precio acordado con el gobierno llamado precio objetivo. Este es mayor al establecido en el mercado internacional más los costos de fletes y almacenajes desde la referencia de Nueva Orleáns hasta el punto de consumo en México (conocido como precio de indiferencia). Esta diferencia entre precio objetivo y precio de indiferencia puede fluctuar entre 450 y 500 pesos (US$40-45) la tonelada, que paga el gobierno y no las empresas comercializadoras del grano, las cuales sólo desembolsan el precio de indiferencia. Cargill, como una de las más importantes acopiadoras del cereal, obtiene así, de manera indirecta, un importante subsidio.
En 2002 la Comisión Federal de Competencia autorizó a Cargill el uso, aprovechamiento y explotación de una instalación portuaria especializada en Guaymas, Sonora, junto con el Grupo Contri, cuya actividad preponderante son silos para el acopio, conservación, mantenimiento, almacenamiento y comercialización de toda clase de granos, principalmente trigo, maíz y sorgo. El gigante controla, además, el puerto de Veracruz, entrada principal de las importaciones graneleras.
Cargill tuvo un pequeño percance en tierras mexicanas, cuando en 2001 el Congreso aprobó un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la fructosa (edulcorante elaborado a partir del maíz). La trasnacional importaba cerca de 385 mil toneladas anuales del producto. El asunto se zanjó en tribunales comerciales internacionales. México perdió el pleito.
Señalada como una de las principales responsables del alza al precio de la tortilla, compró y almacenó 600 mil toneladas de maíz de Sinaloa a mil 650 pesos (US$60) la tonelada, que meses después vendió en 3 mil 500 pesos (US$320). Ahora, con la liberación de los cupos de importación del cereal, para supuestamente bajar los precios, obtendrá un nuevo beneficio. Según Lorenzo Mejía, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, "los molinos no podremos importar y buscaremos los servicios de Cargill".
La empresa ha rechazado las acusaciones y ante la ola de indignación, negó ser "el maíz de sus tortillas". "Cargill—expuso en un comunicado—comparte con los consumidores, los industriales de la masa y la tortilla, así como con la industria pecuaria, su preocupación por el alto precio que el maíz ha alcanzado en las últimas fechas." Responsabilizó del incremento al libre mercado y aseguró que la adquisición del grano mexicano por parte de porcicultores nacionales originó presiones al alza.
La quiebra de un modelo
El alza en el precio de la tortilla ha puesto al descubierto la debilidad del Estado mexicano frente a los monopolios. Quienes controlan la comercialización e industrialización del maíz pueden organizar una corrida inflacionaria y salir impunes. El Ejecutivo no cuenta con armas para combatir en esa guerra.
La respuesta del gobierno federal ante el incremento ha sido lastimosa. Cierra unas pocas tortillerías y difunde su acción en los medios de comunicación como si fuera una ofensiva frontal contra el abuso y esas empresas las culpables de lo que sucede. Las acusa de no anunciar el precio de venta de su producto a la vista del público o de alterar las básculas. Lo cierto es que, más allá de que algunos de sus dueños se han aprovechado de la situación, ellos no son los responsables principales del aumento.
El Ejecutivo federal anuncia que próximamente va a permitir la importación de maíz blanco sin pago de arancel. Pero resulta que quienes van a adquirir el cereal son, en parte, los responsables del aumento, los mismos que controlan ya los inventarios. Y las importaciones van a golpear a los agricultores y campesinos del país, van a inundar el mercado con grano de mala calidad al tiempo que contaminarán sus sembradíos con variedades transgénicas y aflatoxina.
Por supuesto, la administración de Felipe Calderón calla la información sobre quiénes son los especuladores. ASERCA 1 tiene un reporte detallado de ellos. Con la actual estructura de acopio y venta, en la que el gobierno federal subsidia la comercialización, cuenta con un informe preciso de quiénes tienen en sus bodegas el maíz. Sin embargo, esta alza no proviene, tan sólo, de la incapacidad del gobierno para intervenir razonablemente en los mercados. El menos interesado en que se presentara una crisis como ésta es el Presidente de la República. El incremento en el precio le abre un enorme boquete a su gobierno, ya de por si necesitado de legitimidad y sobre todo frente a la población más pobre. De paso, abona el terreno para que la inflación crezca.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994 la tortilla ha incrementado su precio en 738%. Como resultado de ello, su consumo por persona ha disminuido. Además, ha empeorado su calidad.
La alimentación de los mexicanos depende ahora mucho más de Estados Unidos. Las semillas criollas se han infectado con variedades transgénicas de importación. La migración rural ha hecho de muchas comunidades poblados desiertos, habitados por ancianos, mujeres y niños. Una parte sustancial de la producción de cereal se ha trasladado a zonas de riego, que deberían estar dedicadas a otros cultivos. Frente a otros cultivos, cuyos precios sufrieron una fuerte caída ante la apertura comercial, el maíz se convirtió en un cultivo relativamente rentable.
Hoy vivimos una nueva guerra de la tortilla que, a diferencia de la vivida en los años 90 entre distintos empresarios, enfrenta a los grandes agroindustriales y la población pobre. Se trata de una guerra en la que el gobierno de Felipe Calderón ha tomado claramente partido en favor de los monopolios que lo apoyaron para que llegara a la Presidencia de la República.
Notas
En www.infoascerca.gob.mx, por SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
Luis Hernández Navarro es Coordinador de Opinión en el periódico La Jornada de México, donde partes del presente texto fueron publicados. Es colaborador con el IRC Programa de las Américas, www.ircamericas.org.
Recursos
Hernández Navarro, Luis. Tortilla: la quiebra de un modelohttp://www.jornada.unam.mx/2007/01/16/index.php?section=opinion&article=021a1pol (16/01/2007)
Hernández Navarro, Luis. La nueva guerra de la tortillahttp://www.jornada.unam.mx/2007/01/30/index.php?section=opinion&article=021a1pol (30/01/2007)
Hernández Navarro, Luis. Cargill: "El maíz de sus tortillas"http://www.jornada.unam.mx/2007/01/30/index.php?section=opinion&article=021a1pol (30/01/2007)
El biodiesel de la palma aceitera en Colombia
Tatiana Roa Avendaño 18 de enero de 2007, Programa de las Américas del International Relations Center (IRC).
El mundo occidental, en especial los países del norte, se rindió a la adicción por los energéticos provenientes de los fósiles. Ese rumbo ha provocado algo que hoy ya nadie pone en duda: el cambio climático. Muchas soluciones se han propuesto para enfrentarlo, pero la mayoría de ellas deja que siga con fuerza la carrera suicida de la humanidad. Los megaproyectos de biocombustibles son unas de las propuestas de solución. ¿Acaso quienes los presentaron como alternativa midieron las consecuencias que podría tener su creación en importantes ecosistemas, pueblos y culturas? Este artículo delimita en primer lugar los pasos dados para abrir campo a estos proyectos y se centra especialmente en las implicaciones que ha tenido la siembra de la palma africana, de la que se deriva uno de los biocombustibles que se proyecta producir.
Los biocombustibles tienen su historia. De manera rápida, diremos que durante la crisis energética de 1973, Brasil reconvirtió parte de sus ingenios azucareros, para producir etanol y se convirtió en su primera potencia exportadora. Hoy Colombia quiere seguir su ejemplo y convertirse en potencia productora, particularmente de bioetanol y biodiesel.
Empiezan las leyes
En 2001, se expidió la ley 693, que está articulada a la ley 939 de 2004, con lo que se abrió el camino a la producción de biocombustibles. La ley 693 estipula que la gasolina colombiana deberá tener 10% de etanol en 2009 y que en un periodo entre 15 y 20 años deberá alcanzar gradualmente una proporción del 25%. Mientras que la ley 939 de 2004, estimula la producción y comercialización de biodiesel en motores diesel, con un 5% de porcentaje.
Desde finales de 2005, la producción de los ingenios azucareros Cauca, Providencia, Manuelita y Mayagüez (todos localizados en el departamento del Valle del Cauca), además del ingenio Risaralda, es cercana a un millón de litros diarios de bioetanol, destinados a satisfacer la demanda del Occidente del país y la Sabana de Bogotá. Aún más, se habla del montaje de otras 27 plantas, esparcidas en 17 departamentos del país, para extender la mezcla del 10% con la gasolina al todo el territorio colombiano. De acuerdo con las proyecciones de la Federación Nacional de Combustibles, para 2010 se podría duplicar el consumo interno con sólo elevar el porcentaje de la mezcla al 15%. Colombia, para entonces, tendrá una capacidad de exportación cifrada en 2.300.000 litros diarios de etanol.
La palma para el biodiesel
Una legislación similar a la referida en párrafos anteriores se prepara en relación con el biodiesel, derivado de la palma africana. De esta planta se tiene ya un derivado con fines alimentarios, que es lo que más se conoce de ella hasta hoy: un aceite del que se producen 600 mil toneladas. Pero en realidad es el biodiesel el que nos interesa en este caso.
Antes de mencionar cifras, es importante decir que los grandes beneficiarios de las legislaciones del bioetanol y la que se prepara para el biodiesel son precisamente los agroindustriales de la caña de azúcar del Valle del Cauca, departamento situado en el Occidente del país, cuyos ingenios se mencionaron al hablar del etanol, y en el caso del biodiesel los agroindustriales de la palma.
Ahora bien; el consumo del diesel en el país para el transporte automotor crece a una tasa mayor que la del consumo de gasolina; supera la capacidad de refinación de Ecopetrol (la empresa nacional petrolera), de manera que el país importa el 5% del consumo interno de diesel. Se abre así una oportunidad para los agroindustriales de la palma africana, que han incrementado año a año las extensiones de sus cultivos.
Crecimiento y mercado
En Colombia, la expansión de este cultivo ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados de la década del 60 existían 18 mil hectáreas en producción. En 2003, había más de 188 mil hectáreas y actualmente hay sembradas alrededor de 300 mil. Además, se están montando siete plantas en diferentes regiones palmeras del país, que tienen un costo aproximado de 100 millones de dólares. Según el gremio colombiano de los palmeros, Fedepalma, desde el año 2001 Colombia era el principal productor de aceite de palma en América y el cuarto a nivel mundial , luego de Indonesia, Malasia y Nigeria. Del total de la producción de aceite, el 35% se exporta.
No obstante, varios estudios económicos consideran muy inciertos los mercados internacionales de la palma de aceite, ya que la producción mundial se incrementa día a día y los precios siguen bajos. Sin embargo, los proyectos agroindustriales de palma han sido una prioridad para el actual gobierno y se impulsan principalmente en regiones como el Pacífico colombiano, las llanuras del oriente y la región Caribe, donde las características edafoclimáticas son óptimas para el desarrollo de estos cultivos. La meta es alcanzar en unos años el millón de hectáreas.
Lo que hay más allá
Estudiosos de este desarrollo agroindustrial han denunciado que estos cultivos se han utilizado para el lavado de dinero del narcotráfico y como mecanismo de los paramilitares para desplazar de manera forzada a la población, pues su propósito es apropiarse de importantes y ricas regiones. Su estrategia ha consistido en desplazar a la gente y una vez abandonadas las tierras, las ocupan las empresas palmicultoras. Jiguamiandó y Curvaradó, municipios del Pacífico, son ejemplos estruendosos de esa estrategia: la empresa Urapalma ocupó de manera ilegal esos territorios afrocolombianos.
Estas comunidades del Chocó recibieron la titulación de sus tierras en noviembre de 2000, luego de años de reiteradas violaciones a sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y nueve años después de que la Constitución Nacional reconociera los derechos territoriales de comunidades negras e indígenas.
La titulación se recibió en momentos en que las comunidades estaban desplazadas. Al retornar, encontraron su territorio ocupado con cultivos de palma, y la desaparición de la casi totalidad de los poblados y caseríos tradicionales a causa de las siembras con palma de aceite, abandonos, destrucción de sus viviendas, y la desaparición de los caminos que impide la comunicación entre las comunidades. El resultado ha sido la desarticulación del tejido social. Comenzó entonces un largo proceso jurídico y de denuncia de su parte para recuperar sus territorios, teñido de grandes irregularidades para favorecer las empresas de la palma aceitera.
Réplicas en el sur
Algo similar sucede en la región de Tumaco (al sur de Colombia, en los límites con el vecino país del Ecuador). Las comunidades han vivido también el desplazamiento forzado y las amenazas y, es así como las empresas o el propio Estado propone a los miembros de los consejos comunitarios como alternativa para permanecer en su territorio convertirse en “empresarios del sector rural”. Dicho de otra manera, se los fuerza a involucrarse en las alianzas o cadenas productivas con empresarios de la palma. De esta manera, los territorios que antes eran selvas húmedas se han ido convirtiendo en monocultivos de palma, de modo que se despoja a las comunidades negras de su cultura y de su territorio y se destruyen regiones que son de las más diversas del planeta.
En el pasado junio, el presidente Uribe expresó en el Congreso de Fedepalma, en Villavicencio lo siguiente: “Rogaría que haga [el ministro de Agricultura] una cuarentena de los empresarios de Tumaco y los compatriotas afrodescendientes y no los deje levantar de la oficina, donde los encierre hasta que lleguen a un acuerdo. Tiene que ser así… Enciérrelos allí y entonces propóngales como case [sic], que el Estado aporta, que lleguen ellos a unos acuerdos sobre uso de esas tierras y el gobierno aporta recursos de capital de riesgo. Y propóngales una fecha y les dice: señores, nos declaramos en cónclave y de aquí no salimos hasta que tengamos un acuerdo […] Porque aquí hay que reconocer lo bueno y lo malo, en este Meta y en el Casanare y en lo que empieza a dar en el Guaviare, unos crecimientos formidables de palma, en Tumaco, no. Y Tumaco que tiene la carretera, váyanse un poquito al norte, esa área del Guapi, El Charco con excelentes condiciones y sin una mata de palma y llena de coca que tenemos que erradicar[…]”.
Estas declaraciones generaron la ira de las comunidades negras que respondieron con fuerza al presidente de la República: “Si esta palma aceitera, señor presidente, es su megaproyecto piloto, en nuestros territorios étnicos no lo es. Peor aún: si lo fuese, conllevaría a gravísimos daños ambientales, sociales y culturales. Esto lo afirmamos con base en lo que hemos vivenciado con este monocultivo desde fines de la década del sesenta hasta el presente, o sea desde hace más de treinta y cinco años, padeciendo los impactos de más de veinte mil hectáreas de siembra forzosa de esta ‘Plantación adentro cámara', pues incluso, sigue expandiéndose de manera violenta en nuestros territorios colectivos” 1.
Los empresarios de la palma y los promotores de esas empresas tienen ahora con las propuestas de producción de biodiesel nuevos motivos para seguir creciendo. Y sin embargo, las historias de las plantaciones son dolorosas. Están manchadas de la sangre y las lágrimas de las comunidades negras y campesinas del Pacífico, del Magdalena Medio, del Caribe colombiano . Es la historia silenciosa de los bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas voces las que reclaman detener la destrucción que nos proponen los defensores del biodiesel.
Notas
Carta al presidente de la república de las autoridades étnico territoriales y representantes legales de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del territorio étnico del Kurrulao (Pacífico sur colombiano).
Tatiana Roa Avendaño es miembra de Censat Agua Viva y Amigos de la Tierra/Colombia. Este artículo fue publicado en www.biodiversidadla.org, organización asociada al Área de Medio Ambiente y Biodiversidad del IRC Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Elecciones presidenciales en Francia
Reconstruir
Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique, mayo 9/2007.
La victoria de Nicolas Sarkozy, el 6 de mayo de 2007, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el 53% de los votos, marca un viraje decisivo en la historia de la V República francesa. Porque no se trata de la simple reconducción de la derecha al poder -que ocupó al más alto nivel desde 1958 hasta 1981 y nuevamente desde 1995-, sino de un cambio de gran envergadura.
El programa del candidato de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y las fuerzas que optó por congregar a su alrededor marcan una inflexión mayor: reflejan al primer Presidente francés a la vez neoliberal, autoritario, proestadounidense y proisraelí.
La confusión sistemática de una campaña marcada por referencias eclécticas, desde Juana de Arco a Léon Blum, no alcanza para disimular el muy marcado perfil político de Sarkozy. Si bien apela a un voluntarismo gracias al cual el Estado podría "proteger" a Francia y a los franceses, su programa económico y social se nutre de las viejas recetas thactcheristas y privilegia... a los privilegiados. En el mismo sentido, sus alabanzas republicanas no alcanzaron a borrar su visión esencialmente securitaria de la sociedad, en la que simplemente responde con la represión a las reivindicaciones de las categorías populares y la juventud. En una prolongación lógica de esta manera de pensar, sus opiniones sobre los orígenes genéticos de la pedofilia y del suicidio son claramente ilustrativas sobre la eugenesia rampante que lo inspira. Finalmente, a pesar de los esfuerzos que hizo por atenuar el efecto de la bendición solicitada al presidente George W. Bush, no renegó de su voluntad de acercamiento a la política estadounidense, incluso en Oriente Próximo, por no hablar del entierro del referéndum del 29 de mayo de 2005 sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea (1), anunciado mediante un procedimiento parlamentario...
El programa de Sarkozy es importante; la "clientela" que se lo compró no lo es menos. Desde este punto de vista, las grandes maniobras del periodo que separó a ambas vueltas electorales, destinadas a recuperar el electorado centrista de François Bayrou no borran de la memoria los meses de incitación al electorado de extrema derecha de Jean-Marie Le Pen. Con la excusa de "reconvertir" a la democracia a las tropas de este último, el candidato de la derecha hizo suyas las tesis de la extrema derecha: desde la propuesta de crear un Ministerio de la Inmigración y de la Identidad nacional a la recuperación de la consigna "Francia, o se la ama, o se la deja"; desde la caza a los indocumentados incluso en las puertas de las escuelas, a la abolición de la disposición de 1945 que protege a los menores; de la pseudo defensa de aquellos que "se levantan temprano" contra los "que se aprovechan" y los "asistidos"...
Ninguno de sus predecesores había llegado tan lejos para hacerse elegir: conviene medir correctamente la situación antes de celebrar el retroceso electoral del Frente Nacional de Le Pen...
Pero los esfuerzos de Sarkozy y los apoyos mediáticos masivos de los que se ha beneficiado no explican, por sí solos, su éxito. No más que los efectos perversos, verificados una vez más, de la elección presidencial por medio del sufragio universal: personalización, demagogia, voto útil... Pesó sobre todo la ausencia, frente a la derecha y la extrema derecha, de una auténtica alternativa política. Nunca desde 1969 había sido tan escaso el total de los votos de la izquierda en la primera vuelta (36,44%). ¡Y con razón! El Partido Socialista se dejó imponer por las encuestas una candidata, Ségolène Royal, que por cierto logró borrar el traumatismo de 2002, pero sin ofrecer a las fuerzas populares una perspectiva movilizadora. Aun más cuando a su lado, el Partido Comunista, la extrema izquierda y los ecologistas no se unieron para prolongar tanto las grandes movilizaciones sociales por la defensa de la Seguridad Social como de las jubilaciones; el envión del "No" en el referéndum del 29 de mayo de 2005 y la cólera de los suburbios. Más allá de las peleas de aparato y de personas, el centro de la cuestión es en primer lugar la incapacidad de pensar una política anticapitalista a la escala de Francia y de Europa.
Es sobre el terreno que hay que empezar a reconstruir, y sin demora. Porque si ganan las elecciones legislativas de junio próximo, la derecha y la extrema derecha en el poder intentarán hacer pasar por la fuerza su política de destrucción social: contrato de trabajo único a imitación del CNE (Contrato Nuevo Empleo); incremento del tiempo de trabajo; obligación de actividad a cambio de las protecciones sociales mínimas; limitación del derecho de huelga; rotura del Código del Trabajo; supresión de los derechos de sucesión y, por medio del "escudo fiscal", supresión del impuesto a las grandes fortunas; mayor desmantelamiento de los servicios públicos, de la protección social y de las jubilaciones; disminución progresiva del presupuesto de sanidad; no reemplazo de uno de cada dos funcionarios que se jubilen; liquidación del mapa escolar; nuevos cuestionamientos sobre las jubilaciones; caza a los inmigrantes, con el agregado de un llamamiento a la mano de obra "elegida" del Sur; relanzamiento de la Europa liberal y apoyo a la política estadounidense... La izquierda va a necesitar de todas sus fuerzas para resistir esta ofensiva sin precedentes, pero también para recuperar una perspectiva de cambio.
Le Monde diplomatique no es el órgano de un partido ni de una asociación. No es un periódico militante. Pero se compromete con valores que defiende desde hace décadas. Y es así, a su manera, que pretende contribuir a una arquitectura intelectual alternativa: esforzándose por hacer conocer mejor las realidades geopolíticas del mundo contemporáneo, informando sobre las experiencias sociales y políticas que se desarrollan, tomando su lugar en los debates de ideas en curso.
Para reconstruir.
Notas: (1) En esa fecha, una mayoría de franceses votó contra la aprobación del Tratado Constitucional europeo.
Crisis política en Turquía
Editorial, La Nación, Buenos Aires, mayo 9 de 2007.
En las últimas semanas, las calles de Estambul y Ankara han sido estremecidas por multitudinarias protestas, nunca vistas en la historia reciente de Turquía. Cientos de miles de personas se concentraron para defender el laicismo que hasta ahora ha caracterizado a su sociedad y a su gobierno desde la fundación de la Turquía moderna, en 1932, y en rechazo de la alternativa de vivir sometidos a las pautas de la ley islámica conocida como shariah . La tensión política creció repentinamente cuando el oficialismo intentó en el Parlamento designar presidente a Abdullah Güllen, un hombre muy cercano al primer ministro Recep Tayyip Erdogan, líder de una agrupación musulmana moderada que ha ordenado a Turquía y hoy la gobierna con mayoría parlamentaria. Como el propio Erdogan, Güllen es musulmán practicante. La tensión aumentó cuando las fuerzas armadas difundieron un comunicado con una clara advertencia, que recordaba expresamente su carácter de garante del secularismo, lo cual trajo a la memoria los cuatro golpes de Estado desde 1960. En 1997 la intervención fue para desplazar a un gobierno dominado por el islamismo y así asegurar el camino trazado por Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Ante el fracaso del oficialismo de imponer a Güllen, Erdogan convocó a elecciones generales para el 22 de julio próximo y propuso que de aquí en adelante el presidente sea elegido por el voto directo del pueblo en reemplazo del Parlamento, como era hasta ahora. La presidencia turca no es meramente ceremonial desde que su titular es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, puede vetar leyes, convocar a elecciones anticipadas y designar a los jueces de los tribunales superiores, a las autoridades universitarias y a muchos altos funcionarios del gobierno. Las elecciones pueden resultar decisivas para el futuro de Turquía y su particular carácter de Estado secular, y también para sus posibilidades de ingresar en la Unión Europea. La oposición, fraccionada y sumida en la mediocridad, parece carecer de líderes capaces de enfrentar a Erdogan, pero amenaza con actuar unificada, lo cual polarizaría a una nación que parece titubear ante la amenaza de cambio de lo que es, para muchos, su identidad distintiva.
Política y paramilitarismo
Juan Manuel López Caballero.
Se equivocó el Senador Petro al atacar al Dr. Uribe y sus allegados; permitió así que éste, con gran habilidad, convirtiera en un tema de ‘la dignidad y la honra de su familia’ lo que debía ser el debate y el esclarecimiento del tema paramilitar en Colombia: hasta cierto punto, al centrar en el Presidente el problema, puso a depender de su inocencia o culpabilidad lo que se concluya respecto a ese fenómeno.
Y es evidente que no es él el gran jefe del paramilitarismo, sino uno más de quienes tiene vínculos o simpatía por lo que veían como la ‘solución’ (igual que cuando la ‘solución final’ nazi, los alemanes la apoyaron sin querer saber que pasaba detrás); y si bien informes e imágenes sobre la atrocidades deberían producir reservas respecto a quienes comparten tal visión, y su poder y su función lo hacen más responsable que el ciudadano ordinario, la verdad respecto al Presidente Uribe es que él es solo una pieza de lo que ya hoy es claro que era y es un proyecto político.
Diez mil muertos y desaparecidos (¡cinco veces más que el genocidio de la Unión Patriótica , sentenciado ya como crimen de lesa humanidad por la Corte de Derechos Humanos!), dos millones de desplazados; no son éstas cifras que se puedan achacar a una u otra persona; ni siquiera a una determinada cantidad de personas asociadas. Solo la convergencia de gran número de intereses y de interesados (incluyendo los narcos hoy ‘comandantes’) reforzándose desde diferentes funciones unos a otros produce tales efectos.
Es probable que la finca ‘el ubérrimo’ pagó sin mucho dolor la contribución al comando para de su región (y si no la pagó sería, ahí sí, sospechoso el porqué de ese ‘privilegio’), cierto que como Gobernador calificó de enemigo público a quien cuestionaba las Convivir, y sin lugar a dudas debió a la presión paramilitar su elección; pero eso no convierte a Álvaro Uribe en el manipulador de la motosierra ni en quien mandó desaparecer gente en las fosas comunes.
Hay que entender que su aporte, dados su temperamento y su investidura, es encarnar el triunfo del proyecto; es prioridad la reinserción o legalización de los actores y no la ‘reparación, justicia y verdad’, porque el objetivo no es la reconciliación entre los colombianos sino ganar su –o sus- guerras. El presidente se reivindica como un ‘guerrero’ –un gallo fino nacido y complacido en su vocación de confrontación-. Su apoyo a la guerra a Irak, sus alusiones a cómo actuaría si fuera guerrillero o paramilitar, su actitud general respecto al acuerdo humanitario, el trato que da a los opositores, etc., muestran ese espíritu; y, acorde con ello, esa visión, compartida con los paras, de que importa ganar el enfrentamiento y poco cuenta el cómo. Un líder que buscara la paz sería capaz de todo, incluso renunciar a una victoria militar, por lograrla; para un proyecto y un temperamento ‘guerrerista’, cualquier consideración ajena a la derrota del enemigo -ya sea respecto a la paz, al costo que tenga para terceros, o a lo que significan los métodos usados- son temas secundarios.
Si no queremos terminar en un suave castigo para algunos actores y que quede consolidado el proyecto paramilitar y beneficiados quienes lo respaldan, se requiere conformar un Tribunal Especial que tenga una visión integral y contextual de ese mal y no se limite al cuento que solo hay responsabilidades penales individuales.
Contra los de abajo
Ramón Elejalde Arbeláez.
Comentar el acontecer nacional le permite al columnista encontrarse con inquietudes que le plantean los ciudadanos del corriente, que se lamentan sin ser escuchados.
Algunos pequeños empresarios o comerciantes, famiempresas, profesionales, amas de casa o personas independientes, quienes han sido obligadas a llenar la famosa planilla única para el pago de seguridad social a través de la internet, están sumidas en muchas dificultades: ¿Qué sucede con quienes no saben, no tienen, no les interesa acceder a este medio electrónico, pero sí les interesa cumplir con sus obligaciones? ¿Por qué los están obligando a acceder a través de salas públicas, encareciendo los trámites y poniendo en riesgo, por su desconocimiento, que se les capture información privada o que se les engañe? ¿Se están sopesando las consecuencias sobre el empleo al tener que desistir muchas personas o pequeñas entidades de mantener empleos en esas condiciones? Tengo ejemplos muy cercanos de personas que tienen sus empleadas domésticas y les pagan el mínimo legal (incluyendo salud y pensiones). Ahora, obligados a pagar aportes parafiscales a través de la planilla única por medio electrónico, están optando por contratar por días, envileciendo más la calidad del trabajo. Éstas son determinaciones absurdas que conducen a la informalidad.
Otra de esas inquietudes que uno escucha con alguna frecuencia es la de los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias que vienen presentando pérdidas en los rendimientos de sus aportes. Debe el Congreso y el Gobierno hallar un mecanismo que permita al Estado y al afiliado controlar, investigar y propiciar la defensa de esos dineros. Muchas son las quejas que los afiliados a los fondos comentan, tal el caso de Protección que construyó un lujoso edificio en Medellín para que le sirviera de sede, con una inversión millonaria. Tampoco encuentran lógico los afiliados que se mantenga una comisión de administración tan alta, puesto que fue fijada hace muchos años, en una situación económica de inflación y de costo del dinero mucho más alto. Tampoco entienden los crecimientos de la planta de personal de estas instituciones y desconocen los salarios que allí se devengan y cómo están éstos frente al mercado. Algunos se preguntan cuáles medidas de control al gasto y de austeridad se han tomado ante las vicisitudes y riesgos existentes en el mercado de capitales.
Todo esto merece una investigación y control político sobre la historia, presente y perspectivas de estos fondos de pensiones, encaminado a proteger a una gran cantidad de afiliados que no hacen parte de la telaraña de grandes y reales dueños de estas empresas, que son finalmente los que se están beneficiando, de variadas formas, con esta figura, haciéndole creer al país que son empresas de los trabajadores colombianos.
Finalmente está la lamentable situación de muchos adultos mayores que están esperando que el Seguro Social les reconozca y pague su pensión o jubilación. Para ilustrar el caso me remito a dos historias que yo describí en esta columna, hace más de seis meses: Gabriel Escobar Gaviria y Manuel de Jesus Zapata Barrera cumplieron sus requisitos y entregaron toda la documentación hace muchos meses. Inclusive el primero de los nombrados cuenta como respaldo con una sentencia judicial ya ejecutoriada y aún esperan que les reconozcan lo que el transcurso del tiempo, el trabajo y la norma les otorgan. Es un derecho adquirido. No valen sentencias judiciales, no valen determinaciones de la Corte Constitucional que le ordena perentoriamente a las instituciones encargadas de pensionar a los empleados y a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes a la entrega completa de la documentación. Definitivamente la indolencia es mucha y el dolor de muchos ciudadanos lo acrecientan instituciones llamadas a desparecer, por su ineficiencia, hace muchos años.
Pobre gente, cuánta se va muriendo sin disfrutar su derecho.
Detrás de los aprietos de Uribe
RAFAEL GUARIN
Cuando faltan más de tres años del segundo período del gobierno de Alvaro Uribe, el ''desaire'' de Al Gore y los reclamos de congresistas demócratas durante su visita a Washington dejan claro que las cosas ya no serán como antes.
La penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las instituciones lesiona gravemente una relación calificada por ambos países como estratégica. No hay que olvidar que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de la administración Bush y punto de contención de la ''revolución'' chavista. Tampoco que los exitosos resultados en materia de seguridad se deben principalmente a la modernización de la fuerza pública, imposible sin el concurso estadounidense. Los acontecimientos recientes y el innegable ambiente propicio a las aspiraciones demócratas de reconquistar la Casa Blanca ponen esa alianza en entredicho.
Las acusaciones de confabulación de narcoparamilitares con oficiales del ejército, la coalición de gobierno y el propio Uribe no son nuevas. En el caso del presidente, aun antes de ser gobernador de Antioquía (1994) y durante su campaña en 2002 se le adjudicaron muchas de las críticas que se reciclan hoy, lo que no impidió el masivo respaldo en las urnas. Siguiendo El nuevo príncipe de Dick Morris, probablemente esto contribuye a que su liderazgo no se resienta en medio del escándalo y aumente 10 puntos en las encuestas, hasta llegar a 75% de favorabilidad.
Esa aparente inmunidad convierte los escenarios foráneos en el campo para los ataques de la oposición democrática y la guerra política de las guerrillas. Sin pretender sugerir complicidades, en ello coinciden, consciente e inconscientemente, unos y otros.
Desde el Polo Democrático y sectores populistas del Partido Liberal se considera que destruir la seguridad democrática es indispensable para sus tesis de apaciguamiento y abrir las puertas a lo que con las FARC denominan la ''solución política al conflicto social y armado''. Su cálculo les puede dar réditos en el corto y mediano plazo, pero a la larga, si obtuvieran su propósito, las consecuencias serían nefastas en el combate a los grupos armados ilegales.
Por su parte, para las FARC se trata de avanzar en el quiebre de la política de seguridad abonando un paulatino desmonte del Plan Colombia, a través de una lenta y persistente campaña que combina acciones políticas, propaganda y satanizaciones. En ese sentido, se mina la cooperación militar aprovechando hábilmente las contradicciones de republicanos y demócratas. En el fondo, hay un presupuesto similar al que anima a los terroristas en Irak, conseguir por la vía política lo que son incapaces en el terreno militar.
Esto permite comprender mejor el alcance de la campaña de desprestigio y la aparición de nuevas ONGs que replican en inglés el discurso subversivo. Todo hace parte de una estrategia que busca apalancarse en el exterior para obtener un viraje en la opinión ciudadana y en la actitud norteamericana, con la ambición de beneficiarse en el futuro cambio de ambos gobiernos o ganar el pulso militar.
De igual manera la parapolítica alcanza el TLC. La hipotética negativa del Congreso pulverizaría el carácter especial dado al vínculo que une a Washington y Bogotá. Pero puede ser peor. No es descartable que los demócratas quieran salvaguardar los lazos con Colombia, pero no con Uribe. En otras palabras, que se apruebe el TLC con la aclaración que no representa un respaldo al presidente. Su impacto sería muy negativo en un gobierno que metió todos los huevos en una sola canasta, dejó en plano secundario al resto del mundo y alineó su política exterior con la guerra contra el terrorismo.
Sin duda un deterioro de las relaciones arrojará un ganador, las FARC, y como lo señaló la analista Laura Gil, la posible reorganización de grupos paramilitares. Aún se puede evitar, si los demócratas entienden que su válida exigencia de justicia debe acompañarse de individualizar responsabilidades y no de medidas que afectaran indiscriminadamente a los colombianos. También, insistimos, si las bases de la política de seguridad democrática se despersonalizan y convierten en una política de Estado. En esto el Partido Liberal podría tomar la iniciativa.
Por lo pronto, lo que parece evidente es que si alguien pensó en algún momento en extender el gobierno Uribe hasta 2019, como lo sugirió Belisario Betancur, los demócratas ya hicieron saber su oposición.
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