BOLETIN VIRTUAL

QUIEN SE ADUEÑA DEL PODER, SÓLO LO DEJA POR LA FUERZA.
Frase del Presidente Panameño Manuel Amador Guerrero al renunciar a la postulación para la reelección en 1908.

CONTENIDO

• Nuestros problemas los tenemos dentro, Héctor Gómez Paniagua.
• Se extingue una buena experiencia, Ramón Elejalde Arbeláez.
• La conspiración, Mauricio Cabrera Galvis.
• Crece la inconformidad, Rodolfo Correa.
• De la desaceleración al estancamiento, Amylkar Acosta.
• Una gobernación mentirosa, Jorge Mejía Martínez.
• Los corteros de caña, Juan Manuel López Cabrales.
• El desorden fiscal y el pistón cambiario, César González.




NUESTROS PROBLEMAS LOS TENEMOS DENTRO

Héctor Gómez Paniagua
Circulan mensajes alarmantes sobre la posibilidad de que Chávez puede llegar a influir tanto en la política colombiana, como para imponernos un Presidente de la República.. Basan sus temores en el hecho de que los millones de colombianos residentes en Venezuela, favorecidos por las ayudas que reciben de ese gobierno, decidan hacerlo por el Polo Democrático, subvencionado por Chávez y seguidor de sus políticas.
Este mensaje de miedo no tiene ni pies ni cabeza y se derrumba desde el comienzo, con el hecho de que la indiferencia de los colombianos, que los lleva a las mas altas cotas del mundo en abstencionismo, pueda pensarse que van a votar masivamente en el exterior y en determinado sentido, solamente por el hecho de haber recibido cualquier dádiva del Gobierno de Chavez, al que la mayoría no quiere..Estos catastrofistas no conocen la mentalidad independiente y rebelde del colombiano. Basta con mirar los resultados de las últimas elecciones, con índices mínimos de participación en Venezuela, para ver que esos emigrantes están lejos de cumplir consignas para votar masivamente al Polo o a otro determinado partido, a pesar del abandono que sienten de parte de la administración colombiana. Aunque todos les propongan programas que atiendan mejor a sus necesidades, el solo hecho de haber emigrado y vivir en un medio hostil, les ha dado una cierta cultura política y solamente votarían por convencimiento.
Los que utilizan los métodos del miedo para evitar el avance de la izquierda no están ciegos sino que no quieren ver la realidad colombiana. El Polo Democrático tiene extremistas, como los puede tener la derecha, pero sus dirigentes, analizados con un criterio objetivo universal, son líderes política y democráticamente correctos, y muchos de ellos moderados en sus propuestas ante nuestro grave problema social. Lo mas importante para el futuro político del país es que el Polo está en contra del terrorismo, es defensor a ultranza de los derechos humanos y ninguno de sus detractores, enemigos de la pluralidad, ha demostrado que tengan vínculos con las FARC. Un partido moderno de izquierdas, democrático y con vocación socializante, podría aprovechar la situación de desintegración partidista, para proponer programas drásticos de reajuste institucional, al estilo de lo que ha hecho el PSOE en España en las tres últimas décadas. Al final esa podría ser la ruta del Polo Democrático si se unifica en torno a programas de exclusivo beneficio social y no sería extraño que acabe coaligándose con el Partido Liberal, que con su vocación social y democrática, ya es miembro de la Internacional Socialista.
Los problemas y riesgos del futuro de Colombia no están fuera sino dentro de sus fronteras, con un sistema que no da oportunidades iguales a todos, con una estructura política arcaica, con la corrupción generalizada a todos los niveles, con un reparto inequitativo de los beneficios del desarrollo, con un desempleo galopante, con malos servicios sociales de educación y salud y con mas de la mitad de la población en la mas absoluta pobreza. De nosotros depende tomar conciencia de que los que estamos disfrutando de la mejoría de la seguridad y de la situación económica que ha traído el gobierno del Presidente Uribe son agua de borrajas, placer pasajero que terminará hundiéndose, al estar sentado sobre una bomba de relojería que explotará cuando se extienda a Colombia la tendencia actual de los sistemas progresistas o de los revolucionarios. Colombia no puede permanecer tan sola como está, en una burbuja aparentemente infranqueable, ante el avance de la socialdemocracia como sustituto pendular del sistema neoliberal que con la actual crisis se está desboronando. Vivimos en un mundo en que la información no es monopolio de unos pocos sino de todos.
Si la reestructuración política que se está fraguando permite crear una gran colectividad en forma de partido, con programas ambiciosos que atiendan a la problemática social y no al beneficio personal, con criterios de justicia social, tolerancia, diálogo y modernidad, podemos evitar el riesgo latente de la importación de sistemas revolucionarios que tanto nos preocupa. Sería nuestra propia revolución, pacífica, pluralista y concertada. El que quiera luchar contra el peligro exterior no tiene mas remedio que reconocer la gravedad de la situación social, renunciar a los privilegios y colaborar en la construcción de una nueva sociedad mas justa para las generaciones futuras, despojada del mayor de los vicios, que es la cultura de la violencia y la intolerancia.
Pero para lograr estos objetivos es necesario agitar políticamente al pueblo para sacarlo de su indiferencia ancestral, hasta que tenga conciencia de que su participación y protagonismo en la política es un deber y un derecho, que le permitirán defender sus intereses y exigir a los políticos elegidos que trabajen honestamente a su servicio. Una fórmula sería promover a todos los niveles como acción fundamental y colectiva, programas de educación para la ciudadanía, como una asignatura generalizada tan importante como la alfabetización.
Ojala podamos tener algún día en Colombia un sistema político tan avanzado como el español, que con solo treinta años de democracia está dando al mundo un ejemplo de convivencia pluralista en el que todos los partidos, de izquierdas o derechas, trabajan con un gran respeto institucional, con las naturales divergencias ideológicas, pero dentro de un esquema que busca ante todo el bienestar de los ciudadanos, logrando llegar a ser uno de los primeros países en gasto social y atención al ciudadano, con servicios similares a los sistemas de los países nórdicos, y por supuesto a años luz del precario sistema de protección americano. .
Madrid, octubre de 2.008


Se extingue una buena experiencia

Ramón Elejalde, ramone@une.net.co
El 21 de junio de 1918 los jóvenes de la provincia de Córdoba (Argentina), proclaman una reforma universitaria sustentada en el cogobierno, algo así como entregarles a los estudiantes y a los profesores la designación de las autoridades universitarias y de los catedráticos de las mismas. Esa histórica decisión sirvió de sustento para que en el año de 1966, un grupo de colombianos, rebeldes frente a la actuación autoritaria que se padecía en las Universidades de Antioquia y de Medellín, fundaran la Universidad Autónoma Latinoamericana. Fue el contundente rechazo al “Yo mando aquí”. Fue el triunfo de la participación frente al totalitarismo.
El Manifiesto de Córdoba ha sido el marco institucional que durante 42 años ha guiado exitosamente a la Universidad Autónoma Latinoamericana. Sus rectores, sus decanos y sus profesores han sido designados por un Consejo Superior Universitario, los primeros y por un consejo de facultad, los otros, corporaciones en las que están representados paritariamente alumnos y profesores. Eso ha garantizado democracia, representatividad, participación y formación democrática. Hoy la Universidad tiene a distinguidos egresados en posiciones de privilegio. El Congreso, las altas cortes, alcaldías, la de Medellín, por ejemplo, son instituciones que han dado albergue a ex alumnos de la Universidad Autónoma. Este centro docente lleva 42 años de paz y de convivencia. La experiencia de Córdoba (Argentina) ha funcionado.
Lamentablemente los mismos fundadores, ya hoy abuelos muchos de ellos, renegaron de la gran conquista y están en proceso de sacar el cogobierno de la Universidad por la puerta de atrás. Los mismos fundadores van a designar el rector, una atribución que en aras de respetar el Manifiesto no se abrogaron en su juventud; el rector va a designar los decanos, y éstos, los profesores. Una estructura piramidal, mandada a recoger en la vida universitaria y en la administración moderna. Mientras en todos los centros de educación superior de Colombia se democratiza la elección de las autoridades universitarias, en la Universidad que dio ejemplo de participación y democracia, vamos a retroceder en el tiempo. Una lástima cuando lo vigente viene funcionando.
Se dice que todo se hace para modernizar la Universidad. De acuerdo que este querido centro requiere un timonazo, pero no puede ser dándole en el corazón a lo que ha funcionado bien, a lo que con orgullo exhibimos en todas partes. Volver a los reyezuelos que los fundadores criticaron en las Universidades de Medellín y de Antioquia hace 42 años, es un retroceso imperdonable. Otra engañifa es decir que el cogobierno continúa, eso en la teoría resulta cierto, pero en la práctica lo que estamos acabando es con el epicentro del cogobierno. Claro el Manifiesto de Córdoba en este campo: “La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante, sólo podrán ser maestros en la república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien (…) La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
Todos los alumnos y casi todos los profesores hacemos ingentes esfuerzos por que los fundadores sostengan la columna vertebral de la Universidad, recapaciten y entiendan que la mismísima acta de creación de la Autónoma Latinoamericana estipuló que el espíritu del Manifiesto de Córdoba, era inalterable. ¡Que la sabiduría los ilumine!


LA CONSPIRACION

MAURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Octubre 26 de 2008

Hacía mucho tiempo no se veían en Colombia tantos movimientos y protestas sociales juntos: paro de empleados de la Justicia y de la Registraduría, huelga de corteros de caña en el Valle, marcha de pueblos indígenas en el Cauca, paro nacional sindical y varios otros que se están gestando.

Ante la simultaneidad de las protestas, los asesores de la Casa de Nariño prontos y prestos lanzaron su diagnóstico que ha sido repetido hasta la saciedad en todos los medios de comunicación: se trata de un complot, de una conspiración de fuerzas oscuras para desestabilizar al gobierno. Según esta explicación las protestas populares han sido motivadas, y hasta financiadas, por intereses distintos a los de los trabajadores e indígenas: por parlamentarios que buscan beneficios electorales, por políticos que quieren hacer oposición al gobierno, por líderes sindicales que quieren aumentar su campo de influencia, y hasta por terroristas infiltrados.

La explicación oficial es parcialmente cierta. No hay duda que en todas las huelgas, paros y marchas están involucrados políticos y sindicalistas (y es totalmente válida y legítima su participación), y en algunos pocos casos hay vándalos y terroristas (que deben ser rechazados y condenados). También es cierto que en las protestas hay fuerzas oscuras. Al fin y al cabo la mayoría de los corteros de caña son afrodescendientes, los indios son por naturaleza mestizos, de la negra Piedad ni hablar, y fuera de Carlos Gaviria los políticos del Polo no son tan blancos como algunos quisieran. El problema para el gobierno es que un representante de estas fuerzas oscuras, que parece que no le gustan, va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos.

Lo que resulta ingenuo es pensar que estos dirigentes de la oposición tengan la capacidad para movilizar a tantos miles de personas y de convencerlos de que acepten los grandes costos y sacrificios que les implican los paros y las marchas. La verdad es que si hay una conspiración pero impulsada por otras fuerzas de carácter más económico que político. Los actores principales de este complot contra el gobierno son la inflación y la falta de empleos de calidad, que están aumentando la pobreza y el hambre entre millones de colombianos

Para explicarlo con un ejemplo que se ha hecho popular en la campaña electoral norteamericano hablemos de” José el cortero de caña”. El se gana $700.000 al mes (y es un privilegiado porque gana más que los demás trabajadores del campo) y debe dedicar un poco más del 40% de sus ingresos al mercado familiar, es decir unos $300.000. Pero resulta que en el último año los precios de los alimentos han subido un 14% y la canasta de bienes y servicio que su familia consume ha subido casi 10% (según el DANE esta es la inflación para el estrato bajo). Esto quiere decir que si “José el cortero” comprara el mismo mercado de hace un año hoy le costaría $342.000 y todo su consumo mensual (incluyendo arriendo, transporte, etc,) le costaría $770.000.

El pequeño problema es que “José el cortero” no tiene de donde sacar esos $70.000 extras y ni siquiera los $42.000 que necesita para comprar la misma cantidad de arroz, plátano y papa que son su dieta básica, de manera que él y su familia están comiendo menos, están pasando hambre. Por eso según el DANE la ventas de alimentos y artículos del hogar (que son el 35% de las ventas del comercio minorista) han bajado casi 2% en lo que va del año.. “José el cortero” puede aguantar 10 horas en el calor infernal de un cañadulzal, pero seguramente no aguanta que sus niños le pidan comida que él no puede comprar. Tal vez si estuviéramos en su pellejo también saldríamos a protestar.

La conspiración que se está gestando contra el gobierno es la conspiración del hambre y el descontento social, y va a ser más grande cuando llegue la negociación del salario mínimo.


Crece la Inconformidad


Rodolfo Correa, Abogado y Profesor Universitario


Huelga de los trabajadores de la Rama Judicial, Huelga de los trabajadores de la Registraduría Nacional, malestar en los maestros, desazón en las universidades, paro de los indígenas. Este es el panorama de nuestro país. Es el síntoma de la inconformidad que crece frente al autoritarismo del gobierno nacional.

El autoritarismo, según la real academia, se entiende como el sistema fundado en la sumisión incondicional a la autoridad, es decir a la potestad o facultad de mandar y hacerse obedecer. Este es un método de acción política propio de las ideologías de derecha, en las que se tiene la convicción de que a partir de la verticalización y jerarquización se podrá encontrar solución a las múltiples problemáticas que se presentan al interior de la sociedad política.

Ahora, si ese autoritarismo va acompañado de prácticas populistas y una estrategia mediática, rápidamente se posiciona frente a la, muchas veces, incauta opinión pública frente a la que, en últimas, todo termina convirtiéndose en un asunto de marketing, de propaganda.

A partir de la propaganda, pagada o gratuita por un gobierno, el país termina teniendo dos realidades: una la que está en los medios y otra la que vive la gente de carne y hueso.

En Colombia, en los últimos meses, los medios no han podido ocultar la segunda y verdadera realidad, pues a todas luces esta resulta ineludible. Los paros, las protestas, las marchas, son producto de la vida miserable que vive la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, quienes han tratado de buscar en el gobierno del otrora, y hoy anhelado, Estado Social de Derecho, solución a sus aflicciones pero sólo encuentran como respuesta la verticalidad intransigente de la burocracia insensible.

A todos ellos, a muchos de nosotros, nos alberga la esperanza del cambio de los encargados de la implementación de las soluciones sociales. Nos regocija la idea del relevo de la derecha del gobierno y la llegada de un poder de principios democráticos, pluralistas, sensibles, sociales. De un gobierno abierto a la diferencia, a las reformas, a la transformación de las rancias estructuras económicas, políticas y sociales. Creemos y esperamos muchos, la llegada de un ejecutivo que procure el consenso, antes del señalamiento maniqueísta; que direccione su proceder por la senda de la unidad nacional, en vez de la crispación nacional; que en lugar del culto a la violencia promueva la esperanza de la Paz; en pocas palabras esperamos la llegada de un gobierno liberal, sea del partido que sea.



DE LA DESACELERACIÓN AL ESTANCAMIENTO

Amylkar D. Acosta M1
La economía colombiana venía en una franca desaceleración, tanto que el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, se vio precisado muy a su pesar a revisar a la baja el crecimiento esperado tanto para este año como para el entrante, del 5% inicial a la horquilla de 3.8% - 4.2% y del 5% al rango de 3% a 4%, respectivamente, muy similar a la revisión hecha por el FMI. Para muchos analistas este estimativo luce demasiado optimista dada la magnitud de la crisis. Pero, de acuerdo con los últimos datos que arroja la Encuesta de Opinión Conjunta Empresarial de la ANDI el panorama se muestra muy sombrío, porque se ve a todas luces que la economía se frenó y ha pasado de la desaceleración al estancamiento y está al borde de una recesión, que es lo peor que le puede pasar al país todo. Una de sus conclusiones es que “tanto la producción como las ventas se estancaron en el período enero – julio respecto al mismo lapso del año anterior”; además, se señala que “Los resultados de la Encuesta enero – julio muestran que la producción se redujo en 0.2% comparada con el mismo período del 2007, las ventas totales disminuyeron 0.4% y, dentro de estas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 0.3%”.
Al gobierno nacional le pareció alarmista la declaración del Presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, en el sentido que “No somos conscientes del tsunami que se ha desatado. Sin duda, si no hacemos una preparación mayor para el coletazo de la crisis financiera sobre la economía colombiana, esta podría llegar a una recesión”; pero, no es para menos después de conocerse semejantes cifras. En el mismo sentido se pronunció Mauricio Rodríguez, rector del CESA, al concluir que “sumando y restando, el panorama de la industria es gris, por no decir que negro”. Y para corroborarlo, se acaban de conocer las cifras oficiales proporcionadas por el DANE, que son aún más dramáticas. Ellas dan cuenta de un bajonazo de la producción industrial del 8.8% (¡!) en agosto en comparación con el mismo mes de 2007 y las ventas de los comerciantes cayeron 0.73% contra un alza en el mismo mes del año anterior de 10.5%. El cuadro no puede ser más desolador, mirado en perspectiva y sabedores del impacto que va a tener sobre la producción, el empleo y el ingreso las menores exportaciones, la caída de las remesas y el creciente desempleo. La industria manufacturera, el comercio al por menor y la construcción de vivienda fueron los motores del crecimiento vertiginoso reciente, aupados por el entorno internacional favorable y desbordado gasto público, pero ahora tales actividades andan de capa caída.
Todavía en el I semestre de este año, cuando las ventas a los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, nuestros tres principales mercados, como no se habían resentido y los commodities mantenían precios altos, en alguna medida alcanzaron a compensar la menor tasa de crecimiento de la demanda interna. Pero, ya, a partir del cuarto trimestre de 2008 y todo el año 2009 que viene con la destorcida que se espera la perspectiva será mucho más desalentadora. Y lo más grave es que no es dable esperar una reactivación de la demanda interna en un corto o mediano plazo, toda vez que los hogares están acogotados con las deudas, a tal punto que $22 de cada $100 de ingreso que perciben se van al servicio de la deuda, acercándose peligrosamente al límite de los $25 que sirvieron de preámbulo a la gran crisis que sacudió al sector financiero entre 1998 y 1999. En ello, muy seguramente, está influyendo la baja en el ingreso, las elevadas tasas de interés y, por supuesto la inflación que castiga mayormente a la población de más bajos ingresos.
Bogotá, octubre 25 de 2008
www.amylkaracosta.net


Una gobernación mentirosa

Jorge Mejía Martínez, Jorge.mejia@une.net.co
Durante varios días bombardearon a la ciudadanía con la grabación, sacada de contexto, de la intervención del Presidente de la República en un consejo comunitario al comenzar el año, donde el mandatario de los colombianos hablaba del supuesto ¨amodorramiento¨ del proyecto pescadero Ituango. El propósito de los funcionarios de la gobernación de Antioquia era el de avalar con la voz presidencial la toma hostil por parte del IDEA de la sociedad dueña del proyecto. Todo indica que el Presidente también se sintió asaltado y se tuvo que ordenar la suspensión de las inconsultas cuñas radiales y televisivas. Ahí está pintado el talante que se le da a la información que sale de las oficinas de la gobernación de Luis Alfredo Ramos: engañoso.
Como engañosa es la aseveración trillada de los recaudos del IDEA. A tres meses de iniciada la actual administración se vanagloriaba dicha entidad de que había logrado multiplicar en tan poco tiempo sus captaciones. Jamás le dijeron a los antioqueños el origen de los ingresos: forzaron a las unidades del gobierno departamental a realizar en el IDEA el depósito de sus recursos. No fue el resultado de ninguna gestión, simplemente sacaron la plata de los bancos privados para consignarla en el Instituto, lo que puede ser conveniente, pero sin tener que engañar a la gente con falsos logros.
Es el mismo manejo dado a las cifras sobre cobertura escolar. Todo el año se ha vanagloriado la gobernación de que la cobertura total en educación básica es del 92%. Inocua información por que la Administración de Aníbal Gaviria Correa la dejó más alta: tan solo en el mes de septiembre de 2006 la cobertura estaba en 94%. El programa MANA, el más reconocido del anterior mandatario –contra el hambre y la muerte infantil por desnutrición-, ofrece resultados deplorables: a la fecha de hoy ha fallecido el 30% más de niños por falta de alimento en Antioquia en comparación a las cifras del año anterior. Los antioqueños recuerdan que Aníbal Gaviria hacía fiesta con bombos y platillos cuando las estadísticas evidenciaban el impacto de MANA con la reducción de las muertes de infantes por hambre. Su gran meta era lograr que en nuestro territorio ningún menor sucumbiera ante la falta de alimentación. Un solo niño era una vergüenza. Hoy es una simple anécdota.
El informe con la firma de Luis Alfredo Ramos de los primeros nueve meses de 2008 en el campo de la seguridad trata de impactar a los antioqueños con dos supuestas verdades: ¨reducción hasta la fecha de un 20% en la criminalidad y cero secuestros en Antioquia¨. No sabemos como se midió la criminalidad para determinar la rebajona. Pero hay dos indicadores que son claves para determinar el mejoramiento o no de la seguridad en Colombia: los homicidios y los secuestros. Los asesinatos han estado disparados en regiones como Valle de Aburrá, Urabá y bajo cauca. Los pobladores se encuentran alarmados por el incremento de la criminalidad como consecuencia de las disputas entre los grupos llamados emergentes y del narcotráfico. En Urabá acabamos de presenciar, luego de muchos años, un paro armado promovido por las denominadas Autodefensas Gaitanistas, que implicó la parálisis total del comercio y la producción por parte de 18.000 obreros bananeros de la región.
¨Caucasia lleva más de ocho meses que no pega los ojos en las noches. Tampoco vive tranquila en el día. Los sobresaltos que producen los disparos de los sicarios a cualquier hora son la causa. Un estado de zozobra del que tampoco escapan Cáceres, El Bagre, Nechí, Zaragoza y Tarazá, poblaciones que hacen parte de la conflictiva y estratégica región del Bajo Cauca antioqueño, donde los líos que arrastra el narcotráfico se volvieron cotidianos.¨ así describió el diario El Espectador de hace diez días la situación de esta región tan importante de Antioquia con un articulo titulado ¨Caucasia bajo fuego cruzado¨.
Medellín y los municipios del área metropolitana no son una isla. ¿O será que para la gobernación Medellín no es Antioquia? Con el incremento de los homicidios en más del 15% también se incrementó en la población la sensación de inseguridad. Situación no negada por Alonso Salazar, alcalde de los medellinenses. CERO SECUESTROS en Antioquia: falso. Según la Policía metropolitana, tan solo en el valle de aburrá se han presentado, en lo corrido de 2008, seis secuestros de personas, 50% más que en igual periodo del año pasado. El mismo día en que la gobernación anunciaba CERO SECUESTROS en el territorio, la Policía liberó dos personas en el municipio de Valdivia, una mujer y un niño, secuestrados con anterioridad en el bajo cauca.
Ilusos los de la administración de manos a la obra, si creen que los antioqueños no los vamos a pillar en tantas mentiras.


Los corteros del Valle


Juan Manuel López Caballero

El problema de los corteros del Valle no es una simple protesta sino una expresión del modelo neoliberal y de sus principales características. Permite hacer una radiografía de en que consiste éste y de su aplicación en el país.
Ante todo entender que se trata no solo de un modelo económico sino sobre todo de un modelo político y social.
Social en cuanto las partes afectadas son de un lado 10 familias de las 100 más ricas del país (los ingenios son empresas familiares y no de sociedades abiertas donde tengan sus ahorros millares de colombianos); y del otro lado 15.000 trabajadores que tratan de mejorar las condiciones realmente miserables de sus hogares, o más probablemente solo buscan un ingreso de supervivencia.
Político en cuanto el sistema estructural de esa relación debe ser decidido a través del Estado por medio de la legislación.
El conflicto actual gira alrededor del sistema de contratación, que se hace a través de unas cooperativas, supuestamente ajenas a las empresas y a sus dueños, de forma tal que quien es efectivamente el patrón no tiene ninguna obligación ni responsabilidad respecto a quienes trabajan para él, y el trabajador no tiene derechos sino ante la cooperativa, es decir, ante él mismo como miembro de ella.
Así se pierde todo el principio de la negociación colectiva, de la libre asociación, de la actividad sindical, y de la articulación entre los diferentes sectores vinculados a la empresa entre ellos y con ella. Por eso, aunque es un exceso de demagogia por parte de quienes están apoyando el paro actual, hablan de esclavitud; no se llenan ni siquiera las condiciones capitalistas de complementaridad entre el sector laboral y el sector capital.
Pero además por esta vía no se pagan las prestaciones sociales, no se cubren las obligaciones de salud, no se garantiza la estabilidad laboral, y en general se desconocen todos los avances y conquistas que la sociedad moderna a logrado en su camino de ser más justa, más democrática, y en consecuencia más armónica.
Bajo el concepto neoliberal de libertad de mercado y de libre competencia –que por supuesto incluye el laboral y el político y acaba siendo alrededor de estos que se producen sus efectos- y dentro del objetivo de maximizar la generación de riqueza y relegar a una eventual etapa posterior la redistribución, este esquema cumple bien su función pues se explota la mano de obra con bajos salarios y la parte de plusvalía que ella produce (es decir lo que genera como excedentes del consumo necesario para seguir trabajando) la traslada a inversiones más productivas y rentables (v. gr adaptaciones tecnológicas, industrialización, comercialización).
Nuestro Gobierno respalda y desarrolla al máximo este modelo:
Cuando el azucar pasa épocas de crisis cierra importaciones para que se mantengan precios rentables que permitan a la industria salir adelante. La explicación es que de ella dependen los millares de trabajadores del sector, pero las medidas no se orientan a mejorar la situación de ellos sino a que la inversión de los dueños mantenga su rentabilidad.
Mediante una ley obliga a destinar parte de las tierras a la producción de etanol para reducir la dependencia del petróleo dando así más importancia al funcionamiento de la industria (y de ese monstruo que es el tráfico automotor) que a la alimentación –ya de por sí deficitiaria- de la población.
No responde esto a una necesidad nacional porque somos autosuficientes en petróleo, sino a las necesidades de quien determina el esquema mundial de acuerdo a sus estrategias geopolíticas: el tema de los biocombustibles puede tener todas las dudas y objeciones ambientales, sociales y económicas, pero los Estados Unidos tiene que reducir su vulnerabilidad en cuanto a los suministros extranjeros (sobre todo cuando pierde el control sobre ellos), por eso compra y contrata sin limitación alguna toda la producción que aparezca en el mundo.
El gobierno declara entonces esto una prioridad nacional y la estimula con subsidios y créditos preferenciales que hacen más rentable lo que en este momento es la commodity con la demanda más segura y apetecida del mundo.
Y para incentivar más la conversión de producción de alimentos a biocombustibles amarra su precio al del petróleo liberándolo de la referencia del azúcar.
Lo que piden los corteros no es una decisión de coyuntura -por ejemplo mayores salarios- sino una reorientación del modelo y una intervención del Estado –léase el Gobierno- para hacer un aggiornamento y actualizar las normas que regulan las relaciones laborales-patronales hoy en todo el mundo. Colombia como suscribiente de los pactos de la Organización Internacional del Trabajo esta por lo demás obligada a ello.
El actual gobierno, en parte por el talante confrontacional que lo caracteriza y que reivindica, pero probablemente tanto o más por su convicción, adhesión, o sumisión a la doctrina neoliberal, se niega a ver y menos a estudiar esto desde esta perspectiva, y le da categoría de tema de orden público.
Pero el problema no se debe ver como ‘perversidad’ ni siquiera ‘maquiavelismo’ del gobierno. Las confrontaciones profundas de una sociedad en desarrollo se resuelven con modelos de desarrollo. El que escogimos produce estos resultados.
Y claro que Uribe o el Gobierno actual son quienes hacen su gestión bajo este modelo y en esa medida son responsables de sus resultados: si prevalece sin limitación alguna la libre competencia y la no intervención del Estado (como sucede cuando el Gobierno dice que negocie cada ingenio con sus trabajadores) siempre estaremos ante una situación de ganadores y perdedores; y si los desequilibrios de partida son tan grandes como los de nuestro país (en lo económico nada más ya lideramos los índices de desigualdad del mundo) perdedor significa excluido. Y al no existir respuesta en el modelo a esa situación, es indiferente que excluidos sean los 2.5 millones de desplazados que dice el gobierno o los 4.5 millones que contabiliza el CODHES porque no cuentan dentro del modelo (pueden incluso ser calificados de ‘migrantes’ como lo hace José Obdulio, y negárseles el carácter de víctimas de la guerra, porque son perdedores y da lo mismo cuantos sean o a qué se debe su situación).
Es lógico y legítimo que quienes se benefician del modelo lo defiendan. No es su función cambiarlo. Es inevitable que haya quienes lo hacen dentro de sus reglas pero también haya quienes abusan de ellas o las violan. El debate respecto a la naturaleza del Estado es si ésta se limita a impedir que suceda lo último, o si va más allá su intervención y debe estructurarse para conciliar intereses contrapuestos y evitar que se confronten por la vía de la fuerza o eventualmente de la violencia; pero si queremos vivir en armonía es indispensable buscar un modelo donde la institucionalidad, no sea,esa sí, calificable de perversa.
No sé si al momento de publicarse este artículo ya se haya logrado ‘acabar con’ ese paro; pero sería interesante que los académicos, analistas y aún los políticos profundizaran en el significado de las protestas no solo en el sentido de entender que responden casi siempre a reclamaciones justas –y muchas veces exigencias legales-, sino en el de reflexionar sobre el porqué se están produciendo y cómo se podrían corregir.



El desorden cambiario y el pistón fiscal.
César González Muñoz
Continúa el gran escape de los inversionistas grandes y pequeños hacia la seguridad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos; el carrerón hacia el dólar lo ha fortalecido coyunturalmente en los mercados cambiarios: La moneda gringa podrá estar golpeada, lo mismo que la confianza en la economía de Estados Unidos, pero el Tío Sam sigue siendo el dueño del mejor alero en tiempos de borrasca. No obstante, el alza del dólar es desordenada, peligrosa y signada por la volatilidad.
A diferencia de la opinión de Juan Camilo Restrepo en su columna de ayer en Portafolio, creo que el mundo pronto verá cómo los gobiernos y bancos centrales de los países ricos cocinarán acuerdos sustanciales para darle un nuevo comienzo a las paridades cambiarias entre el dólar, el euro, el yen, otras divisas de “países emergentes” y, eventualmente, el yuan chino. Será un nuevo trato para mantener el dólar como la moneda internacional dominante. Más allá de las medidas de urgencia inmediata, la salida estructural al desorden cambiario actual causado por la crisis de confianza en las instituciones financieras deberá incluir varias promesas y compromisos:
• La promesa gringa de empujar en el Congreso una fuerte reforma fiscal y un aumento de impuestos, una vez haya pasado la recesión que ya se vino encima, para reducir la fuerza del déficit fiscal histórico en Estados Unidos.
• El compromiso asiático y del Medio Oriente de propiciar un aumento del consumo privado mediante dispositivos crediticios y fiscales, orientado a disminuir el déficit externo histórico en Estados Unidos
• La revaluación del yuan y la reforma del régimen cambiario chino. Este realineamiento cambiario provocaría un movimiento en igual dirección de las divisas de los países “emergentes” del este asiático
• El compromiso de las naciones de la zona euro de aplicar políticas expansivas de la demanda interna
• El compromiso de los países ricos de darle al Fondo Monetario Internacional la fuerza institucional y financiera para ser, otra vez, el gran árbitro y proveedor de fondos para sanear la situación financiera y macroeconómica de los países golpeados por esta crisis financiera y cambiaria.
Para la puesta en marcha de este nuevo trato no existe una autoridad mundial o un mecanismo de coordinación que ya haya sido puesto a prueba. Pero, a diferencia de hace sólo unos meses, ahora existe un sentido de urgencia en la cabeza de los gobernantes. A trancas y a mochas, aparecerá una nueva plataforma institucional pensada para administrar la volatilidad cambiaria y financiera y para enfrentar la recesión de la economía global.
En América Latina, Brasil y Méjico serán actores de cierta importancia en estas discusiones. Chile estará en segunda fila, bien armado para enfrentar el chaparrón. Argentina y Venezuela la van a ver negra, y serán “tomadores” pasivos de las decisiones que se acuerden allá arriba. Colombia tiene fortalezas internas por el lado del balance del sector financiero y de la inflación, pero ser´un actor de reparto más.
Encima de ello, sufrimos una gran debilidad, por la que debe lamentarse la sociedad colombiana: Está dañado el pistón fiscal anti cíclico, que debiera estar operando para impedir la recesión. Producen perplejidad (no sorpresa) los comentarios de algunos analistas y gremios que advierten que, de cara a la recesión, ¡lo que se debe hacer es reducir el gasto público! Es exactamente la receta contraindicada.
La verdad, sin embargo, es que nos tocará hacer un apretón fiscal en el momento menos oportuno, por cuenta de las probables dificultades para financiar siquiera el gasto presupuestado. La institucionalidad fiscal colombiana tiene varias fortalezas; pero el arsenal anti cíclico tiene mojada la pólvora.