BOLETIN VIRTUAL

Contenido


• En Colombia el gobierno comete crímenes de lesa humanidad, Constanza Vieira.
• Sobre lo dicho hace ocho días. Jorge Mejía Martínez.
• Síganse los buenos, Octavio Quintero.
• Impuestos, mentiras y gabelas. Mauricio Cabrera Galvis.
• Con amigos así… Ramón Elejalde.
• Congre$o, cúrate a ti mismo. Amy Goodman.
• Del camino a la vereda, César González Muñoz.
• ¿El futuro de las ballenas es negociable?, Ecoportal.
• De la caja operativa al sistema financiero, Octavio Ramírez Rojas.
• Ni de fundas, Amylkar Acosta Medina.





En Colombia el gobierno comete crímenes de lesa humanidad

Constanza Vieira
LA HAYA - Siete parlamentarios laboristas de Gran Bretaña y 10 líderes sindicales de ese país, estadounidenses y canadienses se declararon en "estado de shock" por lo que oyeron en su visita de una semana a Colombia.
En un fuerte comunicado leído en rueda de prensa en plena sede del parlamento colombiano, la misión parlamentaria y sindical acusó al gobierno del derechista Álvaro Uribe de ser presunto "cómplice en delitos de lesa humanidad".
Esos delitos están tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en esta capital administrativa de Holanda.
Se trata de todo asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos o culturales, desaparición forzada y otros delitos, cuando se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
El Estatuto de Roma entró en vigor en Colombia el 1 de noviembre de 2002 para crímenes de lesa humanidad y de genocidio, tipificados en el Artículo 6, pero el país sudamericano invocó una salvaguardia de siete años para los crímenes de guerra, descritos en el Artículo 8, cuyo plazo se cumplirá el 1 de noviembre de este año.
Por ahora, la fiscalía de la CPI mantiene el caso colombiano en observación.
"No tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos", dice el comunicado leído por la parlamentaria Sandra Osborne, del gobernante Partido Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.
"Además, estamos convencidos de que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el ejército", leyó Osborne en referencia a las milicias de ultraderecha comandadas por capos del narcotráfico y parcialmente disueltas tras negociaciones con Uribe.
"Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes", agrega la declaración.
Colombia vive en guerra civil desde 1964, cuando se alzaron en armas dos guerrillas izquierdistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los grupos paramilitares emergieron en los años 80 para combatir a la insurgencia junto a las fuerzas del Estado.
Según un informe de octubre de 2008 de Amnistía Internacional, en 2007 fueron asesinados fuera de combate 1.400 civiles. En 2006 los asesinados fueron 1.300. En el primer semestre de 2008, cerca de 270.000 personas huyeron de sus hogares, lo que constituyó un aumento del desplazamiento forzado de 41 por ciento respecto de 2007.
La justicia logra condenas en sólo ocho de cada 100 homicidios, según la Unión Europea.
Además, desde mediados de 2002 han sido asesinados al menos 1.200 civiles indefensos para ser presentados como bajas de la guerra contrainsurgente, es decir éxitos militares. (Le llama falsos positivos)
Durante siete días de gira en Colombia, el grupo parlamentario y sindical recogió "información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales", dice la declaración dada a conocer por Osborne.
La misión se reunió "con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC-EP".
Esa guerrilla ha liberado desde 2008 a ocho políticos a los que mantenía como rehenes y a los que aspiraba a cambiar por sus combatientes presos, mediante una negociación con el gobierno. Por fuga, o tras un rescate de inteligencia militar, fueron liberados otros tres rehenes civiles, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
La misión viajó al oriental departamento petrolero de Arauca, en la frontera con Venezuela, donde escuchó los testimonios de comunidades y personas afectadas por la guerra, visito la cárcel de mujeres y al encarcelado líder defensor de derechos humanos en la región, Martín Sandoval.
Los visitantes también se entrevistaron con Uribe y con altos representantes de su gobierno, pero su reacción no fue publicitada localmente.
"En vez de encarcelar a los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos" como Sandoval, señala la declaración, que clama "por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas".
Los integrantes de la misión anunciaron que, de regreso a sus países, "estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano".
También exhortaron a "la no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC) hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable".
La aprobación de un TLC con Colombia fue paralizada en el Congreso legislativo estadounidense con argumento parecido por el ahora gobernante Partido Demócrata.
Entretanto, el 26 de marzo el gobierno conservador del primer ministro canadiense Stephen Harper abrió la cuenta regresiva de 21 días de debates para obtener la ratificación de un TLC entre Canadá y Colombia, al presentar el proyecto al parlamento de su país y radicar la ley para su aplicación.
Mientras, en la penúltima semana de marzo avanzó en Lima la segunda ronda de negociaciones entre tres países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, y la Unión Europea, para alcanzar un acuerdo de libre comercio.
La misión parlamentaria y sindical advirtió que expondrá "públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales" en Colombia.
También se propone actuar para poner fin a la "criminalización de la oposición democrática y legítima", apoyar diálogos de paz y el intercambio de prisioneros entre las FARC y el gobierno, así como el cese de las ejecuciones extrajudiciales de civiles para mostrar éxitos en combate por parte del ejército colombiano.
Entre los parlamentarios integrantes de la misión se destaca el ex ministro de Defensa y ex portavoz del gabinete británico Peter Kilfoyle, quien renunció en 2000 por considerar que el entonces primer ministro Tony Blair no estaba cumpliendo el mandato del Partido Laborista.
La misión fue coordinada por Justice for Colombia, una organización no gubernamental británica creada en 2002, año en que fueron asesinados 184 sindicalistas en el país andino, considerado el lugar más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical.
Justice for Colombia es integrada por más de 40 sindicatos industriales británicos, además de otra decena de asociaciones profesionales y agrupaciones del orden nacional.
En septiembre de 2007, la entidad convocó la furia del ministro de Defensa colombiano Juan Manuel "Santos", al solicitar al por entonces recién investido primer ministro británico Gordon Brown y a su secretario de Relaciones Exteriores que pusieran fin a la ayuda militar a Bogotá.
La cooperación militar británica con la guerra colombiana es la segunda después de la estadounidense. A su vez, Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda militar de Washington, después de Israel y Egipto.
La petición de 2007 fue suscrita por todos los entonces miembros del comité ejecutivo nacional del Partido Laborista que no integraban el gobierno, todos los miembros laboristas del Parlamento Europeo, decenas de parlamentarios del mismo partido y todos los sindicatos afiliados a esa colectividad.
"Los colombianos nos hemos acostumbrado a que este tipo de declaraciones son importantísimas, y que ahora sí va a pasar algo", como lograr un cambio en la política de ayuda militar al gobierno, dijo telefónicamente a IPS desde Bogotá la defensora de derechos humanos Lilia Solano.
"Pero hay que esperar los resultados", agregó, "no estamos seguros de que sea tan eficaz".


Sobre lo dicho hace 8 días

Jorge Mejia Martinez, Jorge.mejia@une.net.co
El General Dagoberto García Cáceres, Comandante de la Policía metropolitana, reaccionó de manera contundente ante lo dicho en esta columna hace ocho días respecto a la inseguridad que se percibe en sectores de la comuna ocho de Medellín. No esperaba nada distinto de quien demostró como Comandante de la Policía Antioquia en el periodo de gobierno de Aníbal Gaviria Correa, diligencia y eficacia. Reunió y escuchó a la comunidad –luego de que lo mismo hiciera la Personería de Medellín- trasladó al responsable de la estación policial de La Sierra y me escribió una extensa comunicación, que agradezco, y de la cual comparto muchas verdades.
Convocar a la ciudadanía para escucharla siempre es conveniente. Algunas o muchas personas manifestaron su inconformidad por el comportamiento de los miembros de la fuerza pública en la zona: precario patrullaje, demasiado enconchamiento en la estación, excesiva confianza con algunos individuos que la gente relaciona con la delincuencia. También otras o muchas personas hicieron una defensa del papel de los uniformados: se redujeron las extorsiones, mejoró la actividad económica en el sector y se ha visto mayor presencia institucional, asistencialista, pero importante. Lo cierto es que el ambiente se volvió pesado en barrios como Villa Lilian, Villa Turbay y Caycedo. Las balaceras son más frecuentes y reapareció en la mentalidad de los habitantes –sin que nadie lo decretara- el temor a transitar en determinadas horas o a pasar fronteras barriales. Simple imaginación, percepción o realidad, de todas maneras es inquietante. No tiene ningún sentido que las autoridades cierren los ojos.
No necesariamente el traslado del suboficial de La Sierra se debió a las quejas de los pobladores. También pudo haber sido para proteger su vida luego de dos atentados criminales de los cuales, por fortuna, salió ileso. Duro será decirlo: pero si atentaron los delincuentes contra el comandante, era porque los tallaba. Lo que no descarta tampoco la inquietud del vecindario sobre el comportamiento de algunos agentes de la Policía. Lo que me trae a la memoria un comentario que le escuché hace algunos días a un oficial de la fuerza pública del Bajo Cauca antioqueño, en el sentido de que era tal la presión de la delincuencia organizada para corromper a la Policía, que se hizo indispensable trasladar de la zona en pleno a los agentes por lo menos cada dos meses. ¡A veces la solución al problema de la infidelidad, tendrá que ser la venta del sofá!
El General transcribe unas encuestas de percepción ciudadana para destacar la alta favorabilidad de la Policía. Sin discusión. El esfuerzo y el compromiso de la Institución, son notables. Por algo siempre se considera que para darle tranquilidad a la comunidad, generalmente después de los Consejos de seguridad, es conveniente anunciar el incremento del píe de fuerza. Nadie decente pide su reducción. Pero no puede considerarse una afrenta contra la institución la preocupación ciudadana por la existencia de algunas manzanas que pueden estar podridas y se deben atender.
Quiero citar el último párrafo de la comunicación del general García Cáceres, porque fue lo único que me dejó inquieto: “Para finalizar una política de seguridad ciudadana adecuada debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, educación y participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor criminal y así dificultar la comisión de delitos, por lo tanto la Policía Nacional no debe ser objeto de instrumento político alguno para su medición.” Comparto plenamente la aseveración de que si la seguridad no se acompaña de inversión y participación social, causas de la criminalidad, no será posible consolidar o sostener los éxitos alcanzados en cuanto a la tranquilidad. Buena nota para evaluar la política nacional de seguridad democrática. Pero no encuentro clara la aseveración sobre que la policía “no debe ser objeto de instrumento político para su medición”. ¿Qué querrá decir o controvertir el General? Conociendo el talante receptivo del oficial, debe ser un “lapsus lingue” del escribidor.


Síganse los buenos

OCTAVIO QUINTERO, 23-06-09
El sistema capitalista ha desarrollado una legislación de confidencialidad patrimonial que protege la corrupción pública y privada, apoderada hace años de la riqueza de las naciones en beneficio de unos cuantos, o lo que sería lo mismo decir, en perjuicio de la inmensa mayoría de todos nosotros.
Si en algún instante del tiempo se eliminará toda esa confidencialidad y pudiéramos libremente acceder a la información patrimonial de nuestros dirigentes públicos y privados, nos daríamos cuenta todos que estamos en manos de una caterva de ladrones y asesinos porque, unas veces adelante y otras atrás, la sangre acompaña a las fortunas mal habidas como huella indeleble de su origen.
La corrupción ha desfigurado a tal punto la democracia que tal vez hoy en día de esto sólo queda el nombre, porque la concentración de capital que prospera a su alrededor ha hecho posible que los corruptos sean los dueños de los altos cargos del Estado en sus esferas administrativa, judicial y legislativa. Ya no se disimula siquiera en la impartición de órdenes desde el sector privado para que el Estado, en sus diversas esferas, haga o deje de hacer.
Por citar dos ejemplos –cabeza y cola- en Estados Unidos se dice que Obama metió al bolsillo de wall Streat la Casa Blanca; y aquí en Colombia, no se dice sino que se ve que la Casa de Nariño recibe órdenes del poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cada quien en su caso podrá sumar a la lista ejemplos parecidos.
Sellando el cofre de la corrupción, ese poder económico así mal habido se apoderó finalmente de los medios de comunicación implantando una dictadura informativa que sublima los hechos de los poderosos y minimiza el sufrimiento de la prole.
Estamos atrapados. La mafia estatal y privada funciona, como es apenas obvio, en defensa de sus intereses, que son, sobra decirlo, los de la clase predominante. Por eso uno ve a Obama haciendo ingentes esfuerzos por salvar al sector financiero a costa del bolsillo de los contribuyentes gringos, y por reflejo, a costa de todos los círculos influidos por su modelo económico; por eso uno ve a Uribe en Colombia jactándose de haber propiciado la inversión privada mediante la condonación de impuestos a las grandes empresas por más de 8 billones de pesos, mientras se le abre un hueco fiscal al Estado por más de 20 billones que seguramente buscará tapar con más impuestos indirectos o con el recorte de las inversiones públicas y los programas sociales.
Estamos atrapados, repito, no para desanimar a quienes luchan por liberarse de tan duras cadenas, sino para alertarlos de que la pelea es peleando en todos los estadios donde el enemigo planta sus reales y con las mismas armas que él utiliza, que aquí en Colombia fue, como ya es de dominio público, la combinación de todas las formas de lucha.
No se le puede pedir a nadie que se acoja a la ley cuando la ley se hace sólo para subyugarlo a un estado de cosas que le oprime y coarta las libertades más caras al desarrollo humano. Si las leyes son injustas, obedecerlas no eleva el espíritu democrático de los pueblos sino que refleja la conformación de una sociedad más bien falta de entendimiento y razón; una sociedad extremada y neciamente candorosa.
La primera lucha que tenemos que librar es contra nuestra misma manera de aceptar las cosas como inamovibles; o como asunto que no es de nuestra incumbencia; o, ingenuidad peor, esperar que en un arranque de desprendimiento, los dueños del poder se “sacrifiquen” en beneficio de los más necesitados. No, a estos habrá que arrancarles el cetro; sacarlos del establecimiento, y doy en creer que en Colombia infortunadamente va a tener que ser a las malas.
Y otra lucha, una vez alcanzada la concienciación de que no hay Chapulín Colorado que pueda ayudarnos mas que nosotros mismos, es contra la corrupción aupada en esa sutil legislación que protege los patrimonios personales de la fiscalización pública que les permite a los detentadores del poder robarnos la riqueza de nuestras naciones que bien repartida y administrada, y puesta al servicio del desarrollo social y económico de todos, y no de unos cuantos, debiera alcanzar para que pudiéramos llevar una vida digna con “la barriga llena y el corazón contento”, como seguramente en otros términos más eufemísticos diría Séneca.


IMPUESTOS, MENTIRAS Y GABELAS

MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Junio 21 de 2009
“Lean mis labios, no habrá nuevos impuestos”. Esta frase la hizo famosa el presidente Bush, el malo (me refiero, por supuesto a Bush padre, ya que Bush hijo fue peor), pues dos veces fue factor decisivo en su carrera política. La primera, en la campaña electoral de 1988, cuando esa promesa de no subir los impuestos entusiasmó al pueblo norteamericano y le ayudó a ganar la presidencia. La segunda, en la campaña de 1992, cuando el mismo pueblo le cobró el incumplimiento de esa promesa y votó por el desconocido Bill Clinton, frustrando así la aspiración reeleccionista de Bush. La moraleja política es que los votantes les pueden perdonar muchas mentiras a los presidentes, pero no aquellas que les tocan el bolsillo.
Este episodio de hace 20 años viene a cuento por el anuncio del presidente Uribe de volver a imponer el impuesto al patrimonio, además de convertirlo en permanente y cobrarlo a casi todos los contribuyentes, para financiar su política de seguridad. Este anuncio devela dos mentiras en las anteriores promesas presidenciales y confirma el modelo de desarrollo pro-ricos que ha implantado este gobierno conservador.
El primer engaño fue decirle a los colombianos que el impuesto al patrimonio era por una sola vez, “para atender unas necesidades transitorias pero indispensables” para consolidar la política de seguridad “democrática”, en concreto la compra de equipo para fortalecer la capacidad aérea, terrestre, marítima y fluvial de las fuerzas militares. Sin embargo la realidad fue muy distinta, y cerca del 40% de lo $8.2 billones recaudados con este tributo se utilizó para financiar el aumento de pie de fuerza y otros gastos operativos que no son por una sola vez sino que son recurrentes.
Ahora que los economistas están desprestigiados porque aciertan menos en sus proyecciones que los pronósticos del tiempo, hay que recordar que en este caso no se equivocaron pues fuimos varios los que anticipamos que el impuesto al patrimonio se iba a volver permanente, precisamente por esa desviación de su propósito original de financiar gastos extraordinarios por una sola vez. Por supuesto el gobierno dijo que se trataba de calumnias de la oposición y de cómplices del terrorismo.
La segunda mentira fue la declaración del presidente Uribe de hace menos de dos años, de que en su gobierno no habría otra reforma tributaria ni se cambiarían los impuestos. Ahora es evidente que se requieren nuevos impuestos para financiar el acelerado crecimiento de los gastos de seguridad, incluyendo las recompensas y estímulos monetarios para los falsos positivos y la compra de equipos para chuzadas telefónicas. Este aumento de impuestos se quiere presentar como una muestra de responsabilidad fiscal, cuando la verdad es que es solo la consecuencia de la verdadera irresponsabilidad de haber financiado gastos recurrentes con recursos transitorios.
De otra parte el presidente Uribe respondió rápido y dócilmente a la solicitud de los grandes empresarios y algunos de sus gremios para que el nuevo impuesto al patrimonio lo paguen casi todos los contribuyentes y no solo aquellos con patrimonios superiores a $3.000 millones. No es una sorpresa, pero confirma que a Uribe le gusta la inequidad tributaria, pues al mismo tiempo ha rechazado la solicitud unánime de todos los expertos de eliminar las gabelas y exenciones tributarias a las grandes empresas. Los dos temas está relacionados, porque según acaba de revelar el Ministro de Hacienda, el año pasado estas gabelas a las empresas le costaron al fisco $ 6 billones, monto más que suficiente para tapar el hueco fiscal de la política de seguridad.
Vergonzoso que la bancada uribista haya hundido la Ley de Victimas liderada por Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, a la vez que haya presionado la aprobación del principio de oportunidad para los paramilitares. Se confirma que a este gobierno le importan más los victimarios que las víctimas.


Con amigos así…

Ramón Elejalde Arbeláez, www.ramonelejalde.com
Es una lástima que el Partido Liberal en Antioquia no esté dedicado a estudiar los problemas del Departamento o a diseñar las estrategias para recuperar el poder o buscando los mecanismos para conquistar a la gente joven, que todos los días se le aleja de sus huestes. No. Hoy la espuria directiva del liberalismo antioqueño está dedicada a buscar mecanismos para apoderarse de una asamblea y en su propósito han acudido a todo tipo de tropelías y prácticas, que creíamos superadas en la actividad política.
Las inscripciones para la Asamblea Liberal en Antioquia desbordaron todos los cálculos. Se inscribieron 2.070 convencionistas que resulta ser un número muy parecido al total de inscritos en toda Colombia (excluyendo a Antioquia) que fue de 2.217 liberales y tres veces los inscritos para la última asamblea hace tres años, que fue de algo más de 700 personas. Inexplicable el crecimiento de un partido que por el contrario ha venido perdiendo espacio en lo regional y en lo nacional. La verdad fue que inscribieron a personas que no tenían calidades estatutarias o le dieron calidades a quienes no las tenían, tal el caso de ciudadanos que figuran como ex contralores cuando nadie los conoce y todos saben que no ocuparon esos cargos en ninguna parte. La mentira enseñoreada del liberalismo antioqueño.
Pero hay más, quien funge de secretario del partido en esta sección inscribió personalmente, con supuestos poderes que le otorgaron los interesados al 64,3% de los 2.070 inscritos. El mismo señor secretario recibió las demandas de impugnación contra los inscritos y el mismo señor fue el encargado de notificar, por oficio, a los demandantes que sus acciones no habían prosperado. Un secretario, que es simplemente un notario de las actuaciones de una corporación, hace todo. El típico caso de yo con yo y con yo. Ah, olvidaba contar que los números telefónicos de 1.348 inscritos para esa asamblea son los mismos dos en todos los casos y que las firmas de las inscripciones no corresponden a las firmas de las cédulas y se nota la diferencia en el nivel educativo de la persona que firmó la cédula con la que firmó el formulario. Pero existen más perlas, de los 2.070 aparecen 1.614, es decir el 77% inscritos en la ciudad de Medellín.
El Tribunal de Garantías seccional, que lamentablemente son militantes amigos de la camarilla minoritaria que se apoderó del partido en Antioquia, negó las demandas, dizque porque no se aportaron las pruebas sumarias de lo afirmado. Si los estatutos del partido disponen taxativamente las calidades que se exigen para conformar las asambleas y alguien se inscribe aduciendo una calidad que se encuentra excluida del listado de integrantes, no es comprensible que se exija prueba siquiera sumaria de que la persona no tiene una de las calidades requeridas pues es el mismo inscrito quien ha señalado expresamente a que título se inscribe.
Me haría interminable en señalar yerros, falsedades, mentiras y avivatadas en este proceso, pero se dio el caso de concejales liberales que fueron excluidos por el flamante tribunal, dizque por actuaciones desleales. Desbordaron sus atribuciones.
Afortunadamente todo no está perdido, tiene el liberalismo la oportunidad el próximo 27 de septiembre de renovar sus cuadros directivos y ponerles coto a estas viejas prácticas que son las que tanto le han dañado la imagen a un partido histórico y respetable. Estoy seguro que la dignidad del liberalismo quedará a salvo luego de ese certamen electoral.
Notícula. Reconocimiento especial merece el Ejército Nacional por las acciones que viene adelantando en contra del Frente 34 de las Farc. Los alias el “Paisa”, “Richar”, “Gonzalo”, “Rigo” y otros, que tanto daño le hicieron a la región están muertos o a buen recaudo. Lástima que con los muertos hubiera desaparecido la posibilidad de conocer las implicaciones de la farcpolítica en el Suroeste y en el Occidente Antioqueño.



Congre$o, ¡cúrate a tí mismo!

Amy Goodman.
Mientras el gobierno del Presidente Barack Obama presiona para que se vote la reforma del sistema de asistencia de salud antes de que el Congreso entre en receso en agosto, ¿el dinero de la industria de la salud habrá contaminado tan profundamente el proceso como para evitar que algo bueno salga de esa votación?
El senador demócrata de Montana, Max Baucus, preside el Comité de Finanzas del Senado, que es clave para cualquier reforma del sistema de salud. Baucus realizó varias audiencias de alto nivel del comité del Senado sin la presencia de los defensores del sistema de pagador único. Sin embargo, ellos estuvieron presentes…hasta que Baucus ordenó su arresto por haberse puesto de pie uno por uno en la platea, para protestar contra la exclusión de representantes de la posición de pagador único en el panel. El Senador Baucus simplemente está repitiendo la promesa del Presidente Barack Obama de que “la opción de pagador único esté fuera de la discusión”. Sin embargo, el sistema de salud de pagador único tiene apoyo significativo entre la población estadounidense, y cada vez más entre los proveedores de servicios de salud. Con el sistema de pagador único, el gobierno paga las cuentas, pero la gente aún puede elegir con qué doctores tratarse. Las empresas de medicina privada y las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (conocidas por su sigla en inglés, HMO), que en definitiva son las que se llevan las ganancias, se quedan sin negocio.
Mike Dennison, un periodista del Montana Standard, descubrió que Baucus recibió más apoyo económico para su campaña de parte de grupos de interés relacionados con las industrias de la salud y de seguros que ningún otro miembro del Congreso. Dennison me dijo: “Estamos hablando de la industria de los seguros de salud, que son las HMO, hospitales, médicos, empresas farmacéuticas; probablemente de allí proviene la mayor parte de su dinero. El informe que preparamos mostaba que, de los casi 15 millones de dólares que recaudó en los últimos seis años, tanto para su campaña como para su liderazgo en los Comités de Acción Política (o PAC, por sus siglas en inglés), el 23% provino de intereses relacionados con los seguros y la salud, y alrededor del 18 por ciento de eso provino del sector de la salud y una gran cantidad de las farmacéuticas –no de las empresas, sino de gente que trabaja para las empresas farmacéuticas y los PACs farmacéuticos-, alrededor de 830.000 dólares solamente de ese sector. La suma total fue de alrededor de 3,4 millones de dólares, que creemos es probablemente más de lo que haya recibido ningún otro miembro”.
En un foro público realizado recientemente en Nuevo México, Linda Allison le preguntó a Obama sobre las finanzas de Baucus: “Tanta gente queda en bancarrota por tener que utilizar sus tarjetas de crédito para pagar la asistencia de salud… ¿Por qué eliminaron del debate la opción del sistema de pagador único? ¿Y por qué Baucus está en el Comité de Finanzas discutiendo la asistencia de salud cuando recibió tanto dinero de las empresas farmacéuticas? ¿No hay aquí un conflicto de intereses?”.
Obama eludió el tema de Baucus, pero admitió lo siguiente: “Si estuviera empezando un sistema desde cero, entonces creo que la idea de avanzar hacia un sistema de pagador único podría tener sentido. Ese es el tipo de sistema que tienen la mayoría de los países industrializados del mundo”.
La preocupación de Linda Allison sobre la quiebra es oportuna. De acuerdo a un reciente estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, el “62,1 por ciento del total de quiebras de 2007 estuvieron relacionadas con los gastos médicos”. Muchas de estas personas no pertenecen a los 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro de salud, sino que están entre los 25 millones que se estima tienen un seguro que no cubre todas sus necesidades. Que una persona pueda tener seguro de salud y aún así termine en bancarrota por deudas de gastos de hospital y de farmacia es una vergüenza nacional.
Pocos días antes de que esta semana Obama pronunciara un discurso ante la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por su sigla en inglés) en Chicago, la asociación anunció que se opondría a la opción de salud pública.
En respuesta, al menos un médico canceló su membrecía. En la carta de renuncia, el Dr. Chris McCoy, de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, escribió que la AMA “no pudo pasar del segundo párrafo antes de plantear el tema del reembolso a los médicos". El Dr. Chris McCoy me dijo: «El único interés de la AMA en los últimos diez años en Capitol Hill siempre ha sido el SGR [índice de crecimiento específico] y el reembolso a los médicos, al punto en que… cuando se reunieron con miembros del Congreso, solo hablaron de eso. No hablan de temas de salud pública, y no hablan de lo que necesitamos hacer por los pacientes. Hablan de lo que podemos hacer para que los proveedores de salud cobren lo suficiente… Ese enfoque, creo, fue planteado muy bien por el artículo de Atul Gawande en The New Yorker sobre cómo los médicos se vieron a sí mismos como centros empresariales y centros que generan gastos, y eso ha aumentado el costo de la asistencia de salud. Y como cultura médica y cultura de asistencia de salud, debemos cambiar si queremos controlar los costos».
Las últimas declaraciones financieras presentadas en el Congreso indican que muchos miembros importantes tienen grandes inversiones en la industria de la salud. El Washington Post informó esta semana que casi 30 integrantes del Congreso, que son miembros clave de comités que tendrán un impacto en el debate sobre el sistema de salud, también tienen importantes inversiones en empresas de salud. En el grupo bipartidista de inversores se encuentra el Líder de la Mayoría del Senado, Harry Reid, demócrata de Nevada; el senador republicano de New Hampshire, Judd Gregg; la familia de la diputada demócrata de California, Jane Harman; el senador republicano de Georgia, Johnny Isakson; el senador demócrata de Massachusetts, John Kerry; y el senador republicano de Idaho, Michael Crapo. En total, esas inversiones ascienden a entre 11 y 27 millones de dólares (el número es impreciso, ya que los formularios de declaración dejan espacio a cierta ambigüedad).
Según Associated Press, Jackie Clegg Dodd, esposa del senador demócrata de Connecticut, Chriss Dodd, es miembro del directorio de cuatro empresas relacionadas con la salud y ganó más de 200.000 dólares el año pasado. El senador Dodd es el presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, un comité clave, en reemplazo del senador demócrata Ted Kennedy, del Estado de Massachusetts, que está enfermo.
El Congreso pronto entrará en el “receso de verano”, y sus miembros volverán a sus distritos para recaudar fondos, por supuesto, y quizá también, para visitar al proveedor de servicios de salud de su pueblo natal: sus gastos correrán por cuenta del plan de salud del Congreso, financiado con fondos públicos.
———————————
Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es co-autora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times”, recientemente publicado en edición de bolsillo.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Del Camino a la Vereda

César González Muñoz
Después de que el gobierno publicó la versión actualizada del Marco Fiscal de Mediano Plazo y de que el presidente Uribe anunció que será necesario hacer algunos “ajusticos” tributarios en pro de sostener la “Seguridad Democrática”, creo que es oportuno hacer algunas glosas sobre el asunto. Esta es la primera de las notas que se ocuparán de ello.
En diversos aspectos de su vida, la sociedad colombiana ha dejado el camino por coger la vereda, para recordar al gran cubano Ibrahim Ferrer. La indiferencia ante horrendos extravíos éticos y graves desafueros de lesa humanidad, el apoyo popular –disfrazado de resignación – a acciones criminales de agentes estatales y de organizaciones ilegales que confirman que toda guerra se degrada, el aplauso a los atajos autoritarios que proponen ciertos sectores en el poder, son buenas muestras del extravío.
La nueva versión del Marco Fiscal es testigo de que también en materia de finanzas públicas la brújula está rota. En este campo, sin embargo, no ha de perderse aún toda esperanza; en este nuevo documento la burocracia técnica en Hacienda salió a rescatar el realismo y la seriedad. Mejor tarde que nunca, y el reconocimiento debe incluir, claro está, al Ministro Zuluaga.
Uno entiende que el verbo oficial debe ir cruzado de optimismos y aleluyas, que el cronista debe desgranar y poner a un lado para ir a lo fundamental. Y lo fundamental es que son complicados los escenarios fiscales que dibuja el documento de Hacienda. Dichos escenarios deberían llamar a un replanteamiento de la política pública en varios campos claves. ¡Pero el gobierno sólo habla de hacer que el impuesto al patrimonio se vuelva permanente para garantizar la continuidad de la “Seguridad Democrática”! Igualmente, la visión oficial consiste en que, para 2010, será factible obtener en los mercados de deuda todo el financiamiento adicional que requiere un hueco fiscal significativamente mayor que el previsto hasta hace pocos meses.
Las cosas se ven distintas desde mi andén. En medio de sus extravíos, a la sociedad colombiana le hace daño que se pretenda convertir la idea de la “Seguridad Democrática” en un valor máximo, insuperable y eterno, en una suerte de becerro de oro al que hay que perseguir y adorar por encima de cualquier otra utopía, sueño u obligación histórica de esta nación. Perjudica a la sociedad colombiana que, con base en un documento que proyecta un futuro fiscal muy complicado, la máxima preocupación del gobierno sea que “como el Impuesto al Patrimonio vence en el año 2010, el Gobierno, previo acuerdo con el sector privado, buscará la posibilidad de tener un Impuesto al Patrimonio a partir del 2011 para compensar este mayor gasto recurrente”.
Me apresuro a decir, claro, que la seguridad es un bien público absolutamente fundamental, y que los desafíos armados contra el Estado y la comunidad deben ser enfrentados con el fortalecimiento de las armas estatales. Es una obligación irrestricta. Pero la loma es más alta: Lo que desde siempre ha exigido la historia de Colombia es que se busque la seguridad integral de la vida de la gente: seguridad física, ingresos, empleo, techo, educación, seguridad social, etc... Este es el auténtico desafío, que consta en la Constitución Nacional. Lo que ocurre es que no tenemos las finanzas públicas que permitan soñar con un avance continuo en esa andadura. Y lo que ocurre también es que a los sectores en el poder no les interesa corregir el rumbo. ¿Qué le pasaría al déficit fiscal si el crecimiento económico de 2009 y 2010 fuera un par de puntos porcentuales más b ajos que el que proyecta el gobierno?


¿El futuro de las Ballenas es negociable?
24-06-09
La Comisión Ballenera Internacional (CBI), reunida desde este lunes en la isla de Madeira en Portugal, decidió extender hasta el 2010 el proceso de negociación iniciado en el 2008, a fin de lograr sacar a este organismo del actual impasse que se encuentra.
Durante más de una década, la dualidad de intereses conservacionistas vs. Pro cacería fue ocasionando un bloqueo dentro de este organismo internacional. La imposibilidad de lograr avances significativos fue generando un ambiente tenso que llevó casi al colapso a este organismo. A fin de lograr su rescate, en el año 2008 se inicio un proceso de negociación conocido como "Futuro de la CBI", a traves del establecimiento de un Pequeño Grupo de Trabajo (PGT). Este Grupo fundamentalmente buscó poder avanzar en los temas de mayor controversia en el seno de la CBI y así fue como se seleccionaron 33 temas. Sin embargo, 2 de estos 33 temas jugaron un rol fundamental para no permtir llegar a Madeira con un acuerdo por consenso: la cacería bajo permisos especiales o “cacería científica” y la caza costera propuesta por Japón.
Entre los motivos del fracaso de este proceso, se encuentra la propuesta de Japón de generar una nueva categoría de cacería que le permitiría capturar ballenas en sus costas a cambio de disminuir la captura de ballenas bajo permisos especiales en aguas del Océano Austral. Esta propuesta de Japón, significaría el fin de la moratoria a la caza comercial de ballenas.
A fin de efectuar un último intento de rescatar a la CBI del colapso, en su segundo día de sesiones, los países miembros decidieron extender el proceso de negociación hasta el 2010.
¿Se podrá llegar a un acuerdo?
Si bien, desde el proceso iniciado en Santiago de Chile, el clima imperante en esta Comisión ha mejorado en forma significativa, la dicotomía de intereses sigue existiendo. Por otra parte, el hecho de que Islandia y Noruega hayan realizado exportaciones de carne de ballenas a Japón, pone en jaque la confianza entre las partes, base fundamental para lograr una negociación efectiva. ¿Será posible encontrar un punto de equilibro en este contexto? Si no se ha logrado hasta ahora ¿que cambiará para poder lograrlo? Son todas preguntas que me realizo desde el recinto donde se están llevando las sesiones.
Y me permito compartir con ustedes las siguientes reflexiones.
Las ballenas en los mares del mundo están enfrentando graves problemas, el cambio climático, los enmallamientos, las colisiones con embarcaciones, la contaminación acústica y química, entre otros. Estos son aspectos que debería abordar esta Comisión para asegurar el correcto manejo y conservación de los cetáceos. Es cierto que la CBI se generó como un organismo para ordenar las operaciones de cacería, pero el mundo ha cambiado y todos los esfuerzos deberían estar centrados en como resolver estos problemas que enfrentan no solo las ballenas sino una infinidad de otras especies que viven en la tierra.
Hemos escuchado durante las sesiones argumentos de los balleneros fundamentados en la necesidad de cazar ballenas como recurso alimenticio de subsistencia. Y es en este punto donde quisiera detenerme y compartir con ustedes algunos de los conceptos expuestos por el Dr. Roger Payne en una conferencia de prensa, organizada por Whaleman Foundation, aquí en Madeira. “Tenemos un problema de gran magnitud que recién ahora estamos comenzando a comprender, pero permítanme ser claro", dijo Roger Payne, "la mayoría de delfines, cachalotes, marsopas que nadan en los océanos se encuentran sumergidos en basureros tóxicos. Su carne y grasa se encuentran tan contaminados que superan los niveles considerados seguros para el consumo humano. Dado que la ballena fin y la ballena minke se alimentan de peces, estas especies también se encuentran ciertamente altamente contaminadas, por lo tanto no es sano para cualquier persona racional capturar ballenas para la alimentación.”
Estas reflexiones, alejadas de la diplomacia y las negociaciones apuntan a intentar responder, si el futuro de las ballenas es negociable. Espero que ustedes coincidan conmigo y que la respuesta sea que no. De todos modos, sabemos que los gobiernos de los países conservacionistas deben seguir transitando este camino para evitar que la cacería se agregue al listado, cada vez más largo, de amenazas que enfrentan las ballenas.
Actualmente, a pesar de la prohibición mundial de la caza de ballenas, más de 20.000 ballenas han muerto como consecuencia de un arpón desde 1986. Muchas de ellas han muerto bajo el amparo del articulo VIII de la Convención de la Regulación de la Ballenería, que establece que los Gobiernos miembros podrán capturar ballenas con fines científicos. Desde el ICB creemos que solo será posible lograr un acuerdo cuando se encuentre una alternativa para detener esta falsa caza con fines científicos y se liberen los santuarios de operaciones balleneras. www.ecoportal.net
Roxana Schteinbarg
Coordinadora ICB.
www.icb.org.ar



DE LA CAJA OPERATIVA AL SISTEMA FINANCIERO:
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO AL 2010 EN AMÉRICA

Octavio Ramírez Rojas
“ When the financial system fails, everyone suffers. Over the past 22 months the shock
has spread from American housing, sector by sector, economy by economy. Some markets
have seized up; others are being pounded by volatility. Everywhere good businesses are going bankrupt and jobs are being destroyed. For the first time since 1991 global average income
per head is falling. Even as growth in emerging markets has come to a halt, the rich economies look set to shrink… Financial services are in ruins. Perhaps half of all hedge funds
will go out of business. Without government aid, so would many banks.”

E Carr
Las personas, familias, empresas o países se quiebran no porque tengan un nivel de apalancamiento alto sino porque el tamaño, el orden y los flujos de la caja operativa no corresponden, en dimensión y/o calidad, a las condiciones normales requeridas por su circunstancia económica.
Este periodo de crisis financiera y social al cual estamos asistiendo, por supuesto ha provocado el reordenamiento de dos pilares que soportan el valor económico y financiero para los países, las empresas, las familias: el sistema financiero y la caja operacional.
Sobre las redefiniciones y reordenamientos legales del sistema financiero universal se ha avanzado en la dirección requerida. Prueba de ello son los esfuerzos para identificar a profundidad los factores de riesgo sistemático de las instituciones y de los productos financieros con el fin de abocar herramientas que permitan mejorar la resilencia del sistema.
En paralelo se ha trabajado en la identificación de los factores de transmisión de los desequilibrios entre los países y regiones, como en el caso de esta crisis originada en los bancos de Estados Unidos, que ahora se refleja con mayor intensidad extendida especialmente a instituciones financieras europeas.
En el artículo ¿Necesita caja? Mire dentro de su compañía, K. Kaiser y S. Young plantean en forma amplia y concreta los que consideran errores que se deben obviar en el manejo del efectivo, especialmente en condiciones como las de la crisis actual, así:
Gerenciar para el estado de resultados de corto plazo, ya que las condiciones dinámicas y complejas de la actualidad requieren creatividad y visión de futuro.
Recompensar la fuerza de ventas sólo por ventas a cualquier costo.
Sobreenfatizar en la calidad de productos, se puede abocar a especificaciones que el mercado no identifica ni paga por ellas.
Atar las carteras por cobrar a las carteras por pagar, siendo dos fuentes de relaciones de orígenes diferentes en la cadena de valor, no es adecuado mezclarlas en la estrategia operacional.
Aplicar las razones de liquidez y corrientes en forma puntual y desprendida de la composición de los elementos del capital de trabajo operativo.
Mantener estándares de comparación a ultranza con los competidores, en la medida en que genere conformismo operacional y atente contra la creatividad y el provocar las preguntas adecuadas.
El Fondo Monetario Internacional, tal como se observa en el cuadro anexo, presenta las perspectivas de crecimiento hacia el 2010 para los países de América habido el desarrollo y los alcances de la crisis en curso. Es de resaltar que los países de América Latina y el Caribe, los cuales aparecen con un nivel de preparación superior en términos relativos para afrontar la situación, dadaa sus menores dificultades en sus sistemas financieros y fiscales, se espera tengan una recuperación más rápida, y en condiciones menos dolorosas que en las anteriores crisis, en comparación con Estados Unidos y Europa. A ritmo similar de loa asiáticos.

Cabe destacar de la anterior información que los países de Latinoamérica y del Caribe han tenido y se espera tendrán un mejor comportamiento en crecimiento que los de Norteamérica. Siendo así, se estaría el próximo año recuperando el terreno perdido en 2009.
Amanecerá y veremos.
Santo Domingo, junio 30 de 2009.


¡NI DE FUNDAS!

Amylkar D. Acosta M1
Al cúmulo de propuestas, tanto de origen oficial como de los gremios, la academia y los mal llamados “tanques de pensamiento”, se sumó otra que sacó de su propio magín el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien, dicho sea de paso, es uno de los responsables del desbarajuste fiscal que nos tiene a todos saltando matones. Pues bien, a él se le ocurre que no tiene sentido “tener en el balance del gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas, siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar”. Para él, entonces, la reforma tributaria que se propone no es necesaria en este momento, ya que se puede salir del paso vendiendo Ecopetrol. Aunque parezca una necedad proponer la completa privatización de Ecopetrol vendiendo la participación del Estado en la misma del 89.9%, hay que pararle bolas, pues no lo está haciendo ningún perico de los palotes; es nada más ni nada menos que un ex ministro de Hacienda de este gobierno, muy influyente por cierto, el mismo que auspició las gabelas tributarias a las grandes empresas y que propició el desguazamiento de Ecopetrol a través de la escisión de la misma de la Refinería de Cartagena, haciendo de esta una empresa independiente de aquella (Reficar) con mayoría accionaria de los particulares y también la expedición de la Ley 1118 que autorizó la capitalización de Ecopetrol hasta un 20% por parte de los particulares.
Sí, es cierto que tenemos muchas necesidades, pero no tanta como para salir a vender la nevera para mercar, que es lo que nos propone el ex ministro; porque lo que se caya el ex ministro es que Ecopetrol sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del gobierno central. En efecto, las transferencias que le hace la estatal petrolera, ahora convertida en mixta por acciones, oscilan entre el 20% y el 25% de los ingresos corrientes de la Nación. A guisa de ejemplo digamos que para la vigencia de 2009, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el gobierno central espera recibir de parte de Ecopetrol $11.1 billones de transferencia por concepto de utilidades de Ecopetrol. Cabe preguntarse con qué se suplirían tales recursos hacia el futuro, habida cuenta que solamente la podemos vender una sola vez, pues como dice el campesino no se puede pretender sacrificar la res para comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca. Terminaríamos, como lo vaticinó premonitoriamente el ex presidente de Ecopetrol Isaac Yanovich “con la soga y sin el ternero”. Como en la fábula de Esopo, a lo que está invitando Carrasquilla al gobierno es a sacrificar la gallina de los huevos de oro e incurrir en el mismo desaguisado de siempre, financiar gastos recurrentes con recursos temporales.
De modo que, ante la avilantez del ex ministro Carrasquilla sólo cabe montar guardia en defensa de lo poco que va quedando del stock de bienes públicos, en este caso Ecopetrol, después del desvalijamiento de que ha sido objeto el Estado colombiano. Señor ex ministro, como dicen en mi tierra, de esa mazorca ni un grano, deje que Ecopetrol siga siendo la empresa de todos los colombianos!
Bogotá, julio 12 de 2009
www.amylkaracosta.net