“El orden público es cosa sagrada señor Presidente, pero hay algo superior al orden público, de cierto modo entendido, y son los derechos de los ciudadanos.
Luis Antonio “El Negro” Robles en su discurso-debate al primer Regenerador Rafael Núñez sobre la “ley de los caballos” que restringía los derechos ciudadanos. Siglo XIX.
La Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, invitan cordialmente al lanzamiento del nuevo libro del profesor César Augusto Ayala Diago.
“Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente Nacional”
Jueves 19 de marzo de 2009, 6:00 pm
Intervienen
Beatriz González
Fernando Estrada
Alberto Abouchaar
Copa de vino
Confirmar asistencia
Auditorio Virginia Gutiérrez. Edificio Rogelio Salmona. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
(Vals peruano “Ödiame”, de Federico Barreto y Rafael Otero)
PIENSA QUE EN EL FONDO DE LA FOSA LLEVAREMOS LA MISMA VESTIDURA.
CANCIÓN DEDICADA A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN, ATLÉTICO NACIONAL Y MILLONARIOS.
CONTENIDO
• Bruselas advierte sobre el mayor riesgo de las pensiones privadas, Andreu Missé.
• Biografías Liberales. “Gabriel González Gaitán”. Delimiro Moreno.
• Obama y su coalición de los ya no tan dispuestos. Amy Goodman.
• ¿Cuál cohesión social?, Amylkar Acosta Medina.
• La Nueva económía política de la inmigración, Tom Barry.
• Como Wall Street pagó su propio funeral, Marina Litvinsky.
• ¿Y los Partidos?, Guillermo Pérez Téllez.
• Lanzamiento libro de César Augusto Ayala Diago.
• La brecha de la igualdad, Diva Criado Pacheco.
• La reinserción: ¿Un fracaso?, Ramón Elejalde.
• Reelección y democracia, Mauricio Cabrera Galvis.
• José Hilario López, huilense por adopción, Julio Enrique Ortiz Cuenca.
• Muestra gratis, Octavio Quintero.
• Algo más sobre la penalización, Jorge Mejía Martínez.
• Doble moral o diplomacia, César González Muñoz.
Bruselas advierte sobre el mayor riesgo de las pensiones privadas
ANDREU MISSÉ - Bruselas - 07/03/2009 , El País, Madrid.
Las pensiones no son inmunes a la crisis. Pero el impacto del hundimiento de los valores bursátiles está afectando menos a las pensiones públicas que a los fondos de pensiones privados. El sistema público, llamado pay as you go, (PAYG), que se nutre sobre todo de las aportaciones de empresarios y trabajadores y se complementa a veces por el Estado, resiste mejor a la crisis que los fondos de pensiones de las empresas o los constituidos por los ciudadanos de manera individual.
La mayor parte de los pensionistas europeos se rigen por el sistema contributivo PAYG, en el que los trabajadores activos financian con sus aportaciones las pensiones. Este sistema no está afectado por el rendimiento de las inversiones, a diferencia de los planes privados. Por esta razón, "por lo general, los ingresos de los pensionistas europeos son típicamente menos vulnerables a los impactos de las inversiones", según los analistas comunitarios.
En la mayor parte de los estados miembros, el sistema contributivo PAYG reparte casi la totalidad de los ingresos, y sólo en cinco países los sistemas de capitalización de los fondos de pensiones suponen más del 10% de las rentas de los pensionistas. Se trata de Dinamarca, donde los ingresos de los fondos de pensiones son el 16%; Suecia y Reino Unido, 22%; Irlanda, 54%, y 54% Holanda.
Bruselas considera que "los fondos de pensiones privados se verán más afectados por la caída de valor de sus inversiones". En el caso de los fondos de pensiones constituidos por las empresas, los llamados benefit, que pagan a sus trabajadores jubilados, también pueden verse afectados.
El último presidente del Estado Soberano del Tolima
Gabriel González Gaitán
Delimiro Moreno
(Texto aparecido en la edición 56 de la Revista CREDENCIAL HISTORIA, de agosto de 1994, en un número dedicado a los 9 presidentes de los Estados Soberanos de los Estados Unidos de Colombia (1861-1886).
Presidente del Estado Soberano del Tolima de 1883 a 1885, nació en Villavieja, actual departamento del Huila, a pocos kilómetros al norte de Neiva, en la hacienda El Cardón, el 8 de julio de 1819, en el hogar de Manuel María González Montalvo y Silveria Gaitán Cardozo.
Adelantó estudios de medicina en el Colegio Mayor del Rosario, de Bogotá, donde se graduó a los 20 años de edad. Ejerció su profesión durante el resto de su vida en Neiva, Yaguará y los campos aledaños, alternándola con una activísima intervención política liberal en compañía del general José Hilario López, caudillo indiscutido de la región, José María Rojas Garrido, Francisco Eustaquio Álvarez, Napoleón Borrero y demás líderes del liberalismo tolimense.
Inicia su actividad política en enero de 1851 cuando figura como secretario del administrador provincial de Correos y Hacienda, Valentín Trujillo, quien después será su colega en el gabinete del presidente del Tolima, Marcelo Barrios. En 1853, González Gaitán es gobernador de la provincia de Neiva durante los meses de octubre a diciembre y representante al Congreso. En esa calidad firma la Constitución Nacional centro federal de ese año.
A fines de 1859 suscribe en Neiva con el general López, Rojas Garrido y otros personajes liberales una protesta contra las leyes de elecciones aprobadas por el Congreso y sancionadas por el presidente Mariano Ospina Rodríguez, en la cual se declara que si el Congreso no las deroga, los firmantes se abstendrán de intervenir en los comicios populares para la selección del próximo presidente de la República. Se ponían así a favor de la insurrección liberal federalista que, ante la implantación de esa y otras leyes impugnadas por los liberales, declararon los generales Tomás Cipriano de Mosquera en el Cauca y Juan José Nieto en la Costa Atlántica y otros líderes radicales en diversas regiones colombianas.
Terminada esa guerra exitosamente para las fuerzas liberales radicales, González es nombrado, en 1863, Secretario General del presidente del Estado Soberano del Tolima. Dos años después actúa primero como “práctico” o “vaquiano” de las fuerzas del general José Hilario López en la reducción de grupos conservadores que en 1865 se rebelaron contra el régimen liberal federal, comandados por el coronel Manuel Casabianca, y luego como jefe militar del departamento de Neiva, de tal manera, que el general López señaló que “su actividad excede a toda ponderación”.
Después de activa participación parlamentaria en el Senado de los años 1864 y 1865 como vocero de su Estado, en 1879 es nombrado Secretario de Gobierno del presidente Ignacio Manrique Calderón y enfrenta la invasión del Estado que desde Cundinamarca dirige el general Didacio R. Delgado y que termina con el Tratado de Natagaima, de diciembre de ese año. Colabora con los gobiernos radicales del general Frutos Santos y Marcelo Barrios (de quien también será Secretario de Gobierno) y al término del periodo constitucional de éste, lanza su candidatura a la presidencia del Estado, en oposición a las de Pastor Herrera (un pintoresco candidato conservador, antecesor del Dr. Goyeneche), Ascisclo Molano y Clímaco Iriarte (nuñistas), y asume el poder tolimense el 15 de diciembre de 1883 para abandonarlo prácticamente el 2 de marzo de 1885, a la derrota de las fuerzas militares del Tolima en los combates de Cogotes, en la Ulloa, Rivera, cerca de Neiva, y Cachaya, cerca de Gigante, a manos del ejército conservador dirigido por el general Manuel Casablanca, al servicio del gobierno de Rafael Núñez. Éste había intentado en vano un acuerdo con los radicales para reformar la Constitución de 1863 y aun compartir con ellos el gobierno, llegó hasta ofrecer el Ministerio de Gobierno a González Gaitán, el 21 de agosto de 1884, ante la renuncia del ministro Eustorgio Salgar. El nombramiento se hizo efectivo por medio del decreto que publicó el Diario Oficial del 22 de agosto.
La elección de González en tan destacada posición causó amplio revuelo político nacional, pues era considerado uno de los líderes radicales más serios de todo el país, muerto Murillo Toro, y su aceptación habría significado una importante rectificación en la política de su partido. Las presiones de sus copartidarios, sin embargo, no se hicieron esperar, y el presidente del Tolima, por “motivos independientes de su voluntad”, no aceptó el cargo.
En el momento en que Núñez, ante el levantamiento militar radical en Santander y Boyacá, entrega las armas oficiales al conservatismo y enfrenta con éstas la rebelión liberal. González Gaitán no vacila en apoyarlos y declara la guerra al gobierno central.
Este, entonces, invade al Tolima con un ejército conservador al mando del general Manuel Casabianca, apoyado por guerrillas internas levantadas por el ex presidente del mismo partido, general Joaquín María Córdoba, apoyadas por el “padre Rojitas”, futuro obispo Esteban Rojas Tobar, quienes derrotan al gobierno de González Gaitán en Cogotes y Cachaya y destituyen al presidente. Separado de la actividad política, González se entrega a las nuevas autoridades, figura como pasajero del vapor Cometa que viaja de Purificación al puerto de Arrancaplumas en Honda, el 4 de mayo de 1886, y luego se retira con su esposa Felisa Borrero y su familia a la vereda de La Ulloa, en San Mateo (hoy Rivera), aunque vive por largas temporadas en Neiva, en una casa situada en el parque principal, colindante con el templo colonial de la ciudad, donde hoy se encuentra el Hotel Plaza.
El médico Gabriel González Gaitán murió el 13 de mayo de 1893, a sus casi 74 años, en La Ulloa, después de una vida bien fecunda, familiar, política y económicamente.
Ilustraciones:
Gabriel González Gaitán.
Acuarela de José Gabriel Tatis. 1853. Museo Nacional. Bogotá.
(p. 15, Revista Credencial)
Mapa de los 9 Estados Soberanos de Colombia, según el mapa de la República levantado por Agustín Codazzi, publicado en París en 1890.
(p. 5, Revista Credencial)
Obama y su coalición de los ya no tan dispuestos
Amy Goodman
El Presidente Barack Obama se reunió recientemente con los primeros ministros de Canadá y Gran Bretaña. El encuentro de esta semana con el británico Gordon Brown—promotor de un “New Deal mundial”—provocó una pequeña conmoción cuando la Casa Banca decidió reducir la conferencia de prensa que estaba pautada a una simple sesión de preguntas y respuestas en la Oficina Oval, lo cual en ciertos círculos británicos fue visto como un desaire. Se adujo que el cambio se debía al mal tiempo que cubrió de nieve el Rose Garden, lugar donde tradicionalmente se celebran las conferencias de prensa presidenciales.
Pero quizás no se debiera tanto al exceso de nieve que efectivamente cubría los jardines de la Casa Blanca, sino a una estrategia dirigida a cubrir las crecientes diferencias en las políticas referidas a Afganistán.
La política que impulsa Estados Unidos en Afganistán incluye un incremento pronunciado de soldados—ya iniciado—y bombardeos continuos en Pakistán utilizando aviones teledirigidos. La intensificación de las muertes civiles es un hecho. Naciones Unidas estima que más de 2.100 civiles murieron en 2008, lo cual representa un incremento del 40 por ciento con respecto a 2007.
La ocupación de Afganistán ya lleva ocho años y en muchos países de la OTAN concita cada vez menos apoyo. Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, me dijo: “El avance en Afganistán va a costar muy caro. Las cosas no están marchando muy bien… Nuestros socios en la OTAN están cada vez más desencantados con la guerra. He hablado con mucha gente en Europa y ellos sienten que la situación está realmente empantanada, que nos estamos empantanando otra vez.”
Cuarenta y un naciones contribuyen con tropas para conformar la presencia de 56.000 efectivos de la OTAN en Afganistán. Más de la mitad de estos soldados son estadounidenses. El Reino Unido tiene 8.300 y Canadá casi 3.000. Mantener las tropas resulta costoso, pero el costo humano es aún mayor. Con un total de 108 muertes, Canadá tiene la tasa más alta de muertes per cápita de los ejércitos extranjeros en Afganistán, debido a que sus tropas están destacadas en el sur, en las inmediaciones de Kandahar, donde los talibanes son más fuertes.
El domingo pasado, el Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, declaró en CNN: “No vamos a ganar esta guerra quedándonos… De hecho, mi opinión personal es que francamente no vamos a derrotar nunca a los insurgentes.” El Secretario de Defensa Robert Gates escribió hace poco en la revista de política exterior Foreign Affairs: “La victoria de Estados Unidos no puede lograrse matando o capturando.” Sin embargo, fue Canadá quien fijó el plazo para el retiro de tropas a fines de 2011. Estados Unidos, en cambio, habla de escalada.
Anand Gopal, corresponsal en Afganistán del periódico The Christian Science Monitor, describió la situación en el terreno: “Muchos afganos con los que he hablado en la región del sur, donde se están dando los combates, afirman que traer más tropas resultará en un aumento de las bajas civiles. Traerá más incursiones nocturnas, tan resistidas por la sociedad afgana. Y también está el problema de que cada vez que los soldados estadounidenses entran en una aldea y luego se retiran, atrás vienen los talibanes a atacar la misma aldea.” La legisladora afgana Shukria Barakzai le dijo a Gopal: “Envíennos 30.000 universitarios. O 30.000 ingenieros. Pero no nos envíen más tropas, que sólo traerán más violencia.”
Las mujeres de Afganistán cumplen un rol clave en la lucha por la paz. Una fotógrafa me escribió recientemente contándome que: “El domingo 8 de marzo se realizarán diversas celebraciones en todo Afganistán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Kandahar, cientos de mujeres se reunirán para orar juntas por la paz, un acto que resulta particularmente significativo en esta región tan inestable de Afganistán.” Al retornar de un encuentro internacional de mujeres celebrado en Moscú, la escritora feminista Gloria Steinem señaló que se habló en particular de la necesidad de que los medios de comunicación contrataran a corresponsales de paz para contrarrestar a los corresponsales de guerra. De esa manera se amplificarían las voces de la sociedad civil, resaltando a aquellas que luchan por la paz. En los medios de prensa estadounidenses la tendencia es a equiparar librar una guerra con combatir al terrorismo. Pero en el terreno, las bajas civiles provocan una enorme hostilidad. En este sentido, Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda, recalcó: “Me entristece y asombra la virulencia de las reacciones anti-estadounidenses que provocan estas guerras [en Irak y Afganistán]. Son vistas como ocupaciones. … Creo que es vital que aprendamos de los errores en que incurrimos al hacer llamamientos de guerra, en particular, a hacerlo de la manera en que lo hizo Estados Unidos, sin tener en cuenta las preocupaciones que planteaba el resto del mundo …lo que pasó inicialmente con la guerra de Irak… Es cierto que el Reino Unido se sumó, pero había mucha gente dentro del Reino Unido que no apoyó la alianza que abrió el camino a esa guerra. Y los daños han sido muchos. Tenemos que ser capaces nuevamente de construir una estrategia multilateral y una estrategia de apoyo regional para resolver problemas particularmente difíciles. Vimos que eso era posible en el caso de Corea del Norte, donde trabajaron y siguen trabajando juntos seis países, cinco países y Estados Unidos. Necesitamos una alianza similar estructurada en la región, porque está todo muy conectado ahora–Medio Oriente con Afganistán y Pakistán, e incluso con India, luego de los incidentes en Mumbai, y las tensiones que hay ahí. De manera que precisamos una estrategia que se nutra de la fuerza que brinda trabajar con los países vecinos.”
Barack Obama arrasó en las primarias y llegó a la presidencia debido en gran medida a su discurso antibélico. Sin embargo, mientras mandatarios como Brown y Harper están cediendo ante los crecientes reclamos de sus ciudadanos para poner fin a la guerra, en Estados Unidos apenas si se debate la decisión de aumentar las tropas en Afganistán, o el hecho de que la guerra se expanda hacia Pakistán.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
¿CUÁL COHESIÓN SOCIAL?
Amylkar D. Acosta M1
Uno de los tres ejes de la política de este gobierno, además de la seguridad democrática y la confianza inversionista, es la cohesión social. Sin embargo, justamente es en este aspecto en el que, seis años después, muestra el más pobre balance. Colombia desaprovechó la oportunidad que le brindó el llamado “quinquenio virtuoso”, de 2002 – 2007, cuando la economía creció en promedio el 6%, por encima del promedio histórico del 4%, para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, como sí lo hicieron los demás países de la región. Según la CEPAL el coeficiente Gini, que mide el grado de concentración del ingreso, en el que 1 es la máxima concentración y 0 es la igualdad completa, pasó de 0.572 en el período 2000 – 2002 a 0.584 para 2002 – 2005, pasando del nivel de desigualdad alto a muy alto. Ello lo que indica es que los frutos del mayor crecimiento en este período de auge de la economía no fue compartido, sino que fueron acaparados por muy pocas manos, no se dio el “goteo”, como lo llama el FMI, esto es que “la riqueza que se genere en la punta de la pirámide termine llegando a la base”. Debe haber sido el remordimiento de conciencia el que llevó al ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando radicó el proyecto de Plan de desarrollo del segundo tiempo de la administración Uribe, a afirmar que el turno ahora era para lo social; pero, el presidente Uribe ya tiene el sol a sus espaldas y de aquello nada.
Ahora el escenario es otro y como lo vaticino la OIT, “el empleo será la principal víctima de la crisis”2. El más reciente reporte del DANE lo corrobora: la tasa de desempleo pasó del 13.1% en enero de 2008 a 14.2% en enero de 2009, la tasa más alta para este mes en los últimos cinco años, para un salto de 1.1 puntos porcentuales, elevándose a 2.830.000 el número de desempleados, 308.000 más que un año atrás, alejándose ostensiblemente de la meta del gobierno de llevar a un solo dígito la tasa de desempleo a escala nacional. Concomitantemente con la pérdida del empleo se acrecienta el fenómeno de la informalización y precarización del mismo; es así cómo el empleo informal, el del rebusque, pasó de 56.3% enero de 2008 al 57.7% en el último trimestre. No han faltado quienes, queriendo pescar en río revuelto, han salido a proponerle al gobierno por enésima vez que “hay que revisar el tema del empleo y las barreras que hay para ingresar a puestos de trabajo, una de ellas son los parafiscales. Hay que buscar fuentes de financiación para el Sena y el ICBF”3. Cabe preguntarles cuáles so esas fuentes alternas para financiar los más de $5 billones que ello comporta en medio de esta estrechez fiscal4.
Bien se ha dicho que la cuerda siempre se rompe por la parte más débil, que en este caso son los costos laborales; como afirma Viviane Forrester, los desempleados “despojados de empleo se los culpa por ello”5 a ellos mismos. Se aduce que son los altos costos laborales los mayores generadores de desempleo y a ello, supuestamente, contribuyen las así llamadas “cargas” parafiscales. Se refieren a los aportes del 4%, 3% y 2% de la nómina a las cajas de compensación familiar, al ICBF y al SENA, respectivamente. Es claro que el desmonte de tales aportes significará el principio del fin de tales instituciones, tan caras a la población de menores ingresos, que son precisamente las beneficiarias de sus programas. El gobierno nacional, a pesar de su aparente reticencia a dar este paso, so pretexto de que “es más fácil y barato para nosotros subsidiar la no destrucción que la creación de empleos”6, expidió el Decreto 525 del 23 de febrero, amparándose en la Ley 590 de 2000, mediante el cual se permite el enganche de trabajadores con descuento automático de los parafiscales.
Este es el trillado camino que han seguido este y los anteriores gobiernos dizque para promover el empleo sin lograrlo; de ello dan cuenta las dos reformas laborales expedidas7 y todas las gabelas a las rentas de capital en las sucesivas reformas tributarias8. Todas ellas han tenido un marcado sesgo a favor de las rentas de capital, bajo la falsa premisa de que lo que es bueno para el capital es bueno para el trabajo, pero los hechos son los hechos y además elocuentes. Cabe preguntarse por qué en lugar de buscar el ahogado aguas arriba, atribuyéndole el mal crónico del desempleo a los costos laborales, no lo buscan aguas abajo, en los exorbitantes costos financieros en los que incurren las empresas o en los sobrecostos que conlleva la deficiente infraestructura de vías, puertos, transporte y logística en general, amén de su propia ineficiencia. Colombia tiene que cambiar de paradigmas, para ser más competitiva e incluyente le tiene que apostar a la mayor productividad; no puede seguir apostándole al sortilegio de la tasa de cambio y al sofisma de los costos laborales, a riesgo de que si no lo hace la brecha entre ricos y pobres se va a seguir ensanchando. El premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz afirma sentenciosamente que “índices elevados de desigualdad, sobre todo como consecuencia del desempleo, pueden derivar en descontento social, es probable que aumente la criminalidad y se genere un clima que no sea atractivo para los negocios”9, que es lo que empezamos a ver en nuestro martirizado país
Bogotá, marzo 7 de 2009
www.amylkaracosta.com
La nueva economía política de la inmigración
Tom Barry | 2 de marzo de 2009, IPS Noticias, Versión original: The New Political Economy of Immigration
Traducción por: Annette Ramos,
Programa de las Américas www.ircamericas.org
Los ataques terroristas del 11 de septiembre alteraron de forma drástica la economía política tradicional de la inmigración. Los millones de inmigrantes indocumentados—aquellos que cruzaron ilegalmente la frontera o se quedaron después del vencimiento de sus visas—que estaban viviendo y trabajando en los Estados Unidos ya no se consideraban simplemente como una población fantasma o como mano de obra barata excedente. En el debate público y político, los inmigrantes cada vez más eran definidos como amenazas a la seguridad de la nación. La categorización de los inmigrantes como amenazas a la seguridad nacional les brindó una nueva lógica unificadora a las operaciones gubernamentales tambaleantes que hacen cumplir las leyes de inmigración y de control de las fronteras, lo cual ha impulsado hacia adelante la represión de los inmigrantes.
La responsabilidad por la ejecución de las leyes de inmigración y el control de fronteras pasó del Departamento de Justicia al nuevo Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). En el Congreso de EE.UU., tanto los demócratas como los republicanos apoyaron sin reparos una gran expansión del aparato de control de la inmigración del país—doblando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y autorizando la triplicación de camas en las cárceles para los inmigrantes.
Hoy día, después del cambio en el debate de inmigración, el presupuesto de más de $15 mil millones de DHS para los asuntos de inmigración ha alimentado una economía de represión de inmigrantes que ha fomentado grandemente la ya inflada industria penitenciaria. Incluso ahora, con la implosión de la economía, los inmigrantes se encuentran detrás de una de las industrias más rentables del país: son el sector de más rápido crecimiento en la nación de la población penitenciaria de EE.UU.
A través del país se están construyendo nuevas cárceles a toda prisa para albergar a los cientos de miles de inmigrantes capturados cada año. Los gobiernos estatales y locales están compitiendo entre sí para atraer a nuevas cárceles para inmigrantes como el elemento central de sus planes rurales de "desarrollo económico".
Mientras que DHS está echando a los inmigrantes de sus trabajos y hogares, las empresas estadounidenses dedicadas al negocio del suministro de camas en las cárceles están engulléndose de ganancias financieras a raíz de la represión de inmigrantes. Aunque es sólo un aspecto de la historia más abarcadora de la inmigración, todo es parte de la nueva economía política de la inmigración.
Gente peligrosa
En el nuevo contexto de seguridad nacional, los inmigrantes indocumentados no son sólo bandidos: Son "personas peligrosas" que amenazan a la patria.
Los dos organismos del DHS que participan en hacer cumplir las leyes de inmigración—la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y Protección de Aduanas y Fronteras (CBP por sus siglas en inglés)—han experimentado aumentos en sus fondos de forma desproporcionada en los últimos años, duplicando su tamaño mientras que el total de los fondos del DHS se ha incrementado por sólo un tercio. La financiación de estos dos organismos aumentará por 19,1% en el 2009, mientras que el presupuesto global de DHS aumentará por sólo 6,8%. La caza de inmigrantes se ha convertido en una de las prioridades principales del DHS. Como dice el DHS, su misión es "prevenir los ataques terroristas contra la nación y proteger a nuestra nación de personas peligrosas".
Los inmigrantes atrapados en las operaciones de captura del DHS, en las redadas policiacas en los lugares de trabajo y por las patrullas fronterizas, fueron los "indicadores de éxito" que el Secretario del DHS Michael Chertoff señaló en su testimonio ante el Congreso el 18 de julio de 2008. Utilizó el aumento dramático en el número de aprehensiones y los "traslados" de inmigrantes como índice para mostrar que el DHS está teniendo éxito en su objetivo de "asegurar la patria y proteger al pueblo estadounidense".
Si bien el aumento del número de inmigrantes siendo arrestados, encarcelados y deportados claramente demuestra que el DHS está ocupado, no demuestran que el DHS está poniendo fin al terrorismo. Ni en sus testimonios ante el Congreso ni en sus comunicados de prensa el DHS jamás presenta pruebas que demuestran cómo el número de inmigrantes capturados mejora la seguridad nacional.
Un estudio realizado en el 2007 por el Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse encontró que no ha ocurrido ningún aumento en el terrorismo o en los cargos relacionados a la seguridad nacional en contra de los inmigrantes desde el 2001. De hecho, a pesar del aumento en las operaciones policiacas de Seguridad Nacional, más inmigrantes fueron acusados anualmente en los tribunales de inmigración de delitos relacionados con la seguridad nacional o el terrorismo en un período de tres años a mediados de la década del 90 (1994-96) que en un período comparable (2004-2006) desde el 11 de septiembre. Según el estudio del TRAC, "Una década más tarde, se entablaron cargos de seguridad nacional en contra de 114 personas, una disminución de alrededor de un tercio. Mientras tanto, para el mismo período, los cargos de terrorismo han disminuido por más de tres cuartos, con sólo 12".
Imponer el "régimen de la ley"
En vez de tratar la inmigración como la problemática socioeconómica compleja que es, DHS ha reducido la política de la inmigración a un sistema de crimen y castigo. Al aplicar la lógica simplista de derecho y orden propagada por aquellos con miopía política, DHS considera a los inmigrantes indocumentados no como trabajadores, miembros de la comunidad y madres y padres de familia, sino como delincuentes.
Dejándose llevar por las posturas de los institutos en contra de la inmigración y de las organizaciones asesoras de derecha, Chertoff llegó a DHS con una nueva interpretación de las operaciones del departamento en cuanto a la inmigración y el control de las fronteras: Un compromiso con un régimen normativo estricto para proteger al país en contra de terroristas extranjeros, y para reafirmar el "régimen de la ley".
En el periodo después del 11 de septiembre, el campamento miope se dio cuenta de que el mensaje en sus comunicados sobre la "ilegalidad" y "criminalidad" de los inmigrantes indocumentados adquirió una nueva resonancia. Procedieron a hacer más sofisticado el mensaje de "¿qué es lo que no entiendes acerca de ilegal?" con una mayor elaboración conceptual de la inmigración indocumentada. Los inmigrantes indocumentados ahora representaban una amenaza al "régimen de la ley" dentro de una nación que acababa de ser atacada por bandidos extranjeros.
Su nuevo lenguaje sobre la política de inmigración empezó a surgir por todas partes, desde los pronunciamientos de los grupos de derechos de inmigrantes hasta la plataforma del Partido Demócrata. En lugar de prometer una "vía merecida para obtener la ciudadanía", como lo había hecho en el pasado, el partido declaró que los inmigrantes indocumentados tendrían que "enderezarse con la ley".
De cara al futuro, Janet Napolitano, quien ha sustituido a Chertoff a instancias del Presidente Obama, aunque no es una mano dura en contra de la inmigración, parece estar dispuesta a adoptar la misma lógica de la ley y el orden. Como abogada, ex fiscal federal y gobernadora de Arizona que ha insistido en más control en las fronteras y respaldó una ley vigorosa de sanciones a empleadores, se puede esperar que Napolitano siga el ejemplo de Chertoff y el Partido Demócrata en insistir que las leyes actuales de inmigración sean aplicadas estrictamente "para reafirmar el régimen de la ley".
Los números de la detención de inmigrantes en EE.UU.
• Inmigrantes agarrados por DHS en el 2007: 960.756
• Detenciones por ICE ese mismo año: 311.169
• Aumento en las detenciones desde el 2006: 21%
• Presupuesto de DHS para la seguridad fronteriza & las fuerzas policiacas de inmigración: $12,14 miles de millones
• Aumento por encima del presupuesto del 2008: 19%
• Cambios desde que Bush asumió el poder: aumento de más del 150%
• Dinero para las operaciones penitenciarias de ICE: $1.8 miles de millones
• Número de nuevas "camas" que esto proporcionará: 1,000
• Número total camas de ICE en el 2009: 33.400
• Cuota promedio per diem para la detención de inmigrantes que se le paga a compañías privadas penitenciarias: $87.99
Fuentes: "Immigration Enforcement Actions: 2007," Annual Report, Department of the Homeland Security Office of Immigration Statistics, December 2008; "DHS Announces $12.14 Billion for Border Security & Immigration Efforts," Department of Homeland Security, January 2008; Leslie Berenstein, "Detention Dollars," The San Diego Union Tribune, May 2008; "Summary: 2009 Homeland Security Appropriations" Committee on Appropriations, September 2008.
Los inmigrantes son un negocio
Los imperativos políticos—la protección de la patria y hacer cumplir el "régimen de la ley"—durante los últimos ocho años han predominado sobre las fuerzas económicas que históricamente eran las que establecían la política de la inmigración. Aunque el mercado de trabajo de inmigrantes persiste, el aumento en los riesgos tanto para el empleador como el trabajador, junto con la recesión económica, parecen estar ejerciendo presión hacia abajo en la oferta y también en la demanda.
Pero incluso en la economía en decaimiento, la represión de inmigrantes ha fortalecido a otras fuerzas del mercado. Ansiosos de obtener lucro a raíz de la detención de inmigrantes, las empresas privadas penitenciarias y los gobiernos locales se están precipitando para suplir a DHS y al Departamento de Justicia con las cárceles necesarias para albergar a los cientos de miles de inmigrantes capturados por ICE y agentes de la Patrulla Fronteriza.
En la industria penitenciaria, la cama es un eufemismo para un lugar entre rejas. Incluso el Presidente Bush habló del idioma de cárcel-cama mientras platicaba sobre la política de inmigración. Al visitar el valle del Río Grande en el sur de Texas en el 2006 para promover la represión de inmigrantes, el presidente dijo: "Las camas son nuestra prioridad número uno".
El número de camas para los inmigrantes detenidos en centros de DHS se ha incrementado en más de un tercio desde el 2002. En la actualidad hay 32.000 camas disponibles para la población rotante de inmigrantes en el camino a la deportación, y otras 1.000 están programadas para entrar en línea en 2009. Esto no incluye las camas para los inmigrantes bajo la custodia de DHS que son proporcionadas por prisiones de condados y estatales, y por el Buró de Prisiones Federales.
Debido a la insistencia de miopes de la política de inmigración como el Rep. Tom Tancredo (R-Colorado), la Ley de Reforma de la Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 contenía una autorización para 40.000 camas adicionales para acomodar a los inmigrantes bajo la custodia del gobierno de EE.UU.
Al comenzar la represión de los inmigrantes hace dos años, ICE denominó su promesa de tener disponibles camas en centros de detención o prisiones para todos los inmigrantes arrestados "Operación Reservación Garantizada". El Departamento de Justicia tiene una iniciativa similar para asegurar que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS por sus siglas en inglés) tenga camas disponibles para los detenidos—como 180.000 al año, de los cuales más del 30% están detenidos por cargos de inmigración.
La mayor parte de las camas de prisión por las cuales ICE y la Oficina del Interventor Federal de Detención del Departamento de Justicia tienen contratos son con gobiernos locales; ICE tiene más de 300 acuerdos intergubernamentales con los gobiernos de condados y ciudades para detener a inmigrantes, mientras que el DOJ tiene 1.200 acuerdos de esa naturaleza. En muchos casos, en particular con los contratos para cientos de camas de prisiones, el gobierno local luego subcontrata con una empresa privada de prisiones para operar la instalación.
Las camas de prisión significan pagos per diem del gobierno federal que están muy por encima de lo que cuesta una habitación de hotel en las comunidades rurales donde se encuentran la mayoría de estas prisiones de inmigrantes. Con las cuotas per diem fluctuando entre $70 y $95 por cada inmigrante detenido, los gobiernos locales y las empresas privadas están apresurándose para ampliar las instalaciones existentes o crear otras nuevas.
Dependencia en los inmigrantes
El aumento en la detención de inmigrantes que salvó la industria en el 2000 (véase el recuadro) se convirtió en un poderoso auge en la demanda de camas de prisión para inmigrantes después del 11 de septiembre y la consiguiente represión de inmigrantes. La Corrections Corporation of America (CCA) ha reportado ganancias financieras arrasadoras durante los últimos años, en gran medida debido a la fuerza de la creciente demanda de sus "clientes" de ICE y USMS.
Cuarenta por ciento del total de los ingresos de CCA proviene de tres contratistas federales: el Buró de Prisiones, el Servicio de Alguanciles de EE.UU. y ICE. En la planilla que presentaron en el 2007 a la Comisión de Valores y Bolsas (SEC por sus siglas en inglés), CCA declaró: "Dependemos de asignaciones de fondos del gobierno". El Presidente de la CCA William Andrews le advirtió a los inversionistas que los altos rendimientos de la compañía se pudieran ver amenazados por un cambio en el ambiente político: "La demanda para nuestras instalaciones y servicios se pudiera ver afectada negativamente por la relajación de los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración ... o mediante la despenalización de ciertas actividades que actualmente están prohibidas por nuestra legislación penal".
Pero para comprender qué tan bien le está yendo al negocio penitenciario y cómo los inmigrantes son claves para el lucro de las cárceles, se puede escuchar la teleconferencia trimestral de noviembre del 2008 entre las empresas penitenciarias y las principales compañías inversionistas de Wall Street.
La CCA hizo alardes de que contó con un aumento de $33,6 millones en el tercer trimestre sobre el año anterior, mientras que los ingresos aumentaron 15% durante el mismo período. Antes conocida como Wackenhut, GEO Group, la segunda mayor empresa penitenciaria de la nación, experimentó un aumento en sus ganancias de 29% durante el 2007. Cornell Companies, otra empresa privada de prisiones que encarcela a los inmigrantes, reportó un aumento del 9% en sus ingresos netos en el tercer trimestre.
Las empresas penitenciarias privadas no están preocupadas de que la barrida del Partido Demócrata signifique menos camas. El 3 de noviembre el presidente de GEO Group George Zoley le aseguró a sus inversionistas: "Estas iniciativas federales dirigidas a los extranjeros criminales para detenerlos y deportarlos a través del país seguirán impulsando la necesidad para las camas de detención de inmigrantes durante los próximos años, y estas iniciativas han sido plenamente financiadas por el Congreso de forma bipartidista".
Haciendo frente al temor de los inversionistas de que los descensos recientes en los flujos de la inmigración indocumentada puedan apagar los rendimientos de las compañías, el presidente ejecutivo y de la junta de CCA John Ferguson dijo, "A pesar de que hemos visto la disminución de cruces fronterizos y de aprehensiones en el último par de años, estamos realmente hablando de una población de más de 12 millones de inmigrantes ilegales que residen en los Estados Unidos".
El jefe de la CCA les aseguró a los inversionistas que la dependencia de la empresa en los inmigrantes detenidos no es un factor de la política sino de las fuerzas policiacas. "La Oficina Federal de Prisiones, el USMS, Inmigración y Aduanas están cumpliendo con obligaciones derivadas de la legislación por las cuales son responsables. ... Es de esperar que seguirán utilizando al sector privado para cumplir con sus obligaciones legislativas y requisitos legales".
Los ejecutivos de las empresas penitenciarias incluso intiman que la crisis económica engrosará sus negocios. Cuando un representante de una empresa inversionista le preguntó sobre un posible descenso en los inmigrantes detenidos, James Hyman, el presidente de Cornell Companies, comentó: "No nos parece que veremos una disminución en la necesidad de camas de detención, particularmente en una economía con el desempleo en aumento entre los trabajadores estadounidenses".
Especuladores de la detención
Puede que haya un auge nuevo en la detención de inmigrantes, pero la noción de que los inmigrantes cautivos son un buen negocio se remonta a dos décadas atrás. Los inmigrantes fueron los primeros prisioneros de la industria.
Todo empezó en 1983 cuando una tertulia de republicanos acaudalados de Tennessee decidieron que las prisiones privadas eran justo lo que el país necesitaba para resolver los problemas de los motines, la sobrepoblación y los costos en aumento de las cárceles. Formaron la Corrections Corporation of America (CCA), con la misión de "proveer en asociación con el gobierno servicio público cabal", y tuvieron éxito en persuadir a la administración de Reagan de ayudar a lanzar la privatización de las prisiones al lograr que el Servicio de Inmigración y Naturalización (la agencia de la cual desciende ICE) le expidiera un contrato para mantener a los inmigrantes encarcelados en Houston.
Wackenhut Corrections (recientemente renombrada GEO Group), una empresa de servicios privados de seguridad, se expandió a la industria privada penitenciaria cuando entabló un contrato en 1987 para operar un centro de detención de inmigrantes de INS en Colorado.
Valiéndose de su experiencia en la detención de inmigrantes, CCA y Wackenhut pronto se dedicaron a solicitar que estados y condados establecieran pactos para prisiones privadas, mientras ganaban docenas de contratos con el gobierno federal. Sin embargo, el entusiasmo inicial del gobierno a todos los niveles se aguó con la incidencia cada vez mayor de escándalos de abuso en las prisiones de CCA y Wackenhut, lo cual llevó a algunos estados a cancelar contratos y sacar a prisioneros.
No obstante la detención de inmigrantes una vez más salvó a CCA, Wackenhut y otras empresas de prisiones privadas oscilantes. La ley de inmigración del 1996 que amplió las pautas para la deportación de inmigrantes indocumentados y legales empezó a cobrar vigencia, lo cual resultó en un aumento creciente en la demanda federal para más camas para inmigrantes detenidos, las cuales la industria privada de prisiones estaba muy dispuesta a suplir.
Las cárceles de inmigrantes como desarrollo económico
Cientos de gobiernos locales también están intentando sacarle partido a esta demanda creciente para camas para inmigrantes detenidos, abriendo sus cárceles a los inmigrantes bajo custodia de ICE y del Departamento de Justicia y construyendo cárceles nuevas para satisfacer el aumento previsto en la demanda.
Las consideraciones financieras tienen mucho peso en las comisiones de condados y departamentos de sheriff que se encuentran apretadas por carencia de fondos. Por ejemplo, el Sheriff Roger Mulch le dijo a los comisionados del Condado de Jefferson (Illinois) a finales de febrero de 2008, "ICE, durante los últimos tres meses, ha estado muy interesado en hacer negocios con nosotros". Cada localidad negocia independientemente con ICE y el USMS para establecer la cantidad de los pagos per diem, y según la demanda de los federales aumenta para camas de cárcel locales, los departamentos de sheriffs de condados están negociando cada vez mayores cuotas.
A lo largo de la frontera de México y Estados Unidos, particularmente en Texas, las cárceles son una industria en auge. Cerca de la ciudad fronteriza de Del Río, la Instalación de Correcciones Val Verde del condado, que es propiedad de y es operada por GEO Group, sólo tenía 180 camas hace ocho años. Hoy, después de su segunda expansión de 600 camas, en esta cárcel de máxima seguridad caben 1.425 presos.
En el Condado de Willacy en Texas, el gobierno del condado abrió el centro de detención de inmigrantes más grande del país en 2006, y actualmente se encuentra procurando un contrato federal para establecer uno de los tres nuevos centros de detención para familias inmigrantes.
El Comisionado del Condado Ernie Chapa, explicando cómo el gobierno del condado depende financieramente de encarcelar a los inmigrantes, dijo: "Nos encantaría tener 2.500 [inmigrantes ilegales], pero sabemos que no va a ser... Si recibimos entre 2.200 y 2.300, estaremos muy contentos".
Al participar en la celebración de apertura de la nueva cárcel para los inmigrantes, la Juez del Condado de Willacy Simone Salinas dijo, "Estamos orgullosos de haber podido incorporar a estas nuevas camas de detención en un tiempo récord, lo que resultará en el mejoramiento de la seguridad fronteriza, no sólo para los residentes del condado, sino también para nuestra nación".
"Se habla de desarrollo económico, pues he aquí donde está", Salinas le dijo a un reportero, señalando que la cuota inicial que recibirá el condado es de $ 2,25 al día por cada cama ocupada.
Un año más tarde, un nuevo acuerdo con ICE para otras mil camas fue recibido con entusiasmo por algunos funcionarios en lo que es uno de los condados más pobres de la nación. El nuevo juez del condado Eliseo Barnhart dijo que la expansión del centro de detención de inmigrantes gestionado por CCA traerá "empleos que se necesitan en el Condado de Willacy y significa ingresos, los cuales necesitamos desesperadamente".
"Es casi como un mercado de futuros. Las empresas de prisiones privadas están apostando en la expansión del sistema de detención de inmigrantes, y básicamente los especuladores de prisiones están convenciendo a las comunidades a hacer esto", le dijo al Denver Post Bob Libal, el director de Grassroots Leadership en Austin y un organizador con la Organización de Texanos del Sur Opuestos a las Prisiones Privadas. "Es un mercado truculento, pero un mercado de todas maneras", dijo Libal.
La nueva economía política de la inmigración
Lo que empezó como una guerra en contra del terrorismo se ha convertido en una guerra en contra de los inmigrantes. El acercamiento de "sólo hacer cumplir la ley" de la política de inmigración actual ha creado un lío de nuevos problemas, incluyendo una serie de asuntos de derechos humanos y cuestiones financieras asociadas con la detención y expulsión anual de los inmigrantes. La represión de inmigrantes ha dado lugar a un complejo de cárceles, centros de detención y prisiones que no están regulados, y que generan beneficios financieros a partir de la represión de inmigrantes.
Al inicio de una nueva administración y nueva era, la economía política de la inmigración es decididamente antiinmigrante. Factores políticos y económicos se han combinado para crear un entorno hostil para los inmigrantes indocumentados, tanto en el presente como en el futuro. Es posible que la reforma de la política de inmigración no sea de la más alta prioridad, pero la administración de Obama y el nuevo Congreso harían bien empezando a abordar el reto de transformar la economía política de la inmigración.
Los primeros pasos podrían incluir expresar más cuidadosamente la intersección de la inmigración, el régimen de la ley y la seguridad nacional. Napolitano debiera explicar que la verdadera amenaza para el régimen de la ley es no tener una política de inmigración que proporcione una vía legal hacia la integración de los 11 millones de inmigrantes que ya están dentro de los Estados Unidos.
Lo que es más, ella haría bien en desarticular los vínculos establecidos por la administración Bush entre los inmigrantes y los terroristas. Al mismo tiempo, se debe apreciar una relación más estrecha entre la política de inmigración y la política económica, y se debe proteger en contra de la explotación laboral, teniendo en cuenta la necesidad económica doméstica.
En lugar de una política basada en una evaluación calmada de los costos y beneficios de la mano de obra inmigrante a la economía de EE.UU., la actual política de inmigración se ha visto sumida en la política del miedo, el resentimiento, el nativismo y en echar culpas. La política de inmigración de "sólo hacer cumplir la ley" ha fomentado un complejo penitenciario nacional de inmigrantes que se nutre de números siempre en ascenso de inmigrantes detenidos. Como dijo el Comisionado de Condado Ernie Chapa, "Siempre que los números estén altos, es bueno para el condado ya que traen más ingresos".
FUENTES:
"Immigration Enforcement: The Rhetoric, The Reality," TRAC Immigration, 2007; "Corrections Corp. of America Q3 2008 Earnings Call Transcript," Seeking Alpha, noviembre 2008; "The GEO Group, Inc. Q3 2008 (Qtr End 9/28/08) Earnings Call Transcript," Seeking Alpha, noviembre 2008; "Cornell Companies Inc. Q3 2008 Earnings Call Transcript," Seeking Alpha, noviembre 2008; "Mulch: Jail May Soon House Immigrants", Register News febrero 2008; "Willacy County Goes $50 Million More In Debt to Expand MTC's Tent City," Texas Prison Bid'ness Blog, agosto 2007; "Federal detention center in Willacy to expand," The Monitor, julio 2007; "Inmate count continues to climb at detention center," Brownsville Herald, abril 2008.
Tom Barry dirige el Proyecto TransFronterizo del Programa de las Américas (www.americaspolicy.org) en el Centro Internacional de Políticas en Washington, DC. Su blog está en http://borderlinesblog.blogspot.com/.
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Recursos
Los presos inmigrantes, atrapados en el laberinto de la subcontratación
http://www.ircamericas.org/esp/5882
La migración indígena y sus desafíos en la coyuntura actual
http://www.ircamericas.org/esp/5755
La nueva relación binacional y la reforma migratoria
http://www.ircamericas.org/esp/5754
Cómo Wall Street pagó su propio funeral
Marina Litvinsky
WASHINGTON, 4 mar (IPS) - Un nuevo informe concluyó que Wall Street es el único culpable de la desregulación que derivó en la actual crisis financiera internacional.
Presentado por la Fundación por Información Esencial y la Educación del Consumidor, de Estados Unidos, el estudio documenta miles de millones de dólares gastados por el sector financiero en lo que finalmente sería su propia perdición.
El informe de 231 presentado este miércoles, titulado "Sold Out: How Wall Street and Washington Betrayed America" (Agotado: Cómo Wall Street y Washington traicionaron a Estados Unidos), muestra que el sector financiero invirtió más de 5.000 millones de dólares en comprar influencia política durante la última década.
Unos 3.000 cabilderos lograron desregulaciones y otras decisiones políticas que derivaron directamente en el actual colapso financiero.
"El informe detalla, paso a paso, cómo Washington sistemáticamente agotó a Wall Street", dijo Harvey Rosenfield, presidente de la Fundación, organización no gubernamental con sede en el occidental estado de California.
"Los programas de la era de la Gran Depresión que hubieran evitado la crisis financiera iniciada el año pasado fueron desmantelados, y las alertas de aquellos que pronosticaban el desastre fueron ahogadas en un océano de dinero político", dijo.
"Los estadounidenses fueron traicionados, y estamos pagando un alto precio –de billones de dólares—por esa traición", añadió.
Según el informe, los organismos reguladores del Congreso legislativo y del Poder Ejecutivo permitieron en las últimas tres décadas la erosión del sistema que impedía que el sector financiero actuara según sus propias tendencias.
De 1998 a 2008, intermediarios financieros de Wall Street, bancos comerciales, fondos de inversión, compañías estatales y conglomerados del sector de seguros hicieron contribuciones políticas por 1,7 billones de dólares y gastaron otros 3.400 millones en cabildeo, lo que significó una fuerza devastadora que aniquiló la regulación federal.
"El Congreso y el Ejecutivo respondieron a los sobornos legales del sector financiero, anulando los estándares del sentido común, impidiendo que los reguladores fijaran las pautas para afrontar los problemas emergentes", señaló Robert Weissman, principal autor del informe.
"La progresiva erosión de las murallas restrictivas permitió una inundación de malos préstamos, así como un tsunami de malas apuestas basadas en esos malos préstamos. Ahora, hay ruinas en el panorama financiero", dijo.
El informe documenta una docena de acciones desregulatorias que, juntas, provocaron la crisis.
Por ejemplo, la Ley de Modernización de los Servicios Financieros de 1999 formalmente revocó el estatuto de 1933 y otras normas relacionadas que prohibían a los bancos comerciales ofrecer banca de inversiones y servicios de seguros. El informe señaló que los reguladores no actuaron para evitar prácticas abusivas de financiamiento y proteger en particular a los propietarios de viviendas, lo que al menos pudo haber aliviado la crisis del sector hipotecario. La Reserva Federal tomó apenas tres acciones formales contra prestamistas de hipotecas de alto riesgo (subprime) de 2002 a 2007. La Oficina Controladora de la Moneda, que tiene autoridad sobre casi 1.800 bancos, actuó apenas en tres ocasiones para proteger a consumidores entre 2004 y 2006.
El informe presenta información sobre las contribuciones de campañas de varias instituciones financieras y revela grandes inversiones en la presión al sector político. "Las decisiones fueron influenciadas por gastos políticos y un cabildeo extraordinario", señaló Weissman.
Por ejemplo, algunas compañías de servicios financieros invirtieron más de 504 millones de dólares en contribuciones de campaña, y otros 576 millones de dólares en cabildeo, mientras que bancos comerciales gastaron más de 154 millones de dólares en campañas y 383 millones en grupos de presión.
Algunas firmas gastaron decenas de millones de dólares en ambas cosas. Durante la última década, Godman Sachs gastó más de 46 millones de dólares en comprar influencia política, mientras que Citigroup más de 108 millones y la caída en desgracia Merrill Lynch más de 68 millones.
¿Y LOS PARTIDOS
Guillermo Pérez.
Si alguna obra podrá anotarle la historia al presidente Alvaro Uribe, el único en lograr ser reelegido en forma consecutiva, es haber acabado con los partidos. De esas viejas colectividades que dominaron el panorama nacional por espacio de 150 años, sólo quedan cenizas. Mentiras, dirán algunos liberales y conservadores, ilusionados con la esperanza de que el uribismo, como las pesadillas, terminará algún día, pero la realidad es que rojos y azules atraviesan por su peor momento. Tiene más futuro un pollo frito que las huestes de lo que antes se denominaban pomposamente ‘’las colectividades históricas’’ Pero lo peor es que hasta la oposición de izquierda está atravesando por el mismo vía crucis. Todos van hacia el abismo con los ojos abiertos.
Exagerado, me dirán algunos. Pero hay que mirar con detenimiento lo que está pasando. Empecemos por el liberalismo, dueño del poder hasta hace poco. Su representación parlamentaria ha disminuido a niveles graves y un exintegrante de la colectividad, ahijado preferido nada menos que del jefe único, César Gaviria, está dedicado, como el lobo del cuento, a tratar de acabar con las gallinas. Se dice que ya ha logrado convencer a buen número de desilusionados para que se trasladen de las filas rojas al uribismo, donde recibirán como premio puesticos, contratos y hasta corbaticas para los parientes. ‘’Se reciben hojas de vida’’ dice letrero colocado en la oficina del pereirano Rodrigo Rivera, a quien los liberales, en su espantoso despiste, eligieron hace algunos años presidente de la Cámara, donde votó en contra de la absolución del expresidente Ernesto Samper. Al igual que el compañero Judas, Riverita, como le dicen en el Club Rialto de Pereira, anda a la caza de inconformes para reforzar las filas del gobiernismo. Y no le faltarán quienes cambien de bando. Ya pasó hace poco y con base en ‘’lentejos’’ se fundaron varios partidos de garaje, entre los que se encuentran la U, Cambio Radical y otros más que lograron pescar en el río revuelto de la ‘’seguridad democrática’’.
En el conservatismo la situación no es mejor. A pesar de los pataleos de algunos de sus dirigentes, las huestes azules, otrora tan orgullosas y sectarias, se han vuelto apéndice del gobierno, al punto de que muy pocos de sus dirigentes piensan en la posibilidad de tener candidato presidencial propio. ¿Para qué? dicen cínicamente los que sostienen que es mejor actuar como sanguijuelas del Presidente, donde tienen puestos y poder, que aventurarse por los desiertos de la oposición, donde solo hay espinas y abrojos. ‘’Mejor malo conocido que bueno por conocer sostiene sin ruborizarse exparlamentario que confiesa que el conservatismo no está en capacidad de recuperar su autonomía y banderas.
Los partidos de garaje, encabezados por la U y Cambio Radical, saben que no pueden nadar sin el flotador que significa Uribe. Solitos, sin el respaldo presidencial, no son capaces de elegir un solo concejal del más humilde pueblo y mucho menos un alcalde, un gobernador o un parlamentario. No se atreven, y recibo apuestas, a lanzar listas en las próximas elecciones pues saben que con un pastorejo el Presidente los desbarata.
La oposición del Polo está perdida por la ambición desmedida de sus jefes. Todos los cuales se creen en capacidad de derrotar, sin apoyo, la máquina electoral más poderosa que se ha visto en Colombia, el uribismo. Que fue capaz de recolectar varios millones de firmas para respaldar la reelección y recaudó miles de millones para financiar un referendo reeleccionista que, al igual que acaba de ocurrir en Venezuela, sabrá imponerse en las urnas, sin que importe mucho la oposición. Que lo único que puede hacer es dar patadas de ahogado.
Pero para evitar sorpresas, que en política siempre pueden ocurrir, el presidente Uribe, que es personaje maquiavélico, prepara jugada de ajedrez, destinada a acabar de matar a los partidos: dos funcionarios palaciegos, el consejero José Obdulio Gaviria, pariente de Pablo Escobar, y el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo,un siquiatra fracasado, se retiran de sus puestos y salen a hacer campaña gobiernista. Se dice que encabezarán las listas a Congreso de nuevo partido, qué entrará a reemplazar las colectividades de garaje que están muy desgastadas a raíz de sus problemas penales y sus enfrentamientos con el Presidente. Quien ha logrado hito histórico: poner a pelear entre sí a los aspirantes a su sucesión. Con un solo fin: acabar de liquidar a los partidos y demostrar que, además de ser irremplazable, nadie tiene la fuerza suficiente para sucederlo. Es la hecatombe que él quiere para aspirar a la nueva reelección. Que intentará, pase lo que pase, así se caiga el mundo. Recibo apuestas de los que crean que Uribe es un demócrata. GPT.
Exclusión, discriminación y abuso de poder en EL TIEMPO del Frente Nacional
Exclusión, discriminación y abuso de poder en EL TIEMPO del Frente Nacional
AYALA DIAGO, César Augusto
Universidad Nacional de Colombia
Formato 16 X 23 cms.
361 páginas.
ISBN: 978-958-719-133-2
2008. Primera Edición
Precio de venta al público:
48,000 pesos colombianos
26.70 dolares
El libro muestra de manera detallada las estrategias discursivas diseñadas por el diario El Tiempo de Bogotá, para representar a la oposición como una amenaza inminente para la democracia y el estado ideal de cosas alcanzado por el Frente Nacional (1958-1974). El análisis presenta el trabajo lingüístico, retórico y semiótico del periódico en su propósito de configurar las maneras de pensar y de actuar de la opinión pública en contra de la oposición.
HISTORIA - PERIODISMO - POLÍTICA - SOCIOLOGÍA
Exclusión, discriminación y abuso de poder en el tiempo del Frente Nacional muestra de manera detallada las estrategias discursivas diseñadas por el diario El Tiempo para representar la oposición como una amenaza inminente para la democracia y el estado ideal de cosas alcanzado por el Frente Nacional (1958-1974). El análisis presenta el trabajo lingüístico, retórico y semiótico del periódico en su propósito de configurar las maneras de pensar y de actuar de la opinión pública en contra de la oposición. El conocimiento histórico de los acontecimientos y sus protagonistas le permite al autor trascender el corpus textual y profundizar, además, en el análisis de la problemática política y social que se vivía a principios de la década de los sesenta en Colombia. Así, se examinan las coyunturas políticas, las alianzas, las traiciones y las historias de vida de los personajes públicos, para demostrar que la estrategia del periódico fue crear un imaginario donde el bien supremo y los ideales nobles estuvieran del lado de los ideólogos y políticos del Frente Nacional, mientras que el mal y la anarquía estuvieran del lado de los ideólogos y políticos de la oposición.
Este análisis cobra inusitada actualidad por los recientes acontecimientos mediáticos en la vida política. Se evidencia hoy, como ayer, la capacidad inmensa que tienen los medios de comunicación para constituir y fabricar ciertos hechos como realidades evidentes. El libro devela las estrategias discursivas que utilizaron los medios para beneficiar los intereses del Frente Nacional en detrimento de la oposición, representada principalmente en la Alianza Nacional Popular (Anapo) y el Movimiento Revolucionario Liberal (mrl).
Esta obra puede ser de gran interés para investigadores de distintas disciplinas: lingüistas, historiadores, politólogos, sociólogos, etc. Cualquier estudioso que se interese por los fenómenos políticos desde una perspectiva discursiva encontrará en este libro un análisis informado, exhaustivo y novedoso. Así mismo, encontrará al investigador comprometido con unos principios éticos de justicia y de verdad que, para el caso de esta obra, le permitieron reivindicar a quienes fueron excluidos y marginados por los abusos del poder y el trabajo ideológico del principal medio de comunicación de la época.
LA BRECHA DE LA IGUALDAD
Diva Criado Pacheco.
Cada 8 de marzo, como consecuencia de la celebración del día internacional de la mujer, se escriben en el mundo ríos de tinta reivindicando o denunciando sus condiciones de igualdad. Desde 1919, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó The convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). La cual entro en vigor como Tratado Internacional el 3 de septiembre de 1981, actualmente cuenta entre sus integrantes con más de 100 países que se consideran obligados por sus disposiciones.
Si bien es cierto, que el espíritu de la Convención tiene su origen en los objetivos de las Naciones Unidas de reafirmar la confianza en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además de dar la mayor atención sobre su situación jurídica y social a las mujeres; no es menos cierto, que se ha logrado representatividad en la vida política de ciertos países, pero estamos lejos de alcanzar la igualdad en cuanto a su participación.
De acuerdo a una reciente encuesta, realizada por “Pew Centre”, se concluyó que las mujeres poseen más cualidades educativas y de liderazgo que los hombres. El informe de los encuestadores del Pew menciona que “es como un equipo deportivo que tiene las mejores condiciones individuales y sin embargo pierde todos sus partidos”. Esto indica que las mujeres ganan prestigio pero no poder. Cabe anotar sin embargo, que en los últimos años hemos visto en España que la cuota de participación de mujeres en política es mucho mayor que en Estados Unidos de Norteamérica, situándose entre las más altas del mundo. En Latinoamérica dos mujeres ocupan hoy la más alta dignidad en el gobierno de Chile y Argentina, pero en términos generales la participación de las mujeres en política, incluyendo estos dos países, no alcanza el 20%.
La brecha laboral no es decreciente, la generación de puestos de trabajo sigue constituyendo bajos niveles de oferta y los ingresos continúan siendo menores para las mujeres. En la inserción profesional en Latinoamérica la tasa de alfabetización escaló posiciones altamente favorables, pero el ingreso al mercado laboral de las mujeres sigue siendo inferior que el de los hombres, por los obstáculos que impiden un mayor acceso y movilidad en el mercado productivo que se concentra en ramas de menor crecimiento económico como los servicios sociales, comunales y personales los que siguen siendo fuente principal de ingresos. El sub empleo y la economía informal, es ejercido mayoritariamente por mujeres, así como desarrollado en puestos de trabajo en condiciones precarias, sin posibilidades de promoción lo que les representa bajos ingresos, largas jornadas de trabajo y mayor vulnerabilidad, siendo por tanto notorias las condiciones de desprotección a las que se ven sometidas.
Para aumentar sus ingresos muchas emigran por el desempleo y la falta de oportunidades, entrando en un mercado laboral incierto aceptando empleos infra valorados, como el servicio domestico, actividad que se ejerce por cuenta propia y cuya remuneración, no se considera en la brecha salarial de la economía informal, circunstancia que afecta sus condiciones materiales viviendo muchas veces en peores condiciones que las que tiene en su origen, su situación familiar empeora por el distanciamiento, generándole depresiones y bajos niveles de autoestima.
La desigualdad en el mundo laboral de las mujeres constituye y seguirá constituyendo, una incuestionable situación de brecha laboral, económica y social . Se verá reducida cuando los gobiernos diseñen en sus políticas de empleo condiciones reales y especificas que garanticen a las mujeres un trabajo digno, con ingresos dignos que involucren políticas de redistribución de responsabilidades familiares como prioridades de políticas sociales
La reinserción, ¿un fracaso?
Ramón Elejalde Arbeláez, relejalde@gmail.com
El recrudecimiento de la violencia en muchos puntos de la geografía nacional, la confrontación entre bandas al margen de la ley, demuestra que algo está fallando en el proceso de paz que tanto tiempo, recursos y esfuerzos le ha dedicado el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Semejante desgaste va perdiéndose en el incremento de ejércitos privados, que arrojan por tierra el propósito de recuperar para el Estado el monopolio de las armas.
Medicina Legal dice que “La violencia en Colombia se incrementó un 14,2% en 2008 frente a la registrada el año 2007”. Por su parte en Antioquia se incrementaron los homicidios en un 15% y el “gobernador encargado lo atribuyó a pugnas entre bandas” (El Mundo, 7 de enero de 2009). En Medellín los datos son aún más escandalosos, puesto que los homicidios se incrementaron durante el año pasado en un 35,4% con relación al año 2007. Éstas son falencias de la Seguridad Democrática. No puede ser que los éxitos de esta política gubernamental se le imputen exclusivamente al presidente Uribe, mientras los fracasos recaen sobre alcaldes y gobernadores. Escurridizo resultó el Gobierno de Antioquia cuando en un pasado éxodo de cocaleros y campesinos en el Bajo Cauca expresó que estaban dispuestos a colaborar en las soluciones pero que ése era un tema de responsabilidad del Gobierno Nacional. Por el contrario, el alcalde Alonso Salazar ha venido recibiendo el chaparrón solo, especialmente de sectores afectos al presidente Uribe Vélez.
Para nadie es un secreto que en todo el País se ha venido deteriorando el orden público. Afirmar como lo dicen altos funcionarios estatales que el paramilitarismo no existe, no pasa de ser un chiste que los colombianos sabemos que no es verdad. El reclutamiento en casi todas las regiones donde existió éste fenómeno se ha venido recrudeciendo, a los jóvenes les ofrecen entre 800.000 y 1.200.000 pesos, más un fusil. El desempleo, la crisis económica, la disminución de los giros del exterior por parte de los familiares y las ganas de dinero fácil, son factores que llevan a los jóvenes a engrosar filas de ilegales.
Las amenazas en la ciudad de Medellín, en el Magdalena Medio y en el Bajo Cauca, citando sólo ejemplos cercanos, son el pan nuestro de cada día. Panfletos que anuncian una “limpieza social” circulan por estos lugares impunemente. La internet está llena de los mismos. La gente se está limitando a guardar silencio y a resguardarse en el hogar a tempranas horas. Hay voces oficiales que en privado esperan que alguna de las fracciones del narcotráfico (¿o paramilitarismo?) triunfe sobre las otras para que se pueda alcanzar nuevamente la paz. Esta esperanza nos hace pensar que la tranquilidad de que gozamos en los albores del proceso de paz fue simplemente producto del control que los jefes paramilitares ejercieron sobre sus tropas y no la acción oficial, lo que algunos llamaron en Medellín la “dongobernabilidad”. La paz que con bombos y platillos anuncia el Secretario de Gobierno en Urabá y el Nordeste en la prensa de ayer, apunta a que se consolidó uno de los grupos de ilegales.
El proceso de paz tuvo muchos vacíos: nunca se supo que pactaron autodefensas y Gobierno o si como lo afirma Luis Carlos Restrepo, nunca existieron acuerdos. La misma extradición de los jefes paras es una muestra palmaria del fracaso del proceso. La Ley de Justicia y Paz se hizo para los jefes y no para la tropa. Los jefes fueron extraditados y las víctimas no verán resarcidos los daños, ni encontrarán a sus muertos y la verdad morirá en una prisión gringa. Si los jefes paras continuaron delinquiendo después de iniciado el proceso, algo no funcionó, y si los extraditaron sin que hubieran continuado delinquiendo, más preocupante aún. Nadie, por ejemplo, ha entendido cómo se entregó a Estados Unidos al tristemente famoso Ever Veloza o H. H. que venía diciendo su verdad a las autoridades de Justicia y Paz.
Se retira el comisionado de Paz, doctor Luis Carlos Restrepo y lo hace para convertirse en jefe político. Lo malo es que nos deja su proyecto supuestamente listo. Creo que no pasa de ser “alegrías de gallo capón”. Todos los días la reinserción se va diluyendo en la guerra sin cuartel que existe por territorios, laboratorios, cultivos ilícitos y expendios de drogas. A todo lo anterior debemos sumarle el inocultable aumento de las áreas sembradas de cultivos ilícitos que es y ha sido el combustible de la guerra. Los narcotraficantes han aprendido a defenderse de la aspersión con glifosato y con novedosos pero artesanales sistemas, están convirtiendo la fumigación en un medio para obtener mejores cultivos. La melaza, un producto de la caña de azúcar, es un antídoto eficaz contra el químico con el cual fumigan.
REELECCION Y DEMOCRACIA
MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Marzo 8 de 2009
El apoyo a la reelección presidencial ha sido, en Colombia y en otros países latinoamericanos, una cuestión de personalismos. Las reformas constitucionales hechas en beneficio propio de presidentes en ejercicio se aprobaron sin reparar en el debilitamiento de las instituciones o en las consecuencias políticas de mediano plazo, sin cuestionar siquiera los mecanismos corruptos usados para tramitar las reformas. El argumento decisivo fue la popularidad del caudillo y el apoyo de las mayorías de una opinión pública extasiada antes los resultados de su gestión, más ilusorios que reales, y hábilmente convencida de que el líder supremo era irremplazable.
Este desdén por las instituciones democráticas, este menosprecio de la ética, e inclusive de la estética en la política, esta manipulada miopía de las mayorías para ver que el traje nuevo del emperador simplemente no existía, ya produjo en Argentina y Perú los conocidos fiascos de Menem y Fujimori. En Colombia y Venezuela no se ha cerrado el ciclo pues los mandatarios de estos dos países, que ya cambiaron la Constitución una vez para hacerse reelegir, aspiran a hacerlo por segunda vez para darle la oportunidad a sus bien aceitadas mayorías de que vuelvan a expresar en las urnas la supuesta voluntad “democrática” de que se perpetúen en el poder.
Ante las pasiones que despiertan las controversias personalizadas sobre las virtudes y defectos del caudillo, es necesario llevar el debate sobre la reelección más allá de los argumentos subjetivos (me gusta el presidente o no me gusta) al campo del análisis político e institucional. No hay duda que la imagen del presidente Uribe es muy positiva, que ha mejorado la seguridad y que con su estilo y dedicación al trabajo ha contribuido a recuperar la confianza y la autoestima del país, pero aún reconociendo esos factores positivos, son cuestionables el cambio en las reglas de juego en la mitad del partido y los procedimientos utilizados para cambiar la Constitución en beneficio propio.
Por eso es necesario “des-uribizar” el debate sobre la reelección, es decir hacerlo independiente de la figura del presidente Uribe; porque el nuevo cambio al “articulito” de la Constitución que se está proponiendo, si bien se hace para beneficiar por segunda vez a Uribe, también tiene profundas consecuencias para todo el andamiaje institucional del Estado colombiano que trascienden el próximo período presidencial.
La cuestión que se debe debatir es si para Colombia es conveniente o no la figura de la reelección presidencial inmediata, y si en el marco constitucional vigente existen los pesos y contrapesos democráticos que permitan evitar los abusos de poder de mandatarios en ejercicio en trance de campaña electoral. Por supuesto, el debate se extiende también al caso de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que ahora piensa proponer el gobierno.
En cierto sentido el propio presidente Uribe ha propuesto “des-uribizar” el tema al plantear que lo que se debe reelegir no es necesariamente él mismo sino sus políticas. Se refiere, por supuesto, a los tres pilares de su modelo de Estado que son típicos de una visión conservadora: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.
La postura liberal frente a estas cuestiones es clara. En primer lugar, a Colombia no le conviene la figura de la reelección inmediata del presidente ni de los mandatarios locales y, en el caso del presidente es necesario volver a la prohibición absoluta de la reelección tal como la estableció Constitución del 91, aunque si podría proponerse ampliar en un año el período presidencial.
En segundo lugar, no se deben continuar las políticas conservadoras del gobierno sino cambiar el rumbo del país para que haya más seguridad pero con democracia, para que la confianza de los inversionistas no se construya a expensas de los trabajadores y los campesinos, y para que la cohesión social no se construya sobre la endeble base de las dádivas caritativas del mandatario sino sobre la garantía de los derechos económicos y sociales de toda la población y la protección de los más pobres.
JOSE HILARIO LOPEZ HUILENSE POR ADOPCION
Julio Enrique Ortiz Cuenca
El estudio de la historia regional, de sus protagonistas y de sus propios valores, fortalece la identidad de los pueblos, modela su personalidad , proyecta sus planes futuros y le permite enfrentar la violación de soberanías y despersonalización social promovida por la globalización y las políticas neoliberales.
En Campoalegre se realizaron actos conmemorativos en los 160 de haber sido elegido como Presidente de Colombia el General José Hilario López y 100 del natalicio del doctor Eugenio Ferro, organizados por la Alcaldía, Academia de Historia, Directorio liberal Departamental y Veedor nacional del liberalismo.
El general López fue Gobernador de la provincia de Neiva, presidente del Estado Soberano del Tolima cuando su capital era Neiva, primer presidente Liberal de Colombia y libertador de los esclavos . Nació en Popayán y murió en Neiva 1789- 1869.Vivió en el Huila 40 años después de participar como héroe de la independencia y su esposa e hijos fueron huilenses. En Gigante recibió la comunicación de su elección como Presidente de la República ,municipio que tiene en su plaza principal la ceiba mas grande y frondosa declarada árbol rey de la nación , y que unos historiadores la llaman la ceiba de la libertad por haber sido sembrada el día que el General López firmo el decreto que acabo con la esclavitud y otros consideran que fue sembrada en homenaje por la elección del primer presidente liberal, razones históricas suficientes para que consideremos al General José Hilario López , huilense por adopción, memoria que no hemos reivindicado y que pareciera perdida en el tiempo al no darle importancia a la historia de nuestra región , a nuestros valores y a los aportes que el Huila le ha hecho a la vida nacional.
El general José Hilario en su periodo presidencial 1849-1853, implemento el modelo liberal cuya plataforma ideológica promulgo en 1848 el fundador del liberalismo Dr. Exequiel Rojas. Entre sus ejecutorias se encuentra la abolición de la esclavitud, la primera ley agraria después de la colonia, la instrucción publica gratuita y obligatoria, la federalización y fortalecimiento de las regiones, la supresión de la pena de muerte, el sufragio universal y la separación de la Iglesia y el Estado, expulsando a los jesuitas que eran la primer multinacional dueña de medio país , lo que llevo a que cuando murió en Neiva los sacerdotes prohibieran su entierro en el cementerio católico siendo enterrado en el cementerio laico de Campoalegre. El historiador liberal Delimiro Moreno considera que la regeneración en 40 años de hegemonía conservadora y el monopolio de la educación del Huila por monseñor Esteban Rojas, privó a las nuevas generaciones de conocer la verdadera historia de liberales, forjadores de la patria ,que desde el Huila construyeron país y nacionalidad, como los expresidentes José Hilario López, José María Rojas Garrido y el jurista Eustaquio Álvarez entre otros.
El doctor Eugenio Ferro nació y vivió en Campoalegre que lo considera uno de sus hijos ilustres que mas ha contribuido a su desarrollo social y económico. Fue senador y gobernador del Huila. Presidente de la sociedad de agricultores y de ganaderos a nivel nacional .Contribuyo a la aplicación de la ley 200 de 1936 o ley de tierras. Padre del doctor Jorge Eugenio Ferro Triana quien le ha prestado grandes servicios al liberalismo y al Huila como dirigente gremial, Representante a la Cámara y Gobernador encargado.
Julioenriqueortiz@yahoo.com
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OCTAVIO QUINTERO, 09-03-09
Los analistas que se detienen en las cuestiones puramente de la guerra y la paz en Colombia dicen que el gobierno de Uribe tiene la obsesión de extinguir las Farc de la faz de la tierra, y a esa lucha (su lucha), destina todo lo que llamamos “seguridad democrática”: Antonio Caballero, en Semana.
En cambio, los que se dedican a los análisis económicos señalan que la principal obsesión de este gobierno es seguir en busca de la prueba reina que muestre las bondades del libre mercado, a pesar de que su principal víctima hoy sea Estados Unidos, su propio progenitor: Eduardo Sarmiento/Paul Krugman, El Espectador.
Y de contera, los analistas de relaciones internacionales acaban de descubrirle otra obsesión: mantener viva la doctrina Bush y su guerra preventiva, y hasta llegar a acompñar al Imperio en su función de “policía del mundo”, al autoasignarse el ministro de Defensa Juan Manuel Santos la facultad de poder cazar terroristas aquí y/o en cualquier lugar del mundo.
Así que este pobre país colombiano está en manos de un obsesivo, aconsejado por un séquito de paranoicos, instigados por José Obdulio Gaviria.
Y es apenas lógico que en ese caldo de cultivo se den escándalos tan exuberantes como las chuzadas del DAS que terminan por meterse hasta en el teléfono de José Obdulio (como para que no parezcan ordenadas por él). Si el truco no fuera tan viejo resultaría hasta ingenioso.
Y “como para no creer”, dicen las señoras, un magistrado de la Corte Constitucional (el joven Manuel José Cepeda), quien enmendó su voto sobre la reelección presidencial instantes antes de la votación final, y que por cambiar del NO al SI, su padre es desde entonces embajador en Paris, termina su período el próximo viernes 13 de marzo y a partir de entonces puede entrar a gozar de un contrato de más de 90 millones de pesos que le acaba de extender Telecom por servir de asesor e intérprete de una sentencia expedida por la Corte, cuyo ponente fue él mismo. Sin palabras.
Los ejemplos anteriores son apenas una “muestra gratis” de ese “Jardín de las dudas” en que pelechan las flores de este gobierno.
Algo más sobre la penalización
Jorge Mejía Martínez, Jorge.mejia@une.net.co
El gobierno no sabe cómo achacar el incremento del consumo de alucinógenos en el país a la despenalización de la dosis personal. No se le ocurre pensar que ello no es más que consecuencia de tanta oferta pululando por culpa de los jifaros que se alimentan de la impotencia del mismo gobierno y de la justicia, incapaces de acabar con las redes criminales construidas alrededor de los beneficios económicos de la droga. En los barrios es común escuchar de boca de los pobladores la queja de que todo mundo sabe donde quedan los sitios de expendio de alucinógenos, pero las autoridades poco hacen. Por los postigos de las ventanas los vecinos observan la llegada de policías en moto, no para cerrar los negocios, sino para cobrar la liga. La lucha por controlar los lugares de expendio en los barrios –con utilidades promedio en Medellín de 600.000 pesos diarios según estudios del IPC- explica en gran medida el incremento en la criminalidad que hoy padecen los habitantes de los centros urbanos en Colombia.
Si la penalización fuera la solución, en Estados Unidos no estarían alarmados por el incremento de 500.000 nuevos consumidores que arriesgan, por una o muchas pipiadas, someterse al escarnio público de la cárcel o el señalamiento. Mientras se criminaliza el consumo se tolera que el territorio norteamericano se convierta en el primer productor de cannabis del mundo. Según el informe de Gettman, EE.UU. produce anualmente unos 35.800 millones de dólares de marihuana, lo que hace que sea el cultivo más rentable del país, por encima del maíz y el trigo combinados y la soja. California concentra un tercio de la producción nacional de marihuana y es mayor que el de las uvas, el heno y los vegetales juntos. Pero el improductivo glifosato colombiano no se contempla para rociar los cultivos expandidos bajo las narices de la DEA.
Más de cinco intentos fallidos lleva el actual gobierno tratando de penalizar lo que es un asunto de prevención y salud pública. Hay que velar por la salud de los colombianos, nos dice. Si se hiciera un ranking de causas de muerte en el mundo, ¿qué lugar ocuparía la obesidad? Ocupa el segundo lugar con sus enfermedades asociadas. El primero lo tiene el cáncer. La OMS la considera la primera causa prevenible de muerte. El gobierno debiera prohibir comer de más. Más letal es el tabaco que mata a 5 millones de personas por año o el alcohol que acaba con 2,5 millones. Las drogas hacen morir 200.000 consumidores. El sobrepeso causa más muertes que las drogas.
El afamado Milton Friedman considera que el papel adecuado del gobierno sería exactamente el que dijo John Stuart Mill en el siglo XIX: no tiene nunca el derecho a inmiscuirse en la vida de una persona por el propio bien de esa persona. ¿Por qué no sería correcto que nos diga que no hagamos paracaidismo por que nos podemos matar? Luigi Ferrajoli, padre del garantismo penal, considera que La legislación antidroga que se ha desarrollado en el mundo bajo la presión de Estados Unidos es totalmente irracional. Esto sólo produce criminalidad y no la disminución del consumo. El prohibicionismo significa afirmar el monopolio criminal del mercado de la droga, que produce, en forma inevitable, criminalidad grande y pequeña, en este caso de los pequeños vendedores de droga. Esta criminalidad ejerce una presión sobre todos los jóvenes que la legalización de la droga no produciría. Existe un interés de los pequeños consumidores-vendedores de corromper a otros jóvenes. Esto está ligado a la presión de los grandes monopolios de la droga. Todo eso lleva a que la represión caiga sobre la mano de obra barata y no sobre las grandes empresas.
Es posible que la legalización, dice ferrajoli, en un breve primer momento, produzca un aumento del consumo, pero en el largo plazo produzca una disminución, porque ya no estaría la presión y la corrupción sobre los consumidores, que deben convencer a sus propios compañeros de que consuman. Uno de los pasos a dar, en el combate contra las drogas, es disponer la inimputabilidad del consumo. Es un principio clásicamente liberal el decir que “los actos contra sí mismo no son punibles”. Cada uno es soberano sobre su persona. La criminalización sólo empeora el problema. Otra medida podría ser la de diferenciar droga pesada de droga liviana. Lo importante es disminuir el daño. Y para eso, el Derecho Penal no es una varita mágica. Le creo más a este italiano que a Fabio Valencia Cossio.
Doble Moral o Diplomacia
César González Muñoz
Usted decidirá, lector, si todo este cuento de las disputas sobre normas comerciales y sobre el libre comercio está abrumado por la doble moral, o si lo considera un tema común y corriente de la diplomacia y de la política.
El congreso de Estados Unidos aprueba un gran plan de estímulo fiscal (casi 800 mil millones de dólares), pero le cuelga una variedad de “micos” que restringen el comercio exterior para satisfacer bases regionales de electores de ambos partidos y para asegurar el apoyo del movimiento sindical. Todavía no se conoce el impacto efectivo de las restricciones comerciales en los negocios de los principales exportadores a Estados Unidos; en todo caso, el estartazo fiscal aprobado estipula que las obras públicas y los proyectos de construcción que reciban fondos de ese origen deben usar bienes y servicios gringos. El hierro y el acero son productos cruciales en esta norma del Congreso de Estados Unidos. Colombia no tiene velas en ese entierro.
Pero Brasil sí: El tamaño de su PIB es el décimo en el mundo. Las exportaciones brasileñas llegaron a alrededor de 200 mil millones de dólares el año pasado. En la geopolítica comercial, nuestro vecino es un actor estelar. Es, por fuerza, un miembro prominente de la Organización Mundial del Comercio; la diplomacia brasileña se ha hecho oír duro en las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC, que busca consolidar reglas multilaterales de liberación comercial. El gobierno de Brasil está obligado a mantener una atención constante sobre lo que hacen, u omiten, los países más ricos en el campo del comercio internacional.
No sorprende que el canciller Celso Amorim de Brasil haya anunciado que su gobierno está estudiando una demanda de la legislación recién aprobada en Washington (la célebre cláusula de “compre estadounidense”) ante la propia OMC, por considerarla violatoria de los principios de la Organización. Claro que Brasil, por razones propias, no es signatario de un acuerdo internacional tutelado por la OMC que busca regular las compras públicas en el contexto de la libertad de comercio; pero Amorim dice que el problema va más allá de las normas sobre contratación estatal.
Brasil y Estados Unidos ya han intercambiado guantazos en ese escenario. El caso más significativo es el del algodón: Brasil obtuvo en la OMC una sentencia contra Estados Unidos por los subsidios que este país le otorga a los cultivadores algodoneros (unos doce mil millones de dólares al año), que perjudican a los productores brasileños. El gobierno gringo no le ha prestado atención a la sentencia, con lo cual Brasil puede acordar retaliaciones en otros sectores o productos.
El Presidente Obama – probablemente con un ojo puesto en Brasil - declaró hace unos días que “los otros”, incluyendo los países con “economías emergentes” no estaban entregando mayor cosa en las discusiones de la Ronda Doha y que su país no está contento con eso. Los brasileños respondieron de inmediato que nadie debe poner más ofertas sobre la mesa, y que la agenda en discusión es suficiente. Esta bien puede ser otra piedra en el complicado camino de las negociaciones de la Ronda. Por su parte, el presidente Lula en la próxima reunión del G-20 les va a cantar la tabla a los países ricos por sus tentaciones proteccionistas en esta era de recesión. Pero la última revisión de la OMC a la política comercial brasileña les permitirá decir a todos ellos que la nación suramericana no tiene derecho a tirar la primera piedra. ¿ doble moral o diplomacia?
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