CONTENIDO
• Proyecto de ley para replantear la política social del Estado, Cecilia López Montaño.
• Empujón Demócrata, Rafael Guarín.
• Burocracia y revolución, Alberto Muller Rojas.
• Que no ganó el Liberalismo, Alvaro Forero tascón.
• Sobre la cifra repartidora, Ramón Elejalde.
• Viva la muerte, Mauricio Cabrera Galvis.
• Golpes de la naturaleza, Andrés Piedragil Gálvez.
• Bolivia: La revolución del eufemismo, Aítor Iraeguí.
• Pobreza y medio ambiente, Humberto tobón.
• Las otras violencias, José María Tortosa.
• Se asoma la primavera social, Octavio Quintero.
• La decadencia de las cumbres de jefes de Estado, Héctor Gómez Paniagua.
• Cerrarle el paso a la intolerancia, Clara López Obregón.
• Judith Faride o el TLC, César González Muñoz.
• La nueva España, Jorge Mario Eastman Vélez.
• Ballenas: El camino de regreso, Alejandro Nadal.
Proyecto de ley propone replantear a fondo
la política social del Estado
Su autora es la senadora Cecilia López Montaño y tiene el respaldo de la bancada libera. La propuesta servirá como modelo en América Latina
El primero de tres proyectos de ley encaminados a dotar al Estado de una nueva política y herramientas para llevar los beneficios del desarrollo a todos los ciudadanos fue presentado hoy por la senadora Cecilia López Montaño, con el respaldo pleno de la bancada y del director del Partido Liberal.
Se trata de una ley estatutaria que plantea que, a la par con la necesaria transformación productiva, desarrollar una transformación social, a partir de tres elementos básicos: una decisión política de eliminar las barreras que frenan el acceso de los sectores débiles y de las clases medias a los beneficios de las políticas públicas; en segundo lugar, la redefinición de las estrategias sociales con el propósito de que se orienten a construir capital humano y capital social, sin renunciar a las redes de protección; en tercer lugar, el reconocimiento de que la política macroeconómica del Estado debe identificar con antelación su contenido social, otorgar prioridad a aquellas acciones oficiales con impacto social positivo y tomar las medidas necesarias frente a las que produzcan efectos negativos.
En la argumentación sobre la necesidad de dotar al Estado de una ley de transformación social, como ya lo han hecho otras naciones que se han insertado en la globalización, la senadora López sostiene que “es evidente que no obstante el nivel de gasto social, en Colombia es una realidad que los pobres reciben una salud y educación pobre, y que el esfuerzo estatal que se dirige a este sector del país es fundamentalmente asistencial. Se alivia la pobreza, pero no se resuelve”.
Se trata, también, de una iniciativa que se enmarca dentro de los postulados liberales de reivindicación y aplicación de los derechos de los ciudadanos y de un escalón intermedio entre la Constitución y las políticas públicas que fija un marco al Estado para la aplicación de dichas políticas dijo la senadora.
Aspectos centrales:
El proyecto de ley contiene entre otros aspectos:
Obligaciones de las autoridades frente a los derechos sociales. A la luz de la Constitución y a los tratados internacionales, las autoridades tienen el deber de respetar, proteger y realizar los derechos sociales. Eso impone a dichas autoridades evitar las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho social respectivo.
Derecho al mínimo vital. Una persona tiene derecho a que el Estado le garantice una vida digna y eso obliga a que se tomen las medidas necesarias para que una persona tenga unas condiciones básicas de vida comida, vivienda, salud, por ejemplo, sobre los cuales no se pueden imponer obstáculos.
Derecho a la educación. Comprenderá como elementos mínimos, la garantía de condiciones materiales necesarias para la adecuada prestación del servicio de educación con calidad; disponibilidad de recursos humanos y físicos suficientes para prestarla. También comprende como elemento mínimo, la garantía progresiva del acceso al servicio educativo y permanencia en el mismo, en los niveles de enseñanza preescolar, media vocacional y superior. El Estado deberá ampliar el acceso progresivamente hasta asegurar el ingreso de los menores desde los tres años de edad.
Derecho a la salud. Comprenderá como elemento mínimo, la exigibilidad de niveles de atención dignos. La política pública en el componente de salud girará alrededor del reconocimiento del derecho a programas y servicios de calidad dirigidos tanto a la prevención como al tratamiento en salud física y mental.
Derecho a la seguridad social. Comprenderá como elemento mínimo el pago oportuno de las prestaciones de seguridad social, así como la asistencia social, no pudiendo argüir los particulares que administren fondos de pensiones, ni el Estado, razones presupuestales para su incumplimiento. Su componente se dirigirá a extender progresivamente la cobertura de la seguridad social a todas las personas, de tal suerte que exista una protección efectiva y oportuna frente a los riesgos sociales.
Derecho al trabajo. Comprenderá como elementos mínimos el pago oportuno de salarios, licencias por incapacidad laboral o de maternidad, o de los honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios. Este derecho implica que toda persona que preste su fuerza laboral bajo la modalidad de contrato de trabajo, de prestación de servicios o similares, debe contar con la oportunidad de proveer a sí misma y a su familia un sustento en condiciones de seguridad, equidad y dignidad.
Derecho a la alimentación adecuada. Comprenderá, como mínimo, el acceso a los alimentos, cuando el deber de proveerlos recaiga directamente en el Estado y hasta tanto la persona pueda proveerse a sí misma los los alimentos. Este derecho debe maximizarse a través de acciones encaminadas a la eliminación de condiciones de hambre y malnutrición.
Derecho a la vivienda digna. Comprenderá como mínimo, la exigibilidad de la garantía material de la vivienda cuando el deber de proveerla recaiga directamente en el Estado y hasta tanto la persona pueda proveerse a si misma la vivienda que requiere. Implica que la vivienda de todas las personas debe cumplir con condiciones de higiene, intimidad, tranquilidad, acceso a servicios públicos y seguridad.
Bogotá, noviembre 15 de 2007
Empujón demócrata
RAFAEL GUARIN, el Nuevo Herald, Miami, noviembre 17 de 2007.
Alguien imagina una estrecha alianza entre Alvaro Uribe y Hugo Chávez? Al comentar esa posibilidad a un reconocido dirigente de la oposición venezolana la calificó de impensable, pero cuando repliqué que una fuente muy cercana a la Casa de Nariño me informó que ''existían voces que sugerían que se evaluara por intereses de Estado y estabilidad del país'', no pudo disimular el desconcierto. No es para menos. A mí me pasó exactamente lo mismo.
Es difícil concebirla. Uribe desprecia los debates ideologizados, reconoce las ventajas del libre mercado y pretende profundizar los vínculos con Estados Unidos, mientras el teniente coronel se empeña en edificar un bloque regional de poder sustentado en el ''socialismo del siglo XXI'', una integración latinoamericana ''antiyanqui'' y la eliminación de las bases de la democracia liberal. Pero por sorprendente que sea, lo cierto, como lo asevera Rubén Sánchez David, profesor de relaciones internacionales, es que ``es un escenario no totalmente descartable si se piensa en términos estratégicos''.
Quienes lo plantean coinciden con un reciente artículo titulado La agonía de Alvaro Uribe, publicado por la revista Foreign Affairs, que señala que ''la política de Estados Unidos hacia Colombia ha llegado a su punto de inflexión''. En otras palabras, creen que el deterioro de la relación amenaza con agudizarse en un gobierno demócrata. Finalmente, así parece indicarlo el rechazo de Hillary Clinton, Barack Obama y John Edwards a un Tratado de Libre Comercio con Colombia y las reiteradas críticas de su bancada, encabezadas por Nancy Pelosi.
Hillary, por ejemplo, dice estar ''muy preocupada por la historia de violencia contra los líderes sindicales'', a lo que otros suman reclamos por derechos humanos, garantías laborales y lazos del paramilitarismo con políticos próximos al gobierno. Todas cuestiones que deben observarse en su contexto.
A pesar de persistentes problemas los avances durante los últimos cinco años son enormes. La ayuda estadounidense contribuyó a revertir la adversa situación militar, retomar el control de territorios dominados por grupos armados ilegales y defender la población del terrorismo. Se desmovilizaron más de 30,000 paramilitares y cerca de 40 congresistas están presos o ad portas de serlo por complicidad con estas organizaciones.
La lucha contra el narcotráfico está dando resultados. Se extraditaron 567 traficantes y de acuerdo con Karen Tandy, directora de la DEA, la cocaína escasea en las calles de 37 ciudades, su pureza se redujo en 15% y su costo es 44% superior al de comienzo de año.
Por otro lado, en el 2002 murieron asesinados 123 sindicalistas y 6 únicamente de enero a octubre del 2007, sin ser clara la causa de tales crímenes. Actualmente hay 1,630 sindicalistas beneficiados directamente con medidas de protección por parte del gobierno. Los homicidios anuales disminuyeron en 11,358 entre el 2002 y el 2006 y los secuestros de 2,883 a 394 en este año. Estos logros explican por qué Uribe califica la situación como ``una imperdonable incomprensión con Colombia''.
Esa incomprensión obvia que Colombia es fundamental para construir la ''patria grande'' y Uribe su principal obstáculo. Una alianza le permitiría a Chávez jugar en un tablero al cual no tiene suficiente acceso, además de serle útil en su principal hipótesis de guerra consistente en una intervención estadounidense que involucre territorio colombiano.
De la orilla de Uribe semejante alternativa en principio resulta improbable, rompe la coalición de gobierno, convierte en detractores a sectores del establecimiento, afecta la cooperación norteamericana y favorece las pretensiones totalitaristas de Chávez y las FARC. Empero, no hay que olvidar su pragmatismo y el amplio margen de maniobra que le da la fuerza de su liderazgo y el sólido respaldo ciudadano.
En todo caso, la equivocación demócrata empuja a Colombia a manos de Chávez. Sin el TLC Uribe se obliga a aprovechar el creciente comercio con Venezuela, lo que no implica un alineamiento con la revolución bolivariana pero sí una creciente dependencia. ¿Qué podría hacer Colombia si Miraflores reconoce beligerancia a las FARC cuando su economía está su-
bordinada al mercado venezolano?
Y segundo, los demócratas terminan acogiendo el discurso del chavismo enquistado en el Polo Democrático y en facciones populistas del Partido Liberal que buscan en el 2010, bajo un nuevo gobierno, unirse al proyecto revolucionario, desmontar la política de seguridad democrática y reconocer beligerancia a las FARC, propósitos en que concuerdan, consciente o inconscientemente, con la guerra política de las narcoguerrillas. ¡El camarada Chávez debe estar feliz!
Burocracia y Revolución
Alberto Müller Rojas, colaboración enviada desde Caracas por nuestro amigo bolivariano Alvaro Másmela.
Hoy no es el imperialismo el principal enemigo de la revolución venezolana. Ni siquiera la oposición que sigue líneas fascistas puede perturbar el avance del poder popular que removió las bases de la democracia consensual sustentada en el Pacto de Punto Fijo (1958). Esta última no podría avanzar sin el apoyo del primero, pues carece del poder (medios físicos + voluntad) suficiente para contener el movimiento social generado el 27/2/89. Y ese imperio, y su base de poder, hoy esta arrinconado en el espacio norteamericano, pero su alcance global esta cuestionado en la medida como enfrenta los desafíos y pruebas provenientes de los poderes ascendentes en todas partes del mundo. En ese contexto el más peligroso adversario que confrontan las fuerzas de cambio venezolanas, después de la revolución política ocurrida el 6 de diciembre de 1998 con la convocatoria del poder constituyente, es la burocracia que se ha originado para ejercer la “gerencia pública”.
Como todo aparato de este tipo, público o privado, su papel consiste en enmascarar el “poder real” que controla los recursos materiales que permiten la dinámica social frente a las críticas y la resistencia de los gobernados: los ciudadanos, dentro del estado; y, la fuerza laboral dentro de la empresa. Pero esa burocracia tiende a ser autónoma, pues se convierte en un poder, dada su capacidad de decisión, hasta neutralizar los verdaderos amos del poder real. La burocracia gubernamental y la de los partidos secuestran la voluntad de la clase hegemónica dentro del Estado. La burocracia militar, representada por los Estados Mayores, lo hace igual con los jefes naturales castrenses. Del mismo modo que la empresarial, expresada en las juntas directivas lo realiza con los dueños del capital. Y su poder se deriva de la ley que ella misma hace, de donde la autoridad que ejerce pasa a ser “el gobierno de las leyes” y no él de la gente. La burocracia se ha convertido así en una nueva clase social que vive de los impuestos que recauda el Estado y de los intereses que obtiene el capital. De allí el fetichismo creado con las leyes, que hace ver que los problemas sociales y administrativos se resuelven con ellas, las cuales pueden actuar como referencias en situaciones conflictivas, pero en ningún caso reemplazan a la acción. Esta es el mecanismo cierto para lograr la construcción de cualquier proyecto estructural (físico) o superestructural (inmaterial)
De modo que la construcción de la sociedad socialista, que es el resultado de la visión humanista de la vida social, se tiene que erigir con el liderazgo político que surja de las propias comunidades, en una acción dialéctica que oponga a las fuerzas innovativas a las de la inercia conservadora existentes en toda población. La acción mediante la cual compiten las burocracias divididas por concepciones ideológicas en el sentido que le dio Marx al término, como diría Rosa de Luxemburgo, solo enfrenta al hombre común con el hombre común, mientras aquellas negocian, explícita o tácitamente, para llegar a armisticios, como el Tratado de Coche que le puso fin a la guerra federal, en los cuales logran acuerdos donde ambas ganan. En ese marco el poder popular sólo queda como una fuerza telúrica generadora de explosiones sociales, que como los terremotos o los huracanes, tienen un poder devastador cuando las fallas teutónicas, o las diferencias de presión, o las tensiones sociales, los desencadenan.
Qué no ganó el liberalismo
EL ESPECTADOR, tomado de Columnistas Libres. sábado, 17 de noviembre de 2007.
Con ayuda mediática, la coalición de gobierno ha presentado el balance de las pasadas elecciones como desfavorable para los partidos de oposición, cuando en realidad lo fue para el oficialismo.
Álvaro Forero Tascón
Con ayuda mediática, la coalición de gobierno ha presentado el balance de las pasadas elecciones como desfavorable para los partidos de oposición, cuando en realidad lo fue para el oficialismo. Para tapar el sol con las manos, habilidosamente ha comparado los resultados del liberalismo con los de hace cuatro años.
Pero esa comparación no es válida, porque el liberalismo enfrentó las
pasadas elecciones con dos tercios menos de los recursos políticos con que contaba en 2004. Con posterioridad a esas elecciones, y
aprovechando el extremismo de Horacio Serpa, Álvaro Uribe decapitó el bipartidismo con el fin de sonsacar a los caciques liberales. La
comparación de los resultados liberales con las elecciones de 2004, y
no con las de 2006, pretende soslayar que los partidos oficialistas no
pudieron reemplazar completamente al liberalismo y terminaron
derrotados por éste, a pesar de la profunda desventaja en que se
encontraba, huérfano del inmenso poder clientelista dispensado por el
Ejecutivo a sus aliados.
La realidad es que a pesar del embate feroz del Gobierno contra la
oposición, ésta no sólo aguantó, sino que creció, mientras que el
oficialismo tuvo grandes, graves y humillantes derrotas. La más
grande, la pérdida de las alcaldías de las principales ciudades del
país, con la excepción de Barranquilla. La más grave, la pérdida de la
alcaldía de Bogotá frente al Polo Democrático. Y la más humillante, la
pérdida de la Gobernación del Atlántico por parte de José Name, el
mayor símbolo del viejo liberalismo y del actual poderío uribista, a
manos de un nuevo liberalismo.
Pero más que el resultado en su conjunto, lo preocupante para el
oficialismo son los hechos y tendencias que se consolidaron el pasado
28 de octubre. Éstos no sólo explican la lógica de la hecatombe, sino
que parecen hacerla inevitable.
El primero es la pérdida del control político sobre los principales
centros urbanos, que representan más de un tercio de la población, y
que corrobora las limitaciones del uribismo para captar el voto de
opinión. Aunque las dinámicas electorales locales son diferentes de
las nacionales, es indudable que se interrelacionan. El 25% de la
votación presidencial por el Polo no habría sido posible sin el
triunfo previo de ese partido en las elecciones locales en Bogotá.
El segundo es que la sombra de la parapolítica sigue empañando la
coalición de Gobierno. El uribismo no utilizó esta oportunidad
electoral para evitar que los parapolíticos mantuvieran el poder en
sus regiones, mientras enarbolaban las banderas gobiernistas.
El tercero es que el Presidente no logró concretar políticamente el
momento favorable que vive en las encuestas, avanzando
significativamente frente a la oposición, a pesar de la inmejorable
coyuntura económica.
Y cuarto, y más importante, es la dispersión de la coalición de
Gobierno. La consolidación de los conflictos políticos locales entre
los diferentes partidos de la coalición cimentó la división en materia
de candidaturas presidenciales. La derecha está sufriendo la
enfermedad endémica de la izquierda --el divisionismo--.
En buena parte, la fragmentación política es producto del esmero
político de Uribe por dividir para reinar. Pero a diferencia de la
primera reelección, en esta ocasión puede no sólo imposibilitar el
triunfo de un ahijado político suyo, sino su propia reelección. Si la
tendencia a la fragmentación se mantiene, el oficialismo estaría
trágicamente dirigido a la hecatombe. La oposición podría ganar con
sello, si sectores como el de Germán Vargas se oponen a la segunda
reelección en el Congreso. Y con cara, si no hay candidato de unidad
del oficialismo. Ya es tarde para reversar la fragmentación, y el
Presidente lo sabe. Sólo queda la vieja técnica de voltear
parlamentarios para aprobar la reelección, utilizando prebendas
burocráticas y la puerta que deja abierta la reforma política en
trámite.
Pero esa puerta es de doble vía y para algunos parlamentarios puede
resultar más atractivo regresar al Partido Liberal, aspirando a un
triunfo mayor: derrotar a sus enemigos locales, aprovechando el poder que ha labrado silenciosamente el liberalismo --ser el primer partido político, la alternativa de centro a una derecha dividida y una
izquierda minoritaria, y el único capaz de captar votos de ambos
sectores en una segunda vuelta.
Sobre la cifra repartidora
Ramón Elejalde Arbeláez
En su columna de opinión del pasado miércoles, en este mismo periódico, el doctor Jorge Mejía señalaba que “La cifra repartidora es la perversa”. Contiene también una descalificación al “voto preferente” y a mi leal saber y entender confundió los dos temas, cuando en realidad son asuntos totalmente distintos. Lo hizo, seguramente, para darle contundencia a sus argumentos.
Pero además vienen sosteniendo los periodistas y algunos políticos, que en Colombia tenemos senadores de siete mil votos y que al Concejo de Medellín van a llegar concejales de dos mil quinientos sufragios, quedando por fuera aspirantes de cinco mil ochocientos electores. Eso no es cierto. Primero es necesario aclarar los términos. El voto preferente es la opción que tiene el elector, como su nombre lo indica, de preferir a alguno de la lista, así se encuentre en el último lugar. El elector también puede escoger la opción de no preferir a ninguno y votar simplemente por el partido. Este ciudadano está aceptando la decisión de los que optaron por preferir. El voto preferente es importante simplemente para reordenar la lista. Un ejemplo nos lleva a entender el tema: El Partido Verde del municipio de Llano Chiquito, obtuvo para el Concejo nueve mil votos de los diez mil que depositaron los electores de ese municipio. Los sufragantes del Partido Verde decidieron no preferir a ninguno de los aspirantes, pudiéndolo hacer por tratarse de una lista con voto preferente y más bien votaron masivamente por el Partido, aceptando la lista como fue inscrita. No me podrá decir mi amigo Jorge Mejía, ni los políticos o periodistas que repiten a diario este error, que en Llano Chiquito elegimos concejales sin votos. No. El Partido Verde fue el que más votos obtuvo, sacó el 90% de los sufragios y lógicamente, el que más concejales eligió y eso se debe respetar, lo que pasa fue que nadie prefirió a ningún candidato. Si en el ejemplo de marras el segundo partido que obtuvo mil votos, todos los aspirantes sacaron votos preferentes superiores a cien sufragios, no se podrá decir que lo lógico es que esta lista sea la que ponga los concejales porque sus aspirantes tienen votos preferentes superiores a los del partido Verde, donde ninguno obtuvo voto preferente. ¿Cuál democracia existe en la teoría de Jorge Mejía, cuando deja por fuera a un partido que obtuvo el 90% de la votación?
El otro término descalificado por el columnista en comento, fue la cifra repartidora o método D’Hont que es el sistema más cercano a la elección justa, todos los elegidos lo son por el mismo número de votos. Es el sistema electoral que se impone en el mundo moderno. La votación es del partido y no de los candidatos. No existe la operación avispa, evidentemente que con el voto preferente, como fue concebido, trasladamos este nefasto sistema al interior de la lista, en esto no deja de tener razón mi amigo Jorge. La filosofía de la cifra repartidora es premiar la agrupación y castigar la dispersión. Si los críticos del sistema analizan con lápiz y calculadora su aplicación, entenderán que fortalece a los partidos grandes y los beneficia en la repartición de curules. Tal es el caso que cita Mejía en su columna sobre Enrique Peñaloza, que conformó un partido, inscribió una lista al senado y no obtuvo el umbral requerido. Lamentablemente, amigo Jorge, el liberalismo dejó de ser ese partido inmensamente mayoritario y pasó a ser uno igual a los otros. Es obvio que el liberalismo aumentó votación, pero los demás también y en mayor proporción. Eso se ve reflejado en la adjudicación de las curules.
Ahora lo importante no es, como lo añora Jorge Mejía, volver a los personalismos, lo importante es perfeccionar el sistema para que cada día los partidos sean más fuertes y éstos dependan menos del caciquismo. Una opción sería acabar con el voto preferente y exigirles a los partidos procesos democráticos para conformar las listas. Otra opción, que personalmente defendí en el Congreso cuando se debatía el acto legislativo de la reforma política de 2003, consistente en sumarle los votos del partido, es decir, los que no prefirieron a ninguno, al orden que trae la lista. Pero jamás puede pensarse en el retroceso de volver al sistema del cuociente electoral, tan nefasto para los partidos y para la democracia. Un sistema que le permite a cualquiera crear su propio partido o acudir a la operación avispa para atomizar las organizaciones políticas, no es lo ideal. Eso sería un terrible retroceso.
Obvio que el sistema es medianamente complejo y tanto el periodismo, como la clase dirigente debemos estudiar y comprender estas reformas para poderles hacer críticas lógicas y consecuentes.
¿VIVA LA MUERTE?
AURICIO CABRERA GALVIS, Cali, Noviembre 18 de 2007
La noticia pasó casi inadvertida en medio de tantas ejecuciones similares. El Tiempo la publicó con cierto despliegue hace más de un mes pero no se volvió a hablar de ella ni suscitó ningún comentario. El titular a tres columnas en una página interior era escalofriante: “Para tener 5 días libres, militares mataron a campesino de 19 años”; y el subtítulo no lo era menos: “Soldado confesó que hicieron una ‘vaca’ para comprar la escopeta que le pusieron entre las manos, lo pararon en un puente y le dispararon”.
Cuando apareció el muerto junto con la escopeta, la versión oficial del Ejército dijo que se trataba de un subversivo que trataba de volar un puente en El Peñol (Antioquia) y que murió en enfrentamiento con las tropas regulares. La verdad se pudo conocer porque la familia del campesino asesinado no se resignó, denunció el hecho y logró que la justicia civil condenara a los culpables, un suboficial y tres soldados que, para ganarse el premio que el Ejército les ofrece a quienes maten guerrilleros, armaron con frialdad el falso positivo.
Las reacciones ante un hecho abominable como este son predecibles. Unos dirán que se trata de un caso aislado, de manzanas podridas que no comprometen a las Fuerzas Armadas, mientras que en el otro extremo se dirá que son tantos los casos de falsos positivos que ya forman parte de la estrategia de la Seguridad Democrática. Unos dirán que es un ejemplo del buen funcionamiento de las instituciones, en este caso la Fiscalía y la Justicia ordinaria, que no dejaron impune el crimen, mientras que otros pensarán que es la excepción que confirma la regla de las arbitrariedades que debe soportar la población civil en las zonas de conflicto.
Pero más allá de los debates políticos alrededor del caso hay una pregunta que debemos respondernos como sociedad: ¿qué está en la mente y en el corazón de unos jóvenes colombianos de 20 o 25 años, como debían tener estos soldados, que los lleva a menospreciar la vida de otro muchacho como ellos a tal punto que están dispuestos a sacrificarla a cambio de una miserable recompensa de 5 días de permiso y, tal vez, algo de plata? Aquí no hay motivaciones políticas ni ideológicas; no se trata de desaparecer a un sospechoso de colaborar con la guerrilla, ni de silenciar a un opositor incomodo. Es solo el afán del premio material.
Se pueden intentar explicaciones psico-sociales, como buscar antecedentes de violencia o abuso infantil en los familias de esos soldados, o atribuirlo a un comportamiento gregario, de pandilla, al que son tan susceptibles los adolescentes, o pensar en la mentalidad del sicario que con un escapulario en la mano se persigna antes de disparar a su víctima solo para ganarse unos cuantos pesos. En algo contribuyen estas hipótesis u otras similares a entender este tipo de comportamientos cuando son de personas independientes, pero no del todo cuando se repiten dentro de una institución como el Ejército que se supone debe controlar esas conductas individuales.
Tal vez el problema radique en el esquema de incentivos que se ofrece como fruto de una visión en la que predominan los medios (matar guerrilleros) sobre el fin (alcanzar la paz). Cuando a un joven soldado sin mayor formación y, posiblemente, criado en un ambiente de violencia le ofrecen premios por dar de baja a los enemigos de la patria, es grande la tentación de empezar a inventarse enemigos para ganarse los premios, porque entonces la muerte puede llegar a convertirse en un objetivo en si mismo como lo fue en la guerra civil española donde se impuso el grito de “Viva la Muerte”, consigna del nefasto general Millán-Astray fundador de la Legión Extranjera de ese país.
La tradición democrática del Ejército colombiano lo aleja por naturaleza de estos extremos porque su misión constitucional es garantizar la convivencia en paz de todos los colombianos, pero vale la pena revisar si el esquema de incentivos adoptado es útil para estos propósitos.
Golpes de la naturaleza
Andrés Piedragil Gálvez, Ciudad de México, revista América Economía No. 350.
Humberto Salazar regresó hace poco a la caótica y contaminada Ciudad de México. Ahí lee la información sobre el reciente paso del huracán Dean, que durante su travesía por la Península de Yucatán –en la frontera con Centroamérica– causó daños por más de US$ 180 millones. Las noticias le recuerdan algo: hace dos años el huracán Wilma lo expulsó del paraíso donde pretendía pasar el resto de su vida: Cancún, la joya de la Riviera Maya. Su pequeña empresa, que prestaba servicios de limpieza y fumigación a hoteles del área, debió cerrar sus operaciones, liquidando sus sueños caribeños.
Y es que la naturaleza ha querido que América Latina sea un escenario especial para violentos tornados, inundaciones y terremotos. Según cifras de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre 1996 y 2005, de 6.417 desastres globales, 1.262 afectaron directamente a la región. El problema es que los latinoamericanos no son muy asiduos a los seguros. Estadísticas de la aseguradora española Mapfre señalan que la región destina 0,9% del Producto Interno Bruto a seguros de vida y 1,4% a pólizas de no vida; lejos de los respectivos 4,4% y 3% que figuran en el promedio mundial.
Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México (CNSF) –uno de los países más acostumbrados a este tipo de desastres–, el 42% de las pólizas del mercado de seguros (que en 2007 manejará primas por US$ 16.300 millones) corresponde a vida y pensiones, el 24,5%, a autos, el 17,2% a accidentes y enfermedades, y sólo el 16,3% a daños.
En el país, proteger un hogar o empresa implica contratar, en la práctica, dos pólizas: la de un seguro que incluya primas por riesgos catastróficos –incendios, huracanes o sismos– y una cobertura para pérdidas financieras, renta, caída en ventas o suspensión de sueldos (primas consecuenciales). Un asunto que dispara los precios y que no tiene un costo promedio definido. “Son coberturas complejas, que pasan por negociaciones específicas entre asegurador y cliente, y cuyo costo depende de factores muy particulares”, afirma Gianco Abundis, director general de Consultoría y Estadística Actuarial y experto en temas del ámbito asegurador.
El fenómeno tiene un motivo claro: los altos costos de los desastres naturales. El huracán Dean, de agosto, causó daños –según la reaseguradora alemana Munich Re– por entre US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones por su paso por República Dominicana, Jamaica y otras islas del Caribe. Lejos de la devastación de Katrina en Centroamérica: daños por US$ 50.000 millones, según la misma compañía, que metieron en dificultades a las aseguradoras. En 2005, Wilma generó pérdidas por más de US$ 8.000 millones en la Península de Yucatán, en México, donde están los principales destinos turísticos de la Riviera Maya. Y el terremotó que azotó a Perú y el 15 de agosto dejó daños que exigirán 18 meses de reconstrucción y una inversión de US$ 200 millones. Además de 500 muertos, 85.000 familias damnificadas, más de 300 personas desaparecidas, 52.200 viviendas destruidas, 23.600 espacios habitacionales severamente afectados.
Aprender “por las malas”
Para las aseguradoras, la situación tampoco es sencilla. Los costos de mantener cerrada la empresa del cliente pueden superar los del daño físico. Durante el paso de Wilma por México, compañías de seguros como Zurich y Royal & SunAlliance debieron hacerse cargo de negocios turísticos cuyas “primas consecuenciales” triplicaban el monto que representaba el daño directo.
A partir de esa lección, las aseguradoras optaron por vivir tranquilas. En las zonas mexicanas de alto riesgo de huracán, inundación o terremoto optaron por sólo ofrecer coberturas ante sucesos catastróficos y aumentar el monto de las “primas consecuenciales” por sobre el 35%. En zonas con riesgo alto, como el sureste, incluso lo hicieron por sobre el 1.000%. “Las empresas inflaron el costo de estas primas para desincentivar su venta”, dice un vocero de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que prefirió no ser identificado.
Otro factor que desalienta la contratación de pólizas ante desastres es el hecho de que la gran mayoría de los mexicanos considera que el gobierno debe asumir las tareas y los costos de reconstrucción en una catástrofe natural. Luciano Devars, director técnico del área de Seguros del banco BBVA Bancomer, reconoce que el Estado debe proteger a las poblaciones vulnerables, pero considera que “se ha generado un exceso de paternalismo que se traduce en un limitado interés en cuidar un patrimonio que el Estado, se cree, tiene la obligación de restituir ante un desastre natural.
La revolución del eufemismo
Aitor Iraegui Balenziaga, colaborción enviada desde La Paz, por el Exministro Hugo Carvajal.
Es en el populismo donde el eufemismo logra su expresión más pura, su plasmación más radiante y convincente. Si toda la política abusa de la manipulación de las palabras, de su estiramiento y conversión, el populismo hace de la práctica arte y de la coyuntura permanencia.
Para el populismo, la palabra es la principal arma de lucha. Del mismo modo que los dictadores se atrincheran tras la violencia y los demócratas se refugian en la norma y en la confianza en lo verificable, los populistas prefieren la pirueta lingüística, el salto al vacío discursivo, el malabarismo metafórico.
El gobierno boliviano, del que a estas alturas ya nadie duda su entusiasta vocación populista, es también un amante seguidor de lo eufemístico. El Presidente Morales ha demostrado que, para practicar el arte de llamar a las cosas por lo que no son, basta con una buena dosis de astucia política y un mediano conocimiento de la naturaleza humana. Ambas cualidades (aunque es justo reconocer que también algunas más) sobran en ese gobierno que, más que transformar la realidad boliviana, ha decidido cambiar el curso de las palabras con las que los bolivianos se reconocen a sí mismos.
Así, su política de reformas, muchas veces erráticas, se ha convertido, por obra y gracia de la prestidigitación discursiva, en una “revolución democrática y cultural”, la readecuación de los contratos petroleros en una “verdadera nacionalización”, la creciente dependencia de gobiernos foráneos se convierte en “cooperación entre gobiernos amigos” y la algarada en zonas enteras del país que protestan contra el exceso andino-centrismo de las políticas estatales, se transforma en “manifestaciones reducidas de grupos oligarcas”.
Igual que el mago extrae palomas de su chistera, el gobierno boliviano saca “reformas históricas” y “transformaciones profundas” de los lugares más improbables. Tal como el espectador del circo se sobresalta por el revoltijo de plumas que surgen del sombrero de fieltro, el ciudadano boliviano se maravilla y se ilusiona ante la avalancha de cambios venideros.
El gobierno de Evo Morales ha logrado democratizar un sistema político marginador y endogámico y eso se le agradece. Millones de bolivianos excluidos (y en eso coincide también la esencia del populismo) han encontrado en el MAS una plataforma para acceder a la política. Pero el gobierno tiene que comprender, si puede, que el país no se construye sobre la base de hiperbolizar, sino a partir de trabajar, de proyectar, de mirar hacia delante.
POBREZA Y MEDIO AMBIENTE
Humberto Tobón y Tobón [1]
Uno de los grandes debates ambientales gira en torno al nivel de responsabilidad de la pobreza en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación del entorno. La tesis más generalizada es que la pobrería busca en los bosques la madera para levantar sus viviendas, tener fuego y ganar terreno para la siembra de alimentos. Este tipo de comportamientos acelera los procesos erosivos e incrementa los niveles de riesgo por deslizamientos de tierra e inundaciones. Sus excretas y los residuos sólidos y líquidos que se originan en su vida cotidiana van a parar especialmente a las fuentes superficiales de agua, que son utilizadas para su propia ingesta, con lo cual se crea un círculo de contaminación y enfermedad que desmejora la calidad de vida de las personas y obliga a múltiples inversiones públicas en saneamiento básico y atención hospitalaria.
A esto se agrega que el sector productivo de los países subdesarrollados contribuye a que el círculo de la pobreza no tenga fin, pues se niega a invertir en tecnologías limpias y prefieren seguir enviando sus desechos a los ríos, al aire y a los botaderos de residuos a cielo abierto, que son precisamente los espacios que lindan con las comunidades más pobres y marginadas. El impacto ambiental de las acciones industriales iguala, e incluso supera la dimensión del problema que ocasionan las comunidades pobres, y los efectos más próximos se observan en la tierra arrasada por el uso de técnicas contaminantes; disminución de especies de flora; eliminación de bosques para propósitos agrícolas y pecuarios; desaparición de fuentes de agua y déficit en el inventario de biodiversidad. Esta contaminación de origen industrial, no es exclusiva de los países pobres, también se observa en las naciones ricas, y sus impactos, incluso, son mucho más drásticos, por ejemplo, con el uso excesivo de gases de efecto invernadero.
De este análisis de entorno surge una pregunta muy precisa «¿Cómo se puede pedir menos pobreza sin pedir a la vez menos población?» [2] Y la respuesta es que el crecimiento poblacional por sí mismo no es el causante de la pobreza, pues para que esta se consolide deben entrar en juego otras circunstancias como la desigualdad en la distribución de los recursos, la obsolescencia tecnológica, la falta de políticas productivas, la poca inversión en investigación, el desempleo estructural, la mínima atención frente a la ocurrencia de enfermedades mortales y el mal uso de los recursos naturales. Muchos países altamente poblados combaten las variables que conducen a la pobreza y se erigen como naciones desarrolladas, tal es el caso de China, que en las últimas dos décadas disminuyó en 42 puntos porcentuales el número de pobres [3].
Claro que cuando un país es pobre y mantiene un acelerado nivel de crecimiento demográfico, sin aumentos significativos de su riqueza, es muy probable que se reproduzca la pobreza con todas sus secuelas. Mientras que un país rico con modelos de contención poblacional incrementará el nivel de vida de sus habitantes y presionará una mejor distribución de la riqueza.
Lo que sí es claro es que existe una acción contaminante y depredadora tanto entre los pobres como entre los ricos. Aquellos lo hacen porque esquilman los recursos naturales para poder subsistir y porque sus tecnologías son inadecuadas y estos porque tienen un exceso de consumo que copan la capacidad de autorregeneración del ambiente.
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[1] Consultor de entidades públicas y privadas en Colombia
[2] La pregunta fue formulada por el profesor Sartori, titular de la cátedra Albert Schweitzer en Humanidades de la Columbia University de New York y profesor emérito de la Universidad de Florencia.
[3] Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos. Naciones Unidas, 2006
LAS OTRAS VIOLENCIAS
Es poco realista confiar en la fuerza para resolver los problemas de la violencia. Esta opción se basa en un diagnóstico equivocado por reduccionista y su efecto puede ser el de empeorar las cosas. Las diversas violencias son siempre fenómenos complejos y deben ser tratados reconociendo esa complejidad, lo que incluye estudiar sus diversas causas y legitimaciones. El no hacerlo así podría significar, en algunos casos, la presencia de otro tipo de intereses ajenos a los de resolver dichos problemas.
José María Tortosa, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España. PNUD.
La violencia tiene muchas formas. Existe la violencia llamada guerra, sea entre Estados o sea guerra civil dentro de un Estado, cuando los enfrentados son ejércitos más o menos regulares. Está la violencia llamada guerrilla, cuando por lo menos uno de los actores no es ejército en sentido estricto, aunque esté organizado y actúe como si lo fuese, pero cuyo carácter regular es más que discutible. Y existen muchas más formas de violencia, desde la que el individuo ejerce contra sí mismo, que eso es al fin y al cabo el suicidio, a la que individuos o grupos practican contra otros individuos o grupos: asesinato, homicidio, agresión, pandillismo, sicariato y demás formas de violencia llamada criminal. Finalmente, hay una forma de violencia relativamente reciente, hasta el punto de que ha sido llamada “guerra de cuarta generación”, en la que las fronteras estatales quedan desdibujadas y el agresor (es) y agredido (s) adquiere un carácter transnacional. Aunque no se reduce al fenómeno del terrorismo transnacional, es obvio que en éste tiene su ejemplo más comentado.
Violencias engañosas
Es evidente la fascinación que estas diferentes violencias ejercen sobre los humanos. Algunas son fomentadas por un sistema educativo que ensalza las batallas, los héroes y, en su caso, las victorias sobre enemigos “qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes” como canta la Marsellesa. Los llamados himnos nacionales suelen ser un buen ejemplo de esta exaltación, pero la literatura y la historia colaboran en este empeño. Otras violencias (a veces, las mismas) son presentadas con detalle en los medios de comunicación de manera que es fácil ver programas de crónica de la violencia mientras que los programas de noticias puedan llamarse programas de violencias. Finalmente, y como denunciaba el informe de Amnistía Internacional de 2007, hay un uso político de la violencia no sólo mediante la amenaza de la misma sino, sobre todo, generando estados de temor e inseguridad que fomenten la sumisión acrítica de los ciudadanos a las políticas -por otro lado discutibles- de los respectivos gobernantes.
Sin embargo, la violencia no está tan extendida como estas fuentes pueden hacer creer, ni siquiera en sociedades supuestamente muy violentas. El número de guerras interestatales e intraestatales, además, está disminuyendo a escala mundial y los llamados “conflictos etnopolíticos” también presentan una frecuencia y mortalidad menguante. Es difícil saber de la evolución de la violencia criminal, pero los datos disponibles parecen indicar una relativa estabilidad en los últimos años. Lo único que ciertamente ha crecido ha sido el número de ataques del terrorismo internacional y el número de muertes provocados por el mismo, sobre todo a partir de la ocupación de Afganistán y de Iraq, según reconoce el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual sobre el tema. Los casos del 11 de septiembre (Estados Unidos), 11 de marzo (España) y 7 de julio (Reino Unido) podrían hacer pensar que se trata de un “choque de civilizaciones”, pero los mucho más importantes atentados de Somalia, Kenia, Tanzania, Yemen, Arabia Saudita, Marruecos, Túnez, Indonesia, Pakistán, Egipto, Turquía, Jordania y Argelia muestran la dificultad de entender este fenómeno según los viejos parámetros de las viejas guerras.
Sabiendo que en el caso del terrorismo transnacional la mayor parte de ataques y muertes se produce dentro del mundo de mayoría musulmana y viendo las causas, diferentes en cada suceso, que subyacen en cada uno de ellos, la pregunta no es por qué hay tanta violencia sino por qué hay tan poca o por qué disminuye habiendo factores que la fomentan.
Las raíces
Un comienzo de respuesta se obtiene sabiendo que el ser humano no es, por naturaleza, violento y que tiene particulares dificultades para matar a sus semejantes en cualquiera de los contextos reseñados anteriormente. Eso lo saben bien los que entrenan a los soldados, guerrilleros, sicarios o paramilitares en cualquier parte del mundo. De hecho, la repugnancia instintiva a matar se supera actuando sobre cuatro elementos: proponiendo una autoridad legítima desde el punto de vista del individuo; introduciéndole en un grupo que le apoye, le absuelva y le acepte; condicionando su comportamiento mediante mecanismos de estímulo-respuesta ante las órdenes y utilizando cualquiera de los desinhibidores disponibles (drogas legales –alcohol- o ilegales) y, finalmente, etiquetando a la víctima de forma conveniente, sea como subhumano indigno de vivir, sea como esos enemigos a los que se refiere la Marsellesa o sea como alguien que antes hizo algo contra “nosotros” y del que hay que vengarse o al que hay que odiar. Estas consideraciones, de todos modos, no excluyen la existencia de desórdenes de la personalidad que llevan al comportamiento violento en sus diversas formas “anormales” (asesinatos en serie, sadismo, fobias violentas etcétera).
El entrenamiento del individuo “normal” para que mate y persista cuantas veces la autoridad o el grupo estimen necesario es cambiante a lo largo del tiempo y de las instituciones y no tiene los mismos efectos en todas las sociedades. Por enumerar rápidamente algunas componentes sociales que afectarían a este entrenamiento, hay que recordar el papel que el enemigo exterior (real o ficticio, no importa, lo que interesa es que sea creído como tal) tiene en la cohesión del grupo o de la nación. Los líderes con problemas internos buscan, con relativa frecuencia, enemigos externos para proyectar los odios y rabias de los propios o para que sean el chivo expiatorio que los absuelva. Obviamente, depende de coyunturas políticas que los líderes recurran o no a este mecanismo. Después, las mentalidades cambian de país a país y también las circunstancias pueden ser divergentes: no es lo mismo largos años de enfrentamientos armados para resolver las diferencias políticas que haber tenido, desde el primer momento, otro enfoque menos violento.
La respuesta violenta se aprende, como se aprende la noviolenta, aunque ésta sea la más humana. Este aprendizaje, esta transmisión de valores, normas, actitudes aceptables y comportamientos esperables, es lo que llamamos cultura. En este caso, cultura de la violencia. Finalmente, a efectos presentes y sin ánimo de agotar la lista de diferencias, está la cuestión de la desigualdad y la pobreza. No es, de todos modos, el nivel de desigualdad el que va a incidir, “ambientalmente”, en el incremento de la violencia practicada, sino el cambio en los niveles de desigualdad percibidos por la población. Si la población cree que la desigualdad está aumentando, la probabilidad de encontrar aumentos de la violencia por causas “ambientales” puede acrecentarse.
Hay un punto que conviene resaltar si lo que se quiere es entender algunos problemas contemporáneos relativos a la violencia. Como es sabido, la frustración genera agresividad y la agresividad puede resolverse en agresión, sea hacia el exterior (violencia de diversos tipos) o hacia el interior (depresión, una de las más importantes enfermedades a escala mundial y que, probablemente, cause más muertes que la violencia entre individuos). Nuestras sociedades son ahora sociedades frustrantes sea porque las desigualdades se están acrecentando, sea porque lo que ofrecen las publicidades no son cosas siempre alcanzables o sea porque los fines que propone la sociedad para la vida humana son fines imposibles... o inexistentes. Estos problemas afectan, en particular, a las clases medias, inseguras y temerosas de caer en la pobreza o de ser objeto de las distintas formas de violencia que, a su parecer, ejercen los pobres, los extraños o los diferentes. Y afectan al comportamiento de las masas, con el añadido caldo de cultivo de los Estados débiles.
Las combinaciones posibles entre todos estos factores (individuales y ambientales) podrían explicar los cambios en los comportamientos violentos observables tanto hacia uno mismo como hacia los demás (¿a más depresión, menos violencia externa?), tanto como individuo como en términos de grupo o de estado y hasta de supuesta “civilización”.
El tratamiento
Con la violencia podemos quedar fascinados, podemos -convenientemente entrenados- dedicarnos a ella, podemos manipular a la opinión pública mediante el miedo y la inseguridad (la “guerra contra el terror” es un buen ejemplo) o podemos intentar reducirla y, eventualmente, eliminarla. Eso supone pasar del diagnóstico que se acaba de hacer a un diagnóstico algo más preciso. Porque también aquí hay varias opciones.
El primer paso consiste en reconocer (o no) que todas estas violencias serían incomprensibles y, por tanto, intratables si no se considerase otro tipo de violencias que algunos autores llaman violencia cultural y violencia estructural. Otros autores prefieren hablar en singular y referirse únicamente a la violencia directa, física. Suelen argüir que ampliar dicho concepto lo haría inasequible a un estudio científico. No parece un argumento concluyente si se tiene en cuenta la heterogeneidad que ya se incluye bajo la palabra violencia: no es lo mismo, efectivamente, un suicidio depresivo, una agresión racista, un atentado suicida, el terrorismo de Estado, la guerra civil o una guerra mundial. Hay, pues que distinguir entre los diferentes agentes y receptores de la misma (el individuo, grupos diversos, el Estado): son muchas violencias distinguibles.
Además, guste o no, las violencias directas, los conflictos y contradicciones que manifiestan y las legitimaciones que las apuntalan forman parte de un todo, no es tan sencillo separarlas. Esos conflictos y contradicciones se podrían llamar violencia estructural o violencia institucional (opresión, represión, marginación, explotación) mientras que las legitimaciones de estas violencias y de las violencias físicas se llamarían violencia cultural o, en su caso, violencia simbólica.
Para muchos autores, esta inclusión de nuevos problemas no sólo impide su análisis sino que dificulta su resolución. Desde la escala de lo local a la escala de lo transnacional dirán que lo que hace falta es más policía, más disuasión y más ejército; que el análisis de las causas es irrelevante y que todas las violencias son iguales, en particular las llamadas “terroristas”. La violencia, acabarán diciendo, se cura con violencia. Es la opción del cirujano a quien no preocupa para nada qué ha causado el cáncer sino que sólo quiere extirparlo. Pero la comparación no debería convertirse en un argumento. No lo es, aunque se podría mantener reconociendo las enfermedades iatrogénicas, producidas por la misma intervención.
La opción más razonable si lo que se quiere es reducir, limitar o eliminar la violencia es la de tener ante ella una perspectiva integral. Por supuesto no es el caso si lo que se quiere es seguir en el poder usando el señuelo de las distintas violencias. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, interesada en que dicha amenaza por lo menos disminuya, no hay más remedio que afrontar simultáneamente las tres “violencias”. Sin duda que la violencia directa demanda policía y ejército, aunque, a veces, con aumentar la iluminación es suficiente. Pero puede aceptarse esa necesidad y más en casos de exaltación colectiva e inercia de la organización violenta. Sin embargo, tanto a corto como a largo plazo se precisan acciones en pro de una cultura de paz que sustituya a la dominante cultura de la violencia. Y, sobre todo, es indispensable preguntarse qué conflictos, frustraciones e injusticias subyacen a los comportamientos violentos. No todo comportamiento violento es reducible a estas violencias estructurales. Como se ha dicho, hay desórdenes de la personalidad (incluida la de los gobernantes, que no por serlo están exentos) y puede haber voluntad de permanencia por parte de las organizaciones violentas (regulares o irregulares, ejércitos o guerrillas, bandas armadas, bandidos etcétera) que hagan necesario buscar otras medidas. Pero no es exagerado afirmar que sin conocer las causas (por ejemplo, del terrorismo transnacional) difícilmente conoceremos los remedios eficaces y duraderos: un cáncer de laringe no se cura igual que una faringitis.
Hechos del Callejón es una serie periodística del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), auspiciada por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). Sus artículos pueden ser reproducidos parcial o totalmente citando la fuente.
Se asoma la primavera social
… Y Colombia, ay, con el gringo ahí
OCTAVIO QUINTERO
Varias veces he citado esta anécdota que tuve hace años con el entonces ministro de Hacienda colombiano, Rodrigo Botero, quien, jactándose de mantener una buena liquidez en el mercado monetario, yo, de ‘inteligente’ le pregunté: “Pero, ministro: ¿entonces dónde está la plata?”, a lo que rápidamente me respondió con tajante lógica e incuestionable afirmación: “La tienen los ricos”.
Esto quiero decir que la masa monetaria de un país dado, y del mundo en general es (o debe ser), proporcionalmente igual a su nivel de desarrollo. Me explico: no podría ser, por ejemplo, que todos nos volviéramos ricos de un momento a otro con sólo echar a andar las máquinas impresoras de los bancos emisores, lo cual, por demás, sería muy fácil. La riqueza es, por ende, la sumatoria de lo que producimos. Es decir, para que un país sea cada vez más próspero tiene que producir cada vez más, y que esa riqueza, por supuesto, se quede en el país y la disfrute la mayor cantidad de gente posible.
Hasta ahí creo que vamos de acuerdo.
Ahora bien, como los medios de producción pertenecen a los ricos, y esos ricos se apropian (se roban, mejor dicho) la plusvalía de la mano de obra, tenemos que, cada vez que el desarrollo económico se expande, lo que se genera al otro lado de la moneda es mayor riqueza de los ricos que, como lo dijo el ex ministro Botero en esa anécdota que les cuento, son los dueños de la plata.
Creo que seguimos de acuerdo.
Por eso, esta mañana de lunes 19 de noviembre me sorprendió que periodistas tan incisivos como los de la Doble W, e “inquisidores”, según les espectó al aire un parapolítico, se quedarán callados cuando el ex presidente mexicano, Vicente Fox, les dijo que la única forma de acabar con la pobreza era generando riqueza.
Ese es un cuento ya trillado del neoliberalismo que, en sus albores latinoamericanos, los ‘Chicago boys’ de Milton Friedman, cuyo precursor en Colombia fue precisamente el ex ministro de marras, valga decir el gobierno del finado López Michelsen, trajeron de los cabellos la teoría del ‘efecto derrame’ sugiriendo malévolamente que si se rebosaba la tasa de los ricos, pues, el dinero sobrante tenía necesariamente que llegar a la totuma de los pobres.
La realidad es tozuda. Al cabo de 15 largos años neoliberales lo que se dio fue cada vez más pobres y más pobreza; y al otro lado de la moneda, más concentración de la riqueza.
No hay que abundar en más razones que teórica y empíricamente muestran el fracaso del modelo neoliberal. Lo que se debe señalar ahora es… ¿Cómo nos seguimos tragando el cuento?... Cómo hace el señor Uribe en Colombia para mantener una imagen, la última bordeando el 80% de admiración nacional, cuando ya no contiene revelación ni mérito señalarlo como el principal responsable de la precarización laboral con sus reformas laborales y de la mercantilización de la salud con su reforma de la Ley 100?.
No me sorprende, por supuesto, la ignorancia del colombiano medio en este campo sino la ignorancia de periodistas que cubren un basto campo de la opinión popular con su trabajo, al dejar pasar afirmaciones tan ligeras de neoliberales como el ex presidente mexicano en el sentido de que la única forma de acabar con la pobreza es generando riqueza, afirmación que por contener una verdad a medias termina siendo una mentira completa porque, si a la generación de riqueza usted no le agrega una mejor distribución de la riqueza, entonces, usted lo que está haciendo es metiendo más dinero al bolsillo de los dueños de la plata.
Resulta difícil también, y es justo reconocer, que en un tipo de periodismo a mano alzada, como es el radial, un periodista que no tenga mediana información sobre asuntos económicos, pueda refutar a un ex presidente mentiroso como Fox quien sí tiene por qué saber que el Banco Mundial en su informe de 2004 sobre México (es decir cuando él ya llevaba cuatro años de gobierno), afirmaba que la pobreza en ese país “se mantenía en niveles inaceptablemente altos (…) similares a los registrados a comienzos de los años 90”, hecho que indujo al propio Banco Mundial ha sostener en ese mismo informe que (…) “los últimos l5 años han sido una pérdida en combatir esa condición que afecta a más del 50 por ciento de los 104 millones de mexicanos, debido en gran medida a la gran desigualdad en los ingresos que se mide en la estadística de que la décima parte mas rica de la población captura más del 40 por ciento de los ingresos totales, mientras la décima parte mas pobre sólo obtiene 1.1 por ciento”.
Se asoma la primavera social
Y antes de cerrar este comentario, quería alertar a los analistas sobre la muy posible victoria que empezará a cantar el neoliberalismo cuando quiera apropiarse del último informe de CEPAL según el cual (…) “en el 2006 salieron de la pobreza (en Latinoamérica) 15 millones de personas y 10 millones dejaron de ser indigentes. De esta forma, las cifras indican que en 2006, un 36,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza (194 millones), mientras que la pobreza extrema o indigencia abarcó al 13,4% de los habitantes (71 millones). Se trata de la primera vez desde 1990 (agrega el informe), en que el número de personas pobres en la región desciende por debajo de los 200 millones”.
En conclusión, se pueden afirmar dos hechos contundentes: que entre 1990 y 2005 (los años dorados del neoliberalismo), la pobreza e indigencia latinoamericana estuvo en constante aumento, o en el mejor de los casos, no disminuyó por el socorrido ‘efecto derrame’; y que esa disminución que registra la CEPAL en 2006, con el consiguiente pronóstico de que (…) “para el año de 2007 se espera que los habitantes en situación de pobreza e indigencia sigan disminuyendo hasta alcanzar alrededor de 190 los primeros y 69 los segundos, coinciden con los cambios de modelo en Venezuela, Brasil y Argentina; y más tarde en Bolivia, que seguramente se verán reforzados por las políticas de mayor contenido social que también han empezado a darse en Ecuador y Nicaragua.
Y Colombia, ay, con el gringo ahí.
oquinteroefe@yahoo.com
19-11-07
LA DECADENCIA DE LAS CUMBRES DE JEFES DE ESTADO.
Héctor Gómez Paniagua
La Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado llegó a la edición tan esperada en que demostraría la necesidad de modificar su estructura, preparación, objetivos y, sobre todo, de que en el futuro debe aprobar solo conclusiones finales con decisiones viables y concretas que ayuden a resolver los ingentes y crecientes problemas de América Latina.
La preparación se llevó a cabo bajo la dirección de Enrique Iglesias desde su Secretaría General Iberoamericana, que a todo lo largo de 2.007 ha realizado una gran actividad con la colaboración de todos los gobiernos, los gremios empresariales, parlamentos y entidades cívicas. Pero el Programa de Acción termina repitiendo ordenadamente los contenidos anteriores, y llega a parecerse tanto a la Cumbre de Montevideo del 5 de junio de 2.006 , que uno se pregunta sobre el criterio vacío de los gobiernos que firman documentos de compromiso internacional sin rubor alguno y a sabiendas de que su contenido servirá como propaganda mediática pero sin beneficio para sus pueblos.
Es recomendable leer los documentos finales de la Cumbre, porque creo que nunca se habrá escrito en una reunión internacional un repertorio tan completo de todas las acciones públicas y privadas que tendrían que llevarse a cabo para la solución definitiva de toda la problemática de una región, incluyendo los hechos coyunturales imprevisibles y políticas multilaterales de amplio espectro. Lo novedoso es que incluye el marco conceptual tan actual de la Cohesión Social, aplicado a la política social y la convivencia universal, que pretende construir con diálogo y participación ciudadana , un compromiso de todas las fuerzas políticas sociales y económicas. Casi nada. La cohesión social fue el principal pretexto esgrimido por el presidente Chávez, que aunque firmó el documento, descalificó por inútiles las Cumbres de Jefes de Estado. El argumento es válido: si no hay cohesión dentro de los países y América Latina es la región con mayores desigualdades del mundo, hay que dar otro sentido a las políticas.
Un tema que desapareció de la Cumbre fue la condena de la CORRUPCIÓN, que es el problema capital que resume y compendia todo lo negativo del presente y futuro de la región, y que es causa de la pobreza, el retraso y la ignorancia. No se dieron cuenta los gobiernos que sin acabar con la corrupción, todas las demás acciones están neutralizadas, porque las actuaciones aprobadas requieren de mucho dinero y de administraciones transparentes que optimicen los recursos. No se entiende su ausencia después de mencionarla con énfasis en casi todas las anteriores Cumbres. Con solo haber aprobado un estatuto coercitivo de condena de la corrupción y la creación del espacio libre de corruptos de Iberoamérica, se hubiera salvado esta Cumbre con creces.
Aparte del repetido Programa de Acción y como proyecto concreto muy estudiado y preparado es el Convenio Iberoamericano de la Seguridad Social, que pretende nada menos que establecer un mecanismo multilateral de los 22 gobiernos para que se reconozcan las aportaciones que hayan hecho los trabajadores en diferentes países. Este es le proyecto mas utópico que se haya pensado en los 17 años, si se toma nota de que Colombia y España han tardado 10 años en negociar un convenio bilateral, y aunque ya ratificado, le falta la reglamentación y recursos. Es absolutamente impensable un acuerdo entre la Seguridad Social boyante de España y 21 de escasos recursos, además de la complejidad de la negociación y de su funcionamiento.
Un proyecto importante y que puede echar a andar con la ayuda de otros organismos financieros, es el de la propagación del agua potable, para el cual España aportará € $1.500 millones en 5 años, que aunque es importante, solo sería el capital semilla apara las necesidades de la región, en donde cerca de 80 millones de personas no disfrutan del servicio del agua. El agua, el saneamiento , del que no disponen 100 millones de personas, la educación , la formación profesional, las comunicaciones, la erradicación de la pobreza, la atención de desastres, financiación de viviendas, financiación de la tecnología de la información, etc, son cada uno un problema de tal envergadura que no hay fondos suficientes en toda la región para resolverlos siquiera a largo plazo.
La participación del Rey de España ha sido un elemento aglutinante que ha permitido la asistencia récord en todas sus ediciones, a pesar de la insatisfacción general de la opinión pública por el resultado de cada reunión, pero no deja de ser inconveniente por su condición política tan especial y el demasiado protagonismo que ejerce. Esto hacía presumir que los países mas inconformes de la región acabarían fomentando un sentimiento de rebeldía, que se patentó con el grave enfrentamiento provocado por el Presidente Chávez. Posiblemente el mandatario venezolano tenía previsto disentir. pero no sospechaba que al interrumpir al Presidente Zapatero iba a haber una fuerte reacción del Rey, muy justificada, pero no adecuada a las normas internacionales, lo que al final le beneficiaría y le daría argumentos para utilizar en su campaña electoral. Su discurso victimista y reivindicatorio va a proliferar en el futuro entre los partidos de izquierda y especialmente en aquellos países que piden mas protagonismo de la población indígena.
Un inconveniente de las Cumbres es que sus plenarias son públicas, con el riesgo de debates y controversias fácilmente manipulables políticamente. Si. como acontece en la Unión Europea fueran cerradas, el rifirafe no hubiera trascendido y se hubiera evitado esta confrontación que todavía no se sabe las consecuencias que tendrá. Lo que si ya se ha oído es una iniciativa muy extendida de que las Cumbres se celebren cada dos años.
De todas formas, se suponía de antemano que el enfrentamiento actual de dos corrientes políticas en la región y la necesidad de actuaciones de impacto por parte de Chávez iban a generar algún gesto discordante, pero nadie imaginaba que sería la Cumbres de los conflictos, con los problemas de Uruguay y Argentina, de Chile y Bolivia, de fuertes críticas a la acción de los empresarios españoles en la región, y como fatídico final el enfrentamiento entre el Rey de España y el Presidente Venezolano. Todos debieran reflexionar sobre lo que representa de negativo el resultado de esta Cumbre y decidir volver al lenguaje de la unidad, de la cooperación y del respeto mutuo, orientando todos sus esfuerzos a resolver conjuntamente los enormes problemas de la región, no volver a repetir este tipo de declaraciones retóricas y utópicas, sino con la selección a través de la Secretaría General de unos pocos proyectos viables y razonables. De lo contrario, estaremos asistiendo a la decadencia definitiva de las Cumbres.
Madrid, noviembre de 2.007
CERRARLE EL PASO A LA INTOLERANCIA
Clara López Obregón *
La tolerancia con las opiniones ajenas es requisito indispensable de la convivencia democrática en una sociedad pluralista donde el conflicto es la regla y no la excepción. Por ello preocupan tanto las crecientes manifestaciones de intolerancia frente a quienes no comulgan con la verdad oficial. Dos incidentes aislados pero con rasgos comunes inconfundibles deben prender las alertas de la sociedad toda.
Me refiero al ataque físico de que fue objeto el senador Gustavo Petro en un afamado restaurante a donde acuden los jóvenes gomelos bogotanos. Allí, a pesar de la prudencia del senador, un joven comensal lo sujetó mientras otro le sacó el aire con un puñetazo, no sin antes proferirle toda suerte de epítetos destemplados: "guerrillero", "comunista" y demás.
El segundo caso lo refiere el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández en su columna de El Nuevo Siglo. Cuenta cómo por los mismos días asistió a una reunión social en casa de unos amigos. Cuando dos invitados criticaron la posibilidad de una segunda reelección del Presidente Uribe, unos jóvenes enfurecidos por la posición política esgrimida agredieron a puños al autor de las críticas al punto que la reunión tuvo que suspenderse.
Tan reprensible intemperancia en jóvenes provenientes de estamentos con acceso a la cultura y el privilegio llama poderosamente la atención. De una parte, es sintomática de que persiste en las esferas privilegiadas de la sociedad una actitud prepotente frente a quienes representan o plantean el cambio. De la otra, que el instrumento elegido para dirimir las diferencias sigue siendo la violencia, tanto verbal como física, en lugar de la controversia civilizada.
Pareciera que una vez más, en este terreno fértil para la violencia interpartidista, estuviéramos a punto de iniciar otro genocidio político, azuzado por la intolerancia oficial con la disidencia a la declarada bondad de sus planes y políticas. Debemos aprender de la historia. Las ideas no se imponen a la fuerza. El unanimismo no es una opción viable, ni posible. Es hora de decir ¡basta ya! para romper este ciclo de animadversiones con las que se pretende justificar conductas incivilizadas que ubican a Colombia en la lista de países fallidos.
Debemos sin demora, desde todas las orillas partidistas y sociales emprender un proceso de terapia y aprendizaje colectivo en tolerancia y perdón con el objetivo conciente de aclimatar la reconciliación entre todos los colombianos. Directorios de todas las agrupaciones políticas, organizaciones civiles, las iglesias, ojala fuera con el impulso de los altos círculos del poder gubernamental, deberíamos concretar un plan de acción que le permita a todos los sectores del país asumir la verdad judicial e histórica y enfrentar constructivamente la responsabilidad que nos corresponda.
De lo contrario, estos brotes por ahora aislados de intolerancia violenta, darán paso a conductas generalizadas y a la repetición de la historia por nuestra incapacidad de aprender de ella.
Judith Faride o el TLC
César González Muñoz
El viernes de la semana pasada asesinaron en Santa Marta a Judith Faride Álvarez Hernández, funcionaria de la Fiscalía. La institución ha informado que ella trabajaba en la Sección de Análisis Criminalístico “manejando la variable de derechos humanos y justicia y paz”. Su trabajo consistía en investigar y combatir judicialmente a los paramilitares reciclados del Magdalena. Otro servidor de la Fiscalía, Jaime Ómar Colobón, había sido asesinado en septiembre en Cúcuta mientras hacía idénticas tareas con otras “bandas emergentes”.
Esta es la punta del témpano. Decenas de funcionarios de la Fiscalía han sido asesinados en los últimos diez años. Muchos más han sido vejados, amenazados, desterrados, separados a sangre y fuego de su trabajo. La lista de servidores del Estado víctimas de las organizaciones criminales (y de la violencia desorganizada) es inmensa. El daño infligido a la Rama Judicial del Poder Público es una herida profunda que sólo podría sanar cuando la sociedad colombiana haya reconocido su fratricidio colectivo. Mantener viva esta memoria es un bote salvavidas.
El problema es que la comunidad colombiana no da muestras de indignación alguna por crímenes como éstos (“se perdió la capacidad de asombro”, es la vieja fórmula ceremonial). Tampoco hay expresiones colectivas de temor frente a las grietas que se abren en el edificio institucional con cada crimen que se comete contra servidores públicos, armados y desarmados. La conciencia colombiana de lo colectivo, de lo público, de lo estatal, es sumamente leve. La gente está harta de la violencia como generadora de inseguridad física y patrimonial, pero a escala de la familia y de los amigos cercanos. Y no percibe de igual manera el daño que la violencia les causa a las instituciones, es decir a los factores que aseguran la supervivencia colectiva.
Por su lúgubre y admirable oficio, por su modesto lugar en la comunidad, quizás por su origen, Judith Faride no ha sido objeto de notas luctuosas, ni su asesinato ha sido visto en los medios como un atentado contra las instituciones. No es un magnicidio, ni su muerte ha sido la de una “prestante dama de la sociedad samaria”. Las crónicas hacen énfasis en su condición de madre cabeza de familia. Pero sus hijas y demás deudos no son las únicas víctimas del crimen de “esta mujer”, como la califica la crónica de El Tiempo. La agresión ha sido contra la sociedad entera. Significativamente, la Fiscalía se limita a relatar escuetamente las circunstancias del asesinato, y a anunciar que hay una bolsa de recompensa a informantes. Sombrío valor de cambio: veinte millones de pesos, más cuatro millones que aporta la Policía del Magdalena.
Hay otra crónica que debe ser contada reiteradamente. La Fiscalía ha abierto 229 procesos relacionados con 445 homicidios cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública durante los últimos cinco años. Por otra parte, una Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales, apoyada por Naciones Unidas, ha hecho referencia a casi un millar de asesinatos cometidos en este mismo periodo por servidores públicos armados. Los incentivos ofrecidos por el gobierno a los militares por la “bajas” causadas a la guerrilla son factores importantes en esta tragedia institucional. El semanario El Espectador trae muy buena información sobre el tema en su último número. Pero los titulares que usa son indignantes: Para ese medio, los abusos cometidos con armas del Estado, que provocan indignación en muchos sectores de la llamada comunidad internacional, y que estremecen a los defensores de los derechos humanos, son simplemente “otro tormento”, “otro palo en la rueda” de la aprobación del TLC con Estados Unidos. Así pues, la víctima de estos crímenes no es la sociedad colombiana, sino un acuerdo comercial con los gringos.
La nueva España
Jorge Mario Eastman Vélez - Ex ministro delegatario y ex embajador en E.U. Portafolio, noviembre 21 de 2008.
Joaquín Estefanía es uno de los analistas españoles con mayor y bien ganada reputación. Su magisterio en el ámbito universitario y periodístico, lo mismo que su pensamiento político son fuente obligada de consulta para descifrar y entender la España de hoy. Especialmente, desde que sobre el cementerio de más de un millón de muertos que arrojó la guerra civil (1936-39) una nueva generación decidió ponerle oído a la sentencia de Ortega y Gasset, cuando en 1919 sostuviera, ante la sordera de los fundamentalistas de la época, que "España era el problema y Europa la solución".
Un reciente ensayo suyo intitulado 'La larga marcha' esclarece muchos interrogantes y sirve para confiar en el porvenir de una nación instalada ya como país desarrollado, gracias a la visión universal de líderes como Felipe González y Rodríguez Zapatero. Su lectura demuestra que a él, como lo expresará el canciller Mackmilan sobre la Inglaterra que le tocó en suerte gobernar, "nunca nos ha ido tan bien como ahora". Refiriéndose a la España del presente, afirma que desde el punto de vista geopolítico-económico el último siglo comenzó en 1959 y todavía no ha terminado.
En efecto, no se requiere ser un especialista para comprobar que España pasó a ser una sociedad abierta al dejar atrás el subdesarrollo a través de su liberación de los esquemas autárquicos y cerrados impuestos por la dictadura franquista. Además, que sus gobiernos han sabido aprovechar los efectos de una globalización bien aplicada y garantizado el disfrute, desde la transición, de tres décadas de libertades, imperio de la Constitución y normalidad democrática.
Estefanía es un europeísta convencido que sabe resaltar, con sólidos argumentos y cifras, la trascendencia de un viejo continente unido que, al fin, optó por negociar en vez de combatir y "no volver a matarse como Caín y Abel". Es decir, 500 millones de habitantes acatando una nueva realidad política sin conflagraciones bélicas de por medio, con valores cada día más afincados tales como la tolerancia, la inclusión, la cohesión social y territorial, la solidaridad y los derechos humanos. Un modelo fruto, sin duda, de la combinación afortunada de estrategias socialdemócratas y democristianas.
En esta nueva España el autor distingue cuatro grandes etapas. La primera, los años del desarrollo, que va de 1959 a 1975, cuando muere Franco. La segunda, la indispensable transición política (1976 a 1985), en la que se fragua la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), antecedente de la actual Unión Europea (UE). La tercera, la más corta y seguramente la menos estudiada, comprende los años del 'eurooptimismo' (1986-1991): es el tiempo en que los españoles, luego de esperar tanto para ingresar al selecto club continental, empiezan a sentirse más europeos que nadie y la economía y la política apuntan hacia arriba en el 'sismograma' virtual. La cuarta y última es la de la normalidad (desde 1992 hasta hoy) que contempla "picos de sierra, encefalogramas planos, momentos de éxtasis, y pesimismo y mucho aburrimiento, pero sin grandes sobresaltos".
En síntesis, estamos ante un país muy diferente a esas 'dos Españas' que denunciara poética y patéticamente Antonio Machado. El episodio caricaturesco ocurrido en Chile, promovido por Chávez, no empaña para nada la marcha hacia adelante dentro de su proyecto continental irreversible.
Adenda: El ilustre profesor Emilio Robledo Uribe acaba de coronar la cima de 100 años de vida, con plena lucidez intelectual y espiritual, viéndose rodeado de la admiración y el respeto unánimes de sus compatriotas de bien. Cinco generaciones han contado con el privilegio de recibir sus sabias enseñanzas y la sociedad de aprovechar su ejemplo de ciudadano sin tacha.
Ballenas: el camino de regreso
Alejandro Nadal, La Jornada, México, noviembre 21 de 2007.
La industria ballenera japonesa comenzó ayer la cacería para la temporada 2007-2008. Desde el puerto de Shimonoseki zarpó la flota de un barco fábrica y seis arponeros para, desafiando a la opinión pública mundial, reiniciar la “pesca con fines científicos” de ballenas. A pesar de una moratoria internacional en la cacería de cetáceos, Japón mantiene esta modalidad de pesca en los mares del sur y el Pacífico norte.
Desde que la Comisión Internacional Ballenera (CIB) impuso una moratoria sobre pesca comercial de ballenas en 1986, se han cazado 25 mil ejemplares, la mayoría al amparo de un hueco legal que permite la pesca con fines científicos. Este año la flota japonesa espera cazar mil 35 ballenas, duplicando la cuota de hace 10 años. Lo peor es que para este 2007 se incluye a la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y el rorcual común (Balaenoptera physalus), segundo en tamaño después de la azul. La cacería de ballena jorobada no se reanudaba desde hace 40 años, cuando esta especie estuvo al borde de la extinción.
El lobby de la industria ballenera japonesa, bien conocido por la compra de votos al interior de la CIB, justifica esta carnicería con tres argumentos. El primero es que esta investigación científica permite determinar los niveles de una pesca sustentable, identificando rutas de migración y los hábitos de las diferentes especies. Ese argumento es falso, pues no se necesita matarlas para determinar las variables de las que depende su supervivencia. El segundo es que la población de ballenas ya se recuperó y es posible reiniciar la pesca comercial. Por ejemplo, Japón sostiene que la población existente de 40 mil ballenas jorobadas revela un robusto restablecimiento de la especie. Pero muchos centros de investigación del mundo no están de acuerdo y colocan el umbral de una población saludable en 250 mil ejemplares.
La tercera defensa a su favor es que es legítimo conservar una tradición cultural y que muchos regímenes regulatorios permiten a comunidades esquimales cazar algunas ballenas por esta razón. Pero esa analogía carece de fundamento. Aunque se pueden encontrar referencias a la ballena en poesías y cuadros antiguos japoneses, lo cierto es que nunca fue la pieza central de la cultura pesquera o culinaria en ese país. Es evidente que su cacería no es indispensable para la supervivencia cultural del país del sol naciente.
La economía de la industria ballenera japonesa es absurda. La mayor parte de la carne obtenida en esta “pesca científica” se mantiene congelada largo tiempo por falta de demanda. Al final, mucha termina en asilos de ancianos y en desayunos para niños pobres en algunas prefecturas, lejos del principal puerto ballenero. Algunos estudios revelan altos contenidos de PCB y mercurio en esa carne, componentes químicos particularmente dañinos para la niñez. Las ganancias de la flota ballenera provienen de un enredado sistema de subsidios en el que la transparencia brilla por su ausencia.
El método de cacería sigue siendo de una crueldad inaudita: el arpón está dotado de una granada explosiva diseñada para detonar en el interior de la ballena, causando el mayor daño posible. Aun así, tarda hasta una hora en morir, en medio de una atroz agonía. Tal parece que los humanos tenemos dificultades para descifrar el mensaje que los ecosistemas del mundo nos están enviando. Estamos provocando una extinción masiva de especies, y nuestra misma capacidad para sobrevivir peligra. Pero aun así, preferimos imponer el castigo más cruel a otras especies si se interponen en nuestra persecución de lucro sin fin.
El fósil de ballena más antiguo, Himalayacetus subathuensis, fue encontrado recientemente en el norte de India. Ese hallazgo permite recorrer el récord fósil sobre ballenas hasta unos 53 millones de años y confirma una enseñanza importante. Los primeros vertebrados terrestres son descendientes de especies que salieron del mar y fueron ocupando nichos de ecosistemas en humedales y esteros. Pero la ballena es un ejemplo de vertebrados de sangre caliente que regresó a la vida acuática y emprendió, por así decirlo, una evolución de regreso, de un hábitat terrestre hacia el mar. El récord fósil y estudios a nivel molecular revelan que las ballenas comparten un ancestro común (los artiodáctilos) con mamíferos como venados, vacas e hipopótamos.
Los paleontólogos que descubrieron el fósil de Himalayacetus señalan con razón que su hallazgo confirma que la evolución es un proceso complejo que avanza en cualquier dirección y no es determinista. Quizás la ballena nos podría enseñar a nosotros, los humanos, que existe un camino de regreso y que la destrucción del planeta no tiene por qué ser nuestro destino. Pero ¿estaremos todavía aquí para escuchar la lección?
La reanudación de la ciega cacería de cetáceos obliga a recordar con escalofrío las palabras que Mayakovski escribiera sobre los humanos: “sólo Dios, de verdad todopoderoso, sabía que se trataba de mamíferos de una raza distinta”.
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